contemporáneo arranca por la conjunción tiempo-espacial, de por lo menos, dos procesos diferentes, el primero: el fin de la mal denominada guerra fría, que es generalmente interpretada, como el triunfo definitivo del sistema capitalista⁶ en el planeta, lo cual necesariamente instaura la posibilidad, y necesidad de un reordenamiento del poder en el conjunto de las sociedades del sistema mundo.

Y de manera sorpresiva e impensable fue exponencialmente potenciado, por un segundo proceso de orden global también este, que deriva de la explosiva irrupción del vehículo comunicacional del internet y la constitución e implantación de la telaraña de las redes comunicación.⁷

Es menester precisar que este novedoso “proceso comunicacional”, arranca y es construido originalmente para usos militares y posteriormente desplazado como herramienta para el sistema financiero internacional, dotando a este de un poder inusitado para acelerar el desplazamiento de los capitales, lo cual exige e impone una reconstrucción en el orden de los mercados locales y soberanos, que de inmediato se ven exigidos a modificar las estructuras constitucionales de los estados nacionales, en los campos jurídico reglamentarios, tradicionalmente considerados parte esencial de la estructura soberana de las naciones, cuya modificación se reclama, se exige y se impone necesaria e imprescindible para la participar en la “nueva economía global”.⁸

Esta modificación a las estructuras jurídicas de los estados soberanos”, impone una restricción formal e ideológica a los compromisos sociales del los Estados con sus ciudadanos, es decir se modifica los términos del “contrato social” de las naciones, que ahora se ven obligadas a subordinar el cumplimiento de los derechos establecidos originalmente, a las determinaciones y necesidades de los flujos de capital y de las exigencias establecidas por los “mercados de la globalidad” bajo el imperio de las eufemísticamente llamadas variables “macroeconómicas”.⁹

Este operativo de sumisión neocolonial, montado técnicamente como un descomunal chantaje, se impone parlamentariamente, bajo el paraguas ideológico del denominado “neoliberalismo”, disfrazado como doctrina filosófica y económica, cuyos principios esenciales son la “supuesta y engañosa” libertad absoluta de los mercados y la liberación, de cualquier restricción jurídica a que todos los bienes materiales o no materiales, naturales y humanos, y los humanos mismos, deben ser concebidos y manipulados en condición de mercancías intercambiables.

Esta apropiación indebida y abusiva los dueños del capital mundial, del control del orden internacional, se desarrolla de manera compleja y generalizada en todos los ordenes de la vida social de las naciones y los pueblos mediante un conjunto de ofensivas estratégicas en diversos niveles de la realidad y con diversa intensidad:

A saber, la instauración de este nuevo orden global, supone una transferencia no negociada de la dirección y vigilancia de las relaciones internacionales y regionales entre países, establecidas tradicionalmente en los marcos de los acuerdos, pactos y

por los organismos globales, como son la ONU, la OEA, etc., subordinando sus atribuciones y decisiones a los intereses de los comités de las corporaciones multinacionales, monopolios y grandes empresas mundiales, a través de sus organismos de referencia, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OCDE,G-7, G-20, Mercosur, APEC, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., etc...

Este global y descomunal proceso se desarrolla de manera múltiple, y diversa, mediante ofensivas estratégicas simultaneas en varios ordenes de la realidad:

A saber, una ofensiva, que denomino ofensiva territorial, derivada de una redefinición del uso de los recursos y los territorios, que serán reconceptualizados a partir de modelos de despojo e intervención, cobijados y estructurados bajo el marco de grandes megaproyectos globales de carácter trasnacional y regional; mediante la definición de tratados de libre comercio, “clústeres extractivos”,¹⁰ planes regionales como el Puebla Panamá, hoy redenominado como Plan Mesoamérica, el IRSA para América del Sur, así como el desarrollo de estrategias de intervención y control territorial, basadas en consideraciones ecológico conservacionistas, justificadas por el evidente deterioro global de la naturaleza, que son legitimadas, por los organismos mundiales, mediante convenciones y acuerdos globales.

