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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL*
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina que la educación es un
derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
Buen Vivir;
Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo
ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y
utilización de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura;
Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la rectoría del Estado
ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, comprende las instituciones, los
programas, las políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las
acciones en los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato;
Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y obligaciones
constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, la cual fue publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31
de marzo de 2011;
Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define los principios y fines
que orientan la educación en el marco del Buen Vivir, de la interculturalidad y de la
plurinacionalidad, y contiene la regulación esencial sobre la estructura, los niveles, las
modalidades y el modelo de gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la
participación de sus actores;
Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento dinámico,
incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve la prestación de un servicio
educativo en procura del interés público; y,
*
Decreto Ejecutivo 1241, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 754 de 26 de julio de 2012 y sus reformas
subsiguientes:
- A.- Decreto Ejecutivo No. 1432, publicado en Registro Oficial No. 899 de 25 de febrero del 2013.
- B.- Decreto Ejecutivo No. 366, de 27 de junio de 2014, publicado en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.
- C.- Decreto Ejecutivo No. 505, de 11 de diciembre del 2014, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 408, de 05 de enero del 2015.
- D.- Decreto Ejecutivo No. 811, de 22 de octubre de 2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
635 de 25 de noviembre de 2015.

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Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a la educación de las
personas, es imprescindible complementar, con la debida fundamentación técnica
educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
En ejercicio de las facultades que le confieren el número 5 del artículo 147 de la
Constitución de la República y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva.
Expide:
EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL
TÍTULO I
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO I
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
Art. 1.- Silla vacía. Las sesiones del Consejo Nacional de Educación son públicas y en ellas
habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la comunidad educativa en
función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de
decisiones en asuntos de interés en el ámbito educativo. Si fueren varios los interesados en
ocupar tal silla, se aceptará la decisión mayoritaria de ellos para ocuparla.
Art. 2.- Cuórum. Para su instalación y desarrollo, las sesiones del Consejo Nacional de
Educación requieren de la presencia de la mitad más uno de los miembros del órgano
colegiado, y además deben contar con la asistencia obligatoria del titular de la Autoridad
Educativa Nacional.
Las resoluciones deben adoptarse con el voto de dos tercios de los miembros del Consejo
Nacional de Educación asistentes a la sesión.
CAPÍTULO II
DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión desconcentrado,
encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en
todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la
oferta educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos
interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la n el objeto de fortalecer la
gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y
lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad.
Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe corresponder al territorio definido por
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo.
El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales.
Las facultades específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que
para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

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Art. 4.- Nivel del Circuito intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión desconcentrado
encargado de garantizar el correcto funcionamiento administrativo, financiero, técnico y
pedagógico de las instituciones educativas que el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional determina que conforma un Circuito.
La gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas del circuito está a cargo
del administrador del circuito; la gestión educativa está a cargo del Consejo Académico.
Las facultades específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que
Art. 5.- Consejo Académico. Es el órgano encargado de proponer las acciones educativas
que serán implementadas en los establecimientos educativos para alcanzar la prestación de
un servicio de calidad, de acuerdo a la problemática social del entorno y a las necesidades
locales.
En los Circuitos donde las instituciones educativas interculturales bilingües constituyan una
minoría, está asegurada su representación mediante la presencia de un miembro de ellas.
También se garantiza la representación de las instituciones interculturales no bilingües
cuando constituyan minoría.
El Consejo Académico debe contar con un Presidente y un Secretario, elegidos por votación
mayoritaria de entre sus miembros.
La elección de los miembros del Consejo Académico se debe hacer de conformidad con la
normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
Art. 6.- Requisitos para ser miembro del Consejo Académico. Para ser miembro del
Consejo Académico, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener título de cuarto nivel;
2. Tener al menos cinco (5) años de experiencia docente;
3. No haber sido sancionado;
4. No estar inmerso en sumario administrativo al momento de su designación;
5. Estar en goce de los derechos de participación; y,
6. Ser docente o directivo titular del Circuito en el caso de los planteles públicos y
tener contrato debidamente legalizado en el caso de los planteles particulares.
Art. 7.- Requisitos para ser Administrador de un Circuito educativo. Para ser
Administrador de un Circuito educativo se requiere lo siguiente:
1. Tener título de tercer nivel en ciencias económicas, financieras o administrativas;
2. Tener al menos cinco (5) años de experiencia administrativa;
3. No haber sido sancionado;
4. No estar inmerso en sumario administrativo al momento de su designación;
5. Estar en goce de los derechos de participación; y,
6. Otros requisitos que determine el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

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Art. 8.- Funciones del Administrador del Circuito educativo. Además de las previstas en
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son funciones del Administrador del Circuito
educativo intercultural y bilingüe las siguientes:
1. Disponer la elaboración, el registro y la administración del inventario de activos fijos
de las instituciones educativas que conforman el Circuito;
2. Procurar la seguridad de los bienes de las instituciones educativas fiscales que
conforman el Circuito, de conformidad con la normativa vigente;
3. Elaborar los requerimientos, debidamente justificados, para la optimización y
reubicación del personal docente público, en caso de existir exceso de personal, y
ponerlo a consideración del Nivel Distrital; y,
4. Coordinar, con las instituciones públicas correspondientes, la prestación gratuita de
los servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de salud para los
estudiantes de las instituciones educativas fiscales del Circuito educativo.
CAPÍTULO III
DEL CURRÍCULO NACIONAL
Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las instituciones
educativas del país independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el
referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, material didáctico
y evaluaciones.
“Los currículos nacionales de educación que expida la Autoridad Educativa Nacional
dentro de los diversos tipos y modalidades del Sistema Nacional de Educación, tendrán el
carácter intercultural y bilingüe, incluyendo conocimientos referentes a cada una de las
nacionalidades y pueblos indígenas delpaís.”
(Nota.- Inciso segundo añadido al artículo 9, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado
en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden complementarse
de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas
instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las
particularidades del territorio en el que operan.
Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos
tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el
currículo nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo
Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente.
Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios
para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y
pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada
asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad.

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Art. 12.- Elección de libros de texto. Los establecimientos educativos que no reciben
textos escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir los textos escolares que
mejor se adecuen a su contexto y filosofía institucional, siempre y cuando dichos textos
hayan obtenido de la Autoridad Educativa Nacional una certificación curricular que
garantiza su cumplimiento con lo determinado en el currículo nacional obligatorio vigente.
Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por parte del Estado tienen la
obligación de utilizar dichos libros, por lo que no podrán exigir la compra de otros textos
para las mismas asignaturas.
Art. 13.- Certificación curricular. La certificación curricular avala que los libros de texto
cumplen con el currículo nacional obligatorio. Los libros de texto que reciben certificación
curricular tienen autorización para ser utilizados en el Sistema Nacional de Educación, pero
no son necesariamente oficiales ni de uso obligatorio. La certificación curricular de cada
libro de texto debe ser emitida mediante Acuerdo Ministerial, con una validez de tres (3)
años a partir de su expedición.
Las personas naturales o jurídicas que editan textos escolares deben someterlos a un
proceso de certificación curricular ante la Autoridad Educativa Nacional de manera previa a
su distribución en las instituciones educativas.
Se exceptúan de la obligación de recibir certificación curricular los libros de texto
complementarios para el estudio, los de un área académica no prescrita por el currículo
oficial y los que estén escritos en lengua extranjera.
El Nivel Central de Autoridad Educativa Nacional debe definir el proceso y los criterios e
indicadores de calidad para la certificación curricular de los libros de texto.
TÍTULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO I
DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICADORES
Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e
indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos de evaluación que realice el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares
e indicadores:
1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados correspondientes a los
estudiantes, a los profesionales del sistema y a los establecimientos educativos;
2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran aceptables para
determinar que se hayan cumplido los estándares de calidad educativa; y,
3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo
establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación.

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CAPÍTULO II
DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA
NACIONAL EN RELACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN EDUCATIVA
Art. 15.- Competencias relacionadas a la evaluación. El Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional debe definir políticas de evaluación y rendición social de cuentas que
sirvan de marco para el trabajo del Instituto. Como parte de estas políticas, el Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional establece estándares e indicadores de calidad educativa,
que deben ser utilizados en las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa.
CAPÍTULO III
DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Art. 16.- Competencias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una instancia
encargada de la evaluación integral, interna y externa, del Sistema Nacional de Educación,
en cumplimiento de las políticas de evaluación establecidas por la Autoridad Educativa
Nacional.
Art. 17.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa las siguientes:
1. Construir y aplicar los indicadores de calidad de la educación y los instrumentos para la
evaluación del Sistema Nacional de Educación, los cuales deben tener pertinencia
cultural y lingüística, deben estar basados en los estándares e indicadores de calidad
educativa definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y deben
cumplir con las políticas públicas de evaluación educativa establecidas por ella;
2. Aplicar protocolos de seguridad en el diseño y toma de pruebas y otros instrumentos
para garantizar la confiabilidad de los resultados de las evaluaciones del Sistema
Nacional de Educación;
3. Diseñar y aplicar cuestionarios de factores asociados y otros instrumentos similares
según lo requerido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; y,
4. Diseñar y administrar un sistema de información en el cual debe ingresar todos los
resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de evaluación, y garantizar
el acceso de la Autoridad Educativa Nacional a dicho sistema.
CAPÍTULO IV
DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa. El Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del Sistema Nacional de
Educación, que a su vez sirven de marco para los procesos evaluativos realizados por el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

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El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado y la frecuencia de
dichas evaluaciones deben estar determinados en las políticas de evaluación fijadas por la
Autoridad Educativa Nacional.
Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los componentes
del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural, son los siguientes:
1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la aplicación del
currículo en instituciones educativas;
2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de docentes y
de autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, directores,
subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades de establecimientos
educativos); y,
3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión escolar
de instituciones públicas fiscomisionales y particulares. Para este componente, el
Instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional, para su aplicación por los auditores educativos.
Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el desempeño
institucional de los establecimientos educativos con un índice de calidad global que
establecerá la ponderación de los diferentes criterios que miden la calidad educativa,
elaborado por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 20.- Evaluación interna y evaluación externa. La evaluación del Sistema Nacional de
Educación puede ser interna o externa. La evaluación interna es aquella en la que los
evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio, en la externa los
evaluadores no pertenecen al establecimiento educativo.
Ambos tipos de evaluación pueden hacer uso de procesos e instrumentos de evaluación
cualitativa o cuantitativa.
Cada uno de los componentes del sistema educativo puede ser evaluado mediante
evaluación externa o interna, o una combinación de ambas, según las políticas de evaluación
determinadas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Cuando la evaluación
de un componente contemple ambos tipos de evaluación, el resultado final debe obtenerse
de la suma de los resultados de ambos tipos de evaluación. En el caso de la evaluación de la
gestión de establecimientos educativos, esta siempre deberá ser interna y externa.
El peso proporcional que represente cada tipo de evaluación debe ser determinado por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
CAPÍTULO V
DE LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Art. 21.- Lineamientos para la difusión de resultados de la evaluación. El Instituto de
Evaluación Educativa debe hacer públicos los resultados de manera general, es decir, sin
presentar los resultados individuales de estudiantes, docentes o autoridades educativas.

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Se debe mantener la confidencialidad de los resultados de la evaluación obtenidos por todas
las personas evaluadas en este proceso, quienes, sin embargo, deben tener acceso a sus
propias calificaciones.
Los resultados de la evaluación de los establecimientos educativos deben publicarse junto
con un análisis histórico de sus resultados, que compare los resultados actuales con los
anteriores.
Art. 22.- Resultados de la evaluación. Los incentivos y sanciones relacionados con los
resultados de la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa
deben ser determinados en normativas específicas que para el efecto expida la autoridad
competente.
TÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
CAPITULO I
DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA
Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la obtención de los
siguientes títulos y certificados: el certificado de asistencia a la Educación Inicial, el
certificado de terminación de la Educación General Básica y el título de Bachillerato.
La educación escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a los
niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato cuando se atiende a los
estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y el presente reglamento. La extraordinaria
se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa,
personas con necesidades educativas especiales en establecimientos educativos
especializados u otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Art. 24.- Modalidad presencial. La educación presencial se rige por el cumplimiento de
normas de asistencia regular al establecimiento educativo. Se somete a la normativa
educativa sobre parámetros de edad, secuencia y continuidad de niveles, grados y cursos.
También es aplicada en procesos de alfabetización, postalfabetización y en programas de
educación no escolarizada.
Art. 25.- Modalidad semipresencial. Es la que no exige a los estudiantes asistir
diariamente al establecimiento educativo. Requiere de un trabajo estudiantil independiente,
a través de uno o más medios de comunicación, además de asistencia periódica a clases. La
modalidad semipresencial se ofrece solamente a personas de quince años de edad o más.
La modalidad de educación semipresencial debe cumplir con los mismos estándares y
exigencia académica de la educación presencial. Para la promoción de un grado o curso al
siguiente, y para la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se educan
mediante esta modalidad deben certificar haber adquirido los aprendizajes mínimos

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requeridos del grado o curso en un examen nacional estandarizado, según la normativa que
para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 26.- Modalidad a distancia. Es la que propone un proceso autónomo de aprendizaje
de los estudiantes para el cumplimiento del currículo nacional, sin la asistencia presencial a
clases y con el apoyo de un tutor o guía, y con instrumentos pedagógicos de apoyo, a través
de cualquier medio de comunicación.
La modalidad a distancia se oferta para personas mayores de edad y, únicamente en
aquellos Circuitos donde no existiere cobertura pública presencial o semipresencial, para
estudiantes de quince años de edad en adelante.
La modalidad de educación a distancia debe cumplir con los mismos estándares y exigencia
académica de la educación presencial. Para la promoción de un grado o curso al siguiente, y
para la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se educan mediante esta
modalidad deben certificar haber adquirido los aprendizajes mínimos requeridos del grado
o curso en un examen nacional estandarizado, según la normativa que para el efecto emita
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
CAPÍTULO III
DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS
Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educación tiene
tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.
El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:
1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de
edad; e,
2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.
El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:
1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad;
2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General
Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad;
3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y,
4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General
Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.
El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los
estudiantes de 15 a 17 años de edad.

