Datos clave
- Los derechos humanos son derechos universales que asisten a todas las personas, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
- El derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados con la salud son compromisos jurídicamente vinculantes consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Constitución de la OMS también reconoce el derecho a la salud.
- Todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Los países tienen la obligación legal de formular y aplicar leyes y políticas que garanticen el acceso universal a unos servicios de salud de calidad y aborden las causas profundas de las disparidades en materia de salud, incluidas la pobreza, la estigmatización y la discriminación.
- El derecho a la salud es indisociable de otros derechos humanos, como el derecho a la educación, a la participación, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la información.
- La cobertura sanitaria universal (CSU) basada en la atención primaria de salud ayuda a los países a hacer efectivo el derecho a la salud al velar por que todas las personas puedan acceder de manera asequible y equitativa a los servicios de salud.
Generalidades
Los derechos humanos están consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Todos los Estados Miembros de la OMS han ratificado al menos un tratado internacional de derechos humanos que incluye el derecho al más alto nivel posible de salud. Al ratificar un tratado, los países adquieren la obligación legal de proteger y cumplir los derechos en él reconocidos. Para cumplir sus compromisos vinculantes en materia de derechos humanos, los países deben adoptar un enfoque de salud basado en los derechos humanos.
Salud y derechos humanos
El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental está consagrado en varios instrumentos jurídicos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que abarca libertades y derechos. Las libertades incluyen el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo (por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos) y a no sufrir injerencias (por ejemplo, el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuados, aspecto especialmente pertinente para las personas con discapacidad). Los derechos incluyen el derecho a acceder a unos servicios de salud de calidad sin ser objeto de discriminación de ningún tipo.
Un enfoque de salud basado en los derechos humanos compromete a los países a desarrollar unos sistemas de salud que sean respetuosos con los derechos humanos, eficaces, incorporen la perspectiva de género, estén integrados y puedan rendir cuentas; y a poner en marcha otras medidas de salud pública que mejoren los determinantes subyacentes de la salud, como el acceso al agua y al saneamiento.
Esto significa que los países deben garantizar que tanto las leyes como las políticas y los programas sobre salud respeten y promuevan el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Las investigaciones (en inglés) muestran que las medidas proactivas para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos ayudan a los países a mejorar la igualdad sustantiva y a aumentar la resiliencia ante las crisis. Por ejemplo, aplicar un marco de derechos humanos a la salud reproductiva puede ayudarnos a determinar hasta qué punto la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad son el resultado de múltiples violaciones de los derechos humanos, como la discriminación y la falta de acceso a unos servicios de salud de calidad.
Principios fundamentales de derechos humanos
Un enfoque basado en los derechos humanos requiere la incorporación de principios y normas basados en los derechos humanos fundamentales a los servicios de salud y las políticas relativas a los sistemas de salud, incluida la preparación y respuesta a emergencias de salud pública. Estos principios incluyen los siguientes:
No discriminación e igualdad: en virtud de este principio, lograr la equidad pasa por dar prioridad a las necesidades de las personas que se han quedado más rezagadas. La equidad sirve de marco en la esfera de la salud pública para determinar y abordar las injusticias y las disparidades de salud remediables que existen entre diferentes subpoblaciones. El enfoque basado en los derechos humanos proporciona las normas y las obligaciones jurídicas que permiten establecer las salvaguardias jurídicas para garantizar la igualdad y la no discriminación.
Para hacer frente a la discriminación es necesario prestar atención a una serie de factores relacionados con la discriminación que se solapan y son transversales, como el género, la raza, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género y la condición socioeconómica. Una perspectiva interseccional permite estudiar las desigualdades en materia de salud que se deben a múltiples motivos de exclusión, y diseñar las intervenciones de salud de tal manera que respondan a estos factores transversales. Esto incluiría, por ejemplo, garantizar que la información de salud se facilite en unos formatos que permitan a las personas acceder a la información que necesitan.
Participación: la participación requiere empoderar a los usuarios de los servicios de salud, las comunidades y la sociedad civil para que participen en los procesos de planificación, toma de decisiones e implementación en la esfera de la salud a lo largo del ciclo de programación y a todos los niveles del sistema. Para resultar significativa, la participación debe incluir estrategias explícitas para abordar los desequilibrios de poder, valorar las pruebas basadas en la experiencia y gestionar los conflictos de intereses a fin de dar respuesta a las necesidades y las expectativas de las personas. Pueden utilizarse técnicas de planificación participativa (en inglés) para promover la participación de las poblaciones beneficiarias en el diseño de servicios de salud o a la hora de determinar las prioridades en materia de gasto público.
Rendición de cuentas: los países deben establecer unos mecanismos de rendición de cuentas accesibles y eficaces que pueden incluir, entre otras cosas, recursos administrativos y jurídicos y la supervisión por otras instituciones, como las instituciones nacionales de derechos humanos y los organismos reguladores de la salud y la atención social. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desempeñan un papel crucial en materia de rendición de cuentas al evaluar periódicamente el cumplimiento por los países de sus obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con la salud.
