Controlan todo lo que ingresa. Disponen quién tiene privilegios para portar armas o pasar la condena en cuartos privados con baño propio y comodidades como televisión, comunicación telefónica o internet. O quién duerme en los pasillos sobre el piso, en medio de hedores de las alcantarillas colapsadas y paredes que sudan humedad.

Son las mafias carcelarias, aún vigentes en el complejo penitenciario que alberga el mayor número de reos o personas privadas de libertad (como se lo estableció en la Constitución). Allí, a la altura del kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule (Guayas), estaban hasta el 17 de febrero pasado 6.864 (31,5%) de los 21.747 retenidos en 54 centros de privación de libertad que incluye a los centros de rehabilitación social (36), los de detención provisional (15) y casas de confianza (3), según registros del Ministerio de Justicia.

Y de allí, de una de las cuatro cárceles que conforman este complejo, aquella considerada como de máxima seguridad y llamada Centro de Rehabilitación Social de Nº 2 (La Roca) se fugaron, el 11 de febrero pasado, 18 de los sentenciados más peligrosos del país por delitos como sicariato, narcotráfico, homicidio, robo y extorsión. Cinco de ellos han sido recapturados.

Publicidad

Solo la conocida como Penitenciaría del Litoral, la más grande de los 4 centros de este complejo, alberga a 6.327 reos.

Dos equipos de este Diario se internaron en siete de los centros de rehabilitación social con mayor número de presos. La Penitenciaría, inaugurada en 1958 y que tiene capacidad para 2.804 internos, es una de las que tienen más violencia. Solo desde el 2010 se reportaron 7 crímenes, 21 reos heridos y 10 que se han fugado, según lo que las autoridades han dado a conocer.

El interior parece un laberinto. De un patio a un pabellón. Todo conectado por corredores con poca iluminación, separados por portones custodiados, en algunos casos, por un guía. Renacimiento, Atenuado Alto, Artesanos son algunos de los nombres de los pabellones.

Publicidad

Es domingo, día de visita. En los corredores se observa cómo los reos se pasan ‘paquetitos’ transparentes con un polvo blanco.

Algunos reciben monedas a cambio de la entrega. Otros hacen señas con los dedos de que el pago quedó pendiente. También se aprecia el paso de dinero de un reo a otro. La acción es ligera. De ahí siguen su camino como si nada pasara en los pasillos por los que se trafican drogas, se ingresan armas y objetos no permitidos como celulares y computadoras portátiles.

Publicidad

“Aquí todo es extorsión. Hasta por salir y entrar de un pabellón a otro nos cobran $ 5”, dice uno de los sentenciados. Él cuenta que quienes recién entran llevan la peor parte. Reciben la amenaza de ser ultrajados en una zona llamada cuarentena si no pagan un valor que “depende de la pinta y del delito del que te acusan. Se sabe todo”, dice.

En la Peni, como la llaman algunos internos, todo tiene un precio. Ese todo incluye las fugas. Los equipos de este Diario conversaron con cinco reos de la Penitenciaría y uno de La Roca. Ellos aseguran que basta con sobornar a quienes están en la cadena de custodia. Pueden ser policías, guías y los reos que controlan la cadena de extorsión. Estos son los “jefes internos”, también conocidos como ‘caporales’.

Por el ingreso de un celular se paga hasta $ 50. Pero el costo sube para entrarlo a La Roca, bautizada así por familiares de los reos en alusión a una película ante las rigurosas restricciones para ingresar previa cita.

“Allí cobran mil”, dice uno de los sentenciados por asesinato. “Para fugarse tuvieron que rodar millones”, agrega, refiriéndose a los 18 que se escaparon de esa cárcel, en la que se ha registrado incluso un asesinato por arma de fuego desde su apertura en julio del 2010.

Publicidad

Entre los fugados están los miembros de la banda Los Choneros, acusados de sicariato, extorsión y vinculados al tráfico internacional de drogas con nexos con los llamados carteles como el de Sinaloa.

El acceso a señal para internet o hacer llamadas por celular no son problema en el complejo, pese a que todos los centros de privación de libertad cuentan con inhibidores de señal, según información que el Ministerio de Justicia remitió a este Diario a propósito de un pedido planteado para este reportaje. El uso de celulares ha permitido que desde el interior de las cárceles se realicen llamadas para extorsionar y planificar robos, secuestros, asesinatos y el traslado y venta de drogas, aseguran los reos entrevistados.

Autoridades policiales dan cuenta de estos hechos. Orlando Cuenca Chévez (alias Zena), uno de los 18 fugados, fue acusado por la Policía de liderar una supuesta red de extorsión desde la cárcel La Roca.

Quienes lideran estas mafias que controlan el interior de las cárceles del complejo están vinculados al narcotráfico, dicen en las filas de espera los familiares de los detenidos: “Ya no son los colombianos. Ahora son los mexicanos”. “Son los de ese cartel que llaman Sinaloa”.

Las tiendas de víveres y de otros productos en el interior del complejo pertenecen supuestamente a los “narcos de peso”, quienes tienen el control de todo. Ellos se valen de “los caporales”. Un reo sentenciado por homicidio inintencional identifica entre estos a Andrés Espinoza Freire (alias Jirafón), procesado por robo, y a Eldo Ramírez Cedeño (alias Tío Eldo), acusado de tenencia de drogas.

Un hecho que evidencia la falta de control ocurrió el 30 de enero pasado, cuando un reo salió de la Penitenciaría haciéndose pasar por otro que era quien debía salir, según la boleta de libertad del Tribunal Primero de Garantías Penales del Guayas. La Policía informó que el reo que se escapó fue recapturado. Pero los internos y sus familiares cuentan otra versión. Dicen que el fugado se entregó por iniciativa propia tras la intervención del caporal, un guía y los narcotraficantes. Las llamadas se habrían realizado desde la Peni.

Lo paradójico es el control que se realiza para permitir el ingreso de los familiares durante los días de visita. Se usan detectores de metales y se pasa por la revisión manual de los guías. Ahí, a hombres y mujeres se les palpan hasta las zonas íntimas.

Quienes prefieren no pagar o no tienen para hacerlo, se ingenian para ingresar objetos y sustancias ilícitas durante estas visitas. “Hace poco no pudimos entrar porque a una señora le encontraron un arma en una torta de cumpleaños”, recuerda un familiar. Así, las armas, los celulares, la droga suelen tener luz verde en el complejo con más reos del país.

Mientras que a cinco años y ocho meses de la primera declaratoria de emergencia del sistema carcelario, determinada el 6 de julio del 2007, se prepara la inauguración del Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, prevista para el próximo mes. Tiene capacidad para 3.412 internos y se informa que costó $ 46’580.976.

Sin embargo, representantes de derechos humanos, exinternos y exautoridades del sistema penitenciario concuerdan en que los cambios más han sido de forma. “No se ve un interés por eliminar estas mafias en las cárceles, lo que implica también ayudar a garantizar la seguridad en el exterior debido a que desde allí se manejan hechos delictivos”, dice Washington Grueso, expresidente de la Asociación de Internos.

37%
SIN SENTENCIA
En total 2.343 reos detenidos en la Penitenciaría del Litoral no tienen sentencia, frente a 3.984 (63%) que sí la tienen.

89
REOS TIENE LA ROCA
La cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca cuenta hasta febrero pasado con 81 sentenciados y 8 procesados.