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Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada
nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad.
En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales,
jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar,
independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso que corresponda,
según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel de aprendizaje.
CAPÍTULO IV
DEL BACHILLERATO
Art. 28.- Ámbito. El Bachillerato es el nivel educativo terminal del Sistema Nacional de
Educación, y el último nivel de educación obligatoria. Para el ingreso a este nivel, es
requisito haber culminado la Educación General Básica. Tras la aprobación de este nivel, se
obtiene el título de bachiller.
Art. 29.- Malla curricular. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional define la
malla curricular oficial del Bachillerato, que contiene el número de horas por asignatura que
se consideran pedagógicamente adecuadas.
Art. 30.- Tronco común. Durante los tres (3) años de duración del nivel de Bachillerato,
todos los estudiantes deben cursar el grupo de asignaturas generales conocido como
"tronco común", que está definido en el currículo nacional obligatorio. Las asignaturas del
tronco común tienen una carga horaria de treinta y cinco (35) períodos académicos
semanales en primer curso, treinta y cinco (35) períodos académicos semanales en segundo
curso, y veinte (20) períodos académicos semanales en tercer curso.
Art. 31.- Horas adicionales a discreción de cada centro educativo. Las instituciones
educativas que ofrecen el Bachillerato en Ciencias tienen un mínimo de cinco (5) horas, por
cada uno de los tres (3) años de Bachillerato, en las que pueden incluir asignaturas que
consideren pertinentes de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional.
Art. 32.- Asignaturas optativas. En tercer año de Bachillerato, las instituciones educativas
que ofertan Bachillerato en Ciencias tienen que ofrecer un mínimo de quince (15) horas de
asignaturas optativas, a elección de los estudiantes, de acuerdo a la normativa emitida por
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 33.- Bachillerato Técnico. Los estudiantes que aprueben el primero o el segundo
curso de Bachillerato Técnico pueden cambiar su opción de estudios e inscribirse en
Bachillerato en Ciencias para el curso siguiente. Sin embargo, los estudiantes que se
encuentren inscritos en Bachillerato en Ciencias no pueden cambiar su opción de estudios a
Bachillerato Técnico. En lo demás, deben regirse por la normativa que expida la Autoridad
Educativa Nacional.
Art. 34.- Formación complementaria en Bachillerato Técnico. La formación
complementaria adicional al tronco común es de un mínimo de diez (10) períodos
semanales en primer curso, diez (10) períodos semanales en segundo curso, y veinticinco
(25) períodos semanales en tercer curso.

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“El currículo del Bachillerato Técnico y del Bachillerato Técnico Productivo se basará en
competencias laborales y su estructura será modular, la cual será definida por la Autoridad
Educativa Nacional.”
(Nota.- Inciso segundo añadido al artículo 34, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado
Art. 35.- Figuras profesionales. Las instituciones educativas que ofrecen Bachillerato
Técnico deben incluir, en las horas determinadas para el efecto, la formación
correspondiente a cada una de las figuras profesionales, definidas por el Nivel Central de la
Art. 36.- Formación laboral en centros de trabajo. Como parte esencial de su formación
técnica, los estudiantes de Bachillerato Técnico deben realizar procesos de formación
laboral en centros de trabajo seleccionados por la institución educativa.
Art. 37.- Unidades educativas de producción. Las instituciones educativas que oferten
Bachillerato Técnico pueden funcionar como unidades educativas de producción de bienes y
servicios que sean destinados a la comercialización, siempre y cuando cumplan con toda la
normativa legal vigente para el ejercicio de las actividades productivas que realicen. Los
estudiantes que trabajen directamente en las actividades productivas pueden recibir una
bonificación por ese concepto. Los beneficios económicos obtenidos a través de las
unidades educativas de producción deben ser reinvertidos como recursos de autogestión en
la propia institución educativa.
“Las unidades educativas de producción se considerarán Entidades Operativas
Desconcentradas y podrán administrar recursos de acuerdo a la normativa emitida por la
entidad rectora de las finanzas públicas.”
(Nota.- Inciso segundo añadido al artículo 37 , mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado
Art. 38.- Bachilleratos con reconocimiento internacional. Las instituciones educativas
que ofrezcan programas internacionales de Bachillerato, aprobados por el Ministerio de
Educación, pueden modificar la carga horaria de sus mallas curriculares, con la condición de
que garanticen el cumplimiento de los estándares de aprendizaje y mantengan las
asignaturas apropiadas al contexto nacional.
TÍTULO IV
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS GENERALES
Art. 39.- Instituciones educativas. Según los niveles de educación que ofertan, las
instituciones educativas pueden ser:
1. Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de
Educación Inicial;

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2. Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a los subniveles de
Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior, y puede ofertar o no
la Educación Inicial;
3. Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de Bachillerato; y,
4. Unidades educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más niveles.
CAPÍTULO II
DEL REGIMEN LABORAL
“Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben cumplir con una jornada
ordinaria de trabajo de cuarenta (40) horas relojpor semana.
Los docentes tendrán asignadas diariamente seis horas pedagógicas de labor en aula y
deberán permanecer un mínimo de seis horas reloj diarias al interior del establecimiento
educativo. El tiempo restante hasta cumplir las ocho horas reloj diarias podrá realizarse
dentro o fuera del establecimiento educativo y será dedicado a labores educativas fuera de
clase, de conformidad con el artículo 41 del presente Reglamento y acorde a laplanificación
institucional.
El personal docente en funciones directivas y el personal que labora en el departamento de
consejería estudiantil deberápermanecer en el establecimiento educativo ocho horas diarias.
En el caso de docentes con funciones de inspector, docentes de bachillerato técnico y
docentes acreditados para Bachillerato Internacional, el tiempo de permanencia en el
establecimiento responderá a una planificación quimestral preparada por la máxima
autoridad del plantel y que deberá ser autorizado por los niveles desconcentrados
correspondientes.
Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horaspedagógicas semanales en
un mismo establecimiento educativo, debe completarlas en otra institución del Circuito o
Distrito, de conformidad con la normativa específica quepara elefecto emita elNivel Central
de laAutoridad Educativa Nacional.
La jornada de trabajo de los docentes de instituciones educativas particulares y los docentes
sin nombramiento fiscal de instituciones fiscomisionales debe ser regulada de conformidad
con lo prescrito en el Código de Trabajo, garantizando el cumplimiento de todas las
actividades de gestión individual y participativa prescritas en el presente Reglamento.”
(Nota.- Texto del artículo 40 sustituido, mediante Decreto Ejecutivo No. 811, de 22 de octubre de 2015, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
Art. 41.- Labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales que se
desarrollan fuera de los períodos de clase y que constituyen parte integral del trabajo que
realizan los docentes en el establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del
servicio que ofertan.
Se dividen dos categorías:
1. De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de horas
destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como

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las siguientes: planificar actividades educativas; revisar tareas estudiantiles,
evaluarlas y redactar informes de retroalimentación; diseñar materiales
pedagógicos; conducir investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de
formación permanente, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la
gestión docente; y,
2. De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total de horas
destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como
las siguientes: realizar reuniones con otros docentes; atender a los representantes
legales de los estudiantes; realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para
estudiantes que lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control de
las diversas actividades estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la
naturaleza de la gestión docente.
CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Art. 42.- De los tipos de autoridades. Son autoridades en los establecimientos educativos
según el servicio que ofertan:
1. En los centros de Educación Inicial:
i. El Director que es la máxima autoridad.
2. En las escuelas de Educación Básica:
i. El Director que es la máxima autoridad.
ii. El Subdirector.
iii. El Inspector general.
iv. El Subinspector general.
3. En los colegios de Bachillerato:
i. El Rector que es la máxima autoridad.
ii. El Vicerrector.
4. En las unidades educativas:
i. El Rector que es la máxima autoridad.
ii. El Vicerrector.
En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y fiscomisionales, la máxima
autoridad debe ser la responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones prescritas
en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente
reglamento y demás normativa específica que expida la Autoridad Educativa Nacional en
todos sus niveles.

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Los directivos de todos los establecimientos educativos deben cumplir entre cuatro (4) y
ocho (8) períodos de clase a la semana.
Art. 43.- Cargos directivos para instituciones fiscales. Los establecimientos educativos
fiscales que tengan menos de ciento veinte (120) estudiantes no pueden tener cargos
directivos. En estos casos, el docente con nombramiento que tenga más años de servicio
debe asumir el liderazgo de las actividades del plantel y ser considerado como la máxima
autoridad del establecimiento. Para el efecto, debe actuar con el apoyo y seguimiento del
Consejo Académico del Circuito, y de docentes mentores y asesores educativos.
Los cargos directivos por tipo y número de estudiantes en establecimientos educativos
fiscales son los siguientes:
TIPO DE ESTABLECIMIENTO NÚMERO DE ESTUDIANTES CARGOS DIRECTIVOS
Todos Menos de ciento veinte (120) No tiene cargos directivos
Centro de Educación
Inicial
Más de ciento veinte (120) Director
Escuela de Educación
Básica
Entre ciento veintiuno (121) y
quinientos (500) Director
Básica
Más de quinientos (500)
Director
Subdirector
Inspector general
Colegio de
Bachillerato
quinientos (500)
Rector
Colegio de
Bachillerato
Rector
Vicerrector
Inspector general
Unidades Educativas
quinientos (500)
Rector
Inspector general
Unidades Educativas Más de quinientos (500)
Rector
Vicerrector
Inspector general
Básica con doble jornada
Director
Subdirector
Inspector general
Subinspector general
Unidades Educativas
o Colegios de
Bachillerato con doble jornada
Rector
Vicerrector
Inspector general
Subinspector general

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El Director Distrital debe fijar el horario de trabajo para aquellos directivos que laboren en
establecimientos educativos con doble jornada.
En las instituciones educativas con dos (2) jornadas de trabajo diario, debe haber dos (2)
vicerrectores o subdirectores.
Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector o Director las
siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de
Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus
actores;
2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el
cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos
institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer
ajustes;
3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento;
4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento;
5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y
equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la
comunidad educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación
de estos bienes;
6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los estudiantes;
7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el Secretario
del plantel, de la custodia del expediente académico de los estudiantes;
8. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares;
9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar
los planes de mejora sobre la base de sus resultados;
10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes;
11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas
disciplinarias por las faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente
reglamento;
12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente
su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de
las obligaciones de los docentes;
13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario
académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los
trabajadores;

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14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de
curso o grado y de la junta académica;
15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa
para crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de
comprensión y armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos
educativos;
16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa
que garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento;
17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos
solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles;
18. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el caso de
que la institución no contare con estas autoridades;
19. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación
educativa, proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus
funciones y implementar sus recomendaciones;
20. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa
autorización del Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un
docente si no existiere otro directivo en el establecimiento; y,
21. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para
el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
En los establecimientos fiscomisionales y particulares, los directivos y docentes deben
cumplir con los mismos requisitos de los directivos y docentes fiscales, establecidos en el
presente reglamento.
Art. 45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector. Cuando por el número de
estudiantes en una institución educativa exista el cargo directivo de Subdirector o
Vicerrector, son sus deberes y atribuciones las siguientes:
1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución;
2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos
institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer
ajustes;
3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y
mantener contacto permanente con sus responsables;
4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes
tutores de grado o curso;
5. Asesorar y supervisar el trabajo docente;

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6. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes;
7. Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del
establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de
estudio y sobre la vida académica institucional;
8. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de
acuerdo con sus necesidades;
9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;
10. Las demás que le delegue el Rector o Director; y,
11. Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa específica que expida
para el efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 46.- Atribuciones del Inspector general. Son atribuciones del Inspector general de
las instituciones educativas las siguientes:
1. Coordinar a los inspectores de grado o curso;
2. Registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes;
3. Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento de las
normas de convivencia y de la disciplina en el plantel;
4. Publicar los horarios de clases y exámenes;
5. Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, culturales, deportivos
y de otra índole;
6. Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse del plantel durante
la jornada educativa;
7. Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, cuando sea de dos (2) a
siete (7) días consecutivos;
8. Llevar los siguientes registros: archivo documental de cada docente, distributivo de
trabajo docente, horarios de clase, asistencia de estudiantes, solicitudes de
justificación por inasistencia a clases de los estudiantes debidamente firmada por su
representante legal, control de días laborados y novedades en caso de que las
hubiere, calificaciones de disciplina de los estudiantes, comunicaciones enviadas y
recibidas, control de comisiones y actividades docentes y estudiantiles que se llevan
a cabo dentro y fuera del plantel, y otros de similar naturaleza;
9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; y,

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10. Las demás que le delegue el Rector o Director.
En las instituciones educativas particulares, el Inspector general, en su calidad de
responsable del talento humano, debe velar por el cumplimiento de las disposiciones
laborales y remunerativas fijadas por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Art. 47.- Del Subinspector general. En los establecimientos educativos en los que existiere
Subinspector general, este deberá cumplir con las funciones delegadas por el Rector o
Director y el Inspector general en la jornada correspondiente.
CAPÍTULO IV
DE LOS ORGANÍSMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECCIÓN I
DE LOS TIPOS DE ORGANÍSMOS
Art. 48.- Tipos de organismos. Son organismos de los establecimientos educativos
públicos, fiscomisionales y particulares los siguientes:
1. Junta General de Directivos y Docentes;
2. Consejo Ejecutivo;
3. Junta de Docentes de Grado o Curso;
4. Departamento de Consejería Estudiantil;
5. Organizaciones estudiantiles;
6. Padres de familia o representantes legales de los estudiantes; y,
7. Junta Académica;
Sus funciones y atribuciones serán las previstas en el presente reglamento y la normativa
específica que expida para el efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Además, los establecimientos educativos públicos deben conformar el Gobierno escolar
como organismo colegiado que apoya en los diversos procesos desarrollados en el plantel,
de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente
reglamento y la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la
SECCIÓN II
DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES
Art. 49.- Junta General de Directivos y Docentes. La Junta General de Directivos y
Docentes se integra con los siguientes miembros: Rector o Director (quien la debe presidir),
Vicerrector o Subdirector, Inspector general, Subinspector general, docentes e inspectores
que se hallaren laborando en el plantel.