De manera complementaria y simultáneamente se desarrolla una segunda ofensiva esta de orden de los significados, de orden simbólico, mediante la realización de foros, seminarios, a través de los medios de comunicación, sobre las estructuras de financiamiento, las de investigación y las educativas y de formación, en la definición de políticas publicas, de planeación y proyectos, cuya intención explicita y obligatoria es la imposición de un horizonte conceptual y epistemológico, que legitime las estructuras de desigualdad del mundo occidental, y sus procesos de reproducción, él denominado “fin de la historia”¹¹ justificado mediante la celebración ostentosa, del triunfo del capitalismo sobre el socialismo, fechada en la caída del muro de Berlín en 1989, bajo el cobijo ideológico del respecto irrestricto, a una idea abstracta de democracia, desadjetivada.

Una operación en la que mediante una cuidadosa selección conceptual, va imponiendo un horizonte categorial en que los conceptos y categorías del análisis, social, económico, político y cultural, habituales, particularmente los que derivan de las perspectivas marxistas, son denostadas, excluidas y expulsadas de los centros de investigación, así como a los mismos investigadores que se resisten, en las universidades.

Los estudios que focalicen su atención en la explotación del hombre por el hombre, las contradicciones y luchas de clases, las características de la distribución de las plusvalías y en general cualquier perspectiva que intente comprender las realidades del mundo contemporáneo basadas en las relaciones sociales de desigualdad, como fundamento de toda explicación serán persistentemente excluidas de toda posibilidad   de  financiamientos,  espacios  de   desarrollo  y  legitimidad   científica,

condenándolos al ostracismo académico e intelectual.

Sustituidas en los análisis mediante un perverso procedimiento, aparentemente inocuo, se impone la fragmentación y sustantivación categorial, con ropaje sociologizante; un ejemplo paradigmático es: como la categoría de la desigualdad social como objeto de estudio y análisis, de programas y políticas, desaparece asimilada a la noción de pobreza y sus mediciones. Las escuelas de economía, se centran en la especialización, en la cuantificación de pobreza, sustantivada, imponiendo la “pobretologia” como el centro de las preocupaciones mundiales y matriz principal de los planes y proyectos de desarrollo vigentes en las últimas décadas, convertidas en el centros de las políticas sociales como la estrategia con la cual los poderes intentan dar cobertura científica a sus reiterados fracasos en la solución de las contradicciones básicas del mundo contemporáneo, y en el mejor de los casos, ofreciendo soluciones para dentro de 3 ó 4 décadas.

Esta ofensiva simbólica, este legrado epistemológico, que se extiende peligrosamente en el campo de las ciencias sociales, mediante un proceso de relajamiento y frivolización en la comprensión de la realidad, mediante la fragmentación y separación abusiva, en compartimentos estancos e independientes de los diferentes aspectos de la vida social, mediante la concentración en estrategias segmentadas de atención a grupos abusivamente sustantivados, como son: los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los indios, los minusválidos, los migrantes, etc…, etc... Objetos de incesantes encuestas y groseras mediciones que derivan en diagnósticos y programas reiteradamente fracasados.

Este componente epistemológico de la ofensiva contemporánea del capital sobre el planeta entero tiene y tendrá enormes consecuencias para la vida contemporánea y el futuro de la humanidad, al disolver la comprensión de la realidad como la expresión de relaciones sociales explicativas y determinantes, constituye sin duda alguna una estrategia de perversa de “bio-política” que debe ser objeto de amplias discusiones sobre sus implicaciones y sus consecuencias.

Acompañando a las dos anteriores ofensivas; la territorial y la simbólica, quiero mencionar una tercera ofensiva, igualmente simultanea en el orden jurídico internacional y nacional, la ofensiva juridical que se expresa en el explosivo desarrollo aparentemente restitutivo de jurisprudencias, convenciones, y acuerdos globales, en el campo de los denominados derechos humanos, de forma particular los denominados derechos de tercera generación, comúnmente reconocidos como derechos culturales.

