La noche del 1 de mayo veinte asistentes de un velorio que se realizaba en un barrio del municipio Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México, rompieron el ritual fúnebre y empezaron a insultar a una de las mujeres presente, la enfermera Delia Chávez, por el solo hecho de tener esta profesión. “¡Nos viene a contagiar!”, “váyase, váyase está apestada”, le gritaron. Ella nunca imaginó que esas frases se convertirían en algo peor.
Delia, de 35 años y especialista en tanatología (enfocada en la ayuda al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias), trabaja en el Hospital Central Militar Zona 1, en la Ciudad de México, donde se atienden pacientes militares retirados y en actividad. Desde el 23 de marzo también recibe a ciudadanos afectados por el coronavirus.
Horas antes de la noche de la agresión, Delia Chávez pasaba una velada tranquila junto a su familia en su casa de Tecámac. Estaba de descanso, pero una llamada telefónica le dio un giro a ese día. Su hermana Karen, quien había acudido al velorio de su suegro en el municipio de Gustavo A. Madero, la llamó para pedirle que la recogiera. No se sentía bien.
Delia pidió un taxi y, junto a otra de sus hermanas y un sobrino, fue a recoger a Karen. Era la primera vez que estaban en Cuautepec, un barrio ubicado sobre un cerro donde viven decenas de familias en pobreza, cercano al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Tardaron casi una hora en llegar. La idea era ir por Karen y retornar a su casa en el mismo taxi. No fue posible. El conductor los dejó a un par de calles de su destino.
En el velorio encontraron a más de 50 personas sin mascarillas y sin ninguna otra medida de protección para evitar el contagio del coronavirus. Delia optó por no acercarse al grupo y llamó por celular a Karen para avisarle de su llegada. Mientras esperaba que su hermana saliera del lugar, una mujer joven alzó la voz: “Ya llegó la enfermera, se cree mucho”, dijo en tono burlón.
Delia Chávez no llevaba su uniforme de enfermera. Vestía chaqueta, jeans y blusa de algodón. Pero cuando dijeron la palabra “enfermera” todos voltearon a mirarla con rechazo. “Seguro que ya nos viene a contagiar”, le gritaron. Ella les explicó que no se quedaría en el velorio, pero eso no frenó los insultos: “¡Infectada, infectada, lárgate!”. En un intento por hacerles entrar en razón les preguntó: “Si les preocupa que los contagie, ¿por qué hay tanta gente reunida aquí sin las medidas de salud adecuadas?”. El grupo se enfureció y le lanzó más ofensas.
Al tratar de alejarse del lugar del velorio, una mujer la alcanzó y le jaló el cabello, mientras que un grupo de cinco personas empezó a patearla. En medio de la trifulca un hombre le asestó un puñetazo en la nariz que le hizo sangrar de inmediato. Ella sintió que se desmayaba del dolor. Su hermana y su sobrino quisieron defenderla, pero también fueron agredidos a patadas. Su hermana Karen salió del velorio y trató de detener el ataque, pero los golpes también la alcanzaron.
“Temí por mi vida, sentí que me iban a matar, no paraban de golpearme”, contó a Salud con lupa.
Delia fue arrojada a una zanja llena de piedras y lodo cercana al lugar. Logró agarrarse de la orilla de la barranca para evitar caer al fondo.
El escándalo hizo que el hijo del fallecido se percatara de lo que ocurría y tuvo que intervenir. La enfermera aprovechó para salir de la zanja y huir. Miraba hacia todos lados con la esperanza de encontrar ayuda, pero era medianoche y las calles estaban solas y oscuras. Recordó que llevaba su celular y llamó al 911, la línea de emergencias.
A los diez minutos dos patrullas acudieron al lugar. Delia Chávez narró la agresión que sufrió, pero fue inútil. Uno de los policías le dijo que no podía hacer nada porque debía encontrar al grupo agresor en flagrancia para detenerlo. “Me invadió la impotencia, pero no podíamos quedarnos allí, lo único que quería era alejarme. Tomamos un taxi que nos regresó a casa”, recuerda.
Al día siguiente, el médico le confirmó que el tabique de su nariz no estaba roto, pero tenía un esguince cervical por el que tuvo que usar collarín casi un mes. “Ahora vivo con temor, ya no uso mi uniforme. Camino por las calles y volteo a todos lados. Me golpearon de forma despiadada, pero eso no doblegó mi espíritu de continuar con mi labor”, asegura.