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La Junta General de Directivos y Docentes se debe reunir, en forma ordinaria, al inicio y al
término del año lectivo; y extraordinariamente, para tratar asuntos específicos, por decisión
de su Presidente o a petición de las dos terceras partes de sus miembros. Las sesiones se
deben realizar, previa convocatoria por escrito del Rector o Director, al menos con cuarenta
y ocho (48) horas de anticipación.
Son deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y Docentes:
1. Conocer los planes, programas y proyectos institucionales;
2. Conocer el informe anual de labores presentado por el Rector o Director y formular
las recomendaciones que estimare convenientes;
3. Proponer reformas al Código de Convivencia;
4. Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo, en los casos correspondientes;
5. Proponerle, al Nivel Zonal, ternas para el encargo de las funciones de Rector,
Vicerrector e Inspector general, en caso de ausencia definitiva, y hasta que se efectúe el
correspondiente concurso de méritos y oposición; (Derogado)
6. Estudiar y pronunciarse sobre los asuntos que fueren sometidos a su consideración
por el Rector o Director; y,
7. Las demás previstas en la normativa emitida por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.
(Nota: Numeral 5 del artículo 49, derogado mediante el Decreto Ejecutivo No. 505, de 11 de diciembre del 2014,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 408, de 05 de enero del 2015 .)
SECCIÓN III
DE LOS CONSEJOS EJECUTIVOS
Art. 50.- Consejo Ejecutivo. Es la instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa de los establecimientos públicos,
fiscomisionales y particulares.
El Consejo Ejecutivo está conformado por:
1. El Rector o Director, que lo preside y tiene voto dirimente;
2. El Vicerrector o Subdirector, según el caso, y,
3. Tres (3) vocales principales, elegidos por la Junta General de Directivos y Docentes y
sus respectivos suplentes.
El Secretario del Consejo Ejecutivo debe ser el Secretario de la institución educativa. En caso
de falta o ausencia de este, puede designarse un Secretario ad hoc. El Secretario tiene voz
informativa, pero no voto.

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El Consejo Ejecutivo se debe reunir ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes, y
extraordinariamente, cuando lo convoque el Rector o Director o a pedido de tres (3) de sus
miembros. El Consejo Ejecutivo debe sesionar con la presencia de por lo menos la mitad
más uno (1) de sus integrantes.
Art. 51.- Vocales. Los vocales del Consejo Ejecutivo son elegidos en la última sesión
ordinaria de la Junta General y deben entrar en funciones treinta (30) días después de su
elección, previa ratificación de la Dirección Distrital respectiva. Duran dos (2) años en sus
funciones y pueden ser reelegidos después de un período, salvo en el caso de que el número
de profesores imposibilite el cumplimiento de esta disposición.
En caso de ausencia temporal de uno o más vocales principales, deben ser convocados los
suplentes en orden de elección, y, en caso de ausencia definitiva de los vocales principales,
los suplentes deben ser principalizados en el orden indicado. Si la ausencia definitiva fuere
de principales y suplentes, el Rector o Director convocará a la Junta General de Directivos y
Docentes para la elección de los nuevos vocales principales y suplentes, quienes entrarán en
función luego de la ratificación de la Dirección Distrital respectiva, y actuarán hasta la
finalización del período para el que fueron elegidos.
Art. 52.- Requisitos. Para ser elegido Vocal del Consejo Ejecutivo se requiere:
1. Ser docente en el establecimiento respectivo;
2. Haber laborado en el plantel un mínimo de dos (2) años, excepto en las instituciones
educativas de reciente creación; y,
3. No haber sido sancionado con suspensión en el ejercicio docente.
Art. 53.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo:
1. Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento y darlo a conocer a la
Junta General de Directivos y Docentes;
2. Evaluar periódicamente el Plan Educativo Institucional y realizar los reajustes que
fueren necesarios;
3. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus reformas y
remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su aprobación;
4. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código de Convivencia del
establecimiento;
5. Diseñar e implementar estrategias para la protección integral de los estudiantes;
6. Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y de desarrollo
institucional;
7. Crear estímulos para los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el
efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;

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8. Conocer y aprobar los informes presentados por los responsables de los
departamentos, organismos técnicos y comisiones del establecimiento;
9. Controlar la correcta conservación y cuidado de los bienes institucionales y aprobar
y ejecutar los planes para su mantenimiento, así como controlar el buen uso de la
infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la institución;
10. Conocer y aprobar el Plan Didáctico Productivo, en caso de que el establecimiento
contare con Unidad Educativa de Producción;
11. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentaren entre miembros
de la comunidad del establecimiento educativo;
12. Formular las políticas que guíen las labores de atención integral de los estudiantes
del establecimiento, en concordancia con lo previsto en el Código de Convivencia del
establecimiento. Las acciones de atención integral de los estudiantes se
implementarán por medio del Departamento de Consejería Estudiantil;
13. Aprobar el Plan Operativo Anual del Departamento de Consejería Estudiantil;
14. Evaluar los programas implementados por el Departamento de Consejería
Estudiantil;
15. Apoyar al Jefe del Departamento de Consejería Estudiantil para que las acciones
programadas que requirieran de la participación del personal docente, directivo,
administrativo, de representantes legales y de estudiantes se lleven a cabo;
16. Impulsar y potenciar la conformación de redes interinstitucionales que apoyen las
acciones del Departamento de Consejería Estudiantil; y,
17. Analizar y aprobar los informes anuales y ocasionales que presente el Jefe del
Departamento de Consejería Estudiantil, y formular las sugerencias del caso.
SECCIÓN IV
DE LAS JUNTAS DE DOCENTES DE GRADO O CURSO
Art. 54.- Junta de Docentes de Grado o Curso. Es el organismo de la institución educativa
encargado de analizar, en horas de labor educativa fuera de clase, el rendimiento académico
de los estudiantes, de conformidad con el currículo nacional y los estándares de calidad
educativa, y con las políticas de evaluación establecidas en el presente reglamento y por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Esta Junta debe proponer acciones
educativas que pueden aplicarse, de manera individual o colectiva, a estudiantes y docentes
para mejorar su desempeño.
Está integrada por todos los docentes del grado o curso correspondiente, un representante
del Departamento de Consejería Estudiantil, el docente tutor, quien la debe presidir, el
Inspector General, los docentes con funciones de inspector y el responsable de la Secretaría
del Plantel.

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Se reunirá, de forma ordinaria, después de los exámenes de cada quimestre y de forma
extraordinaria, cuando la convocare el Rector o Director, Vicerrector o Subdirector o el
docente tutor de grado o curso.
Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las definidas en el
Código de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley
Orgánica de Educación Intercultural o el presente reglamento.
Art. 55.- Docentes con funciones de Inspector. Las instituciones educativas con más de
setecientas cincuenta (750) estudiantes y que cuenten con disponibilidad presupuestaria,
pueden contar con docentes con funciones de Inspector.
El docente con funciones de Inspector es el encargado de asegurar un ambiente de
disciplina y de orden que permita el normal desarrollo del proceso educativo en los grados
o cursos que le hubieren sido asignados. Debe tener un máximo de cuatro (4) paralelos a su
cargo, y cumplir al menos seis (6) períodos de clases semanales.
Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o curso es el docente
designado, al inicio del año escolar, por el Rector o Director del establecimiento para asumir
las funciones de consejero y para coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y
culturales para el grado o curso respectivo. Deben durar en sus funciones hasta el inicio del
próximo año lectivo.
El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la institución y los
representantes legales de los estudiantes. Está encargado de realizar el proceso de
evaluación del comportamiento de los estudiantes a su cargo, para lo cual debe mantener
una buena comunicación con todos los docentes del grado o curso.
Art. 57.- Secretaría. Las responsabilidades de Secretaría las desempeña el docente
asignado para el efecto o un profesional del ramo, quien debe hacerse responsable de los
siguientes deberes y atribuciones:
1. Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su
conservación, integridad, inviolabilidad y reserva;
2. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del
establecimiento;
3. Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema de
información del Ministerio de Educación;

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4. Conferir, previa autorización del Rector o Director, copias y certificaciones;
5. Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el
Rector o Director, los documentos de matrícula y promoción, y los formularios o
registros de datos requeridos por el Sistema de información del Ministerio de
Educación; y,
6. Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las determinadas
por la máxima autoridad del establecimiento.
SECCIÓN V
DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL
Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un
componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada
por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos
los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en la
gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo
deben llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento educativo.
El modelo de organización y funcionamiento específico del Departamento de Consejería
Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos
específicos, deben ser establecidos en la normativa específica que para el efecto emita el
Art. 59.- Responsabilidad compartida. En las actividades y programas atinentes al
Departamento de Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la
institución: directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes y sus
representantes legales. Las acciones y los programas deben ser organizados por el
Departamento de Consejería Estudiantil y deben ser puestos a consideración del Consejo
Ejecutivo del establecimiento para su análisis y aprobación.
Para cumplir con los preceptos constitucionales de protección de derechos y la normativa
vigente, las actividades ejecutadas por el Departamento de Consejería Estudiantil se guían
únicamente por criterios científico-técnicos y éticos, y excluyen toda forma de proselitismo.
Art. 60.- Aseguramiento de la calidad de las intervenciones. El encargado del
Departamento de Consejería Estudiantil y los demás miembros deben participar, según su
área profesional, en círculos de estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros colectivos
internos o externos a la institución, que les permitan mantenerse actualizados y abordar de
manera efectiva los casos y situaciones individuales, grupales e institucionales que
requieran de su intervención.
Art. 61.- Redes de Consejerías Estudiantiles. Con el objeto de facilitar acciones de
derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y actualización, supervisión y control, el
Departamento de Consejería Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las
Consejerías Estudiantiles del Circuito y con otros organismos del Sistema de Protección
Integral del Estado, tales como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, los
Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de

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Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de la
sociedad civil.
SECCIÓN VI
DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
Art. 62.- Ámbito. Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las
autoridades de los establecimientos educativos deben propiciar la conformación de
organizaciones estudiantiles encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de
valores éticos y ciudadanos.
Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a partir del
cuarto grado de Educación General Básica en todos los establecimientos educativos.
Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben conformar representaciones
estudiantiles de grado, curso o paralelo y un Consejo Estudiantil por establecimiento.
Art. 63.- Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil está conformado por los
representantes de los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y secreta. Los
candidatos a la representación estudiantil deben acreditar honestidad académica y altos
niveles de rendimiento en sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el Código de
Convivencia de la institución educativa.
Art. 64.- Conformación. El Consejo Estudiantil está conformado por un (1) Presidente, un
(1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, tres (3) vocales principales y tres (3)
suplentes, elegidos de entre los presidentes de las representaciones estudiantiles de grado o
curso.
Art. 65.- Requisitos. Para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil de un
establecimiento educativo, se requiere estar matriculado legalmente en uno de los dos (2)
últimos años del máximo nivel que ofrezca cada institución educativa y tener un promedio
de calificaciones de, mínimo, ocho sobre diez (8/10).
Art. 66.- Alternabilidad. El Presidente y Vicepresidente del Consejo Estudiantil no pueden
ser reelegidos.
Art. 67.- Fecha de elecciones. La Directiva del Consejo Estudiantil debe ser renovada cada
año en la segunda semana de noviembre en los establecimientos de régimen de Sierra y en
la segunda semana de julio en los establecimientos de régimen de Costa.
Art. 68.- Candidatos. Las listas de candidatos al Consejo Estudiantil y sus propuestas de
planes de trabajo deben ser presentadas al Tribunal Electoral hasta el último día de clases
de octubre y mayo, respectivamente, y deben ser respaldadas con las firmas de por lo
menos el quince por ciento (15 %) de los estudiantes matriculados en el establecimiento
educativo. El Tribunal Electoral debe establecer la idoneidad de los candidatos y fijar el día
de la elección.
Art. 69.- Voto. El voto es obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el
establecimiento; los alumnos que no votaren sin causa justificada serán sancionados de