Frente a estos procesos, de manera simultanea y en gran parte a consecuencia de estos mismos procesos, vemos producirse transformaciones y ajustes en la estructura social de las naciones, que van reaccionado de manera paulatina y diversa; cambiando los modelos y estructuras de relaciones sociales, en medio de la obligada crisis de la idea y practica del Estado Nación, obligadas a despojarse sistemáticamente de instrumentos fundamentales de su accionar soberano, condición   necesaria e   indispensable   para   mantener    la   gobernabilidad   y   la

legitimidad en se fundaron los pactos de los estados nacionales y dieron soporte y sentido a las identidades y la creación de las identidades nacionales.

Como consecuencia en reacción a estas ofensivas combinadas, vemos florecer de manera paulatina y generalizada, la autoconstrucción de estructuras de auto identificación y de negociación, al margen de los mecanismos tradicionales y habituales en los procesos políticos en las naciones: emergen lo que hoy denominamos genéricamente las sociedades civiles, que resultan de la organización de personas, en grupos civiles u organismos no gubernamentales, cuyo objetivo es el de procesar sus demandas e inconformidades al margen de las estructuras políticas tradicionales de los partidos políticos, enfocando sus demandas y negociaciones sobre aspectos específicos y particulares, cuya acción se desarrolla en forma paralela y las menos de las ocasiones coordinada con los partidos.

Al mismo tiempo y con una singularidad notable en las últimas tres décadas, en las más diversas naciones del continente Americano, emergen, con simultaneidad sorprendente diversos movimientos de los pueblos campesinos e indígenas con renovadas demandas, bajo la auto denominación de Pueblos Indígenas se ubican definitivamente como un vector nodal en la resistencia y en la redefinición de los Estados Nacionales del Continente, enarbolando los pueblos originarios la exigencia de superar definitivamente el modelo colonial perpetuado contra ellos, en las sociedades americanas.

Los pueblos indios reclaman, una nueva inserción en sus sociedades, un nuevo pacto social en que las estructuras políticas de los estados reconozcan su especificidades y sus derechos como pueblos autónomos y auto determinados, sus posesiones y su derecho inalienable para establecer un desarrollo propio como sujetos políticos plenos.

Esta emergencia indígena establece su conceptualización y sus acciones frente al conjunto de ofensivas, ya sea en el campo territorial, como en el simbólico y en el jurídico, su lucha tiene el enorme acierto de dar, esclarecer de manera integral el espacio, sentido y significado de la confrontación civilizatoria en el mundo contemporáneo.

No está de más señalar que la Primera Cumbre Mundial contra la Globalización y el Neoliberalismo fue convocada por EZLN, en verano de 1996 y realizada en sus territorios liberados, “El Primer encuentro intergaláctico contra el neoliberalismo y por humanidad”.¹²

Es en este contexto complejo en el que la discusión de la condición multicultural de nuestras sociedades debe abordarse y puede comprenderse.

Sin duda alguna nos encontramos en las playas desconocidas de una nueva etapa en las relaciones entre los pueblos que tal vez debemos empezar a denominar la Era post nacional, para no denominarla post estatal, lo que llevaría a una confusión,

del tipo de procesos que se desarrollan en el mundo, lo que está desapareciendo y en disputa no es la idea de estado, sino la forma y estructura de estado nacional.

Una característica notable en los procesos contemporáneos de construcción de “sociedades multiculturales en los diversos países del continente es la extraordinaria diversidad en que se concreta, en cada espacio nacional, el reconocimiento de carácter multicultural de las sociedades, que van desde las versiones más radicales como es la de la Constitución Plurinacional en Bolivia,¹³ hasta las versiones más light, como la mexicana en la cual las reformas para el reconocimiento del carácter multicultural de la nación, son de carácter cosmético y declarativo y no producen modificación significativa en la estructura del Estado tanto en el nivel federal como en el estatal a donde fueron relegadas las reformas.¹⁴

Es destacable y sintomático sin duda, la simultaneidad de estos procesos, estamos hablando de que en las dos últimas décadas... naciones del subcontinente han reformado su constitución para adecuarlas a los procesos globales.¹⁵

Es razonable suponer que esta simultaneidad de reconstrucciones jurídicas a la luz de los procesos mencionados, esta vinculada al desarrollo de procesos en el orden global y sus implicaciones a nivel de las naciones es decir a las ofensivas combinadas, territorial, simbólica y jurídica, del capital, sobre la región latinoamericana así como a los procesos de resistencia y lucha de los pueblos, en los mismos ordenes, territorial, simbólico y jurídico.

