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Postales de la guerra
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iércoles 28 de junio, estalla coche bomba en Guanajuato; en Tapachula, Chiapas, lanzan granada a la base de la Secretaría de Seguridad Pública. Jueves 29 de junio, asesinan en Michoacán al ex líder de las autodefensas Hipólito Mora. Viernes 30 de junio, asesinan en Guerrero a Josué Ángel Hernández Salmerón, miembro activo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero…

Desde antes de su llegada al poder, quienes están al frente del gobierno de México sabían que una de sus mayores afrentas, si no es que la principal, sería resolver el problema de la violencia.

El reto no era menor, y así lo asumieron para ser reconocidos y recordados como buenos gobernantes. Cuatro años y medio después no hay buenas noticias.

De acuerdo con datos mostrados por el Presidente de México el 14 de junio de 2023, de 2019 a esa fecha se registran 153 mil 941 homicidios dolosos, lo que coloca a su gobierno como el más alto en este rubro; aunque, de acuerdo con la misma fuente, comienza a registrarse una baja de 17 por ciento este delito (https://n9.cl/2qa91).

En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 1º de enero de 1962 existen 111 mil 157 personas desaparecidas y no localizadas al 30 de junio de 2023. De éstas, 42 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas se registran en lo que va del actual sexenio, es decir, 38.63 por ciento del total registrado.

El 27 de octubre de 2022, en la conferencia matutina, el subsecretario de Gobernación informó que hasta esa fecha, se registraban 63 asesinatos de periodistas en la actual administración, a los que habría que sumar los nombres de seis periodistas más que fueron asesinados en los meses que siguieron: 69 periodistas en total. Si se compara con el sexenio de Calderón (101), o el de Peña Nieto (96), se podría hablar de una disminución. Pero al actual sexenio aún le quedan 17 meses y, de seguir con la tendencia hasta el momento, los datos podrían ser similares a los del sexenio pasado. Ojalá esto no suceda (https://n9.cl/viaooj).

De acuerdo con Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de 2014 a 2022 se ha documentado el asesinato de 148 defensores del medio ambiente, de los cuales 82 ocurrieron entre 2019 y 2022. De acuerdo con esta fuente, estos homicidios irían al alza: 2019, 15; 2020, 18; 2021, 25, y 2022, 24 (https://n9.cl/cy5it).

No hay que dejar de observar otros fenómenos sin datos precisos a escala nacional, como el del desplazamiento forzado, que, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, sólo en el estado de Chiapas, entre 2018 y 2022, se desplazaron, de forma tanto permanente como intermitente, 3 mil 499 personas de Aldama; y 5 mil 23 de Chalchihuitán. En territorio zapatista, sólo en la región del caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Ocosingo, 150 personas han sido desplazadas con el uso de armas de grueso calibre por grupos de corte paramilitar. Se estima que en la región fronteriza de Chiapas se ha registrado un aproximado de 2 mil personas (400 familias) que tienen que abandonar sus comunidades a raíz de la violencia derivada de las disputas entre grupos criminales por el control del territorio (https://n9.cl/x7vgo).

Las violencias, cualitativa y cuantitativamente, se han extendido por todo el país, y en los últimos años comenzamos a ver en el estado de Chiapas un desbordamiento que no sólo se expresa en datos, sino también en comunidades enteras, siendo reclutadas por el crimen organizado, cárteles indígenas, ejércitos armados y de adictos de juventudes de los pueblos originarios, etnopornografía, fenómenos que no habíamos observado antes en el resto del país. A esto se suma la diversificación de las violencias y de los negocios: paramilitares, grupos de corte paramilitar, narcoparamilitares que controlan pollerías, tortillerías, sistemas de transporte y muchos otros elementos fundamentales para la vida cotidiana. El crimen organizado como una industria que ha penetrado prácticamente todos los aspectos de la reproducción cultural y material de zonas urbanas y rurales.

No sólo se trata de inercias del pasado, de narcogobiernos que terminaron y todo mejoró con la llegada de una nueva administración. Hay un problema de diagnóstico y, por tanto, de soluciones que abarquen todas las aristas del problema. No hay paz sin justicia, es verdad, y ni la paz ni la justicia son posibles en el capitalismo.

En México hoy, lamentablemente, estamos en un contexto de guerra, desarrollada en distintos niveles, con diversos objetivos y actores.

En esta guerra intervienen corporaciones económicas legales, criminales y actores estatales. Las corporaciones criminales lograron ganar terreno en alcaldías, presidencias municipales, gobiernos estatales y también en el gobierno federal. En nuestra próxima entrega, algunas de las características de esta guerra.

*Sociólogo

@RaulRomero_mx