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acuerdo con el reglamento de elecciones de cada establecimiento. El documento habilitante
para ejercer el derecho al voto es el carné estudiantil.
Art. 70.- Campaña. La campaña electoral debe realizarse en un ambiente de cordialidad,
compañerismo y respeto mutuo. Quedarán prohibidos todos los actos que atentaren contra
los derechos humanos, la gratuidad de la educación o aquellos que ocasionaren daños a la
infraestructura o equipamiento del establecimiento.
Art. 71.- Organismos electorales. Para el proceso eleccionario, en cada establecimiento
educativo se debe conformar un Tribunal Electoral cuya función es la de organizar las
votaciones en las Juntas Receptoras de Votos que fueren necesarias.
Art. 72.- Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral debe estar integrado por el Rector o
Director, el Inspector general o el docente de mayor antigüedad, tres (3) vocales designados
por el Consejo Ejecutivo, dos (2) representantes de los estudiantes designados por el
Consejo Ejecutivo y un (1) docente con funciones de Secretario sin derecho a voto. Al
Tribunal Electoral le corresponden las siguientes funciones:
1. Convocar a elecciones para el Consejo Estudiantil en la tercera semana de octubre
en los establecimientos de régimen de Sierra y en la tercera semana de junio, en los
establecimientos de régimen de Costa;
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la postulación de las candidaturas
según lo previsto en el presente reglamento y calificar, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, las listas presentadas;
3. Emitir el reglamento de elecciones;
4. Orientar el desarrollo de la campaña electoral;
5. Organizar las Juntas Receptoras de Votos;
6. Efectuar los escrutinios generales, en presencia de los delegados acreditados por
cada una de las listas de participantes en el proceso, inmediatamente después de
terminados los sufragios;
7. Dar a conocer a los estudiantes el resultado de las elecciones y proclamar a los
triunfadores; y,
8. Resolver cualquier reclamo o apelación que se presentare.
Art. 73.- Juntas Receptoras de Votos. En cada establecimiento educativo debe funcionar
una Junta Receptora de Votos por cada curso, grado o paralelo. Esta debe estar integrada
por el docente tutor, el Presidente, el Secretario del Consejo de grado o curso y un (1)
delegado por cada una de las listas participantes. Les corresponde a las Juntas Receptoras
de Votos lo siguiente:
1. Organizarse de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Tribunal Electoral
del establecimiento;

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2. Receptar los votos de los estudiantes y realizar los escrutinios parciales,
suscribiendo las actas correspondientes; y,
3. Responsabilizarse de la transparencia del sufragio.
Art. 74.- Atribuciones del Consejo Estudiantil. Son atribuciones del Consejo Estudiantil
las siguientes:
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes;
2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las solicitudes de
oficio o a petición de parte que considerare necesarias para proteger los derechos
de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes;
3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que fueren
presentados por los miembros de la comunidad estudiantil sobre supuestas
transgresiones a los derechos de los estudiantes;
4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a las que hubiere
lugar cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y responsabilidades; y,
5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o Director respecto de las
peticiones que fueren presentadas por su intermedio.
Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo Estudiantil los
siguientes:
1. Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil
durante la campaña electoral;
2. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda para velar
por el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los estudiantes y
defender de igual forma los derechos que le asisten al estudiantado;
3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades dirigidas a
preservar la seguridad integral de los estudiantes; y,
4. Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
el presente reglamento y el Código de Convivencia de la institución educativa.
SECCIÓN VII
DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS
ESTUDIANTES
Art. 76.- Funciones. Son funciones de los Padres de Familia o Representantes legales o de
los estudiantes, las siguientes:
1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el Gobierno Escolar
de cada uno de los establecimientos Públicos del Sistema Educativo Nacional;

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2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del
establecimiento;
3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas;
4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del
establecimiento;
5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el
desarrollo de las actividades educativas;
6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del establecimiento; y,
7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del establecimiento.
Art. 77.- De la Representación de los Padres de Familia.- Los colectivos de Padres de
Familia podrán constituirse en comités de grado o curso y su funcionamiento se regirá de
acuerdo a la normativa que para el efecto emitirá el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
SECCIÓN VIII
DEL GOBIERNO ESCOLAR
Art. 78.- Régimen. El Gobierno escolar se rige por las normas establecidas en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, este reglamento, el Código de Convivencia de la
institución educativa y demás normativa específica que para el efecto expida el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional.
El Gobierno escolar se debe reunir ordinariamente por lo menos tres veces al año, y
extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente. El Gobierno escolar debe sesionar
con la presencia de por lo menos la mitad de sus integrantes.
Art. 79.- Integración. El Gobierno escolar en los establecimientos públicos está integrado
por:
1. El Rector o Director;
2. Un Representante Estudiantil;
3. Un delegado de los representantes legales de los estudiantes; y,
4. Un delegados de los docentes, elegido por votación de la Junta General de Directivos
y Docentes.
Los representantes en los grupos de la comunidad educativa deben ser elegidos para
períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando fueren
reemplazados legalmente. En caso de vacancia, se debe elegir su reemplazo para el resto del
período.
Art. 80.- Fecha de elecciones. El Gobierno escolar debe renovarse cada año en la tercera

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semana de noviembre en los establecimientos de régimen de Sierra y en la tercera semana
de julio en los establecimientos de régimen de Costa.
Art. 81.- Ratificación. Para entrar en funciones, los miembros del Gobierno escolar deben
ser ratificados por el Nivel Distrital.
Art. 82.- Silla vacía. Para garantizar la participación ciudadana, todas las sesiones deben
ser públicas y en ellas debe haber una silla vacía que puede ser ocupada por un ciudadano
del Circuito educativo, en función del tema que se tratará, y con el propósito de participar
en el debate y en la toma de decisiones sobre asuntos de interés común.
El ejercicio de este mecanismo de participación debe sujetarse a la Ley, al presente
reglamento y al Código de Convivencia del establecimiento educativo.
Art. 83.- Presidente. El Gobierno escolar debe estar presidido por una persona designada
de entre sus miembros por voto universal y mayoría simple, para el período de un año. De
acuerdo con la naturaleza y funciones del Gobierno escolar, para ser Presidente, se requiere
ser docente del establecimiento.
El Presidente del Gobierno escolar tendrá las siguientes atribuciones:
1. Ejercer la representación y la vocería del Gobierno escolar;
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, el presente reglamento y demás normativa emitida por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;
3. Liderar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y la rendición social de
cuentas de la institución educativa;
4. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
5. Elaborar el orden del día;
6. Dirigir las sesiones, suspenderlas y clausurarlas cuando hubieren razones para ello;
7. Dirimir con su voto los empates que se produjeren a efectos de adoptar
resoluciones; y,
8. Ejercer las demás atribuciones que le fueren conferidas legalmente.
Art. 84.- Miembros. Los miembros del Gobierno escolar tienen derecho a:
1. Ser convocados con un plazo mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación
al día de la sesión;
2. Participar en el debate durante las sesiones;
3. Ejercer el derecho a voto, salvo expresa prohibición legal, debiendo siempre
exponer los motivos que justifiquen su voto o su abstención;

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4. Solicitar la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones; y,
5. Todas las demás que les sean atribuidas legalmente.
Art. 85.- Secretario. El Secretario del Gobierno escolar debe ser el Secretario de la
institución educativa. En caso de falta o ausencia de este, puede designarse un Secretario ad
hoc.
Son atribuciones del Secretario las establecidas en el Estatuto de Régimen Jurídico y
Art. 86.- Cuórum. Para su instalación y desarrollo, las sesiones requieren de la presencia de
al menos el setenta y cinco por ciento (75 %) de los miembros del Gobierno escolar. Las
resoluciones deben adoptarse por mayoría simple de los miembros asistentes a la sesión.
SECCIÓN IX
DE LA JUNTA ACADÉMICA
Art. 87.- Junta Académica. Es el organismo de la institución educativa encargado de
asegurar el cumplimiento del currículo nacional y los estándares de calidad educativa desde
todas las áreas académicas, y hacer propuestas relacionadas con aspectos pedagógicos de
cada área académica, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. La Junta Académica se
integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional y responderá a las exigencias de los establecimientos en
razón de número de estudiantes y docentes.
Deben reunirse, de forma ordinaria, una vez por mes, y de forma extraordinaria, por
convocatoria expresa del Presidente de la Junta.
Serán sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las definidas en el
CAPÍTULO V
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo Institucional de un
establecimiento educativo es el documento público de planificación estratégica institucional
en el que constan acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la
calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno
escolar.
El Proyecto Educativo Institucional debe explicitar las características diferenciadoras de la
oferta educativa que marquen la identidad institucional de cada establecimiento. Se elabora
de acuerdo a la normativa que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y
no debe ser sometido a aprobación de instancias externas a cada institución; sin embargo,
estas lo deben remitir al Nivel Distrital para su registro.
En las instituciones públicas, el Proyecto Educativo Institucional se debe construir con la

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participación del Gobierno escolar; en las instituciones particulares y fiscomisionales, se
debe construir con la participación de los promotores y las autoridades de los
establecimientos.
Las propuestas de innovación curricular que fueren incluidas en el Proyecto Educativo
Institucional deben ser aprobadas por el Nivel Zonal.
La Autoridad Educativa Nacional, a través de los auditores educativos, debe hacer la
evaluación del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
CAPÍTULO VI
DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el documento público
construido por los actores que conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar
los principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos
dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones indispensables
para lograr los fines propios de cada institución.
Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes miembros de la
comunidad educativa:
1. El Rector, Director o líder del establecimiento;
2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere;
3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y Docentes;
4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y,
5. El Presidente del Consejo Estudiantil.
La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le corresponde al equipo
directivo en estricto respeto de la legislación vigente. Este documento debe entrar en
vigencia, una vez que haya sido ratificado por el Nivel Distrital, de conformidad con la
normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un Código de
Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y cumplir los siguientes
preceptos:
1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad
cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana,
solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo
intercultural del tejido social;

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2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a las
libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la
diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente;
3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la
comunidad educativa y de la comunidad en general;
4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en
derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad y
relación intercultural;
5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de diálogo,
discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los disensos; y de
participación activa de los miembros de su comunidad educativa;
6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los
miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el
mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e
interaprendizaje;
7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través de
procesos participativos, equitativos e incluyentes;
8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la
institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores
culturales y patrimoniales del plantel; y,
9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos.
CAPÍTULO VII
DE LA AUTORIZACIÓN DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Art. 91.- Competencia. Las autorizaciones de creación y funcionamiento de las
instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares para todos los niveles y
modalidades son otorgadas por el Nivel Zonal correspondiente, sobre la base del informe
técnico de la Dirección Distrital respectiva y previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para el efecto.
Art. 92.- Requisitos. Los requisitos que deben presentarse para otorgar la autorización de
creación y funcionamiento de las instituciones educativas son los siguientes:
Comunes a todas las instituciones educativas:
1. Propuesta pedagógica a la que se adscribe la institución educativa en trámite de
creación, de conformidad con la normativa que expida el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional;
2. Certificación otorgada por el Nivel Zonal de que las edificaciones de la institución en
trámite de creación cumplen con los estándares de infraestructura y equipamiento

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fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, previo informe del
Nivel Distrital;
3. Plan de reducción de riesgos, en el cual consten las acciones para enfrentar
situaciones de emergencia o desastre;
4. Informes de las Unidades de Gestión de Riesgos, Administración Escolar y Asesoría
Jurídica del Nivel Distrital en los que se acredite la factibilidad de uso del inmueble,
según el ámbito de su competencia; y,
5. Otros requisitos determinados por la Ley, el presente reglamento o disposición del
Para las instituciones educativas públicas:
1. Estudio de microplanificación, concordante con las políticas nacionales de
desarrollo, que justifique la necesidad del servicio, la población estudiantil que no
pueda ser atendida en instituciones fiscales existentes, el grado de impacto en la
comunidad beneficiaria y la distribución geográfica de las instituciones educativas
más cercanas. Este estudio debe ser elaborado en el Nivel Zonal, previo informe del
Nivel Distrital;
2. Certificación de la Dirección Administrativo-Financiera del Nivel Zonal sobre la
disponibilidad presupuestaria y de fondos suficientes para asegurar su normal
funcionamiento;
3. Informe de la Unidad de Planificación del Nivel Distrital sobre el personal directivo,
docente y administrativo requerido por la institución, aprobado por el Nivel Zonal;
4. Escritura pública del inmueble a favor del Ministerio de Educación, inscrita en el
Registro de la Propiedad; y,
5. Otros requisitos que establezca el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Para las instituciones educativas fiscomisionales:
1. Justificación de perfiles del cuadro de directivos y docentes de la institución
educativa que se creará, de conformidad con la normativa que expida el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional. La verificación de la relación laboral y el
cumplimiento de perfiles de los directivos y docentes se debe realizar una vez que
haya sido expedida la autorización por cinco (5) años;
2. Estudio de microplanificación, concordante con las políticas nacionales de
desarrollo, que justifique la necesidad del servicio, la población estudiantil que no
pueda ser atendida en instituciones fiscales existentes, el grado de impacto en la
Nivel Distrital;

