Sosteniendo la lucha y la vida en la mitad del mundo
Cristina Vera Vega y Magali Marega[1]
Hombres y mujeres de diferentes ciudades del Ecuador se movilizan en el centro de Quito. Octubre 2019 / David Guzmán
La Revolución Ciudadana encabezada por Rafael Correa y su movimiento Alianza PAIS (ap)[2] asumió el gobierno de Ecuador en 2007. Autoproclamada como el “socialismo del siglo xxi”, se ha configurado como uno de los principales referentes del progresismo latinoamericano. Correa llegó al poder apoyado por los movimientos sociales, especialmente por las organizaciones indígenas, campesinas y sindicales. Sus demandas históricas, como el rechazo al extractivismo, la defensa de los territorios, la autonomía y los derechos a la naturaleza, fueron los ejes principales de las luchas antineoliberales. Esto quedó recogido en la Constitución Política de 2008, impregnada por la noción del sumak kawsay (buen vivir).
Sin embargo, las limitaciones no tardaron en llegar. Durante el periodo posconstituyente, el liderazgo presidencial y su escasa predisposición al reconocimiento de la acción colectiva autónoma contribuyeron a ampliar paulatinamente la distancia entre los movimientos sociales y el gobierno (Ramírez, 2010: 86).[3] Por otro lado, el carácter redistributivo del Estado[4] que, efectivamente, permitió mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y sectores populares, coincidió con un ciclo de bonanza económica en casi todo el territorio sudamericano, producto del auge de las economías extractivas. El proclamado cambio de la matriz productiva[5] de la Revolución Ciudadana quedó lejos de concretarse. En un proceso lleno de contradicciones y tensiones, continuó la dependencia primario-exportadora que caracterizó las diversas fases de acumulación capitalista en el país.[6] La explotación petrolera y minera implicó nuevas formas de despojo y subordinación de la reproducción de la vida al proceso de acumulación, con lo que se afectó en mayor medida a las comunidades, los bienes comunes y a las mujeres (Cielo y Vega, 2015).[7] Se fortaleció el carácter desarrollista redistributivo del Estado, sin modificar sustantivamente las estructuras coloniales y patriarcales de éste.
Los manifestantes utilizan escudos de cartón ante la represión estatal. Octubre 2019 / David Guzmán
Después de 10 años de gestión correísta, el 24 de mayo de 2017, Lenin Moreno asumió la presidencia de Ecuador con el movimiento oficialista ap. Moreno había sido vicepresidente de Rafael Correa en dos de sus mandatos (2007-2009 y 2009-2013). A los pocos meses como presidente, la crisis al interior de ap fue evidente y se inició un claro viraje hacia la derecha neoliberal. El nuevo gobierno cambió el rumbo de la política de integración regional encabezado por Correa, evidenció sin tapujos la vinculación del gobierno con los grandes grupos económicos del país y comenzó a reducir el Estado, “sancionando la austeridad, facilitando la apropiación de rentas por parte de grupos económicos y desmontando los instrumentos maestros del Estado desarrollista distributivo” (Ramírez, 2019: 23).[8]
A inicios de 2019 Moreno puso en marcha un severo plan de ajuste estructural, orientado desde las políticas del Fondo Monetario Internacional (fmi), en el marco de una economía dolarizada, que en enero de 2020 cumplió 20 años. A inicios de octubre de 2019 estableció, a través del Decreto 883, la eliminación del subsidio a los combustibles, que redundaría en un aumento significativo del precio de los productos de la canasta básica. Asimismo, anunció el reemplazo de impuestos directos (el impuesto a la renta) por impuestos indirectos (el iva), la precarización del trabajo público y privado y la reducción estatal con lo que se desalentó la inversión pública y privatizaron las empresas estatales.
Mujeres de diferentes comunidades de la sierra sostienen la lucha en las calles. Octubre 2019 / Jonatan Rosas
El gran levantamiento de octubre: “Fuera fmi del país”
En respuesta a estas medidas, el 2 de octubre de 2019, un movimiento ciudadano plural encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (fut), colectivos de mujeres y de estudiantes, entre otras organizaciones, convocaron a un Paro Nacional general e indefinido. Distintos movimientos con agendas heterogéneas exigían la derogación de las medidas económicas, laborales y fiscales anunciadas. Cientos de personas comenzaron a movilizarse hacia la ciudad capital, desde todos los rincones del país. Moreno respondió declarando estado de excepción por 60 días, medida que suspendió el derecho de asociación y reunión, limitó el derecho al tránsito y otorgó poderes a policías y militares para reprimir con armamento militar las protestas. Las movilizaciones y los bloqueos de carreteras se extendieron a varias provincias del país. La Conaie declaró su propio estado de excepción, exigiendo la retirada inmediata de militares y policías de las comunidades.
Con Quito tomado, el presidente comunicó el traslado de la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, y responsabilizó al ex presidente Rafael Correa y al gobernante venezolano Nicolás Maduro por las protestas al acusarlos de realizar un complot en su contra. Al mismo tiempo, el monopolio de medios hegemónicos en el país creó un duro cerco mediático que ponía en evidencia la fuerte estructuración racista en el país, y fundamentalmente del Estado.
