Comisión de Salud analizó situación que afecta a la diálisis en Chile
El director de Fonasa, el presidente de la Asociación de Dializados y el pdte. de la Sociedad Chilena de Nefrología participaron en la instancia, para revisar los efectos que tuvo la licitación de los centros de diálisis durante el gobierno anterior. El grupo parlamentario también analizó el traspaso del hospital experimental Padre Alberto Hurtado, a la red pública de salud.
Cerca de 24 mil pacientes en diálisis se financian con el sistema público por las garantías del Auge. De ellos, el 90% se atiende en el sector privado y el 10% en el sector público. Así lo informó en la Comisión de Salud, el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, quien explicó los problemas que acarreó la licitación 2021 de compras públicas, que introdujo nuevos parámetros para los centros de diálisis.
Dicho proceso ocurrido en el gobierno anterior, derivó en el cierre de cerca de 30 centros de diálisis y en que más de mil personas, quedaran sin cupo. Otras 1.200 fueron trasladadas a centros lejos de sus domicilios.
El director de Fonasa, sostuvo que dicha licitación generó complejidades que se están solucionando, como los pagos a algunos centros, por falta de toma de razón en algunos contratos. En cuanto a los traslados de pacientes, dijo que sólo 500 personas cambiaron de centros. De ellos no han tenido reclamos, pero podrían volver al proveedor original.
Cid señaló que están conscientes de reparar en lo que tienen facultad de acuerdo a la normativa vigente. Indicó sin embargo, que están amarrados por un par de años más, por la vigencia de más de 200 contratos.
En cuanto a los precios por la prestación de salud, explicó que recién en enero de 2023 podría ocurrir un reajuste. Ello luego que Fonasa realice un estudio costo-prestación que integre nuevos elementos y las variaciones que amerite. Desfase de costos, que se integrarán en la próxima licitación.
Invitados
Francisco López, presidente de la Asociación de Dializados, también representa a la Asociación “Diálisis es Vida”. En su exposición, calificó de “nefasta” la licitación y dijo que hubo una reacción tardía para evitar la movilidad de 500 pacientes.
Explicó que la diálisis en Chile es fruto de una colaboración público-privada exitosa, que permite a los pacientes acceder a una extraordinaria prestación de salud, de calidad, a los niveles de la OCDE. Ello, a precios bajos si se compara con América Latina y el mundo.
Sin embargo López sostuvo que col escenario actual se está afectando el sistema, porque los prestadores trabajan a pérdida. Existen los recursos, pero hay un problema contractual, recalcó.
Por su parte el doctor René Clavero, representante de la Sociedad Chilena de Nefrología, planteó que la insuficiencia renal crónica en Chile sigue avanzando, producto de la diabetes e hipertensión. En cuanto al sistema, valoró el aporte de los centros privados, lo que permite tener cobertura de Arica a Punta Arenas, y tener baja morbilidad en pacientes.
Pese a ello alertó del riesgo severo del sistema por el eventual cierre de centros, por el bajo precio que se paga por prestación. Indicó que cerca del 50% del presupuesto se paga al personal, “y el costo de la inflación también afecta, porque los insumos son importados”, detalló. Por ello, solicitó que se permita reajustar los precios.
Hospital Padre Alberto Hurtado
El grupo parlamentario también analizó el traspaso del establecimiento de salud de carácter experimental, Hospital Padre Alberto Hurtado, a la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Para lo cual, recibió al Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos y a la representante de las asociaciones gremiales, Tixia Córdova.
Araos señaló que dicho traspaso surgió de la demanda de las y los trabajadores del hospital por formar parte de la red de salud, sin perder beneficios laborales. Lo que se consagró a través de la ley 21.095 publicada en 2018.
La autoridad explicó que luego de la ley de “gran encasillamiento” de funcionarios de salud en 2021 al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, viene el turno para las y los trabajadores del Hospital. Este proceso se irá notificando en octubre próximo, informó.
Añadió que luego del resultado del último proceso calificatorio, se pagará la asignación de estímulo y experiencia 2023. Sobre el personal ingresado este año, sin evaluación el próximo, no habría pago de asignaciones. Dicho tema estaría solucionándose con la Dirección de Presupuestos para establecer un período calificatorio extraordinario, para que cerca de cien funcionarios puedan recibir el pago de sus bonos.
Por su parte, Tixia Córdova solicitó más información del proceso. En ese sentido, pidió más seriedad con 1.700 funcionarios y que el cambio no se haga a “puertas cerradas”.
“La ley establece que no habrá desmedro económico, y sí, lo hemos tenido en estos cuatro años; pedimos una retroactividad justa y que ningún funcionario sea dañado previsionalmente por el retraso administrativo”, enfatizó.
En cuanto a cifras, la dirigente dijo que no son cien, sino 270 los trabajadores que no tienen calificaciones para recibir el pago de bonos.