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disponibilidad presupuestaria y de fondos suficientes para asegurar su
financiamiento total o parcial, según corresponda;
4. Documento de los promotores de la institución que se creará como fiscomisional,
que certifique la disponibilidad de recursos para asegurar el funcionamiento de la
institución en la proporción que le correspondiere;
docente y administrativo requerido por la institución, aprobado por el Nivel Zonal;
6. Escritura pública del inmueble de la institución que se creará como fiscomisional,
inscrita en el Registro de la Propiedad;
6. Los promotores de instituciones educativas fiscomisionales deben presentar una
declaración juramentada de que no se hallan inmersos en las prohibiciones
señaladas en la Ley y este reglamento; y,
Para las instituciones educativas particulares:
1. Justificación de perfiles del cuadro de directivos y docentes de la institución
educativa que se creará, de conformidad con la normativa que expida el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional. La verificación de la relación laboral y el
cumplimiento de perfiles de los directivos y docentes se debe realizar una vez que
haya sido expedida la autorización por cinco (5) años;
2. Los promotores de instituciones educativas particulares deben presentar el estudio
económico-financiero que demuestre que el proyecto educativo es viable y
sostenible, que les asegure la continuidad del servicio educativo a sus posibles
usuarios, y que respete el principio constitucional de prestación de servicio
educativo sin fines de lucro; y,
3. Los promotores de instituciones educativas particulares deben presentar una
declaración juramentada de que no se hallan inmersos en las prohibiciones
señaladas en la Ley y este reglamento.
Art. 93.- Promotores o representantes legales. No podrán ser promotores o
representantes legales de una institución educativa:
1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o
en las inhabilidades generales prescritas en la Ley;
2. Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada
por delitos de acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito,
violación u otros delitos sexuales;
3. Las personas que hubieren sido destituidas del cargo de docentes o de directivos de
una institución educativa pública;

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4. Los titulares y servidores públicos de la Autoridad Educativa Nacional, Instituto
Nacional de Evaluación Educativa, Universidad Nacional de Educación, auditores y
asesores educativos, así como sus cónyuges o parientes hasta del segundo grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, mientras estén en ejercicio de sus funciones;
y,
5. Los directivos y docentes de instituciones educativas públicas.
Si se comprobare la inhabilidad de un promotor, la autorización de creación y
funcionamiento de la institución educativa será revocada.
Art. 94.- Registro. Las instituciones educativas ingresarán y actualizarán, en el sistema de
información del Ministerio de Educación, los datos que requiriere el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional con la periodicidad que este dispusiere.
Art. 95.- Autorización inicial. La Autoridad Educativa Zonal le concederá la autorización
de creación y funcionamiento inicial a la institución educativa que cumpliere con todos los
requisitos establecidos en la Ley, este reglamento y la normativa específica que expida el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. La autorización inicial debe tener una
vigencia de seis (6) meses, durante los cuales los auditores educativos deben verificar el
grado de observancia de las obligaciones asumidas por el patrocinador en su solicitud de
autorización.
En este plazo, el establecimiento educativo debe demostrar que efectivamente cumple con
los requisitos para la creación de instituciones educativas establecidas en el presente
Reglamento y que ha ingresado los datos requeridos en el sistema de información del
Ministerio de Educación, a fin de que el Nivel Zonal respectivo, con base en los informes
técnicos emitidos por los auditores educativos, expida la autorización de funcionamiento
por el plazo de cinco (5) años.
Art. 96.- Resolución.- En la resolución que dicte la Autoridad Educativa Zonal, deben
constar el nombre y la dirección de la institución educativa, la identificación del
representante legal y la del promotor. En el caso de establecimientos fiscomisionales y
particulares, debe constar el nivel y modalidad educativa en que ofrecerá sus servicios, el
año escolar en que inicia y termina la vigencia de la autorización y la capacidad instalada de
la institución educativa.
En la resolución de autorización de un establecimiento fiscomisional se establecerá el número
de docentes fiscales que le serán asignados, como mecanismo de apoyo financiero a su
funcionamiento. El Estado asumirá el pago de docentes, mediante la asignación de
profesionales que hayan participado y ganado los respectivos concursos de méritos y
oposición. Los docentes fiscales asignados a los establecimientos fiscomisionales deberán
participar de la misión y valores de las congregaciones, órdenes o cualquier otra
denomianción confesional o laica, de la promota del establecimiento eductivo.
(Nota.- Inciso añadido al artículo 96 mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.)
Art. 97.- Renovación. Las instituciones educativas deben renovar la autorización de
funcionamiento cada cinco (5) años. Para obtener la renovación del permiso de

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funcionamiento, además de cumplir con los mismos requisitos establecidos para la creación
de un establecimiento educativo, se acreditará el cumplimiento de los estándares de calidad
educativa establecidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 98.- Prohibición. Se prohíbe a los promotores, a los representantes legales y a las
autoridades de instituciones educativas, prestar el servicio en cualquier nivel y modalidad
sin contar con la previa autorización de funcionamiento emitida por la Autoridad Educativa
Zonal o teniéndola caducada. La autoridad o funcionario del nivel desconcentrado que
conozca del quebrantamiento de esta prohibición, además de adoptar las acciones
conducentes para que esta infracción sea sancionada administrativamente de conformidad
con la Ley y este reglamento, debe denunciar de inmediato estos hechos ante la Fiscalía para
que inicie las acciones penales a las que hubiere lugar.
Art. 99.- Extensiones.- De manera excepcional y sobre la base de los lineamientos definidos
por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, el Nivel zonal correspondiente al
domicilio de la institución educativa podrá autorizar la creación y funcionamiento de
extensiones educativas, así como disponer su clausura.
(Nota.- Texto del artículo 99 sustituído mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en el
Art. 100.- Compromiso. Las instituciones educativas pueden ser creadas y funcionar con
uno (1) o más grados o cursos del nivel de enseñanza solicitado, solo si existe el
compromiso de crear los grados o cursos sucesivos necesarios hasta completar el nivel
correspondiente.
Art. 101.- Control. Mediante visitas periódicas a los planteles, los funcionarios de auditoría
y/o de regulación deben verificar que las instituciones estén cumpliendo de manera
permanente con los mismos requisitos establecidos para su creación, y después de su
primera renovación de permiso de funcionamiento, que estén cumpliendo también de
manera permanente con los estándares de calidad educativa definidos por el Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional.
Los auditores educativos deben levantar un acta de cada visita que debe ser extendida por
quintuplicado y en la que se deben consignar los hechos constatados y las observaciones
correspondientes. Dicha acta debe ser firmada conjuntamente por los funcionarios que
realicen la visita y por la máxima autoridad de la institución educativa. Un ejemplar del acta
debe quedar en la institución, otro debe enviarse al Distrito, un tercero, al Nivel Zonal, un
cuarto, a la Administración del Circuito, y el quinto ejemplar, al Gobierno escolar de la
institución educativa.
Art. 102.- Incumplimiento. Si en la visita de los funcionarios de auditoría y/o de
regulación se estableciere el incumplimiento de uno o más requisitos necesarios para la
vigencia de la autorización de creación y funcionamiento, el funcionario deberá remitir el
respectivo informe a la Dirección del Distrito o a la Coordinación Zonal, según el caso, para
que esta disponga las medidas correspondientes.
Art. 103.- Documentación. Las instituciones educativas con autorización de
funcionamiento deben mantener permanentemente los documentos que a continuación se

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indican:
1. Resolución de autorización de funcionamiento y sus reformas;
2. Certificación en la que conste que la infraestructura cumple con las normas de
sanidad y seguridad;
3. Título de dominio o contrato de arriendo del inmueble que ocupa, en el caso de
establecimientos particulares y fiscomisionales;
4. Inventario actualizado del mobiliario, equipamiento, recursos didácticos y
laboratorios;
5. Instrumentos que demuestren la relación laboral del personal directivo, docente y
administrativo, y copias de sus títulos profesionales, en el caso de establecimientos
particulares y fiscomisionales;
6. Proyecto Educativo Institucional debidamente registrado por el Nivel Distrital;
7. Código de Convivencia debidamente ratificado por el Nivel Distrital;
8. Reporte del registro de matrículas y promoción estudiantil actualizado anualmente;
y,
9. Para los establecimientos particulares y fiscomisionales, balances y estados
financieros.
Art. 104.- Ampliación del servicio. Las solicitudes de autorización de ampliación del
servicio educativo deberán ser presentadas en el Nivel Zonal, y seguirán el mismo
procedimiento para obtener la autorización de creación y funcionamiento de instituciones
educativas.
Art. 105.- Traslado. Para trasladar el establecimiento educativo público a otro local (bien
inmueble) se requiere, previamente, obtener la autorización respectiva del Nivel Distrital
correspondiente, de conformidad con los requisitos establecidos para la creación de
establecimientos. Si el traslado es de un Distrito a otro, debe ser autorizado por el Nivel
Zonal, de conformidad con los requisitos establecidos.
Art. 106.- Cambio de domicilio. Para realizar el cambio de domicilio de un establecimiento
educativo particular, su representante legal debe presentarle la solicitud al Nivel Zonal
correspondiente. Para el efecto se requieren cumplir con los requisitos para la creación de
establecimientos.
Art. 107.- Cierre voluntario. Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales
pueden solicitar, ante la Dirección Distrital, el cierre voluntario del establecimiento, a más
tardar cuatro (4) meses antes del inicio del año lectivo en el que dejarán de prestar el
servicio educativo, previa exposición detallada de las causas que lo motiven. Una vez
autorizado el cierre, le corresponde al Nivel Distrital implementar un plan de contingencia
para que los estudiantes sean acogidos en otras instituciones educativas, a fin de garantizar
para ellos el derecho a la educación.

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CAPÍTULO VIII
DE LA DENOMINACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Art. 108.- Denominación. Toda institución educativa pública, fiscomisional o particular
debe tener una denominación general, un nombre específico que la identifique y un código
según los diferentes niveles y modalidades educativas, de conformidad con la normativa
específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Dentro un mismo Distrito educativo, no puede repetirse el nombre específico de una
institución educativa. En caso de existir dos (2) o más instituciones educativas de igual nivel
con el mismo nombre específico, debe ser válido únicamente aquel que corresponda a la
institución con más antigüedad.
Art. 109.- Competencia. La nominación de las instituciones educativas es atribución de la
Autoridad Educativa Nacional, a través del Nivel Distrital.
Art. 110.- Nombres. Para nominar las instituciones educativas deben considerarse las
siguientes opciones:
1. Fundadores de la nación ecuatoriana;
2. Héroes y personajes ilustres;
3. Personajes prominentes de la cultura, la ciencia y el arte;
4. Docentes memorables por su labor en beneficio de la sociedad;
5. Fechas que recuerden hechos memorables de la historia; y,
6. Continentes, países, provincias, ciudades, montañas, ríos, etc.
Para asignar nombres de personas a un establecimiento educativo, deben considerarse
únicamente personas fallecidas.
Art. 111.- Instituciones educativas bilingües.- Las instituciones educativas públicas,
fiscomisionales y particulares pueden incluir el calificativo de "bilingües" en su
denominación, siempre que incluyan al menos el cuarenta por ciento (40%)de su carga
horaria en la lengua extranjera de la institución educativa.
El equipo docente que enseña las asignaturas en la lengua extranjera de la institución
deberá acreditar dominio sobre la lengua respectiva. Para el efecto, deben presentar los
resultados de una prueba estandarizada internacional que acredite que mantiene como
mínimo un nivel de conocimientos de la lengua equivalente al nivel B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional
publicará una lista de pruebas reconocidas para la acreditación del nivel.
Para ser consideradas como bilingües, las instituciones educativas deberán incluir en su
propuesta de innovación curricular, que forma parte del Proyecto Educativo Institucional,
los fundamentos del bilingüismo y de la carga horaria. Solo serán consideradas como

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bilingües las instituciones educativas que reciban del Nivel Zonal la aprobación de su
propuesta de innovación curricular.
Art. 112.- Documentación. El promotor de un establecimiento fiscomisional o particular
que solicite autorización para su creación y funcionamiento debe adjuntar en la
documentación una propuesta del nombre para la institución que se creará. Para ello, debe
anexar los documentos que justifiquen su pedido y la certificación otorgada por la Unidad
de Planificación Distrital que acredite que en el Distrito educativo no existe otro
establecimiento que lleve el mismo nombre, a fin de evitar repeticiones. El Nivel Distrital
debe aceptar el nombre propuesto o debe disponer su cambio.
Art. 113.- Prohibición. Se les prohíbe, a los representantes legales y autoridades de las
instituciones educativas, utilizar en los planteles la denominación general y código, o el
nombre específico, que no se halle aprobado por la Autoridad Educativa Nacional en
cualquiera de sus niveles, de conformidad con las disposiciones del presente reglamento.
CAPÍTULO IX
DE LA FISCALIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y
FISCOMISIONALES
Art. 114.- Competencia. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional puede
disponer que un establecimiento educativo particular o fiscomisional que tenga
autorización de funcionamiento vigente pase a ser fiscal, siempre que medie una solicitud
expresa de los representantes legales y/o promotores de dicho establecimiento educativo, y
siempre que convenga a los intereses de la comunidad educativa, para lo cual se deben
cumplir las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
Art. 115.- Requisitos. Para que un establecimiento educativo pase a ser fiscal, se deben
cumplir los siguientes requisitos:
1. Solicitud del representante legal y/o promotor del establecimiento educativo, en
donde se indique la voluntad de pasar a ser fiscal;
2. Estudio de microplanificación, concordante con las políticas de desarrollo
nacionales, que justifique la necesidad del servicio, la población estudiantil que no
pueda ser atendida en una institución fiscal ya existente, el grado de impacto en la
Nivel Distrital;
disponibilidad presupuestaria y de fondos suficientes para asegurar su normal
funcionamiento;
docente y administrativo requerido por la institución que será fiscalizada, aprobado
por el Nivel Zonal;
5. Informe del auditor educativo del Distrito sobre el nivel de cumplimiento de los
estándares de calidad educativa de la institución que será fiscalizada;