No es nada azaroso o circunstancial, por más que para algunos lo sea, el hecho que el espacio en que se explicita y se establecen las discusiones en torno a la multiculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, a nivel global haya sido por iniciativa de la OIT, influida por el informe Martínez Cobo de 1981,¹⁶ para rediscutir su convenio 107, y transformarlo en el 169 en el año 1989.

La OIT, como todos sabemos tiene por mandato la regulación de las relaciones entre los gobiernos, las empresas y los sindicatos, no parece entonces ser el organismo de las Naciones Unidas más adecuado para establecer una normatividad y legislación cuyo sentido es el reconocimiento de la dimensión cultural de los Pueblos, obviamente era asunto propio del mandato de la UNESCO.

Sin embargo, las discusiones de la OIT se constituyeron en el espacio de deliberación y definición del significado de la categoría de Pueblos indígenas, y derivadamente del contenido e implicaciones de la diversidad cultural y a su vez el desarrollo del corpus reglamentario, con el cual se establecerían los derechos específicos, que deberían ser reconocidos a los Pueblos Indígenas por todas las naciones del planeta.

Al margen de un análisis profundo de las implicaciones que supone para los pueblos originarios el lugar en donde se discutieron sus derechos y los resultados que de ello derivaron, se debe reconocer que dicha  iniciativa detono la visibilización

de la presencia mundial de los pueblos, y su condición de sujeción colonial perpetuada en mundo contemporáneo.

Y que fue potenciada, sin duda alguna, como reacción a la cínica provocación encubierta por el operativo ideológico que monto el reino de España, a propósito de la celebración del Quinto centenario del encuentro entre dos mundos, ¹⁷ para acompañar y legitimar su ofensiva de recolonización de los países de América Latina, que avanza notoriamente,¹⁸ con su desaforado apetito por el control y apropiación de los recursos naturales, comunicacionales y financieros del subcontinente.

En el ámbito global, en la ONU, con origen en el espacio de la OIT y posteriormente complementadas en reuniones ex profeso por UNESCO y finalmente fueron elevados los derechos culturales de los Pueblos  originarios al rango de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que han quedado establecidos los principios jurídicos de reconocimiento de los Pueblos indígenas, que deberán ser naturalizados en los diversos estados nacionales miembros del organismo.

Independientemente del poco impacto verificable que tal corpus jurídico y sus derivaciones en las reformas a los estado nacionales ha tenido en la vida cotidiana de los pueblos y en la defensa de sus territorios¹⁹ –ya casi 20 años de vigencia, lo cual debería por lo menos alertar y ser motivo de reflexión y autocrítica de las ONG y abogados que fueron acompañando y guiando las deliberaciones y formulaciones finales– centro mi atención en los supuestos básicos que acotan el corpus jurídico construido las dos últimas décadas.

En primer lugar debe señalarse lo que denomino la incongruencia original, por no darle un calificativo más preciso y fuerte, siendo el Convenio 169 de la OIT, el primer instrumento intencional vinculante de reconocimiento de los Pueblos indígenas, dejó cerradas sus ventanillas y tramites a propios pueblos que supuestamente reconoció en su Convenio, no debe dejar de reiterarse la perversa incongruencia de que los pueblos estén impedidos de solicitar a la OIT haga valer los derechos estatuidos; obligatoriamente, los Pueblos tienen que acudir acompañados y tutelados, ya sea por un sindicato, por una empresa, o por un gobierno que hable e incoe una demanda o petición por ellos. ¡En valientes manos los dejaron tutelados!