Como han hecho otros médicos y enfermeras agredidos, ella subió a su cuenta de Facebook las fotos de los moretones en su cuerpo y recibió muestras de apoyo de sus compañeras de trabajo. Ante la Fiscalía General de la República, la enfermera Chávez presentó una demanda por discriminación y agresiones. Hasta la fecha, no han dado con los atacantes.
El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden dar lugar al estigma social, es decir creencias y actitudes negativas hacia determinado grupo de personas, según los reportes sobre este tema de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
El estigma surgido en la pandemia está asociado a la falta de conocimiento acerca de cómo se propaga el COVID-19, la necesidad de culpar a alguien, el temor a esta enfermedad y a la muerte, y a las especulaciones que fomentan mitos. En el caso de México estos factores han generado situaciones de discriminación contra el personal de salud a los que se acusa, sin ningún fundamento, de ser agentes de transmisión del virus.
Blancos de ataques
Desde el 28 de febrero, cuando se conoció el primer caso de COVID-19 en México, más de 200 médicos, enfermeras, enfermeros, directores de hospitales y personal de limpieza han sido golpeados, insultados, bañados en cloro y amenazados de muerte. Además, han sido impedidos de usar el transporte público, de ingresar a comercios o de usar los elevadores en los edificios que habitan y hasta han sido extorsionados. La cifra es una estimación que hizo Salud con lupa sobre la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Fiscalía de Jalisco.
En todo el país, el personal médico enfrenta una batalla extenuante contra el COVID-19, pero ya no viste con orgullo su uniforme blanco en las calles.
“La gente desconoce que nuestro uniforme blanco no es el mismo que usamos dentro del hospital”, precisa Ligia Kantun, enfermera de 59 años que trabaja en el Hospital General No.46 del IMSS en Umán, Yucatán, y a quien el 8 de abril un automovilista le arrojó café caliente en la espalda.
Un total de 82 agresiones contra el personal médico y estudiantes de medicina en 30 de los 32 estados del país ha sido reportado ante el Conapred del 19 de marzo al 15 de junio.
Algunas víctimas han denunciado los ataques ante el Conapred y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero otros han optado por narrar los casos en las redes sociales. Estos son algunos de los incidentes publicados:
- Miguel Ángel Palacios Castro, 50 años. Médico y director del Hospital General del Municipio de Las Margaritas, Chiapas. El 11 de junio fue atacado a patadas y puñetazos por familiares de un fallecido por COVID-19.
- Francia López, 26 años. Enfermera de la Unidad de Ginecopediatría No.3 del IMSS. El 17 de abril estacionó su auto fuera de una casa en la alcaldía Gustavo A. Madero. Una mujer salió y le gritó: “¡Maldita, nos trae el coronavirus!” y le arrojó un balde con cloro. Luego, un hombre la pateó y le mordió los dedos de las manos.
- Alondra Flores, 33 años. Médica otorrinolaringóloga de una clínica particular en el Municipio de Zapopan, Jalisco. El 20 de abril un sujeto le echó una botella de cloro en el rostro cuando paseaba a su perro. Ella tenía su uniforme puesto.
- Melody Rodríguez, 25 años. Enfermera del Hospital General San Francisco de Nayarit. El 8 de abril sus vecinos de la colonia donde vivía colocaron un retén para evitar el acceso a turistas. A ella no la dejaron pasar cuando mostró su credencial de salud. Le dijeron que era un foco de infección. Sólo pudo sacar su ropa y debió mudarse.
- Sandra Alemán, 30 años. Enfermera del IMSS en San Luis Potosí. El 4 de abril ingresó a una tienda donde un par de niños al verla con su uniforme blanco le gritaron: “¡COVID, COVID, no te acerques!” y le echaron café y refresco. La mamá de los menores le dio una bofetada, le jaló el cabello y le torció la mano derecha hasta fracturarle dos dedos.
- Un grupo de 13 enfermeras y enfermeros del IMSS de Nuevo León que llegó a la Ciudad de México en apoyo a la emergencia por COVID-19 fue secuestrado en el hotel donde se hospedaba el 18 de mayo. Se enviaron videos a sus familiares para pedir su rescate. Las familias de dos enfermeros depositaron mil dólares por cada uno a una cuenta de los secuestradores. El resto fue rescatado por la policía.
