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I. INTRODUCCIÓN
En mayo del 2017, Rafael Correa abandonó la Presidencia del Ecuador luego de una década de ocupar el Palacio de Carondelet. Antes del correísmo, la democracia ecuatoriana se caracterizó por altos niveles de inestabilidad: presidentes incapaces de culminar con el mandato para el que habían sido elegidos. Por un lado, poderes fácticos, como los empresarios y los militares, se constituyeron en actores de veto capaces de coaccionar las ambiciones presidenciales (Barndt 2010). Por otro, los movimientos sociales indígenas emergían con demandas de inclusión política (Yashar 2005). Frente a esto, desde que asumió la Presidencia, el gobierno de Rafael Correa planteó una estrategia de concentración del poder que básicamente operó en dos arenas: la correlación de fuerzas y el diseño institucional. Respecto de la primera, migró de una relación de enfrentamiento a una de negociación con los grupos de poder, aunque manteniendo una retórica antiestablishment (Wolff 2016). Respecto de la segunda, construyó un sistema híperpresidencialista (Pachano y Freidenberg 2016), apoyado en un estilo de gobierno que combinó el carisma personalista y el apoyo tecnocrático (de la Torre 2013). Asimismo, en su enfrentamiento con la derecha tradicional, endosó el estilo antiestablishment de la prédica del “socialismo del siglo XXI” (Collins 2014).
La debilidad del sistema de partidos ecuatoriano y la supervivencia de algunas de estas organizaciones “tradicionales” en base a enclaves regionales (como el Partido Social Cristiano en la costa) evolucionó hacia a una dinámica de polarización, entre el proyecto populista del Movimiento Alianza País y los retadores anticorreístas. Aunque la mayoría de los actores en el campo opositor fueron fluctuando (pocos se consolidaron, como el movimiento CREO que lidera el banquero Guillermo Lasso), se constituyó una fuerza social anticorreísta sin liderazgo ni coherencia ideológica definida, que fue ganando terreno en la lucha política. La inminencia de las elecciones generales del 2017 y la designación de un sucesor en el oficialismo agudizó esta polarización, con connotaciones sociales —correísmo en las clases populares; anticorreísmo en las clases medias-altas— que desbordaron el plano exclusivamente político. Aunque el anticorreísmo no logró ir unido bajo un solo binomio a las elecciones, la fortaleza del principal candidato opositor (Lasso mantuvo sólida su intención de voto durante toda la campaña) hizo por primera vez creíble la posibilidad de una alternancia en el poder. En este artículo presentamos un análisis del último año en el poder de Rafael Correa y de la emergencia del anticorreísmo como un competidor con posibilidades de pugnar la alternancia en el poder político ecuatoriano.
II. TEMAS DE COYUNTURA
Coyuntura social
El 16 de abril del 2016, el territorio ecuatoriano fue sacudido por un sismo de magnitud 7,8 en escala de Richter que tuvo como epicentro las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas. Las consecuencias fueron nefastas, no solo por las pérdidas humanas (más de 600 fallecidos y desaparecidos, miles de heridos) sino también por el daño en la infraestructura estatal, especialmente en vías de comunicación. El gobierno activó el protocolo de emergencia, pero su respuesta más fundamental se dio en las medidas tomadas para enfrentar el daño en la inestable economía ecuatoriana. En el plano social, que estrictamente compete a esta sección, resaltan las muestras de solidaridad que despertaron en la sociedad ecuatoriana en su conjunto, tanto a nivel individual, de colectivos sociales y en el sector empresarial. Este ánimo tuvo un impacto positivo en las mediciones de confianza interpersonal, según reportan algunos estudios (Quantum 2016, 30 de mayo). Como se sabe, los desastres naturales suelen tener un impacto político para los gobiernos de turno (Carlin et al. 2014) y demuestran el nivel de capital social de las sociedades (Aldrich 2010). En ese sentido, resulta necesario considerar que la atención a la emergencia y el liderazgo político para articular la solidaridad de la sociedad ante eventos de este tipo influyen en el ánimo colectivo y, por lo tanto, en la estabilidad política de los gobiernos de turno.
La solidaridad en medio del desastre no atenuó la dinámica histórica de la conflictividad social de los años precedentes (Vera Rojas y Llanos-Escobar 2016). En el 2016, la ola de protestas sociales arreciada el año anterior se mantuvo con similar intensidad (ver Gráfico 1). A pesar de la cercanía de la coyuntura electoral, las protestas tuvieron un tenor distinto, destacándose aquellas de carácter reivindicativo laboral y las originadas por la conflictividad en el sector medio-ambiental. En el primer ámbito, hacia finales de marzo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una huelga nacional como rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno (LatinNews 2016, 1 de abril). Hacia finales de año, ante una orden del Ejecutivo de disolver la Unión de Nacional de Educadores (UNE), principal organización magisterial del país, miembros y simpatizantes de este gremio protestaron en Quito (Quantum 2016, 30 de septiembre). La aversión sindical a reformas educativas y sus constantes convocatorias a paralizaciones constituyeron la suficiente “mala prensa” para que la iniciativa gubernamental tuviera acogida entre un sector de la opinión pública (Quantum 2016, 30 de septiembre).
En el segundo ámbito, las protestas medioambientales estallaron en diversas zonas del país. Cabe mencionar, por ejemplo, las protestas indígenas antimineras en la provincia amazónica de Morona-Santiago, que condujeron al fallecimiento tanto de líderes indígenas como de policías durante los enfrentamientos, y que luego desembocarían en la declaratoria del régimen de excepción en esta jurisdicción (LatinNews 2016, 15 de septiembre). El tema de fondo detrás de este tipo de protestas fue la tensión derivada de las disposiciones legales que protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Bowen 2011).
El 2016 expresa la continuación de las protestas de los sectores popularessindicales e indígenas-campesinos y una relativa pausa en el protagonismo de los sectores medios, especialmente movilizados durante el año anterior. Salvo el intento del gobierno de retomar medidas impositivas sobre la herencia y la plusvalía a través de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas (que durante abril concitaron protestas a favor y en contra), la clase media tuvo menos presencia callejera, en comparación con el año anterior. Preocupaciones como la corrupción y la defensa de las instituciones democráticas se canalizaron a través del debate electoral, antes que mediante el protagonismo de la sociedad civil.
Coyuntura económica
La economía ecuatoriana ya se encontraba en una situación crítica cuando fue sorprendida por el sismo de abril. La baja en el precio del petróleo, la valorización del dólar en mercados internacionales y la evolución de la tasa de crecimiento del PIB anunciaban para el 2016 un escenario negativo (Vera Rojas y Llanos Escobar 2016). Las previsiones temidas por el oficialismo —que insistía en un escenario de “desaceleración”— se cumplieron. En julio, el presidente Rafael Correa admitió que la economía ecuatoriana se encontraba oficialmente en recesión, luego de anunciar que durante el primer cuarto del año el crecimiento económico fue de −3,0% en comparación con el 3,2% del año anterior (para promedios anuales ver Gráfico 2) (LatinNews 2016, 22 de julio). Además, la renta petrolera, es decir, los ingresos percibidos por el Estado provenientes de las regalías e impuestos respectivos, con respecto al PIB, continuó su declive —de 17% del PIB en el 2006 al 3,28% en 2015 (ver Gráfico 3). Asimismo, el nivel de desempleo se incrementó significativamente en el último año. Durante el primer trimestre, había crecido especialmente en las zonas urbanas, lo que afectó severamente a las mujeres y a los más jóvenes (ver Gráfico 4) (Quantum 2016, 30 de junio). La precariedad laboral en el Ecuador es un tema especialmente sensible porque una tercera parte del empleo corresponde a actividades de sectores informales de la economía (ver Gráfico 5) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2016).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Gráfico 4 Tasa de desempleo a nivel nacional: Ecuador 2007-2016
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Gráfico 5 Población con empleo en el sector formal e informal a nivel urbano: Ecuador 2008-2016
Para encarar dicha situación, el gobierno continuó con su política de endeudamiento. La deuda pública (interna y externa) mantuvo su tendencia creciente, detectada desde el 2011 (Basabe-Serrano y Martínez 2014) (ver Gráfico 6). China continuó siendo el principal acreedor del Estado ecuatoriano (Gallagher et al. 2013). Adicionalmente, el oficialismo planteó medidas suplementarias retomando los controversiales proyectos de elevación de impuestos a la herencia y a la plusvalía, que generaron una férrea oposición política y social durante el 2015. Estas medidas de ajuste provocaron desconcierto en los agentes económicos y en la población en general, que se evidenció en la pérdida de confianza en la conducción de la economía. Algunos indicadores económicos —caída en la inversión, en los depósitos bancarios y en los préstamos para la inversión— reflejan este malestar (Quantum 2016, 30 de noviembre). Como se detalla en las siguientes secciones, ello generó un impacto negativo en la aprobación presidencial y en actitudes hacia el sistema político.
