Más de 430 mujeres afrontaron un proceso legal en Ecuador por abortar
El último caso, de una joven de 16 años en Quito, abrió el debate sobre la criminalización de las mujeres ecuatorianas que interrumpen su embarazo.
Según datos de la Fiscalía ecuatoriana y el Consejo de la Judicatura, alrededor de 30 mujeres tuvieron una sentencia por este mismo hecho desde 2015. (Manuel Velasquez - Agencia Anadolu)
Colombia
Al menos 435 mujeres en Ecuador han sido judicializadas y “criminalizadas” por abortar entre 2013 y enero de 2019.
Según datos de la Fiscalía ecuatoriana y el Consejo de la Judicatura, entregados a colectivos de derechos de las mujeres y divulgados por el diario El Telégrafo, alrededor de 30 mujeres tuvieron una sentencia por este mismo hecho desde 2015.
Además, de acuerdo al Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017–2021 del Ministerio de Salud Pública, “el 15,6% de muertes maternas está relacionado con abortos en condiciones inseguras”.
El último caso, de una joven de 16 años en Quito, abrió el debate sobre la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo en el país suramericano.
Esta adolescente sufrió un aborto espontáneo el fin de semana y ahora permanece estable y fuera de peligro en el Hospital General de Calderón, en la capital ecuatoriana.
Cuando la joven asistió al centro de salud de Yaruquí, una zona rural del Distrito de Quito, los médicos informaron su estado a la Fiscalía y a la Policía.
Esto generó la indignación de movimientos de mujeres que, según el mismo diario, afirmaron que para los profesionales de turno “primó la denuncia contra la adolescente antes que su atención médica”.
Según los colectivos, mientras su estado de salud se deterioraba, la joven estuvo con resguardo policial y fiscal policial todo el día.
De acuerdo al último informe de Amnistía Internacional (AI), que se basó en datos del Guttmacher Institute, más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países que restringen severamente por ley el aborto.
Con excepción de Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es permitida, en el resto del territorio latinoamericano las mujeres se enfrentan al dilema de dar a luz, enfrentarse a la justicia o abortar clandestinamente.
El último caso en la región que representó un giro en la materia fue en El Salvador, con Evelyn Hernández, una joven de 21 años que fue absuelta el mes pasado por un juez de Cojutepeque de una pena de 30 años a la que fue condenada tras haber dado a luz sin vida a su bebé (producto de una violación) en 2016.
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