Las redes sociales y los medios alternativos se convirtieron en otro importante campo de batalla al posibilitar la difusión instantánea de información al calor del desarrollo de los acontecimientos. El trabajo comunitario fue otro de los pilares fundamentales del Paro Nacional. El trabajo de las mujeres, de estudiantes y de cientos de voluntarios permitieron crear “corredores humanitarios”, centros de acopio y albergues en varias universidades de Quito, los cuales recibieron a más de 40 000 personas, la mayoría campesinos e indígenas. En varias oportunidades esos espacios fueron gaseados con bombas lacrimógenas. Sostener la vida en estos momentos significó cuidar a niñas y niños, hacer de comer, curar heridos por la represión y brindar asesoría jurídica a los familiares de detenidos.
La participación de las mujeres ha sido central no sólo en las prácticas cotidianas de sostenimiento de la vida, sino con su presencia en las calles, lo que visibilizó su posicionamiento como sujeto político clave en el nuevo contexto. La gran Marcha de las Mujeres que se realizó el 12 de octubre fue fundamental durante el levantamiento, momento en el que las fuerzas comenzaban a mermar y la represión estatal sostenida venía debilitando los ánimos populares.
Después de 11 días de paro, el gobierno y la Conaie acordaron establecer una mesa de diálogo para el día siguiente, con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas de Ecuador como mediadores. El 13 de octubre en cadena nacional, el presidente Moreno y los dirigentes de las nacionalidades indígenas del Ecuador acordaron dejar sin efecto el Decreto 883, terminar con el Paro Nacional e instalar mesas de trabajo para elaborar un nuevo decreto. La derogación dejó un sabor a victoria en las fuerzas populares, la convicción de la potencia de la lucha colectiva y la necesidad de fortalecer una organización comunitaria heterogénea.
“¡Vea, vea, qué cosa más bonita, mujeres unidas luchando por la vida!”, consigna coreada en la Marcha de las mujeres, en Quito- Ecuador. Octubre 2019 / David Guzmán
¡La lucha sigue! Parlamento de los Pueblos y Parlamento de las Mujeres
La represión del gobierno dejó como saldo 11 muertos, 1 340 heridos y 1 192 detenidos, cifras oficiales reportadas por la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Las 11 personas asesinadas y fallecidas eran dirigentes, campesinos, agricultores, albañiles, estudiantes, estibadores y una empleada pública. Seis de ellos eran hombres indígenas pertenecientes a comunidades de la sierra, una mujer y tres jóvenes, uno de los cuales era afrodescendiente.[9]
Por otro lado, la Conaie y 182 organizaciones sociales constituyeron el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador, el cual elaboró y presentó un programa económico de reactivación y de economía comunitaria al país,[10] como alternativa al plan elaborado por el gobierno para cumplir con las imposiciones del fmi. Sin embargo, este programa fue desatendido por el gobierno, desconociendo el proceso de diálogo instrumentado desde octubre.
Como fruto de la politización del trabajo colectivo, el Parlamento de los Pueblos decidió crear el Parlamento de las Mujeres, Pueblos y Colectivos Feministas para la creación de “una sociedad donde prime la justicia económica, social, de género y étnica y al reconocer que las principales afectadas y precarizadas en procesos de crisis económicas son las mujeres y más aún las mujeres diversas y de color”.[11] En este sentido, una de las primeras acciones fue la instalación de un Juicio Popular contra la ministra de gobierno María Paula Romo, encargada de ordenar la represión al pueblo en lucha.
La derogación del paquetazo neoliberal se vivió como un triunfo. La lucha del movimiento indígena, campesino, de mujeres, trabajadores y estudiantes reposicionó en el centro la memoria y la tradición de lucha del pueblo ecuatoriano. Las jornadas de octubre demostraron abiertamente la confrontación de clases. Por un lado, la clase empresarial que defendía las medidas del gobierno por medio de las cámaras empresariales, sus partidos políticos y el papel de los medios de comunicación hegemónicos que clamaron por una represión más violenta. Por otro lado, las clases trabajadoras y populares participaron en la protesta y se solidarizaron con ella. Mientras que las clases medias se dividieron, unas apoyando al gobierno, otras se sumaron a las movilizaciones y otras permanecieron neutrales (Unda, 2020).[12]
A pesar de la reactivación popular, el gobierno ha instalado una campaña de desprestigio ante los acontecimientos de octubre, y ha desconocido la represión,[13] aunque ha perseguido judicialmente a las personas que protestaron y a los dirigentes de las organizaciones —con la utilización del código penal aprobado por Correa y la actualización de la figura del enemigo interno (Unda, 2020)—. El programa neoliberal que el gobierno firmó con el fmi sigue en pie. En los meses siguientes al Gran Paro, se aprobaron una serie de medidas a través de leyes de emergencia, con lo que se evadieron los canales democráticos y constitucionales.
El Parlamento de Pueblos y el Parlamento de Mujeres tienen como desafio fortalecer y ampliar la organización social, disputando nuevos sentidos de hacer política, a través de la confluencia duradera de agendas heterodoxas que tienen como punto en común un proyecto que le apuesta a la vida. “Contra la guerra toca virar la fuerza y la rabia para transformarlas en potencia y sabiduría política. Porque somos todas y empujamos por la vida digna” (Vega, 2019).[14] Ante el neoliberalismo y su proyecto de muerte, la vigilia y alerta se mantienen en la mitad del mundo, con renovadas fuerzas para redoblar la lucha.