En segundo lugar, tampoco pude seguirse eludiendo, el reflexionar y analizar seriamente, los ¿por qué? y ¿para qué?, de la especiosa y bizantina formulación jurídica, en que se concretaron los derechos de los pueblos; que resulta en una cansina y larga enumeración de afirmaciones contundentes, auto limitadas de inmediato y a renglón seguido, en catálogos de restricciones minuciosas y especificas, cuyo resultado es la negación del pleno ejercicio de lo establecido.

Ejemplo paradigmático de tal  “neojurisprudencia” se  encuentra en la  contradicción

esencial establecida entre su primer y tercer artículo, en lo cuales se establece: en el primero, el reconocimiento de su carácter de Pueblos autónomos y auto determinados y de inmediato, en el tercero, se establece textualmente: que “el término Pueblo utilizado en tal convención no tiene las implicaciones que el término Pueblo tiene en el derecho internacional, con lo cual su reconocimiento es, a lo más, como pueblos de segunda categoría, es decir, sin derecho a la soberanía y la autodeterminación".

Antes de continuar quiero dejar perfectamente claro y ser enfático en que mi mirada critica a los procesos de juridización de la diferencia construidos las dos últimas décadas, no me impiden reconocer el enorme valor que las deliberaciones, discusiones, acuerdos y formulaciones alcanzadas han tenido y tienen como, un valor estratégico coyuntural para los pueblos en su comprensión, su apropiación, formación y sus lucha por el reconocimiento pleno de sus derechos; sin embargo considero seriamente que la ruta escogida no resulta en una vía franca hacia las transformaciones, sino en un sinuoso camino de disputas y frustraciones.

Más que haberse establecido una nueva dimensión de los derechos de los Pueblos indígenas, como ampliación, como suma, como complemento a sus derechos individuales y económico sociales, preexistentes, incumplidos en la práctica, resulta por demás evidente en las formulaciones reglamentarias, el establecimiento de una subordinación y confusión en el ejercicio de sus derechos humanos, que tiende a ocluir u ocultar el incumplimiento sistemático e histórico de sus derechos individuales, económicos y sociales, los más elementales, alimentación, empleo, salud, educación, etc., etc...²⁰

En tercer lugar y no de menor importancia quiero señalar la contradicción encubierta que encierra la formulación jurídica de Pueblos Indígenas, al haber establecido una categoría, que reitera y persiste en el marco de la homogeneización, como estrategia para el reconocimiento de la diversidad.

Si algo caracteriza a los pueblos originarios del mundo es su radical diversidad, derivada de procesos históricos, territorialidades diversas, interacciones igualmente diversas entre ellos, desde antes de la invasión, con las sociedades colonizadoras a continuación y después con sus estados nacionales.

Por alguna razón no muy bien explicada y explicitada, la formulación del siglo XXI, no logró superar la imposición colonial que homogeneizó a las múltiples y diversas culturas y civilizaciones preexistentes en América de la losa conceptual, de la abusiva generalización de los pueblos originarios del Continente.

Si bien sea como cualquiera que haya estado cerca de las organizaciones y los Pueblos indígenas en las últimas décadas, que fueron ellos, las organizaciones indígenas, los que en un momento, específicamente en la Cumbre de Autoridades Indígenas y Afrodescendientes²¹ realizada en Ecuador, afirmaron que si los habían “colonizado como Pueblos como pueblo indios se liberarían”.

Sin embargo, es inocultable o irresponsable el no reflexionar y analizar tal conceptualización, en razón de que impone un conjunto de restricciones a el objetivo último que es sin duda alguna es la construcción de sociedades multiculturales, o plurinacionales democráticas y equitativas.

¿Cuál es ese impedimento? Si se establece jurídicamente un reconocimiento para un sector especifico de las sociedades; los Pueblos indios, estatuido a partir de sus derechos colectivos derivados de su identidad cultural esta decisión, aunque no se asuma explícitamente o se oculte reflexionar sobre ello, fractura los ordenes nacionales ya que al constituirse los Pueblos como sector especifico ubica al resto de las sociedades como otro sector.

Reproducimos en el siglo XXI esa anquilosada dicotomía entre indios y no indios, produciendo el efecto ridículo de despojar en la práctica y en las leyes de derechos culturales al resto de los ciudadanos de una nación.