- Las puertas de un hospital recién habilitado para tratar pacientes COVID-19 fueron rociadas con gasolina y les prendieron fuego en el municipio rural de Sabinas Hidalgo, al norte de Monterrey, Nuevo León. El incendio impidió el uso de las instalaciones.
- Daniel Zamorano, 35 años. Enfermero del Hospital del IMSS en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México. El 10 de abril fue atacado a puñetazos y patadas cuando trató de evitar que seis personas entraran por su familiar que había fallecido por COVID-19.
Frente esta situación, las autoridades ordenaron a los sanitarios y a los empleados administrativos no portar sus uniformes de color blanco al trasladarse de sus casas a sus lugares de trabajo y viceversa.
El IMSS también levantó un registro de al menos 57 agresiones a personal de enfermería ocurridas en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Yucatán, Puebla, Morelos, Guerrero, Quintana Roo, Durango, Coahuila e Hidalgo.
Hay otros registros igual de preocupantes. En su informe “Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por COVID-19”, la Secretaría de Gobernación federal subraya que el 80% de las agresiones registradas de marzo a junio ha sido hacia el personal de enfermería y, en particular, contra mujeres. También hay casos graves que incluyen amenazas de muerte a médicos y enfermeras, una de estas con arma de fuego.
Jalisco es el estado donde se registra el mayor número de ataques al personal médico, revela la Secretaría de Gobernación. Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, al 15 de junio hubo 83 agresiones.
Para acelerar la atención de estos casos, en Jalisco se creó la Agencia Especializada para la Atención a Agresiones Contra el Personal Médico. Se inició en abril y hasta la fecha se han presentado 46 denuncias ante la agencia. Se han abierto 36 carpetas de investigación y más de la mitad han sido judicializadas. A través de este mecanismo de denuncia, 11 personas fueron vinculadas a proceso por delitos contra la dignidad del personal médico.
Sanciones para los agresores
A mediados de mayo, senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión alertaron que el 94% de las agresiones a médicos, enfermeras y a todo personal hospitalario en el país permanece impune. Esa estimación sigue vigente.
La ola de agravios a los profesionales de la salud no ha cesado.
Para contrarrestar la violencia, distintos estados han dispuesto vigilancia policial en hospitales, transporte especial para el personal médico y modificaciones a las leyes para aplicar sanciones a los agresores. En el estado de Querétaro, por ejemplo, se modificó el Código Penal para que los individuos que agredan al personal sanitario reciban una sanción máxima de 5 años de prisión.
- En el estado de Querétaro se cambió el Código Penal y se impuso cinco años de prisión a quienes agredan al personal sanitario. A la fecha, diez personas han sido presentadas ante un juez por ataques físicos y verbales, robo y daños en propiedad.
- En la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia abrió cuatro carpetas de investigación por ataques contra personal médico y dos personas están en prisión preventiva acusadas de intento de homicidio calificado en contra de una enfermera.
- En el ayuntamiento de Mérida, Yucatán, seis jueces calificadores acordaron una sanción de 36 horas de arresto a quien agreda física o verbalmente a los trabajadores de la salud.
- En Michoacán se modificó el Código Penal y tipificó como grave el delito de discriminación y agresiones a trabajadores del sector Salud.
- En Puebla, al centro del país, se reformó el Código Penal para aplicar hasta seis años de prisión a quienes comentan agresiones y actos discriminatorios hacia médicos, enfermeras, camilleros y personal de laboratorio, de intendencia y administrativo.
Mientras estos cambios en materia legal empiezan a caminar, aún no hay sanción para quienes atacaron a la enfermera Delia Chávez Juárez.
Después de la agresión que sufrió, ella dudó si continuaría con su profesión, pero recordó que su padre, quien durante tres décadas fue camillero del Hospital Materno Infantil de Iguarán en la Ciudad de México, le enseñó a vivir sin miedo.
“Quizás los pacientes no me den las gracias, pero mi satisfacción radica en saber que por la atención que brindé alguien sigue viviendo un día más”, afirma esta enfermera. En la última semana, México registró su pico más alto de contagios.