Fuente: Banco Central del Ecuador
Gráfico 6 Participación de la deuda pública interna y externa en relación con el PIB: Ecuador 2003-2014
La respuesta del gobierno al sismo de abril permitió tomar medidas económicas destinadas a la situación de emergencia, que además supusieran una contribución para el saneamiento económico sistémico. Por ejemplo, en el marco de la emergencia, se estableció la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana que dispuso el incremento del IVA del 12 al 14% por un año, aporte de un día de sueldo (entre uno y ocho meses, dependiendo del sueldo), aporte del 3% de las utilidades de empresas con relación al año 2015, 0.9% de contribución patrimonial de las personas con más de un millón de dólares de patrimonio, incentivos para el empleo de dinero electrónico, entre otros. Las medidas generaron resultados positivos, especialmente la del incremento del IVA. Entre junio del 2016 y febrero del 2017 se recaudaron por este concepto alrededor de 500 millones de dólares, lo que fortaleció la tendencia positiva de recaudación tributaria que ha caracterizado al gobierno de Alianza País (ver Gráfico 7). Por otro lado, por concepto de contribuciones solidarias, se sumaron alrededor de 1300 millones de dólares adicionales, según reportó el Servicio de Rentas Internas (El Comercio 2017, 9 de febrero). Cabe agregar que el Fondo Monetario Internacional acordó otorgar apoyo financiero de 364 millones de dólares a Ecuador para las tareas de reconstrucción post-terremoto (LatinNews 2016, 22 de diciembre).
Coyuntura subregional e internacional
Hacia finales del 2016 asomaba el inicio de un posible giro hacia la derecha en América Latina. Las victorias electorales de Mauricio Macri en Argentina y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, la designación de Michel Temer en Brasil (luego del impeachment a Dilma Rousseff) y la crisis venezolana habían cambiado la correlación ideológica, al menos en Sudamérica (Leiras, Malamud y Stefanoni 2016). La política exterior ecuatoriana había sido altamente dependiente de los apoyos ideológicos dominantes durante el auge del llamado “socialismo del siglo XXI” (Vera Rojas y Llanos Escobar 2016). El declive de este ha impactado en la política internacional ecuatoriana de forma decisiva: priorizar el pragmatismo por sobre las consideraciones ideológicas en la búsqueda de nuevos aliados.
Por ejemplo, en noviembre, el gobierno ecuatoriano firmó el tratado comercial multipartes con la Unión Europea, cuyas negociaciones empezaron hace casi una década atrás. El acuerdo —del que ya formaban parte Colombia y Perú— se inscribe dentro de las políticas de facilitación del libre comercio entre la Unión Europea con otras regiones (LatinNews 2016, 22 de diciembre). En este sentido, se prevé la eliminación de aranceles para productos industriales y de pesca, la incrementación de acceso al mercado de productos agrícolas, y el mejoramiento al acceso a los servicios y a la contratación pública, entre otros. La firma del acuerdo constituyó para el gobierno el sacrificio de principios ideológicos, ya que en coyunturas pasadas Alianza País se había mostrado opuesto a este acuerdo comercial. Por otro lado, Cancillería puso especial énfasis durante este año en la delimitación final de límites fronterizos marítimos. En marzo, la Asamblea Nacional ratificó la Convención de Delimitación Marítima entre Ecuador y Costa Rica, firmada en el 2014, y estableció así el reconocimiento de sus límites marítimos con sus tres vecinos (incluyendo a Perú y Colombia). Consecuentemente, en septiembre, se sellaba el acuerdo definitivo fronterizo con estos países sobre el borde marítimo trilateral (LatinNews 2016, 29 de septiembre).
Los problemas en Cancillería provienen de temas que se arrastran de años anteriores. La crisis migratoria cubana que estalló este año, con miles de ciudadanos de la isla varados en América Central, tuvo repercusiones a nivel local, dado que Ecuador ha sido una importante “puerta de entrada” al periplo de inmigrantes cubanos hacia Norteamérica. En julio, el gobierno ecuatoriano repatrió a 121 cubanos, mientras otros cientos de ellos se quedaban en un limbo legal en Ecuador.1 Por otro lado, el asilo que el Estado ecuatoriano ha otorgado a Julián Assange continúa siendo un factor relevante en su política exterior. Aunque el Comité de Naciones Unidas sobre Assange resolvió respaldar la protección al fundador de Wikileaks, los gobiernos británico y sueco se negaron a acatarla por no ser vinculante. De hecho, en agosto, el representante legal general de Ecuador tuvo que aceptar la solicitud por parte de fiscales suecos para interrogar al promotor de filtraciones en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres. A partir de un intento de asalto a dicha embajada, el gobierno renovó su compromiso de mantenerlo protegido (LatinNews 2016, 11 de agosto).
Coyuntura política
Un esquema autoritario de poder requiere la concentración de los recursos políticos y la neutralización de los poderes fácticos (Pachano y Freidenberg 2016). La rotación de ministros en el Ejecutivo y la politización de la burocracia estatal dan cuenta de la imbricación entre partido-Estado como factor de dominio político promovido por Rafael Correa y Alianza País (Basabe-Serrano y Martínez 2014). La inminencia de las elecciones (realizadas en febrero del 2017) constituyó una coyuntura para evaluar el modelo político y ensayar su continuidad, independientemente de una nueva candidatura presidencial de Rafael Correa.
Precisamente, la inclusión de Correa en la última carrera electoral no estaba del todo descartada a pesar de la prohibición constitucional. De hecho, en agosto, el movimiento “Rafael Contigo Siempre” había recolectado más de un millón de firmas para promover un referéndum que permitiera la opción de la reelección del mandatario en el 2017 (Quantum 2016, 30 de septiembre). Aunque la Corte Constitucional facultó la consulta, la continuidad del “correísmo con Correa” fue abortada por el propio mandatario.2 Las motivaciones son materia de especulación. Entre ellas se han mencionado un distanciamiento con el socialismo menos institucionalista (por ejemplo, la insistencia de Evo Morales en Bolivia, de postular a una nueva reelección, incluso luego de su derrota en el referéndum respectivo), una evaluación racional para evitar el desprestigio de administrar un país en crisis (se especula sobre la situación económica adversa para los próximos años en Ecuador) y hasta motivaciones personales que reposan en el ámbito privado (que implica una mudanza de Correa a Bélgica, una vez terminado su mandato) (Quantum 2016, 30 de noviembre). Lo cierto es que, por primera vez desde su fundación hace poco más de diez años, Alianza País compitió en unos comicios sin tener a su líder principal como candidato presidencial.
No cabe duda de que Alianza País es actualmente la organización política más consolidada del país —especialmente por su cercanía con los recursos estatales (Mantilla y Mejía 2012)—, pero ello no significa que existan otras fuentes de poder sobre las cuales no tiene acceso o control. Los militares y los medios de comunicación son precisamente dos poderes fácticos con recursos y capacidad de influencia en la opinión pública, a los cuales el gobierno se ha enfrentado, aunque con distintas intensidades: más cauteloso con los militares y más ofensivo con los medios de comunicación. A continuación, pasaremos a analizar los sucesos relacionados con estos dos ámbitos.
Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas han jugado un papel tutelar en la historia política ecuatoriana (Hurtado 1977; Bustamante 1996). En determinadas coyunturas de inestabilidad política, han sido un actor con poder de veto para resolver escenarios de incertidumbre. Durante el gobierno de Rafael Correa, la relación entre el poder civil y militar había sido cautelosa, predominando el sometimiento de los últimos al primero. Sin embargo, durante el último año, las tensiones entre ambos poderes se agudizaron, con una tendencia a seguir escalando. A inicios de año, luego de un escándalo de venta irregular y sobrevalorada de terrenos, el presidente (haciendo uso de sus prerrogativas) ordenó el despido de altos mandos militares, lo cual generó protestas y manifestaciones de insatisfacción en contra del gobierno. (La crisis terminó con la renuncia del por entonces ministro de Defensa, Fernando Cordero). Nuevos impasses emergieron durante los siguientes meses, y el año terminó con las fuerzas armadas en pleno proceso de reformas internas para adaptar el sistema de distinciones de altos cargos según el decreto promulgado por Correa en marzo. Sin embargo, la situación nunca dejaría su nivel de tensión.
Por otro lado, el gobierno de Rafael Correa ha mantenido desde sus inicios un enfrentamiento abierto con los medios de comunicación opositores, vulnerando en muchos casos los derechos de libertad de expresión y opinión a través de sanciones arbitrarias (Conaghan 2008, 2016). Durante 2016 continuaron los casos de intervención en medios privados, como el allanamiento e incautación de la estación televisiva Ecotel TV (en la provincia de Loja) y el juicio por la venta del canal de televisión Teleamazonas (LatinNews 2016, 22 de agosto). En la primera situación, el mandatario había calificado de “mentiroso” al propietario. En la segunda respaldaba una decisión judicial que calificaba como “venta simulada” la de esta televisora, concurriendo en responsabilidad a los dueños originales. Mientras tanto, también en este año, el caso “El Universo”, en el cual el columnista Emilio Palacio fue sancionado por la justicia ecuatoriana por opinar sobre la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010, fue aceptado en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otro tema que generó controversias estuvo relacionado con la educación superior. El gobierno de Rafael Correa promovió una reforma sustantiva en materia de educación superior para elevar su calidad. Dentro del conjunto de reformas en este ámbito, este año el Ejecutivo anunció la reducción de aportes entregados a las dos universidades de postgrado existentes en el país (la Universidad Andina Simón Bolívar y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO). A pesar de que ambas fueron evaluadas satisfactoriamente e incluso premiadas por el propio gobierno por su excelencia académica, la reducción del financiamiento estatal a estas casas de estudio afectaría significativamente su funcionamiento. Para diversos analistas, existirían motivaciones políticas detrás de esta medida, ya que estas universidades se han caracterizado por su pluralidad de posiciones políticas, autónomas del gobierno (Quantum 2016, 30 de noviembre). Hacia finales de año se habían concertado algunas medidas parciales para solucionar el desbalance presupuestario, pero el desenlace final de este impasse continuaba abierto.
El balance de la coyuntura política no estaría completo sin resaltar los casos de corrupción develados por escándalos internacionales. Las revelaciones difundidas a través de los “Panama Papers” y las delaciones compensadas en Brasil por el caso “Lava Jato” han impactado en la coyuntura política ecuatoriana, si bien mediados por la capacidad de maniobra del gobierno. En el caso de los “Panama Papers”, llamó la atención la presencia del fiscal general Galo Chiriboga y del expresidente del Banco Central Pedro Delgado en las listas de propietarios de cuentas en el exterior y su presunta vinculación con actividades ilícitas (Quantum 2016, 30 de mayo). En el caso de “Lava Jato”, a diferencia de lo sucedido en otros países de la región, en Ecuador aún no se contaba con nombres de involucrados, aunque figuras del oficialismo — incluyendo al propio Rafael Correa— alertaban de un posible uso político de este escándalo para desprestigiar al oficialismo, de cara a las elecciones del 2017 (Quantum 2017, 31 de enero).
III. CAMBIOS INSTITUCIONALES
Los principales cambios en la institucionalidad política del Ecuador sucedieron en el 2015 cuando el Legislativo, de mayoría correísta, aprobó un paquete de 15 enmiendas constitucionales que, con el aval de la Corte Constitucional, no pasó por consulta popular previa. Si bien las enmiendas abarcan aspectos diversos de la institucionalidad ecuatoriana —restricción de derechos fundamentales de los ciudadanos, modificaciones del Código del Trabajo, competencias de órganos de control como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, entre otros—, las más relevantes están relacionadas con la concentración del poder en la figura presidencial y la reelección presidencial indefinida (Modificación al artículo 144 de la Constitución).
Aunque se introdujo una disposición transitoria para que la norma que habilita la reelección presidencial entrara en funcionamiento después de los comicios de abril del 2017, la habilitación de reelección presidencial indefinida en combinación con la “muerte cruzada” otorga peligrosas prerrogativas a liderazgos caudillistas. La Constitución del 2008 otorga al Presidente la capacidad de disolver la Asamblea Nacional —acortar su propio mandato, simultáneamente— y convocar a nuevas elecciones generales (legislativas y presidenciales), si cuenta con el aval de la Corte Constitucional (artículo 148 de la Constitución). Una vez aplicada la medida —y antes de elegir a los nuevos representantes— el mandatario queda en la capacidad de gobernar por decreto en materias de urgencia económica.
La “muerte cruzada” no es la única herramienta a disposición del Presidente para ejercer su poder. Los mecanismos de “transparencia y control social” han otorgado un poder adicional al Ejecutivo, específicamente en su responsabilidad para elegir (de manera indirecta, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) a quienes ocupen cargos clave como el Contralor General, el Fiscal de la Nación, la Defensoría de Derechos Humanos y los miembros del Consejo Nacional, antes dentro de las prerrogativas del Legislativo (Conaghan 2016). En el contexto electoral, esta significativa capacidad de influencia del Ejecutivo en nombramientos fundamentales tuvo efecto en la confianza sobre el sistema electoral. Los miembros del Consejo Nacional Electoral —especialmente su presidente— fueron blanco de críticas por su presumible cercanía política con el gobierno.
Modificaciones legales de menor envergadura pero de impacto relevante en su conjunto han conducido a la constitución de un régimen híper presidencialista (Conaghan 2016), desde este año con posibilidad de re-elección indefinida. La Ley de Comunicaciones (del 2013), medidas de “descorporitización” estatal que excluyen a la sociedad civil de consejos gubernamentales, reforma del Código del Trabajo que debilita el poder sindical y medidas de control sobre la educación superior, entre otros, fortalecen aún más, en la práctica, el diseño desequilibrado del poder en beneficio del Ejecutivo.
IV. RESULTADOS ELECTORALES
Si bien en el 2016 no se sostuvieron elecciones en el Ecuador, al ser un año preelectoral hubo intenso accionar dentro de las diferentes tiendas políticas. Los distintos movimientos y partidos dedicaron buena parte del año a forjar alianzas y a afinar sus estrategias de cara a las elecciones generales de febrero del 2017. En esta sección, haremos un recuento de cómo evolucionó el panorama preelectoral ecuatoriano en el 2016, tomando en cuenta los distintos precandidatos que emergieron en la escena política, así como los cambios en intención de voto reportados por las principales encuestadoras durante los últimos meses del año. Por último, haremos un repaso a los resultados de la primera vuelta electoral, conducida el 19 de febrero del 2017.
Ante la negativa de Rafael Correa de postular nuevamente para la Presidencia de la República (Mestanza 2016), el Movimiento Alianza País se vio obligado a buscar entre sus cuadros quien lo reemplace en la papeleta electoral. Se habló de varios posibles candidatos, entre ellos el vicepresidente Jorge Glas, el exvicepresidente Lenín Moreno, el ministro del Interior José Serrano y la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira (Puente 2016). A medida que el año avanzó, los candidatos potenciales se redujeron a los dos primeros.