Que sin derechos culturales específicos quedan convertidos en el otro sector de las sociedades, en calidad de mestizos, blancos, occidentales, o cualquier otra clasificación que se imagine o proponga con lo cual se incuba un horizonte de conflictos inimaginables, salvo que se diera carta de naturalidad a los fueros, es decir legislaciones especial para sectores especiales.

Evidentemente las demandas de reconocimiento de los Pueblos indígenas y sus derechos trascienden los insuficientes arreglos que se han cristalizado en nuestras “estructuras nacionales”, de ahí el orden de confrontaciones que se están dando en todo el subcontinente americano. La larga lista de conflictos que puntualmente testimonian los relatores,²² son prueba de ello.

Los pueblos están reaccionado vigorosamente, no sólo en el ámbito local, regional o nacional, tienen muy claro que las ofensivas combinadas, territorial, simbólica y jurídica, con que el capital global, con la complicidad y contubernio gerencial de los gobiernos nacionales, les está haciendo una guerra de extermino, abierta y solapadamente. Su demanda nítida y reiterada, es la restitución y el mantenimiento de sus territorios, condición sine qua non, para garantizar un desarrollo propio y autónomo, es voluntad de ellos y es expresión airada de resistencia ante el conjunto de estrategias de despojo que se están llevando a cabo en sus territorios y regiones tradicionales, nadie puede no percatarse de la brutal guerra que se está llevando a cabo en el conjunto de nuestras naciones, en los territorios indígenas.

No está de más reiterar que si superponemos un mapa de América en el que se ubiquen los recursos naturales de todo tipo, de minería metálica y no metálica, de sembradíos de acuíferos, de regiones eólicas, de reservas ecológicas, a otro mapa de los proyectos en marcha del capital internacional en nuestro continente, como son el Plan Puebla-Panamá o el denominado IIRSA en América del sur y finalmente superponemos un mapa de la ubicación y los territorios de los pueblos indios, coinciden puntualmente.

Los Pueblos indios de América están estableciendo sus acciones de resistencia frente a este descomunal intento de despojo de sus recursos, con novedosas estrategias que ubican dirigen sus exigencias al centro mismo de la ontología, filosofía, ideología y la epistemología del capitalismo, que ofrece a cambio de sus despojos a, los gobiernos y los pueblos, los anacrónicos espejitos y la bisutería, que denominan “el desarrollo” cínicamente calificándolo como “desarrollo con identidad”, con el cual reiteran burdamente, combatirán la pobreza, que es su tema y no la desigualdad, impulsados por los organismos multilaterales, bancos e institutos indigenistas”.

Los pueblos indios están desarrollando nuevas estrategias y han construido una filosofía, una epistemología y unas metodología que fundamentadas en el “buen vivir”²³ como ordenador esencial de los procesos sociales, para lo cual se requiere de la autonomía territorial plena y la autodeterminación, en todos los aspectos de la organización social.

Desgraciadamente en algunos de nuestros países, particularmente aquellos cuyo componente demográfico de pueblos indígenas es sustantivo, y en algunos casos mayoritario, como es Bolivia, Ecuador y Guatemala y en otros que aunque tienen un componente demográfico minoritario como Brasil, México, gobiernos de aparente orientación social y protosocialistas, no están reaccionados como se esperaría, frente a las ofensivas combinadas del capital y al revés se ven dispuestos y proclives a subordinar sus decisiones a la explotación exhaustiva de los recursos naturales, el neoextractivismo²⁴ vigente con el cual entran en confrontación con sus pueblos, rompen los pactos de gobernabilidad establecidos, criminalizan las protestas y lanzan campañas de burla y desprestigio sobre los sectores sociales que rechazan el despojo.

Es pertinente señalar que siempre que se intenta una reflexión seria sobre la formas y modelos de construcción jurídica de la multiculturalidad, los abogados y activistas, aunque reconocen las enormes limitaciones de lo conseguido, tienden a conformase afirmando que eso fue lo que “se pudo conseguir y que se avanza lentamente”.

