Ciudad de México. La proporción de personas en pobreza que son beneficiarias de la pensión para adultos mayores se redujo entre 2018 y 2020, según el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2022, que presentó ayer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Esa población pasó en el periodo de 43.2 a 37.9 por ciento, según el reporte, que también reveló una caída de 12.6 por ciento en la falta de acceso a la seguridad social, que pasó de 41.4 a 28.8 puntos.

La mayor carencia en las personas de más de 65 años fue la de rezago educativo (49.1 por ciento), de acuerdo con el informe.

Las transferencias monetarias han contribuido a que en etapas de crisis, como lo ha sido la pandemia, la pobreza tenga menor crecimiento, pero se deben complementar con otras intervenciones que refuercen el acceso a los derechos sociales, consideró José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval.

John Scott, consejo académico del Coneval, dijo a su vez que las transferencias “sí funcionan como medidas de protección social en un evento como el covid-19”, pero advirtió que en algunos casos, al ser universales, “han perdido la capacidad de llegar a los más pobres y está llegando a grupos intermedios”, lo cual consideró que se debe corregir.

El estudio identificó “un aumento en el peso de las transferencias sociales en el ingreso de la población en los deciles medios y altos”, lo que se explica debido al “enfoque de acceso universal con el que operan algunos de los programas prioritarios”, como el de adultos mayores, independientemente de su condición económica, explicó Cruz Marcelo a La Jornada.

El hecho que apoyos sociales estén llegando a sectores con mayores posibilidades económicas y pobreza moderada “implica una reducción en la progresividad”, añadió.

El informe expresa que es “prioritario implementar estrategias que compensen la carencia de acceso a seguridad social para las mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia, con énfasis en programas de guarderías, asistencia social y prestaciones por maternidad”.

También es indispensable apoyar a otros rangos de edad, en especial a las infancias, mediante la garantía del acceso efectivo de niñas, niños y adolescentes a la seguridad social.

El estudio reclama “asegurar el acceso a servicios de cuidado y protección social al margen de la condición laboral de los padres”, así como “incorporar servicios de cuidados desde una perspectiva integral y multidisciplinaria que fomente su sano desarrollo”.