Jorge Glas —hombre de confianza de Correa— ha sido el encargado de manejar los “sectores estratégicos” (electricidad, petróleo, minería, telecomunicaciones) y de llevar a cabo los cambios de “matriz productiva” y de “matriz energética” impulsados por el correísmo: es el técnico por excelencia dentro de un gobierno sumamente tecnocrático (Diario Hoy 2010). Moreno, en cambio, mantiene un perfil más relacionado con el trabajo social: se lo conoce, entre otras cosas, por su labor en la Misión Solidaria Manuela Espejo, un exitoso programa de apoyo a ciudadanos discapacitados en el Ecuador (Rodero 2017). Si bien ambos precandidatos tenían apoyos importantes provenientes de distintos sectores de las bases de Alianza País, Moreno siempre tuvo mejores evaluaciones en los sondeos de opinión pública. El Cuadro 1 muestra cómo, en niveles de intención de voto, Moreno siempre superó a Glas e incluso al mismo presidente Correa cuando se los ponía a competir con dos de sus más fuertes rivales, Guillermo Lasso del Movimiento CREO y Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano.3 Es probablemente por esta razón que Alianza País finalmente se decantase por elegir a Moreno como su candidato presidencial, nominando a Glas como su acompañante de fórmula.
Cuadro 1 Intención de voto (3 pre-candidatos de Alianza País vs. Lasso y Viteri)
| Fecha | Fuente | Correa | Moreno | Glas | Lasso | Viteri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/2016 | Perfiles de Opinión | - | 43,5% | - | 13,2% | 15,5% |
| 7/4/2016 | Perfiles de Opinión | - | - | 25,5% | 16,8% | 17,4% |
| 7/22/2016 | Cedatos | 28% | - | - | 21% | 8% |
| 7/22/2016 | Cedatos | - | 35% | - | 22% | 8% |
| 7/22/2016 | Cedatos | - | - | 20% | 24% | 10% |
| 8/23/2016 | Monitor | 25,8% | - | - | 20,6% | 17,5% |
| 8/23/2016 | Monitor | - | 33% | - | 19,5% | 16,2% |
| 8/23/2016 | Monitor | - | - | 23,4% | 20,5% | 17,3% |
| 8/30/2016 | Perfiles de Opinión | - | 54% | - | 16% | 8% |
| 8/30/2016 | Perfiles de Opinión | - | - | 34% | 19% | 13% |
| 9/12/2016 | Monitor | - | 31,3% | - | 23,4% | 13,3% |
| 9/12/2016 | Monitor | - | - | 26,9% | 24,8% | 13,3% |
| 9/12/2016 | Quantum | - | 42% | - | 15% | 10% |
| 9/12/2016 | Quantum | - | - | 17% | 16% | 10% |
| 9/16/2016 | Perfiles de Opinión | - | 49,06% | - | 15,55% | 10,63% |
| 9/16/2016 | Perfiles de Opinión | - | - | 30,41% | 17,55% | 14,77% |
Fuente: Perfiles de Opinión, Cedatos, Monitor, Quantum Informe
De los varios precandidatos opositores al régimen, el más notorio fue Guillermo Lasso, quien ya había participado en la elección presidencial del 2013, donde obtuvo el segundo lugar con cerca del 23% de los votos válidos. Desde entonces, Lasso ha figurado permanentemente en la palestra política y logró posicionarse como el líder más importante de la oposición. Además de la gran visibilidad mediática durante los últimos años, Lasso aparecía fortalecido por haber logrado el apoyo de otros movimientos y líderes que se sumaron a su partido CREO de cara a las elecciones de 2017.
Otras fuerzas opositoras como el Partido Social Cristiano, liderado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el Movimiento SUMA, liderado por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el Movimiento Juntos Podemos, liderado por el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, formaron una coalición que denominaron “La Unidad”. Entre los objetivos principales de esta confluencia estaba el aglutinar fuerzas para presentar una candidatura única a la Presidencia de la República, con miras de derrotar a Alianza País. Sin embargo, por desacuerdos internos, la alianza se debilitó. El Partido Social Cristiano, por medio de su portavoz Nebot, anunció a Cynthia Viteri como la candidata a la Presidencia de la República por “La Unidad”, sin contar con el acuerdo de los demás movimientos de la coalición (Diario El Universo 2016, 28 de septiembre). Esto provocó que los otros miembros de la coalición se distanciaran, y que Viteri anunciara su disolución el 31 de octubre del 2016 (Diario El Universo 2016, 31 de octubre). Tanto el Movimiento SUMA como Juntos Podemos posteriormente apoyarían la candidatura de Guillermo Lasso.
Otras agrupaciones también inscribieron candidatos para la elección presidencial del 2017. El partido socialdemócrata Izquierda Democrática (ID), después de haber sufrido una seria crisis interna que lo hizo desaparecer oficialmente en el 2013, logró reagruparse en el 2016 e inscribirse nuevamente en el Consejo Nacional Electoral. Junto con varios movimientos y partidos de izquierda como Unidad Popular y Pachakutik, la ID formó una coalición llamada “Acuerdo Nacional por el Cambio”, que propuso al exalcalde de Quito, el Gral. Paco Moncayo, como candidato a la Presidencia de la República. Entre otros partidos que inscribieron candidatos estuvo el partido Fuerza Ecuador (FE), que postuló para la presidencia a su fundador Abdalá “Dalo” Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.
El 19 de noviembre del 2016 terminó el plazo para inscribir candidatos a la Presidencia de la República. Ocho binomios fueron inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Moreno correría por el Alianza País, Lasso por CREO, Viteri por el Partido Social Cristiano, Moncayo por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Bucaram por el Partido Fuerza Ecuador, Iván Espinel por el Movimiento Fuerza Compromiso Social, Patricio Zuquilanda por el Partido Sociedad Patriótica, y el exfiscal de la nación Washington Pesántez por el Movimiento Unión Ecuatoriana. El Cuadro 2 muestra la evolución en la intención de voto por los cinco candidatos con mayor respaldo medida por cuatro de las más prestigiosas compañías encuestadoras del país. Como se puede ver, Moreno siempre estuvo a la cabeza de la carrera en todos los sondeos de opinión, mientras que el segundo lugar casi siempre apuntaba a Lasso.4
Cuadro 2 Intención de voto (5 candidatos con mayor aceptación)
| Fecha | Fuente | Moreno | Lasso | Viteri | Moncayo | Bucaram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2016 | Perfiles de Opinión | 43% | 14% | 10% | 8% | 2% |
| 11/23/2016 | Opinión Pública | 40% | 16,1% | 7,7% | 6,5% | 1,5% |
| 11/28/2016 | Market | 28,1% | 18.00% | 17,6% | 9,5% | 1,9% |
| 12/2/2016 | Cedatos | 36,2% | 22% | 9,7% | 7,3% | 3% |
| 12/15/2016 | Perfiles de Opinión | 36,86% | 15,23% | 12,33% | 4,8% | 3,23% |
| 12/19/2016 | Opinión Pública | 35,9% | 17,4% | 7,5% | 7,6% | 1,7% |
| 12/28/2016 | Market | 28,6% | 17,7% | 19,3% | 14,8% | 4.00% |
| 12/29/2016 | Cedatos | 35,6% | 22,3% | 10,9% | 6,9% | 3,2% |
| 1/8/2017 | Perfiles de Opinión | 35% | 17% | 14% | 8% | 4% |
| 1/15/2017 | Opinión Pública | 34% | 18,2% | 8,9% | 6.00% | 2,9% |
| 1/21/2017 | Market | 28,17% | 16,57% | 17,98% | 13,22% | 4,78% |
| 1/23/2017 | Cedatos | 34,3% | 22,9% | 11,4% | 8,0% | 4,3% |
| 2/8/2017 | Perfiles de Opinión | 35% | 16% | 14% | 7% | 4% |
| 2/8/2017 | Opinión Pública | 34,2% | 18,2% | 13,7% | 7,4% | 3,6% |
| 2/8/2017 | Market | 28,5% | 18,3% | 20,2% | 11,5% | 4,9% |
| 2/8/2017 | Cedatos | 32,3% | 21,5% | 14% | 7,7% | 4,1% |
Fuente: Perfiles de Opinión, Opinión Pública Ecuador, Market y Cedatos
Los ecuatorianos acudieron a votar el 19 de febrero del 2017, después de una campaña electoral caracterizada por constantes acusaciones entre los candidatos, sobre todo relacionadas a con escándalos de corrupción. La “lista de Odebrecht” fue mencionada repetidamente durante la campaña, ya que supuestamente responsabilizaba a varios prominentes políticos ecuatorianos de haber recibido sobornos de la constructora brasilera: entre ellos, los vicepresidenciables de Alianza País, Jorge Glas, y del Partido Fuerza Ecuador, Ramiro Aguilar (Borja 2017; Boscan 2017). Similar importancia en los medios y en la campaña cobraron los “CapayaLeaks”, una serie de videos difundidos a través de redes sociales donde el exgerente general de Petroecuador (julio-noviembre 2015) y exministro de Hidrocarburos (noviembre 2015-abril 2016) Carlos Pareja Yannuzzelli denunciaban graves actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa, que complicaban a varios de sus más altos funcionarios, incluido al vicepresidente Glas (Diario El Universo 2017, 8 de febrero). El Cuadro 3 muestra los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial.
