Por Victor Alarcón Olguín
En los días recientes se han acrecentado las condiciones de duda acerca de la legalidad y la equidad del proceso para renovar los poderes federales y locales de 2024. El activismo abierto e incontrolado mostrado por las cuatro “corcholatas” aspiran a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a los llamados de acotamiento emitidos por la Comisión de Quejas del INE, no sólo son desoídos. Con el resultado de la reunión celebrada entre los mandos y aspirantes del morenismo, así como lo anunciado el pasado fin de semana con respecto a las reglas de contienda y la aplicación del método de encuestas para dirimir quién sería la persona seleccionada para abanderar la propuesta de continuidad del régimen (incluyendo además a los aspirantes del PT (Gerardo Fernández Noroña) y el Partido Verde (Manuel Velasco), esto cobrará aún más intensidad hasta la resolución del proceso, programada inicialmente para el mes de septiembre.
Lo anterior sería un signo evidente de que el oficialismo ya no se muestra preocupado acerca de la declaratoria que aún se encuentra pendiente en la SCJN con respecto a si procede o no la nulidad de la segunda parte del Plan B, que engloba a los 4 ordenamientos que son la columna vertebral de nuestro sistema electoral y de partidos. Los ataques mediáticos a dicha instancia han generado una predisposición y animadversión preocupantes, en virtud de la virulencia con que las y los integrantes de dicha instancia son tratados en las alocuciones mañaneras a cargo del titular del Ejecutivo.
Como puede verse, el Plan C comienza a desplegarse de manera plena, en la medida que éste ahora ha fijado reglas y cursos de acción completamente alternos a los tiempos oficiales de precampaña marcados en la LGIPE y en el marco de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La oposición en su conjunto ciertamente se mantiene en una postura muy reactiva y, atrapada en sus limitaciones de desgaste y desprestigio que implica moverse alrededor de partidos políticos demasiado tradicionales, mismos que no han tenido la capacidad mínima para emprender ni un ejercicio de autocrítica profundo, así como tampoco están colocados en generar una agenda de contraste en torno a propuestas y resultados de gestión basados sobre datos duros. un
El tiempo jugará en contra de estas organizaciones en la medida que no se abran (como debieron hacerlo en su momento en el 2018) a una reinvención del sistema de partidos desde sus cimientos, con la promoción y renovación de la clase política a partir de la postulación de una candidatura de clara extracción ciudadana, misma que pueda promover y ejemplificar una coalición sustentada a partir de causas basadas en las luchas expresadas por los diversos grupos que han sido ignorados por el gobierno actual, para así salirse de la inercia polarizante que implica el reduccionismo personalista de estar a favor o en contra del presidente. El problema con la coalición “Va por México” es que van por la misma ruta de error como la de 2018 cuando una de las partes (Ricardo Anaya) terminó imponiéndose a las otras 2, cosa que está complicándose a partir de que el líder priísta Alejandro Moreno ya viene anunciando su interés por encabezarla, cuando en los hechos ni es el principal partido de la oposición y porque además las tres marcas (PAN, PRD y precisamente el PRI) se encuentran muy desgastadas de cara al electorado.
La otra opción que podría emerger es desplazarse hacia una candidatura de tipo “bullying”, en donde se plantee un claro esquema de hostigamiento y confrontación abierta, empleando las tácticas de desprestigio, incompetencia y acusaciones continuas al mismo tenor de lo visto hasta ahora desde ciertos actores políticos y comunicadores, pero sin poder gravitar en una figura unificadora de dichas acciones, como aconteció con Vicente Fox en el 2000 y más tarde con el propio presidente AMLO después de su desafuero como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en 2005.
Y desde luego, no se puede descartar que la ruta de contienda marcada por el presidente AMLO no sea acatada por quienes participan en ella, y haya desobediencias con respecto a la aceptación del resultado final. Aquí la discusión sobresaliente sería: siendo un proceso notorio de competencia interna, quien resultara derrotado (en caso de ser Marcelo Ebrard frente a Claudia Sheinbaum), ¿tendría o no oportunidad de ser postulado por algún otro partido que no fuesen los de la coalición MORENA-PT-PVEM? La ley electoral vigente fija tiempos y condiciones al respecto, pero que hasta ahora se asumen como aplicables hasta el inicio formal del proceso electoral federal (en octubre en la LGIPE vigente y hasta noviembre conforme a lo estipulado en el Plan B). ¿O tendríamos la situación inusual de que el adelanto de los tiempos en el oficialismo pudiera ser denunciado en su momento ante las autoridades electorales y se decretara la inelegibilidad de todos los aspirantes del oficialismo al acreditarse la infracción de haber realizado actos anticipados de precampaña?
El futuro es la historia que está por escribirse. Y ciertamente lo que tenemos por venir no va a facilitar las cosas para el buen curso del desarrollo de los próximos comicios. Cabe sumar además que aparte del proselitismo adelantado para la presidencia, también ello involucra desde ahora a quienes desean postularse para las gubernaturas que también estarán en juego, además de la reelección a cargos municipales y legislativos (locales y federales). Ante ese escenario, la capacidad de las instancias arbitrales se verá puesta a prueba en función del claro protagonismo que ha sido adoptado desde el poder. Podemos constatar de esta manera que el Plan C está en franca operación. Y es uno que muestra un enorme desapego con respecto a la legalidad. Sombras de incertidumbre se ciernen sobre nuestra frágil democracia.
Profesor-Investigador de la UAM-Iztapalapa. Investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina.