A inicios de semana, la Corte Suprema acogió el recurso de protección en contra de las obras de mitigación del controversial proyecto para la construcción del Hotel Punta Piqueros -emplazado en las inmediaciones del santuario natural Roca Oceánica-, y por unanimidad declaró su ejecución como "arbitraria, ilegal y vulneratoria".

De esta manera, la Superintendencia de Medioambiente deberá fiscalizar el estado de este sitio y paralizar todo trabajo que no cuente con una adecuada resolución de calificación ambiental.

Sin embargo, son diversos los tribunales en los que se ha librado la batalla que impulsan la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán contra la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A., de los grupos económicos Said, Urenda y Bolocco. En el Segundo Tribunal Ambiental se tramita una causa que, pese a que inicialmente apuntaba al Comité de Ministros del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) a raíz de una resolución exenta en favor del proyecto, ahora tendrá como parte ala firma mediante la figura de tercero coadyuvante.

El reclamo de ilegalidad, presentado en febrero de este año señala a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°46 del 21 de noviembre de 2018, y tiene como principal argumento la no consideración de la nulidad -dictada por la Corte Suprema- del permiso de edificación otorgado en 2011 por parte del municipio de Concón. Asimismo, incluye impugnaciones ambientales frente al impacto del proyecto en el ecosistema natural de la zona y en su valor paisajístico, así como al riesgo que presentarían los huéspedes del hotel en caso de tsunami o grandes marejadas.

"El Tribunal Ambiental tiene que rechazar la decisión del Comité de Ministros y declarar nula cualquier RCA, ya que la Corte Suprema ha planteado con claridad que el hotel jamás debió haberse concluido", dice el abogado reclamante Gabriel Muñoz, quien considera que se trata de "una especie de loop jurídico ambiental que hace evidente que el poder de los tres grupos económicos tras la empresa influyó en la decisión del Comité de Ministros".

¿QUÉ VIENE AHORA?

Bajo la representación de abogados del estudio Urenda Rencoret Orrego, el Segundo Tribunal Ambiental aceptó el pasado lunes, en calidad de tercero coadyuvante de la reclamada es decir, del Comité de Ministros-, a la Inmobiliaria Punta Piqueros. "En definitiva, la RCA 046/2018 fue válidamente emitida y autorizó a nuestra representada a desarrollar su proyecto, cumpliendo con las condiciones y exigencias previstas en dicho instrumento. (...) Por tanto, resulta incuestionable que a Punta Piqueros le asiste un interés actual y manifiesto en el resultado de este juicio, el cual es concordante con el interés del reclamado en estos autos (el Comité de Ministros), esto es, mantener la plena vigencia de la resolución recurrida", argumenta el escrito firmado por Ambrosio García-Huidobro, gerente general de Punta Piqueros S.A.

"Esto es paradojal, porque la autoridad ambiental, quien tenía que velar porque nunca se construyera el edificio, está defendiendo el permiso. Y es un permiso de construcción que fue declarado ilegal poda Corte Suprema", insiste por su parte el abogado de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio que, hace un par de semanas, sumó a sus gestiones una solicitud al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la que piden su demolición.

"Hay que determinar cuál es el impacto de demoler en forma parcial o total", dice el representante, que argumenta que al contravenir el Plan Regulador Comunal de Concón, al menos, se haría necesaria la remoción de los pisos que sobresalen del nivel de la calle, la Avenida Borgoño.

Respecto a esta posibilidad, el gerente general de Inmobiliaria Punta Piqueros declaró esta semana al diario "La Segunda" que "el impacto de demoler esa faena sería enorme desde el punto de vista ambiental". De acuerdo a la empresa, el hotel estaría listo para abrir sus puertas en seis meses, planes que cambiarían radicalmente en caso de dejarse sin efecto la RCA.