Cuadro 3 Resultados elecciones presidenciales en Ecuador, primera vuelta 2017
| Candidato | Partido | Total votos | % votos válidos |
|---|---|---|---|
| Lenín Moreno | Movimiento Alianza PAIS | 3.716.343 | 39,36 |
| Guillermo Lasso | CREO - SUMA | 2.652.403 | 28,09 |
| Cynthia Viteri | Partido Social Cristiano | 1.540.903 | 16,32 |
| Paco Moncayo | Acuerdo Nacional por el Cambio | 634.033 | 6,71 |
| Abdalá Bucaram Pulley | Partido Fuerza EC | 455.187 | 4,82 |
| Iván Espinel | Fuerza Compromiso Social | 299.840 | 3,18 |
| Patricio Zuquilanda | Partido Sociedad Patriótica | 72.679 | 0,77 |
| Washington Pesántez | Movimiento Unión Ecuatoriana | 71.107 | 0,75 |
| Total votos válidos | 9.442.495 | 100,00 | |
| Blancos | 286.069 | ||
| Nulos | 736.743 | ||
| Total votos | 10.465.307 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional Electoral (http://cne.gob.ec/)
El sistema electoral ecuatoriano requiere que, para declarar a un candidato vencedor en una sola vuelta, este debe obtener más del 40% de los votos válidos y una diferencia de por lo menos 10 puntos sobre el segundo. Por lo tanto, los resultados de la primera vuelta exigieron un ballotage, que se llevaría a cabo el 2 de abril del 2017. Los dos partidos finalistas, Alianza País y CREO, recibieron el apoyo de varios de los otros movimientos y partidos.5 La elección se definiría a favor del candidato oficialista por un estrecho margen.
Junto con las elecciones presidenciales, en febrero del 2017 se sostuvieron también elecciones legislativas en el Ecuador. Los resultados de estas elecciones confirman el debilitamiento de Alianza País, que obtuvo 26 escaños menos que en las elecciones del 2013. Si bien el oficialismo obtuvo 74 escaños y seguirá teniendo una mayoría absoluta en la Asamblea, ya no contará en el próximo período con la mayoría calificada de dos tercios de los asambleístas que, entre otros atributos, le permitía realizar reformas a la Constitución. El importante debilitamiento de Alianza País en su presencia en la Asamblea Nacional permite que fuerzas de oposición como el movimiento CREO (32 escaños), el Partido Social Cristiano (15 escaños) y los partidos izquierdistas Pachakutik (4 escaños) e Izquierda Democrática (4 escaños) ganen en peso en la conformación del nuevo Legislativo. El Cuadro 4 muestra el número de escaños conseguidos por cada partido en la elección del 2017 y el cambio con respecto a la elección del 2013.
Cuadro 4 Resultados elecciones legislativas, Ecuador 2013 y 2017
| Partido | Escaños 2013 | Escaños 2017 | Cambio 2013-2017 |
|---|---|---|---|
| Movimiento Alianza PAIS (AP) | 100 | 74 | -26 |
| Movimiento Creando Oportunidades (CREO) | 11 | 32 | +21 |
| Partido Social Cristiano (PSC) / Madera de Guerrero (MG) | 6 | 15 | +9 |
| Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (Mupp) | - | 4 | +4 |
| Izquierda Democrática | - | 4 | +4 |
| Partido Sociedad Patriótica (PSP) | 5 | 2 | -3 |
| Sociedad Unida Más Acción (Suma) | 1 | 2 | +1 |
| Partido Fuerza Ecuador (FE) | - | 1 | +1 |
| Otros (movimientos y alianzas locales) | 3 | 3 | 0 |
| Coordinadora Plurinacional de Izquierdas | 5 | - | -5 |
| Partido Avanza | 5 | - | -5 |
| Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) | 1 | - | -1 |
| Total | 137 | 137 | 0 |
Fuente: Eichorst y Polga-Hecimovich (2014); Consejo Nacional Electoral (http://cne.gob.ec/)
En resumen, los resultados de las elecciones de febrero del 2017 todavía sitúan al Movimiento Alianza País como la primera fuerza política del Ecuador, a pesar del notable debilitamiento sufrido con respecto a años anteriores. Síntomas de este debilitamiento ya se habían visto en las elecciones seccionales del 2014, cuando Alianza País perdió el control de varias de las alcaldías más importantes, incluidas la de Quito, a manos de Mauricio Rodas (Movimiento SUMA), y la de Cuenca, a manos de Marcelo Cabrera (Alianza Participa-Igualdad) (Constante 2014; Valencia 2014). Esta pérdida de fuerza política se confirma en el proceso electoral de febrero del 2017, donde, por primera vez en las últimas tres elecciones presidenciales, el candidato oficialista no logra vencer en la primera vuelta,6 aparte de la importante reducción en el número de escaños en la Asamblea con respecto al período anterior.
V. PODER EJECUTIVO
Composición y rotación del gabinete
Desde su regreso a la democracia en 1979, el Ecuador ha sido uno de los países de la región donde menos tiempo promedio dura un ministro (Martínez-Gallardo 2014). Esta alta volatilidad en los ministerios se ha mantenido en el régimen de Correa, donde el tiempo promedio de duración de un ministro en el gabinete ha sido de aproximadamente 366 días (Basabe-Serrano et al. 2013).7 Los años recientes han confirmado esta tendencia: en el 2013 se registraron un total de dieciséis cambios ministeriales (Basabe-Serrano y Martínez 2014), y en el 2015 se produjeron diecinueve salidas de ministros, entre renuncias, destituciones y rotaciones (Vera Rojas y Llanos-Escobar 2016). El 2016 mostró un número aún mayor de cambios que años anteriores, con veintiuno en total. Dos factores influyeron en este incremento: el terremoto del 16 de abril —que afectó fuertemente las provincias de Manabí y Esmeraldas— y el hecho de que el 2016 fuera un año preelectoral, que provocó que varios ministros renunciaran a sus cargos para participar como candidatos a la Asamblea Nacional.
El Cuadro 5 (en la página siguiente) muestra todos los cambios en el gabinete del presidente Correa durante el 2016. Se puede apreciar que en varias instancias los cambios en los ministerios no son más que rotaciones, una estrategia utilizada repetidamente a lo largo del gobierno de Alianza País. Por ejemplo, a principios de marzo, el entonces canciller Ricardo Patiño (quien antes ya había sido ministro de Economía y Finanzas, y de Coordinación de la Política, entre otros cargos en el gobierno de Correa) pasa a ser ministro de Defensa, mientras el ministro de Cultura Guillaume Long lo releva en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo ocurre con Augusto Espín, quien en septiembre deja el Ministerio de Telecomunicaciones para encargarse del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, y con Patricio Rivera, quien en diciembre deja el Ministerio Coordinador de Política Económica para tomar las riendas del Ministerio de Finanzas. Correa ha mostrado predilección por tener a su gente de confianza cerca, y cuando ha sido necesario oxigenar algún ministerio, ha recurrido repetidamente a rotar a sus ministros y otros colaboradores de Alianza País (exasambleístas, embajadores) antes que a convocar a gente de otras tiendas políticas.