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6. Informe de las Unidades de Gestión de Riesgos, Administración Escolar y Asesoría
Jurídica del Nivel Distrital, en el que se acredite la factibilidad de uso del inmueble,
según el ámbito de su competencia;
7. Escritura pública de compra venta o donación del inmueble a favor del Ministerio de
Educación, inscrita en el Registro de la Propiedad; y,
Art. 116.- Talento humano de la institución educativa que pasa a ser fiscal. En el caso
de los establecimientos educativos que son fiscalizados, la Autoridad Educativa Nacional no
asumirá relación laboral de ningún tipo con el talento humano que hubiere estado
laborando en la institución educativa fiscalizada.
Art. 117.- Pase de una institución educativa particular a régimen fiscomisional. El
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, a petición de la institución educativa de
manera excepcional y previo cumplimiento de los requisitos previstos para la creación de
una institución educativa fiscomisional, puede autorizar que una institución educativa
particular pase a régimen fiscomisional.
CAPÍTULO X
DE LA REGULACIÓN DE PENSIONES Y MATRICULAS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES
Art. 118.- Cobro de pensiones y matrículas. El Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional debe definir rangos para el cobro de pensiones y matrículas, en los que se deben
ubicar las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del Sistema Educativa
Nacional, en función del cumplimiento de los estándares de calidad educativa y otros
indicadores que consten en la normativa de aplicación obligatoria expedida para el efecto.
Art. 119.- Comisión y Junta. Para la aplicación de las normas prescritas en el presente
reglamento, funcionan la Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la
Educación Particular y Fiscomisional, y la Junta Distrital de Regulación de Pensiones y
Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional.
Art. 120.- Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la Educación
Particular y Fiscomisional. La Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de
la Educación Particular y Fiscomisional está conformada por:
1. La máxima autoridad del Nivel Zonal, quien la debe presidir;
2. El Director Zonal de Asesoría Jurídica; y,
3. El Director Zonal de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Gestión Educativa.
Debe actuar como Secretario con voz informativa, pero sin voto, el funcionario designado
para el efecto por la máxima autoridad del Nivel Zonal.
Art. 121.- Sesiones. La Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la

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Educación Particular y Fiscomisional debe elaborar el calendario para las sesiones
ordinarias; no obstante, debe sesionar obligatoriamente cada año en el mes de junio para el
régimen de Sierra y en el mes de diciembre para el régimen de Costa. Puede también
convocarse en forma extraordinaria por decisión del Presidente de la Comisión.
Art. 122.- Convocatoria para la sesiones. La convocatoria para las sesiones ordinarias
debe ser realizada conformidad con lo establecido en el Estatuto de Régimen Jurídico y
Art. 123.- Deberes y atribuciones de la Comisión Zonal.
Son deberes y atribuciones de la Comisión Zonal:
1. Difundir los indicadores que sustentaren los rangos de valores fijados por el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional, y velar por su correcta aplicación;
2. Conocer y resolver las apelaciones que los establecimientos de la educación
particular o fiscomisional presentaren respecto de las decisiones de las Juntas
Distritales de su jurisdicción, dentro de los plazos y términos previstos en el
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y,
3. Coordinar las labores de las Juntas Distritales de su jurisdicción, para cuyo efecto
expedirá los instructivos que fueren necesarios.
La resolución que adoptare la Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la
Educación Particular y Fiscomisional no tendrá efecto retroactivo, no será apelable y pondrá
fin a la vía administrativa.
Art. 124.- Junta Distrital. En cada Dirección Distrital debe funcionar una Junta Distrital
Reguladora de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional, y debe
estar integrada por:
1. El Director Distrital;
2. El Jefe de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Gestión Educativa; y,
3. El Jefe de Asesoría Jurídica.
Debe actuar como Secretario, con voz informativa y sin voto, el funcionario designado por el
Director Distrital.
Art. 125.- Sesiones. Las Juntas Distritales deben elaborar el calendario para las sesiones
ordinarias. No obstante, deben sesionar obligatoriamente en el mes de noviembre para el
régimen de Costa y en el mes de mayo para el régimen de Sierra. Pueden sesionar en forma
extraordinaria por convocatoria de su Presidente.
Art. 126.- Procedimiento y Resoluciones. Para el procedimiento y resoluciones de la
Junta Distrital Reguladora de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y
Fiscomisional, se actuará de conformidad con lo previsto en el Estatuto del Régimen Jurídico

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Art. 127.- Deberes y atribuciones de las Juntas Distritales Reguladoras de Pensiones y
Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional. Son deberes y atribuciones de las
Juntas Distritales:
1. Conocer y resolver las peticiones de ubicación del rango de matrículas y pensiones
que los establecimientos de educación particular y fiscomisionales presentaren por
intermedio de sus representantes legales;
2. Evaluaren qué medida la institución educativa cumple los indicadores considerados
por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para cada uno de los rangos;
3. Ubicar a cada institución educativa, particular y fiscomisional, en uno de los rangos
fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;
4. Aprobar, mediante resolución motivada, y previo estudio respectivo, a qué rango
corresponde cada establecimiento particular o fiscomisional; y,
5. Tramitar y resolver recursos administrativos que le fueren planteados en el
ejercicio de sus competencias.
Las solicitudes presentadas por los establecimientos deben ser resueltas en el término de
quince (15) días, contados a partir de la fecha en que finaliza el periodo de recepción de
estas. Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en este reglamento, se debe ordenar
que se la complete en el término de cinco (5) días. De no hacerlo, la solicitud debe ser
considerada como no presentada y debe ser archivada.
Una vez fijados los rangos para un establecimiento, según lo establecido en este reglamento,
no se aprobarán modificaciones ni incrementos que rigieren en el año lectivo que se
encontrare transcurriendo.
Art. 128.- Establecimientos binacionales. Tratándose de establecimientos binacionales
amparados en convenios de Gobierno a Gobierno, los valores que se fijen deben sujetarse a
la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
Art. 129.- Solicitudes. Para los planteles educativos particulares que inician el año escolar,
los representantes legales de los establecimientos deben presentarle a la Junta Distrital de
su jurisdicción la solicitud correspondiente, en los plazos previstos de acuerdo a los
cronogramas, y adjuntando la documentación que para el efecto fije el Nivel Central de la
Art. 130.- Resoluciones. Contra las resoluciones de las Juntas Distritales pueden
interponerse los recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de
la Función Ejecutiva, bajo la forma y procedimiento establecidos.
Art. 131.- Defensa de los intereses de la institución. Los representantes de los
establecimientos particulares o fiscomisionales pueden ser recibidos en comisión general,
durante las sesiones de la Comisión Zonal, únicamente para la defensa de los intereses de su
institución. Una vez efectuada su exposición, la Comisión Zonal debe sesionar únicamente

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con sus miembros. La resolución que emita la Comisión Zonal causa estado en vía
administrativa.
Art. 132.- Valores de matrícula y pensión. Para determinar los valores de matrícula y
pensión en los diferentes establecimientos particulares y fiscomisionales, sus autoridades
se sujetarán al rango en el que hubiere sido ubicada la institución educativa mediante
resolución. Estos valores deben ser registrados en la Dirección Distrital respectiva, antes del
inicio del período de matrícula ordinaria, y no pueden incrementarse durante el año lectivo
bajo ningún concepto.
La Dirección Distrital debe emitir la certificación del registro de los valores de las pensiones
y matrículas vigentes para el año lectivo, documento que debe exhibirse públicamente en un
lugar visible de la institución educativa para conocimiento de los representantes legales de
los estudiantes y de la comunidad.
El valor de la matrícula no debe exceder el 75 % del monto de la pensión neta fijada en el
rango correspondiente, y será cancelado una sola vez al año.
El número de pensiones corresponde a los meses laborables del año escolar e incluye el
prorrateo de los meses de vacaciones, de tal manera que no se pueden exigir cobros
especiales, extras o adicionales.
Los establecimientos educativos emitirán, por los valores cobrados, los comprobantes que
correspondieren según la legislación tributaria aplicable.
Art. 133.- Cambio de rangos. Los establecimientos educativos que, en virtud de mejoras en
la calidad de su servicio, obtuvieren un aumento de rango, tomarán las medidas necesarias a
fin de evitar el perjuicio de los estudiantes que ingresaron al establecimiento pagando
matrícula y pensiones en el rango anterior.
Art. 134.- Becas. Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales
concederán becas a estudiantes de escasos recursos en una proporción de por lo menos el
cinco por ciento (5 %) del monto total que perciben anualmente por concepto de matrícula
y pensiones.
Para el efecto, se considerarán becados a los estudiantes que cancelen entre el cero por
ciento y el cincuenta por ciento (0 % - 50 %) de los valores de matrícula y pensiones.
Art. 135.- Medidas de protección. Los establecimientos educativos particulares y
fiscomisionales tienen la obligación de contar con medidas a fin de garantizar que, en caso
de fallecimiento de sus representantes legales, los estudiantes puedan continuar sus
estudios en la institución.
Art. 136.- Remuneraciones. Las remuneraciones de los docentes y directivos serán
proporcionales a su antigüedad, experiencia, eficiencia, funciones y responsabilidades.
Art. 137.- Transporte escolar. Los establecimientos que dispusieren del servicio de
transporte escolar se someterán a las disposiciones que el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional dicte para el efecto, en concordancia con lo dispuesto por la legislación
que regule el transporte público.

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Art. 138.- Incumplimiento. El incumplimiento de las disposiciones sobre el cobro de
pensiones y matrículas en los establecimientos de educación particular y fiscomisional es
responsabilidad de los promotores, representantes legales o directivos de los
establecimientos educativos, y las sanciones deben aplicarse según lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural.
Art. 139.- Denuncias. Las denuncias sobre cobros indebidos deben ser investigadas
inmediatamente por el funcionario de regulación designado por la autoridad Distrital, con
cuyo informe se dará inicio al proceso administrativo respectivo al que diere lugar para
aplicar las sanciones correspondientes según la normativa vigente.
Art. 140.- Prohibiciones.- Se prohíbe a las instituciones educativas particulares y
fiscomisionales:
1. Exigir a los estudiantes o a sus familias el pago de cualquier tipo de contribución
económica, bono, donación, derechos de exámenes, derechos de grado, aportes a
fundaciones o aportes a sociedades de capital en la figura de acciones, u otros
valores no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional;
2. Exigir el pago de mensualidades adelantadas por concepto de pensiones o
matrículas;
3. Cobrar valores adicionales por estudiantes en atención a sus necesidades educativas
especiales;
4. Diferenciar la calidad del servicio ofertado a sus estudiantes en función de los
valores que por concepto de pensiones o matrícula cancelen sus representantes
legales;
5. Comercializar o permitir la comercialización de textos, útiles escolares, uniformes y
otros bienes al interior del establecimiento;
6. Exigir a los estudiantes materiales que servirán o serán destinados únicamente para
la administración de la institución educativa y no para su desarrollo o actividades
pedagógicas;
7. Conculcar el derecho de educación de los estudiantes por no resolver de manera
oportuna conflictos internos entre los promotores, autoridades o docentes; o,
8. Conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de
matrícula o pensiones por parte de sus representantes legales.
Las prohibiciones señaladas en los numerales 1, 3, 5 y 6 aplican también a instituciones
educativas públicas.
(Nota.- Inciso final del artículo 140 reemplazado mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.)
CAPÍTULO XI
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BINACIONALES

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Art. 141.- Régimen educativo. Las instituciones educativas binacionales deben cumplir
con todos los requisitos técnicos, administrativos y legales de funcionamiento que rigen
para el resto de instituciones educativas del país, de conformidad con la normativa
específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
CAPÍTULO XII
DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD
Art. 142.- Normativa. Las instalaciones de las instituciones educativas públicas pueden ser
utilizadas por la comunidad para el desarrollo de actividades deportivas, artísticas,
culturales, de recreación y esparcimiento, según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural. Esto debe hacerse de conformidad con la normativa
específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 143.- Corresponsabilidad. Sin perjuicio de la obligación de los usuarios de la
comunidad de velar por el cuidado de las instalaciones y demás bienes existentes en la
institución educativa, las autoridades y los docentes de las instituciones educativas públicas
serán corresponsables del correcto uso que hiciere la comunidad de las instalaciones del
establecimiento educativo, así como de las medidas o mecanismos necesarios para evitar
resultados perjudiciales directos o indirectos a los indicados bienes.
Los miembros de la comunidad son responsables del cuidado y limpieza de las instalaciones
mientras sean utilizados por ellos.
Art. 144.- Horarios. El uso de las instalaciones de las instituciones educativas por parte de
la comunidad debe ser después de la jornada de clases, y siempre que no interrumpa las
actividades complementarias que se planifiquen para los estudiantes.
Art. 145.- Prohibiciones a los usuarios. Se les prohíbe a los usuarios de las instalaciones
de una institución educativa lo siguiente:
1. El ingreso, consumo, distribución o comercialización de alcohol, tabaco u otras
sustancias estupefacientes o psicotrópicas;
2. Adoptar actitudes contrarias a la normativa vigente y a lo establecido en el Código
de Convivencia de la institución educativa;
3. Ocasionar daños de cualquier índole a las instalaciones, demás bienes o
implementos de la institución educativa, en cuyo caso deben responder por esos
daños, de conformidad con la normativa expedida para el efecto por el Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional; y,
4. Otras que determine el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Los espacios escolares públicos no pueden ser alquilados, en su totalidad o en parte, a
empresas o corporaciones particulares con o sin fines de lucro.
Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de las instituciones educativas

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fiscales son propiedad del Ministerio de Educación, y su administración y uso se debe hacer
de conformidad con la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la
TÍTULO V
DEL RÉGIMEN ESCOLAR
CAPÍTULO I
DEL AÑO LECTIVO
Art. 146.- Año lectivo. El año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar de dos (2)
quimestres en todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, y
debe tener una duración mínima de doscientos (200) días de asistencia obligatoria de los
estudiantes para el cumplimiento de actividades educativas, contados desde el primer día
de clases hasta la finalización de los exámenes del segundo quimestre.
“El año lectivo en las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares debe
empezar hasta la primera semana de mayo en el régimen de Costa y hasta la primera
semana de septiembre en el régimen de Sierra, salvo situaciones de emergencia oficialmente
declaradas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.”
Son imputables al año lectivo, como actividades educativas de régimen escolar, las
siguientes: clases, evaluaciones y programas educativos reconocidos por el Nivel Central de
la Autoridad Educativa Nacional. El resto de actividades educativas deben constar en el
cronograma de actividades del establecimiento y no pueden exceder del cinco por ciento (5
%) de los doscientos (200) días fijados como obligatorios para el año lectivo.
(Nota.- Inciso segundo del artículo146, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
Art. 147.- Instructivo. Al término de cada año lectivo, el Nivel Zonal debe emitir el
correspondiente instructivo específico para la planificación del nuevo año lectivo, con base
en las disposiciones generales establecidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
Art. 148.- Programación semanal. La programación semanal, con el número de períodos
de clases para cada uno de los niveles y subniveles en las instituciones educativas públicas,
fiscomisionales y particulares, no puede ser inferior a la carga horaria asignada en el
currículo nacional vigente, salvo en casos debidamente justificados que deben ser remitidos,
para su aprobación, al Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, que para el efecto
debe emitir una normativa especial.
Art. 149.- Hora pedagógica. La hora pedagógica es la unidad de tiempo mínima en la que
docentes y estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje destinadas a cumplir con lo
prescrito en el currículo. Este período debe ser de por lo menos cuarenta (40) minutos
desde el subnivel de Básica Elemental en adelante.
Art. 150.- Jornadas escolares. La oferta educativa puede realizarse en tres (3) jornadas
escolares: matutina, vespertina o nocturna.

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Art. 151.- Jornada nocturna. La jornada nocturna, que solo puede ofrecerse a personas de
quince años de edad o más, aplica una modalidad semipresencial a través de la cual se
desarrolla un currículo especial que determina un setenta por ciento (70 %) para
actividades académicas presenciales y un treinta por ciento (30 %) para actividades
académicas de trabajo independiente bajo tutoría docente, según la normativa que para el
efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 152.- Vacaciones estudiantiles.- Durante el tiempo de vacaciones, el área
administrativa de la institución educativa debe atender normalmente. Cada año lectivo, el
Nivel Zonal debe emitir un calendario de vacaciones escolares, con base en las disposiciones
generales para el efecto establecidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
(Nota.- Primera oración del artículo152 sustituida mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014,
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.)
CAPÍTULO II
DE LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Art. 153.- Requisitos de admisión. La admisión de estudiantes a los diversos niveles
educativos para establecimientos públicos, fiscomisionales y particulares se sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Nivel de Educación General Básica: tener al menos cinco (5) años de edad a la fecha
de ingreso, y
b) Nivel de Bachillerato: presentar el certificado de aprobación de la Educación General
Básica.
En los establecimientos públicos y fiscomisionales los procesos de admisión no pueden
incluir exámenes de ingreso.
Cuando un estudiante ingresa por primera vez a una institución educativa, debe presentar
un documento oficial de identificación y entregar una copia de este documento al
establecimiento.
Art. 154.- Expediente académico. Les corresponde a las instituciones educativas llevar el
archivo de registro de matrículas y promociones debidamente legalizadas. Esta
documentación constituye el expediente académico del estudiante que, en versión original,
debe ser entregado al representante legal del estudiante en caso de cambio de plantel.
Art. 155.- Acceso al servicio educativo público.- Para el ingreso a las instituciones
educativas públicas, la Autoridad Educativa Nacional establecerá el procedimiento de
inscripción, asignación de cupos y matrícula, cumpliendo con el principio de acercar el servicio
educativo a los usuarios.
(Nota.- Texto del artículo 155 reemplazado mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en
el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.)

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Art. 156.- (Nota.- Artículo 156 eliminado mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014,
Art. 157.- Admisión de estudiantes de otras instituciones. Para la admisión de
estudiantes procedentes de otras instituciones educativas, a un año que no fuere el primero
del nivel, se requerirá el expediente académico de conformidad con lo señalado en el
CAPÍTULO III
DE LAS MATRICULAS Y EL INGRESO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN
Art. 158.- Matrícula. La matrícula es el registro mediante el cual se legaliza el ingreso y la
permanencia del estudiante en un establecimiento educativo durante un año lectivo.
Las instituciones educativas privadas deberán reportar al inicio de cada año lectivo a la
Autoridad Educativa Nacional la nómina de estudiantes matriculados, que deberá ser
actualizada cada vez que se registre un ingreso durante el año lectivo a través del sistema
establecido por ésta para el efecto.
Art. 159.- Matrícula para el ingreso al sistema público de educación. El proceso de
matriculación para quienes ingresan por primera vez al sistema educativo público contempla
dos fases: la inscripción y el registro.
Art. 160.- De la inscripción.- La inscripción es la fase en la cual el representante legal del
estudiante solicita la integración de su representado al sistema educativo público; el período
de inscripción se realizará conforme a los procedimientos y cronogramas establecidos por la
Art. 161.- Del registro.- Tras la fase de inscripción, la Autoridad Educativa Nacional
determinará el establecimiento educativo en el que se efectuará el registro de los estudiantes,
en función del procedimiento por ella establecido.
Art. 162.- De la matrícula posterior al inicio del año lectivo.- La Autoridad Educativa
Nacional normará el procedimiento y las evaluaciones pedagógicas que sean necesarias previa
a la matrícula de un estudiante en un establecimiento educativo cuando ésta se efectúe una
vez iniciado el año lectivo.
Art. 163.- De la matrícula automática.- Una vez terminado el año lectivo, los estudiantes de
los establecimientos educativos públicos serán matriculados automáticamente en el nivel que
corresponda; la Autoridad Educativa Nacional determinará el procedimiento interno a seguir.
Este procedimiento es optativo para el caso de los planteles educativos particulares y requiere
la autorización expresa de los representantes legales del estudiante.
Los representantes legales que hayan decidido que su representado no continúe sus estudios en
la misma unidad educativa, deberán comunicarlo a la autoridad del establecimiento y ésta, a
su vez, al Nivel Distrital correspondiente.
Art. 164.- Segunda y tercera matrícula.- Todo estudiante que deba repetir un grado o curso
tiene derecho de acceder a una segunda matricula en el mismo establecimiento educativo. La
tercera matricula será asignada por parte de la Dirección Distrital correspondiente, a fin de

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velar por la asignación a un establecimiento que brinde las condiciones más favorables para
apoyar la continuidad del proceso educativo.”
(Nota.- Articulado del CAPíTULO III sustituido mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado
CAPÍTULO IV
DE LOS PASES A OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Art. 165.- Pase o transferencia de estudiantes. Durante el transcurso del año lectivo, los
estudiantes de los diversos niveles del sistema educativo escolarizado pueden optar por el
pase o transferencia a otra institución educativa del mismo régimen escolar.
En caso de cambio de domicilio del estudiante u otros casos debidamente justificados, el
pase o transferencia del estudiante debe ser autorizado por el Rector o Director de la
institución educativa donde se hallare matriculado el solicitante, previa petición del
represente legal del estudiante, hasta el término de los seis (6) primeros meses del año
lectivo.
Para formalizar el pase del estudiante, se debe presentar el expediente académico, la
certificación de asistencia y la autorización de admisión de la institución educativa
receptora. Las autoridades de las instituciones educativas están obligadas a proporcionar
esta documentación en el plazo de ocho (8) días a partir de la presentación de la
correspondiente solicitud.
CAPÍTULO V
DEL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS
Art. 166.- Legalización y apostillamiento. Los ecuatorianos o extranjeros, cualquiera sea
su condición de movilidad humana, que hayan realizado estudios equivalentes a Educación
General Básica y/o Bachillerato en el exterior que cuenten con documentación original de
estudios legalizado o con apostilla pueden presentar dichos documentos para el
reconocimiento legal en el Nivel Distrital.
Las personas que hayan realizado estudios equivalentes a Educación General Básica y/o
Bachillerato en países con los que el Ecuador mantiene convenios de reconocimiento de
títulos no necesitarán legalizar ni apostillar su documentación de estudios.
Art. 167.- Exámenes de ubicación para quienes no cuenten con documentación
educativa. Los ecuatorianos y los extranjeros que hubieren realizado estudios en el país o
en el exterior, que no pudieren obtener la documentación de sus estudios por las
situaciones excepcionales definidas en el presente reglamento, pueden acceder al Sistema
Nacional de Educación a través de exámenes de ubicación, de acuerdo a la normativa que
Los exámenes de ubicación deben validar los años de estudios que no cuenten con
documentación de respaldo, y la calificación obtenida en este examen debe ser asentada
como promedio de los años anteriores.

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CAPÍTULO VI
DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES
Art. 168.- Responsabilidad. La asistencia a las actividades educativas es de carácter
obligatorio y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios establecidos por la
institución educativa en la que se hallare matriculado el estudiante.
Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la asistencia a
clases de sus representados, y de igual manera los estudiantes son responsables de
permanecer en el establecimiento educativo durante toda la jornada escolar.
A su vez, las autoridades, los docentes y el personal administrativo de las instituciones
educativas tienen la responsabilidad de crear y mantener las condiciones apropiadas a fin
de que los estudiantes asistan puntualmente a las actividades educativas.
Art. 169.- Control. El control y registro de la asistencia de los estudiantes en todas las
instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares es obligatorio, y se debe
hacer de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.
Art. 170.- Inasistencia. La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser
notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes deben justificarla, a más
tardar, hasta dos (2) días después del retorno del estudiante a clases, ante el docente de
aula en el caso de Educación Inicial, y ante el profesor tutor o guía de curso en el caso de
Educación General Básica y Bachillerato.
Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del estudiante
deberá justificarla, con la documentación respectiva, ante la máxima autoridad o el
Inspector general de la institución educativa.
Art. 171.- Inasistencia recurrente. Cuando la inasistencia de un estudiante fuere
recurrente y estuviere debidamente justificada, la máxima autoridad de la institución
educativa solicitará la aplicación de las medidas previstas en la normativa expedida por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, a fin de garantizar la continuidad de los
estudios, el apoyo sicopedagógico y las tutorías académicas correspondientes según el caso.
Art. 172.- Reprobación de asignaturas por inasistencias. Los estudiantes de Básica
Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieren del diez por ciento (10
%) del total de horas de clase del año lectivo en una o más asignaturas, reprobarán dichas
asignaturas.
Art. 173.- Prohibición de abandono. Sin perjuicio de las acciones educativas disciplinarias
a las que hubiere lugar, una vez iniciadas las clases el alumno no podrá abandonarlas y, de
hacerlo sin el permiso del maestro de aula, tutor o guía de curso o inspector de la institución
educativa, según el caso, incurrirá en faltas injustificadas.
En caso de que el abandono de clases implique salir de la institución educativa durante la
jornada de clase sin el permiso señalado en el inciso anterior, las autoridades del
establecimiento deben reportar la ausencia de manera inmediata a los representantes

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legales del estudiante, quien estaría incurriendo en faltas injustificadas en todas las
asignaturas del día.
Art. 174.- Excursiones y visitas de observación. Son actividades educativas que se
incluyen en la programación académica y se desarrollan como parte de la jornada escolar
con el propósito de complementar los aprendizajes científicos, culturales, artísticos y de
patrimonio natural de los estudiantes.
Durante estas actividades, la seguridad integral de los estudiantes que participen en ellas
debe ser responsabilidad de los docentes que las lideran, así como de la autoridad del
establecimiento educativo, quien debe autorizarlas, previo cumplimiento de las
disposiciones específicas emitidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
CAPÍTULO VII
DEL ABANDERADO Y DEL JURAMENTO A LA BANDERA
Art. 175.- Reconocimiento del abanderado, portaestandarte y escoltas. Todos los
establecimientos educativos del país que ofrezcan Bachillerato deben reconocer, una vez al
año, de entre sus estudiantes de tercer curso, al abanderado del pabellón nacional con sus
dos (2) escoltas. Además, deben reconocer al portaestandarte de la ciudad (o del cantón) y
al portaestandarte del plantel, con dos (2) escoltas en cada caso.
Art. 176.- Tipos de distinciones. Estas distinciones corresponden a los nueve (9)
estudiantes de tercer curso de Bachillerato que hayan logrado el más alto puntaje en el
resultado obtenido al promediar las notas finales de aprovechamiento de los siguientes
grados: de segundo a décimo de Educación General Básica, y de primero a segundo de
Bachillerato. De acuerdo con los puntajes totales obtenidos por los estudiantes, se asignan
las distinciones en el siguiente orden, de mayor a menor:
Primer puesto: Abanderado del pabellón nacional
Segundo puesto: Portaestandarte de la ciudad (o del cantón)
Tercer puesto: Portaestandarte del plantel
Cuarto y quinto puestos: Escoltas del pabellón nacional
Sexto y séptimo puestos: Escoltas del estandarte de la ciudad
Octavo y noveno puestos: Escoltas del estandarte del plantel
Para evitar en lo posible los empates, el promedio final de aprovechamiento se calcula en
décimas, centésimas y milésimas. En ningún caso esta cifra se debe promediar con
calificaciones de conducta o disciplina.
Art. 177.- Empates. En caso de empate en los promedios globales finales, se debe
considerar como mérito adicional para desempatar la participación de los estudiantes en
actividades científicas, culturales, artísticas, deportivas o de responsabilidad social que se
encuentren debidamente documentadas, organizadas o promovidas por instituciones
educativas, deportivas o culturales legalmente reconocidas. Deben tener especial
consideración y puntaje aquellas actividades de este tipo en las que el estudiante hubiere
participado en representación del establecimiento educativo, la ciudad, la provincia o el
país.
La calificación de este tipo de méritos debe ser normada, de manera precisa, en el Código de