Existe un creciente reconocimiento de la importancia de la regulación de los actores no estatales, como las organizaciones del sector privado y no gubernamentales, para velar por que respeten y protejan los derechos humanos. Por ejemplo, al promulgar prohibiciones sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, los países aplican sus propios compromisos para controlar el tabaco con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Un tercio de los países (66), lo que supone una cuarta parte de la población mundial, han prohibido por completo todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
Ejercicio progresivo y cooperación internacional
Algunas obligaciones en materia de derechos humanos son de efecto inmediato, como la garantía de no sufrir discriminación. Otros componentes del derecho a la salud, como el acceso a la tecnología puntera de salud, están sujetos al principio del ejercicio progresivo. Los países están obligados legalmente a utilizar la máxima cantidad de recursos disponibles para desarrollar y aplicar legislación, políticas y programas basados en los derechos humanos. Los países que estén en condiciones de prestar asistencia tienen la obligación de cooperar con aquellos que disponen de menos recursos.
Componentes básicos del derecho a la salud
El derecho a la salud incluye cuatro elementos esenciales y que están interrelacionados: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad.
La disponibilidad hace referencia a la necesidad de contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios de salud en funcionamiento para toda la población. La disponibilidad se puede cuantificar mediante el análisis de datos desglosados en diferentes categorías, como la edad, el sexo, la ubicación y la situación socioeconómica, así como a través de estudios cualitativos que permitan conocer las deficiencias en términos de cobertura.
La accesibilidad requiere que los establecimientos, los bienes y los servicios de salud sean accesibles para todos. La accesibilidad tiene cuatro dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica (asequibilidad) y accesibilidad de la información. Esto es especialmente importante para las personas con discapacidades, que a menudo se topan con obstáculos importantes para el ejercicio del derecho a la salud relacionados con la inaccesibilidad a servicios, establecimientos e información sobre salud.
Para evaluar la accesibilidad es necesario analizar los obstáculos físicos, geográficos, económicos y de otra índole a los sistemas y los servicios de salud, así como de qué manera pueden afectar a las personas en situación de marginación. Hay que establecer o aplicar normas y criterios claros, tanto en términos de legislación como de políticas, para superar estos obstáculos.
La aceptabilidad hace referencia al respeto a la ética médica y a lo que resulta apropiado desde un punto de vista cultural, así como a la sensibilidad hacia las cuestiones de género. La aceptabilidad requiere que los establecimientos, los bienes, los servicios y los programas de salud se centren en la persona y den respuesta a las necesidades concretas de diversos grupos de población, de conformidad con las normas internacionales de ética médica relativas a la confidencialidad y el consentimiento informado.
La calidad abarca los determinantes subyacentes de la salud, como el acceso a agua potable salubre y al saneamiento, y obliga a los establecimientos, bienes y servicios de salud a recibir aprobación médica y científica.
La calidad es un componente clave de la cobertura sanitaria universal (CSU). Unos servicios de salud de calidad deben ser:
- seguros: se evitará causar lesiones a los destinatarios de la atención;
- eficaces: se proporcionarán servicios basados en la evidencia a las personas que los necesiten;
- centrados en la persona: se dispensará una atención que responda a las necesidades individuales;
- oportunos: se reducirán los tiempos de espera y las demoras perjudiciales;
- equitativos: se dispensará una atención cuya calidad no varíe en función de la edad, el género, la etnia, la discapacidad, la ubicación geográfica o la situación socioeconómica;
- integrados: se ofrecerá toda una gama de servicios de salud a lo largo del curso de vida; y
- eficientes: se maximizarán los beneficios de los recursos disponibles y se evitará el despilfarro.
Tratados de derechos humanos que incluyen el derecho a la salud
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12);
- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5 e) iv));
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (artículos 11 1) f), 12 y 14 2) b));
- Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24);
- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: (artículos 28, 43 e) y 45 c));
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 25).
Respuesta de la OMS
La OMS ayuda a los países a cumplir su compromiso en materia de derechos humanos de garantizar el acceso no discriminatorio a unos servicios de salud eficaces y de calidad y a los determinantes subyacentes de la salud. Con este objetivo, la OMS:
- defiende el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados con la salud, por medio, entre otras cosas, de campañas de comunicación (en inglés);
- sensibiliza sobre los derechos humanos relacionados con la salud, por ejemplo, el derecho a una atención de salud segura;
- ayuda a los países a integrar las normas de derechos humanos a las leyes, los programas y las políticas de salud, por ejemplo, desarrollando herramientas y directrices como las orientaciones sobre derechos humanos en el contexto de la salud mental (en inglés) o la salud sexual y reproductiva (en inglés);
- crea capacidad entre los encargados de formular políticas acerca del enfoque basado en los derechos humanos;
- aporta pruebas, análisis y recomendaciones relacionadas con la salud y los derechos humanos, y
- colabora con otras entidades de las Naciones Unidas para garantizar que los derechos humanos sean reconocidos como un pilar esencial para una prestación eficaz de los servicios de salud, por ejemplo, mediante la aplicación de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad en los tres niveles de la OMS.