Cuadro 5 Cambios en el gabinete ministerial: Ecuador 2016
| Ministerio | Ministro Saliente | Fecha Entrada | Fecha Salida | Destino del Ministro | Ministro Entrante | Fecha Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Gestión de la Política | Viviana Bonilla Salcedo | 3/10/2014 | 1/18/2016 | Paola Pabón Caranqui | 1/18/2016 | |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | Ricardo Patiño Aroca | 1/28/2010 | 3/3/2016 | Ministerio de Defensa Nacional | Guillaume Long Comon | 3/3/2016 |
| Ministerio de Defensa Nacional | Fernando Cordero Cueva | 9/26/2014 | 3/3/2016 | Ricardo Patiño Aroca | 3/3/2016 | |
| Ministerio de Cultura y Patrimonio | Guillaume Long Comon | 3/25/2015 | 3/3/2016 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Raúl Vallejo Corral | 5/4/2016 |
| Ministerio Coordinador de Desarrollo Social | Cecilia Vaca Jones | 4/2/2013 | 3/15/2016 | Gabriela Rosero Moncayo | 3/15/2016 | |
| Ministerio de Hidrocarburos | Carlos Pareja Yannuzzelli | 11/13/2015 | 4/29/2016 | José Icaza Romero | 4/29/2016 | |
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | Beatriz Tola | 5/12/2014 | 5/4/2016 | Lídice Larrea | 5/4/2016 | |
| Ministerio de Comercio Exterior | Diego Aulestia Valencia | 2/18/2015 | 5/4/2016 | Juan Carlos Cassinelli | 5/4/2016 | |
| Secretaría del Agua | Carlos Bernal Alvarado | 6/22/2015 | 5/4/2016 | Sec. Técnica de la Recons-trucción y la Reactivación | Alexis Sánchez Miño | 5/4/2016 |
| Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos | Luis Jaramillo Arias | 11/25/2015 | 5/4/2016 | Susana Dueñas | 5/4/2016 | |
| Ministerio de Industrias y Productividad | Eduardo Egas Pena | 4/29/2015 | 5/20/2016 | Santiago León Abad | 6/10/2016 | |
| Ministerio del Ambiente | Daniel Ortega Pacheco | 11/19/2015 | 6/13/2016 | Walter García Cedeño | 6/13/2016 | |
| Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos | Rafael Poveda Bonilla | 11/28/2012 | 9/22/2016 | Augusto Espín Tobar | 9/22/2016 | |
| Ministerio de Telecomunicaciones | Augusto Espín Tobar | 9/15/2014 | 9/22/2016 | Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos | Alexandra Álava Freire | 9/22/2016 |
| Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Walter Solís Valarezo | 6/22/2015 | 9/22/2016 | Boris Córdova González | 9/22/2016 | |
| Secretaría General de la Presidencia de la República | Omar Simon Campaña | 3/10/2014 | 9/23/2016 | Cristian Castillo | 9/23/2016 | |
| Ministerio del Interior | José Serrano Salgado | 5/13/2011 | 11/15/2016 | Candidato A. Nacional | Diego Fuentes (encargado) | 11/15/2016 |
| Ministerio de Electricidad y Energía Renovable | Esteban Albornoz | 1/31/2011 | 11/15/2016 | Candidato A. Nacional | José Cadena Mosquera | 11/25/2016 |
| Ministerio de Educación | Augusto Espinosa | 5/8/2013 | 11/15/2016 | Candidato A. Nacional | Freddy Peñafiel Larrea | 12/2/2016 |
| Ministerio Coordinador de Política Económica | Patricio Rivera Yanez | 7/11/2013 | 12/19/2016 | Ministerio de Finanzas | Diego Martínez Vinueza | 12/19/2016 |
| Ministerio de Finanzas | Fausto Herrera | 7/11/2013 | 12/19/2016 | Patricio Rivera Yánez | 12/19/2016 |
Fuente: Página web de la Presidencia de la República del Ecuador (http://www.presidencia.gob.ee/).
Dos momentos relevantes se pueden distinguir en el Cuadro 5. El primero ocurre a principios de mayo, cuando hay un importante recambio ministerial, principalmente a causa del terremoto del 16 de abril. Correa coloca a dos mujeres líderes de la provincia de Manabí (la provincia más afectada por el sismo), Lídice Larrea (exasambleísta por Manabí) y Susana Dueñas, gobernadora de la provincia, a la cabeza del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, respectivamente. Además de ellas, realiza cambios en la Secretaría del Agua, donde Alexis Sánchez reemplaza a Carlos Bernal, quien pasaría a cumplir funciones como “Secretario Técnico de la Reconstrucción y la Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas”, cargo creado a raíz del estado de emergencia decretado por el terremoto (Diario El Telégrafo 2016, 4 de mayo). Dos cambios adicionales se llevan a cabo en esos mismos días: la nominación de Raúl Vallejo (exembajador en Colombia) como nuevo ministro de Cultura y Patrimonio, y la de Juan Carlos Cassinnelli (exasambleísta) en el Ministerio de Comercio Exterior (Carvajal 2016). A este último se le encargaría la negociación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea como su principal misión (Diario el Universo 2016, 14 de diciembre; Valencia 2016).
El otro momento importante dentro de los cambios en el gabinete de Correa ocurre a mediados de noviembre, cuando tres de sus ministros de mayor confianza renuncian a sus cargos para postularse como candidatos a la Asamblea Nacional (Agencia de Noticias Andes, 15 de noviembre). José Serrano (Interior) participaría como primer candidato en la lista de “asambleístas nacionales” de Alianza País, donde lo acompañaría Augusto Espinosa (Educación) en la quinta posición. Por su parte, Esteban Albornoz (Electricidad y Energía Renovable) participó como primer candidato para asambleísta por la provincia del Azuay.8 Los tres exministros fueron elegidos en las elecciones del 19 de febrero de 2017 y forman parte de la bancada de Alianza País en la nueva Asamblea Nacional, que tomó posesión en mayo del 2017.
Aprobación del Presidente
El 2016 ha sido testigo de un importante declive en la aprobación ciudadana de la gestión del presidente Rafael Correa. Hay que resaltar que el nivel de aprobación medido por el Barómetro de las Américas en diciembre del 2016 sigue siendo alto, con un 55% de la población que respondió “muy bueno” o “bueno” a la pregunta: “Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el presidente Rafael Correa es…?”. Este nivel es alto si se compara con la mayoría de presidentes de la región e incluso con los anteriores presidentes ecuatorianos, que habían tenido dificultades para gobernar debido a sus bajos niveles de apoyo ciudadano (Freidenberg 2012). El Gráfico 8 ilustra que la gestión de Correa ha mantenido niveles muy elevados de aprobación durante todo su mandato, llegando a un pico en el 2014, probablemente por la bonanza económica que el país gozó durante el 2012 y 2013. Sin embargo, la caída que muestra desde la medición del 2014 es notoria, según los datos del Barómetro de las Américas (Latin American Public Opinion Project).9
Fuente: Barómetro de las Américas (LAPOP)
Gráfico 8 Evaluación de la gestión del presidente: Ecuador 2006-2016
Es probable que la disminución en el porcentaje de ciudadanos que aprueban la gestión del presidente esté fuertemente relacionada con la profunda recesión económica que el Ecuador ha atravesado en los últimos dos años. El Gráfico 9 muestra la cantidad de gente que respondió “problemas con / crisis de economía”, “inflación”, “desempleo” o “pobreza” a la pregunta “En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?”, formulada por el Barómetro de las Américas. Se puede ver que a partir del inicio del gobierno de Correa los ciudadanos tienden a mencionar cada vez menos los problemas relacionados con la economía como las principales dificultades que enfrenta el país, pero que hay un salto muy significativo entre el 39% que las mencionó en el 2014 y el 79% que lo hizo en el 2016. Claramente, la economía es el problema más importante para los ecuatorianos en 2016, y no sería sorprendente que las evaluaciones que dan a la gestión de su presidente estén hechas desde esa óptica. La caída del empleo, las reformas impositivas y las políticas de ajuste para encarar la recesión afectaron severamente la economía familiar, con el consecuente impacto en la aprobación del gobierno. A diferencia de otras coyunturas económicas guiadas por factores externos —por ejemplo, el precio internacional del petróleo—, en el 2016 la responsabilidad parece estar siendo asignada a las acciones del Ejecutivo.