A pesar de la confusión e insuficiencia que el corpus jurídico construido para reconocer la multiculturalidad manifiesta, es de tal naturaleza inocultable, la inoperancia de lo conseguido, que hoy los que participaron y aceptaron tales construcciones, están muy preocupados por lo que denominan la “justicialidad” es decir la desproporción entre acuerdos y reglamentos jurídicos, con los impactos y cambios reales en el orden del desarrollo, en el ejercicio de los derechos reales y comprobables en la cotidiana realidad de las personas y de los pueblos.

Esta estrategia revindicada e incuestionable de avanzar en supuestos acuerdos, a toda costa, es decir sin ser acuerdos verdaderos, sin garantía de un mínimo anclaje reglamentario y presupuestal con la vida cotidiana, ha resultado un eficiente distractor de los esfuerzos de los pueblos, dándole tiempo al capital para diseñar sus estrategias y proyectos.

Los pueblos indios con sus luchas y construcciones filosóficas y conceptuales están llevando el núcleo de las confrontaciones, más allá de los titubeos, miedos y complicidades culturalistas y multiculturalistas; al centro mismo de la organización superior del mundo contemporáneo, su lucha es directamente contra el capital global y la filosofía de individualismo consumista que lo sustenta y cuyo impulso ciego va desbocado hacia la destrucción del ámbito natural de la vida, los pueblos indios ya saben que las reformulaciones parciales de los estados en su versión culturalista minusválida, están agotadas y son irrelevantes.

Con enorme satisfacción estamos viendo como frente a la ofensiva simbólica del capital mundial, los pueblos usando los medios del internet, han ido constituyendo una enorme conciencia y solidaridad entre múltiples grupos y organizaciones globales, que en los foros sociales mundiales²⁵ van estableciendo sus conexiones y acuerdos, y van consolidando y fortaleciendo una clara posición de que la única alternativa para la continuidad del mundo y la recomposición de la vida en el planeta se enfrenta sin velos ni tapujos a las fuerzas organizadas del capital mundial, y que no cuentan ya con la alianza y el blindaje histórico de la idea del estado nacional.

Con toda claridad emerge en el planeta la necesidad de transformaciones profundas, que requieren la alianza de todos los desposeídos del mundo y de todas las personas de bien del planeta, que van conformando una masa critica mundial con la cual sin duda será posible enfrentar y detener el apocalipsis en el que se empeña el capital mundial. Una de las lecciones fundamentales de estos procesos explicitada crecientemente en los últimos años, es la natural alianza que se está establecido, entre los pueblos indios, los pueblos negros y los campesinos del mundo, en torno a la exigencia y demanda de autonomía en todos los ordenes de las sociedades, que está logrando destruir el aislamiento que como blindaje separatista construyó el multiculturalismo de estado,²⁶ que de manera perversa, intento aislar a los pueblos indios del resto de los ciudadanos, dotando a su lucha de una singularidad excluyente.

Volvemos al tema central del multiculturalismo de estado, con una pregunta acuciosa, la dimensión cultural de la ciudadanía es atributo exclusivo de los Pueblos indios, o el tema es mucho más complejo y debe ser asumido con enorme seriedad, ya que una reorganización posnacional de los estados requerirá de un nivel de comprensión de ¿cuáles? y ¿cómo? se establecen las formas de agrupación y de las identidades, más allá o mas acá, de la dimensión nacional de la identidad, que nos ha sido impuesta como limites para pensar.

Afirmo enfáticamente que no solo los pueblos indios son detentadores del derecho al ejercicio de una dimensión cultural en su vida, lo son todos los seres humanos en diversa medida e intensidad. Es en este orden de ideas, en donde aparecerán los diálogos, las negociaciones y definiciones para la construcción de los estados multiculturales.

Referencias

Para citar este artículo:

Del Val, José. Estado multicultural y proyecto posnacional. En: Las ciencias en la UNAM (1º, 2011, México, Distrito Federal). Retos de la sociedad multicultural. Recuperado el [fecha de consulta] de http://www.cienciasyfuturo.unam.mx/download/presentacion/08_01_02.pdf