Estilo de liderazgo
El gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado desde sus inicios por su estilo personalista y confrontacional (Freidenberg 2012; Basabe-Serrano y Martínez 2014). Según Vera Rojas y Llanos-Escobar, “esta dimensión del gobierno… es la que más costos políticos podría traerle en el año electoral del 2017 y después” (2016: 163). Este supuesto parece haberse confirmado en el 2016, pues uno de los factores que han llevado a que Lenin Moreno tenga mayor aceptación en los sondeos de opinión (y a que sea designado como el candidato presidencial de Alianza País) es su carácter conciliador, diametralmente opuesto al de Correa (Rodero 2017).
El estilo de liderazgo de Rafael Correa ha sido calificado como populista en repetidas ocasiones (Pachano 2010; de la Torre 2013; Freidenberg 2015). Probablemente quien mejor ha logrado capturar la esencia del estilo correísta es de la Torre, al describirlo como un “populismo tecnocrático” (2013) o “tecnopopulismo”. En este tipo de liderazgo, se combinan las características tradicionales del populismo con la utilización de tecnócratas en los puestos más altos del gobierno. Correa, figura altamente carismática, utiliza una retórica polarizadora para establecer comunicación directa con las masas, debilitando de este modo las instituciones democráticas, y así mantenerse en el poder, característica fundamental de la estrategia populista (Weyland 2001). Pero además se apoya en expertos en distintas áreas para ganar legitimidad: en el gobierno de Correa, “el populismo se ha convertido en elitismo. Autonombrados expertos postneoliberales pretenden saber cómo construir una sociedad justa y racional, sin la necesidad de inputs de la ciudadanía” (de la Torre 2013: 39, traducción propia). Así, la razón tecnocrática, con sus pretensiones de superioridad, ha reemplazado en el gobierno de Correa al debate democrático en la toma de decisiones políticas. El de Correa es un populismo postneoliberal, un populismo de expertos, un populismo de powerpoint (de la Torre 2012).
VI. PODER LEGISLATIVO
Desde la llegada de Rafael Correa al poder, y la consecuente mayoría parlamentaria que obtuvo desde el establecimiento de la Asamblea Nacional, los tradicionales problemas de construcción de coaliciones entre Ejecutivo y Legislativo quedaron atrás (Mejía y Polga-Hecimovich 2011). Aunque se superaron los obstáculos para la gobernabilidad presidencialista, se hizo a costa de la subordinación del Legislativo al Ejecutivo. Desde inicios del gobierno de Alianza País, la Asamblea mayoritariamente correísta ha mostrado férrea disciplina en las votaciones y otras decisiones (Basabe-Serrano y Martínez 2014). Si analizamos, por ejemplo, la composición de las trece comisiones instaladas en el 2016, todas ellas han sido presididas por la agrupación oficialista. Si bien es cierto, la composición del Legislativo registra una mayoría absoluta de Alianza País (100 de 137 asambleístas), a la oposición integrada principalmente por CREO, PSC, Pachakútik, PSP y otros grupos menores (37 de 137 asambleístas) no le ha sido adjudicada ninguna comisión.
Cuadro 6 Composición de Comisiones Legislativas 2016
| Comisión legislativa | Presidente (a) | Partido |
|---|---|---|
| De Justicia y Estructura del Estado | Mauro Edmundo Andino | Alianza PAIS |
| De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social | Anny Marllely Vásconez | Alianza PAIS |
| Del Régimen Económico y Tributario y de Regulación y de Control | Virgilio Humberto Hernández | Alianza PAIS |
| Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | María Soledad Buendía | Alianza PAIS |
| De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral | María Augusta Calle Andrade | Alianza PAIS |
| De la Biodiversidad y Recursos Naturales | Carlos Eloy Viteri Gualinga | Alianza PAIS |
| De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Miguel Ángel Carvajal Aguirre | Alianza PAIS |
| De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial | Richard Oswaldo Calderón | Alianza PAIS |
| De Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología | Raúl Eugenio Abad Vélez | Alianza PAIS |
| Del Derecho a la Salud | William Antonio Garzón | Alianza PAIS |
| De Participación Ciudadana y Control Social | Johanna Elizabeth Cedeño | Alianza PAIS |
| De los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad | Guadalupe Dolores Salazar | Alianza PAIS |
| De Fiscalización y Control Político | María José Carrión Cevallos | Alianza PAIS |
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador (http://www.asambleanacional.gob.ec/es)
Durante el 2016, 21 leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, la mayoría de ellas por iniciativa —y con los votos— del oficialismo. Entre las principales normas cabe destacar aquellas que continúan una política de reformas en la educación superior (Ley Orgánica de Extinción de Universidades y Politécnicas) y a nivel laboral (Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo). Como mencionamos anteriormente, la Asamblea facilitó las leyes correspondientes a la situación de emergencia posteriores al sismo de abril, tanto a nivel de reconstrucción (Ley Orgánica de Solidaridad) como de ajuste económico correspondiente (Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, Ley Orgánica para evitar le Elusión del Impuesto a la Renta sobre Ingresos Provenientes de Herencias, Legados y Donaciones). El trabajo parlamentario fue, asimismo caja de resonancia de tensiones que el Ejecutivo ha tenido con sectores específicos. Tanto la Ley Orgánica Reformatoria del Trabajo, la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y la Ley de Ordenamiento Territorial sirvieron para que el oficialismo mantuviera a su conveniencia disputas con sectores opuestos a su gestión, como son los sindicatos, los militares y algunos gobiernos subnacionales, respectivamente. En conclusión, el Legislativo ecuatoriano continúa siendo la extensión del poder Ejecutivo, y no un elemento clave del balance de poderes democrático.
Cuadro 7 Leyes Aprobadas por la Asamblea Nacional durante el 2016
| # | Ley aprobada | Registro oficial |
|---|---|---|
| 1 | Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 | R.O. 759, Suplemento, de 20-05-2016 |
| 2 | Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas | R.O. 744, Suplemento, del 29-04-2016 |
| 3 | Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas | R.O. 529, Suplemento, del 08-04-2016 |
| 4 | Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo | R.O. 720, Suplemento, del 28-03-2016 |
| 5 | Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales | R.O. 711, Suplemento, del 14-03-2016 |
| 6 | Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles | R.O. 684, Segundo Suplemento, del 04-02-2016 |
| 7 | Ley Orgánica de Movilidad Humana | R.O. 938, Suplemento, del 06-02-2017 |
| 8 | Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos | R.O. 913, Séptimo Suplemento, del 30-12-2016 |
| 9 | Ley Reformatoria de la Ley Notarial | R.O. 913, Sexto Suplemento, del 30-12-2016 |
| 10 | Ley Orgánica de Cultura | R.O. 913, Sexto Suplemento, del 30-12-2016 |
| 11 | Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Asegura-miento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y, Mecanismos para Asegurar la Eficiencia… | R.O. 913, Segundo Suplemento, del 30-12-2016 |
| 12 | Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo | R.O. 906, Suplemento, del 20-12-2016 |
| 13 | Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación | R.O. 899, Suplemento, del 09-12-2016 |
| 14 | Ley de Fortalecimiento a los Regíme-nes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional | R.O. 867, Suplemento, del 21-10-2016 |
| 15 | Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepa-gada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica | R.O. 863, Suplemento, del 17-10-2016 |
| 16 | Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para Varios Sectores Productivos e Interpretativa del Artículo 547 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización | R.O. 860, Segundo Suplemento, del 12-10-2016 |
| 17 | Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización | R.O. 804, Segundo Suplemento, de 25-07-2016 |
| 18 | Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta sobre Ingresos Provenientes de Herencias, Lega-dos y Donaciones | R.O. 802, Segundo Suplemento, de 21-07-2016 |
| 19 | Ley Orgánica de Prevención, De-tección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financia-miento de Delitos | R.O. 802, Segundo Suplemento, de 21-07-2016 |
| 20 | Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo | R.O. 790, Suplemento, de 05-07-2016 |
| 21 | Ley Reformatoria a la Ley de Creación de la Universidad Estatal Amazónica | R.O. 768, Suplemento, del 03-06-2016 |
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador (http://www.asambleanacional.gob.ec/es)
VII. RELACIÓN ENTRE PODERES DEL ESTADO
El híper-presidencialismo ecuatoriano —por diseño institucional y por práctica correísta— ha alterado el equilibrio de poderes, con una alta concentración de prerrogativas, influencia y capacidad de iniciativa en el Ejecutivo. En las secciones anteriores hemos relatado cómo los cambios institucionales y la mayoría oficialista en la Asamblea han sido empleados para la concentración de poder, alterando las propias características del régimen político. Estudios sobre calidad de la democracia en el Ecuador reportan precisamente varios componentes deficitarios, que convierten al régimen político ecuatoriano en uno híbrido (Pachano y García 2013). La rendición de cuentas interinstitucional —que evalúa la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y la relación del Ejecutivo con las cortes de justicia— denota una pobre calidad, debido especialmente al control del Ejecutivo sobre el Legislativo y a las constantes intervenciones del Ejecutivo en el Poder Judicial (Pachano y García 2013).
La concentración del poder en el Ejecutivo también se apoya en el proceso de recentralización de las relaciones con los gobiernos subnacionales. Las reformas descentralistas fueron interpretadas ideológicamente por el gobierno de Rafael Correa desde la crítica a las reformas de ajuste (Eaton 2013), pero con una finalidad política, la de mermar los núcleos geográficos de oposición política, como la provincia de Guayas, dominada históricamente por el Partido Social Cristiano (Eaton 2013). Las derrotas de Alianza País a nivel subnacional en las elecciones del 2014 (donde no ganó en ninguna de las diez ciudades principales del país) abrieron un flanco opositor para el correísmo, especialmente en Quito y Guayaquil, donde se impusieron Mauricio Rodas (SUMA) y Jaime Nebot (PSC). El manejo presupuestario desde el Ejecutivo fue frecuentemente empleado como un mecanismo de debilitamiento a las autoridades seccionales de signo opositor.
VIII. EVALUACIÓN GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA
La calidad de una democracia suele analizarse desde varias perspectivas. Entre las más importantes están el funcionamiento de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, y la legitimidad que el régimen tiene ante sus ciudadanos. A lo largo de este artículo nos hemos referido varias veces al funcionamiento de la democracia ecuatoriana desde una perspectiva institucional. En esta última sección, daremos un vistazo a las otras dos dimensiones que mencionamos: derechos y libertades ciudadanas, y legitimidad democrática.
Derechos y libertades
Durante los diez años del correísmo, la calidad de la democracia ecuatoriana ha sufrido un continuo deterioro (Basabe-Serrano y Martínez 2014; Vera Rojas y Llanos 2016). El constante atropello a los derechos humanos y a las libertades de expresión y de prensa ha logrado, por ejemplo, que la organización Freedom House incluyera al Ecuador entre los veinte países que han sufrido mayores retrocesos en la calidad de sus democracias en los últimos diez años (Freedom House 2017).10 La Ley Orgánica de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional en el 2013, y el órgano encargado de aplicar la ley, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) han concedido al gobierno amplias potestades para limitar la libertad de expresión (Vivanco 2016). Además, organizaciones como Human Rights Watch han venido denunciando poca independencia del Poder Judicial, pobres condiciones carcelarias e importantes restricciones en el acceso por parte de mujeres y niñas a la atención de la salud reproductiva (Human Rights Watch 2017).
El 2016 no fue la excepción. Durante el año se dieron numerosos casos de atropellos a derechos de asociación, derechos humanos y libertades de expresión. Entre los más destacables estuvo la disolución de la unión de educadores más grande y antigua del país, la UNE, por razones que levantaron muchas dudas en cuanto a su legitimidad (Rosero 2016). En julio, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció como un “atentado contra los derechos de las personas” el que más de 120 ciudadanos cubanos fueran detenidos —y luego deportados— sin que la justicia ecuatoriana celebrara audiencias de deportación que ofrecieran garantías básicas (Diario El Universo 2016, 13 de julio; Human Rights Watch 2017). En septiembre, luego de que el medio digital 4 Pelagatos publicara una columna de opinión que criticaba un artículo escrito por la hija del presidente Correa (2016),11 el periodista Martín Pallares recibió numerosas amenazas a través de redes sociales, incluyendo las de un funcionario de la Secretaría Nacional de Comunicación (Fundamedios 2016, 15 de septiembre). Atropellos a principios democráticos básicos como los mencionados en estos ejemplos hicieron que el clima de intolerancia y censura que ha reinado durante la década correísta se mantuviera en el 2016.
Legitimidad democrática
Un régimen democrático no puede ser considerado completamente consolidado hasta que no se convierta en “the only game in town” (Linz y Stepan 1996: 15). Esto quiere decir que la mayoría de los ciudadanos deben apoyar el ideal de la democracia (y sus principios, reglas e instituciones) como el mejor sistema para gobernar una sociedad. El apoyo a la democracia es el apoyo político “difuso” que David Easton conceptualizó; aquel que se refiere a “evaluaciones de lo que un objeto es o representa —al significado general que tiene para una persona— y no a su funcionamiento” (Easton 1975: 444, traducción propia). Este apoyo suele ser durable e independiente de las evaluaciones de los outputs del sistema político, es decir, del funcionamiento de las instituciones y autoridades a corto plazo (Easton 1975).
El Gráfico 10 parecería confirmar los postulados de Easton. Según los datos del Barómetro de las Américas, ha existido estabilidad en los niveles de apoyo a la democracia de los ecuatorianos desde 2006 (un año antes de la asunción de Correa) hasta 2016. Sí es de destacar, sin embargo, que el cambio más importante se da entre el año 2014, cuando el nivel de apoyo a la democracia llegó a ser de 71.4 puntos, y el 2016, cuando descendió bruscamente a 58.6.12 Basándose en la serie temporal, no es arriesgado proclamar que ha existido una erosión en la legitimidad de la democracia en el Ecuador entre el 2014 y el 2016.
Otro indicador que suele utilizarse para evaluar los sentimientos ciudadanos hacia sus sistemas políticos es el de “satisfacción con el funcionamiento de la democracia”. Este tiene que ver con el apoyo “específico” acuñado por Easton (1975), y está relacionado con las evaluaciones sobre el funcionamiento de las instituciones y las autoridades políticas a corto plazo. Aunque se ha argumentado que este indicador es problemático porque es sensible a distintos contextos institucionales y configuraciones ideológicas (Linde y Ekman 2003) y porque mezcla actitudes hacia varias dimensiones políticas (Canache et al. 2001), puede resultar útil si se lo analiza a través del tiempo y en conjunto con otras actitudes políticas.
El Gráfico 11 muestra los niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el Ecuador desde el 2006 hasta el 2016, junto con los niveles de aprobación presidencial positiva en ese mismo período.13 Es impresionante la fuerza de la relación que existe entre ambas variables (correlación de Pearson r = .98, p = < .001). Se puede ver que cuando llega Correa al poder hay un gran incremento en la cantidad de gente que se encuentra satisfecha con el funcionamiento de la democracia y que evalúa bien la gestión del presidente. Los niveles de ambos indicadores crecen hasta el 2014, cuando el gobierno de Alianza País llega a su clímax de popularidad. Sin embargo, se puede distinguir que del 2014 al 2016 hay un importante declive tanto en la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (-17 pts.) como en las evaluaciones positivas de la gestión presidencial (-15 pts.).
Fuente: Barómetro de las Américas (LAPOP)
Gráfico 11 Evaluación del presidente y satisfacción con la democracia: Ecuador 2006-2016
En resumen, se puede ver que tanto el apoyo ciudadano a la democracia como la satisfacción con su funcionamiento caen de manera significativa en el 2016 en el Ecuador. Si bien en este artículo no hacemos un análisis estadístico pormenorizado de las razones de estos cambios, no sería aventurado proclamar que guardan relación con las condiciones económicas que el país (y la región) ha atravesado en los últimos años. La economía pesa, y la legitimidad de la democracia en el Ecuador parecería haber sido afectada por los profundos problemas que el país ha tenido que enfrentar.