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Convivencia del establecimiento, el cual debe estar legalmente aprobado por la Dirección
Distrital de la respectiva jurisdicción.
Art. 178.- Otras distinciones honoríficas. Las autoridades de los establecimientos
educativos pueden instituir, según la filosofía del plantel y su realidad cultural, otras
distinciones honoríficas académicas que están normadas en el Código de Convivencia,
ratificado por la Dirección Distrital de Educación de la respectiva jurisdicción.
Art. 179.- Conformación de la comisión para la elección de abanderados,
portaestandartes y escoltas. Se debe conformar una comisión para la elección de
abanderados, portaestandartes y escoltas, integrada por cinco (5) miembros:
1. El Rector del plantel, quien la presidirá;
2. Dos (2) delegados del Consejo Ejecutivo del establecimiento;
3. Un representante de los Padres y Madres de Familia; y,
4. El Presidente del Consejo Estudiantil.
La comisión debe contar con un Secretario, quien debe dar fe de lo ocurrido y debe actuar
con voz pero sin voto. Este cargo debe ser ocupado por el Secretario del plantel; en caso de
no existir Secretario, se debe elegir, entre los miembros de la comunidad, a un Secretario ad
hoc, de preferencia un docente.
La comisión puede contar con la veeduría de otras personas que deben actuar con voz pero
sin voto, cuya participación debe constar en el Código de Convivencia del plantel.
Art. 180.- Requisitos para obtener a una distinción. Para hacerse acreedor a las
distinciones de abanderado, portaestandarte o escolta, el estudiante debe cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Estar legalmente matriculado en el tercer año de Bachillerato del establecimiento
educativo y asistir de forma regular a clases; y,
2. Haber entregado, en la Secretaría del plantel, copias legalizadas de los pases de año
y los registros con las calificaciones obtenidas desde segundo año de Educación
General Básica hasta segundo año de Bachillerato (solamente en el caso de
estudiantes que cursaron esos años en otros planteles).
Art. 181.- Plazo para nombrar a los estudiantes que recibirán una distinción.- La
elección de los abanderados, portaestandartes y escoltas se debe realizar en un plazo de
diez (10) días laborables desde el inicio del año lectivo. El rector debe entregar una
comunicación dirigida a cada estudiante y a su representante legal, en la que se especifique
la distinción honorífica alcanzada por cada uno de los elegidos como abanderado,
portaestandarte, escolta y, de haberlas, otras distinciones académicas. A fin de que toda la
comunidad conozca la nómina de los estudiantes seleccionados, el rector del
establecimiento debe ordenar su publicación en un lugar visible hasta el décimo día del
inicio del año lectivo.

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Art. 182.- Apelaciones. En caso de inconformidad con la decisión tomada por la comisión
para la elección de abanderados del plantel, los representantes legales de los estudiantes
pueden, dentro de un período no mayor a cinco (5) días laborables a partir de la publicación
de la lista de abanderados, impugnar la decisión tomada. En primera instancia, deben
recurrir a la propia comisión con su impugnación debidamente sustentada, y la comisión
debe tener un máximo de cinco (5) días laborables para emitir una respuesta. En última
instancia, pueden apelar, dentro de un plazo de cinco (5) días laborables a partir de la fecha
de respuesta de la comisión, ante el Director Distrital correspondiente, quien debe resolver
el caso en un máximo de cinco (5) días laborables mediante una resolución administrativa
motivada.
Art. 183.- Fecha de la proclamación y juramento.- La proclamación del abanderado y el
juramento a la bandera se llevará a cabo, en todos los regímenes escolares, el 26 de septiembre
de cada año, Día de la Bandera a nivel nacional. Por su especial sentido cívico, el evento se
realizará con la participación de toda la comunidad educativa.
En aquellos casos en los que se inicie un proceso de apelación que no pueda resolverse antes de
la fecha prevista en el inciso que antecede, las autoridades de la institución educativa deberán
realizarla en otra fecha.
(Nota.- Texto del artículo 183 sustituido mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en el
TÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
CAPÍTULO I
DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación,
valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de
los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la
metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.
Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o
calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para
que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las
asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación
debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera
oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de
aprendizaje.
La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos unidocentes y
pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el
En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, se
debe proceder de conformidad con lo explicitado en el presente reglamento.
Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito principal

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que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada,
para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la
evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su
gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la
efectividad de su gestión.
En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso y
resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse
a:
1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor
dentro de grupos y equipos de trabajo;
2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances
en el desarrollo integral del estudiante;
3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje
evidenciados durante un periodo académico; y,
4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.
Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos,
según su propósito:
1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre o
unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante
ingresa al proceso de aprendizaje;
2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente
realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los
actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en
el desarrollo integral del estudiante; y,
3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la
proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o
unidad de trabajo.
Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes
debe reunir las siguientes características:
1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a la emisión
y registro de una nota;
2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su desempeño;
3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el proceso, el
progreso y el resultado final del aprendizaje;
4. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el aprendizaje
de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas;

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5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y
necesidades educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del
establecimiento educativo y otros factores que afectan el proceso educativo; y,
6. Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con anterioridad al
estudiante y a sus representantes legales.
CAPÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN DE LOS SUBNIVELES DE INICIAL 2 Y PREPARATORIA
Art. 188.- Objeto de la evaluación. En el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de
Preparatoria, la evaluación será exclusivamente cualitativa y se orientará a observar el
desarrollo integral del niño.
Art. 189.- Evaluación y retroalimentación continua. Los educadores deben observar y
evaluar continuamente el desarrollo integral del infante, y deben elaborar informes escritos
que valoren ese desarrollo e incluyan guías, sugerencias y recomendaciones para fomentar
el desarrollo y el bienestar integral del infante, los cuales deben ser reportados
periódicamente a los representantes legales.
Art. 190.- Reuniones con los representantes legales de los niños. Los docentes del nivel
de Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria deberán convocar a los representantes
legales de los infantes por lo menos a tres (3) reuniones al año para diseñar estrategias
conjuntas que fomenten su adecuado desarrollo.
En esas reuniones, los docentes de Preparatoria harán especial énfasis en el diseño de
estrategias que aseguren el logro de las metas de aprendizaje necesarias para el óptimo
aprovechamiento del siguiente grado.
Art. 191.- Informe final de evaluación en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel
de Preparatoria. Al término del año lectivo en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel
de Preparatoria, los representantes legales de los infantes deben recibir un informe
cualitativo final que describa el desarrollo integral de sus representados alcanzado durante
ese período.
Los docentes del subnivel de Preparatoria deben poner especial énfasis en el diseño de
estrategias que aseguren el logro de las metas de aprendizaje necesarias para el óptimo
aprovechamiento del siguiente grado.
Art. 192.- Promoción. Los estudiantes en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de
Preparatoria serán promovidos automáticamente al grado siguiente.
Sin embargo, los estudiantes de Preparatoria que antes del inicio del subnivel de Básica
Elemental no hubieren alcanzado el nivel de desarrollo necesario para el óptimo
aprovechamiento del siguiente grado deberán desarrollar, antes del inicio del siguiente año
lectivo y con apoyo de su familia, una serie de actividades determinadas por el docente.
CAPÍTULO III
DE LA CALIFICACIÓN Y LA PROMOCIÓN

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Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por "aprobación" al logro de los
objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de
conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema
Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de
la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente reglamento.
Art. 194.- Escala de calificaciones.- Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de
los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje
nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala:
Escala cualitativa Escala cuantitativa
Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 10,00
Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99
Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01 - 6,99
No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4
(Nota.- Cuadro contentivo de la escala cualitativa y cuantitativa del artículo 194 reemplazado mediante el Decreto
Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de
julio de 2014.)
Art. 195.- Promoción. Se entiende por "promoción" al paso de los estudiantes de un grado
o curso al inmediato superior.
Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la
promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10).
En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al siguiente grado se
requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en el conjunto de las asignaturas
que componen la malla curricular.
En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al siguiente
grado o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una
de las asignaturas del currículo nacional.
Las asignaturas adicionales al currículo nacional que cada establecimiento definiere en su
Proyecto Educativo Institucional, correspondientes a la innovación curricular que estuviere
debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos para la promoción
dentro del establecimiento; sin embargo, no lo serán si el estudiante continúa sus estudios
en otra institución educativa.
(Nota.- Inciso segundo del artículo 196 sustituido mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014,

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Art. 197.- Certificados de término de nivel y de promoción. Con el objeto de garantizar
la movilidad estudiantil dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Educación, las
instituciones educativas deben expedir los siguientes documentos de certificación y registro
a aquellos estudiantes que hubieren logrado los mínimos requeridos en los estándares de
aprendizaje fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional:
1. Certificado de promoción. Al término de cada año escolar y desde el segundo grado
de Educación General Básica hasta el tercer año de Bachillerato, para quienes fueren
promovidos al grado o curso inmediato superior;
2. Certificado de haber aprobado la Educación General Básica. Al estudiante que
hubiere aprobado el décimo año de la Educación General Básica;
3. Acta de grado. A los estudiantes de tercer año de Bachillerato que hubieren
aprobado los exámenes escritos de grado; y,
4. Título de bachiller. Certificación que acredita que el estudiante ha cumplido con
todos los requisitos del nivel.
“Art. 198.- Requisitos para la obtención del título de bachiller. Para obtener el título de
bachiller, el estudiante debe:
1. Obtener una nota final mínima de siete sobre diez (7/10) que será un promedio
ponderado de lassiguientes calificaciones:
i. El promedio obtenido en elsubnivel de BásicaSuperior, equivalente al30%;
ii. El promedio de los tres (3) años de Bachillerato, equivalente al40%; y,
iii. La nota del examen de grado, equivalente en el promedio a 30%.
2. Obtener un puntaje de al menos siete sobre diez (7/10) en el componente de base
estructurada del examen degrado.
3. Haber aprobado las actividades de participación estudiantil obligatorias, según lo
contemplado en elpresente reglamento.
4. Losdemás requisitos previstos en la normativa vigente.
En el caso de las modalidades semipresencial y a distancia, los estudiantes deben cumplir
con los mismos requisitos.”
(Nota.- Texto del artículo 198, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado en el
“Art. 199.- Examen de grado.- El examen de grado es una prueba acumulativa del nivel de
Bachillerato que el estudiante rinde en el tercer año de este nivel como requisito previo
para la obtención del título de bachiller.

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El examen de grado tendrá dos componentes: una primera parte de base estructurada que
corresponde a los conocimientos mínimos de los estándares nacionales y una segunda parte
de evaluación de aptitudes que considerará habilidades de lenguaje,pensamiento matemático
y pensamiento abstracto.
Los estudiantes que obtengan una nota menor a siete sobre diez (7/10) en el componente
de conocimiento o no alcanzaren el promedio ponderado mínimo para la obtención de su
título de bachiller,podrán rendir un examen supletorio degrado en lasfechas establecidas por
la Autoridad Educativa Nacional para el efecto. En el caso de persistir la insuficiencia de la
nota obtenida luego de rendir el supletorio, podrán por una única ocasión adicional
presentarse en la convocatoria siguiente del examen.”
(Nota.- Texto del artículo 199, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015 publicado en el
Art. 200.- (Nota: Artículo 200, Derogado mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre
de 2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
Art. 201.- (Nota: Artículo 201, Derogado mediante Decreto Ejecutivo No. 811, de 22 de
octubre de 2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre
de 2015.)
“Art. 202.- Programa de participación estudiantil. El programa de participación
estudiantil tiene una duración de doscientas (200) horas de trabajo, a ejecutarse de
conformidad con la normativa específica que para el efecto expida la Autoridad Educativa
Nacional.”
“Art. 203.- Aprobación del programa de participación estudiantil. La aprobación del
programa de participación estudiantil, fijado como requisito para obtener el título de
bachiller, se realizará de conformidad con la normativa específicaque para el efecto expida
la Autoridad Educativa Nacional.”
(Nota.- Texto del artículo 203, reemplazado mediante Decreto Ejecutivo No. 811, de 22 de octubre de 2015, publicado en
el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
CAPÍTULO IV
DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO
Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de
promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar
sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los
establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación,
retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación.
Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los docentes
obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales, al inicio del
año escolar, cómo serán evaluados los estudiantes hasta el término del año escolar.
Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los

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estudiantes y a sus representantes legales. El incumplimiento de lo establecido en el
presente artículo será considerado falta grave y será sancionado de conformidad con el
presente Reglamento.
Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación definida como
proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del
estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este
proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través
de informes escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el
propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de mejoramiento o
refuerzo académico que fueren del caso.
Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes. El docente debe
convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al
año para determinar estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico
de sus representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y
sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico.
Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en
los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá
diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo
académico incluirá elementos tales como los que se describen a continuación:
1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la
asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;
2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u
otro docente que enseñe la misma asignatura;
3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades
educativas de los estudiantes; y,
4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su
familia.
El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico
y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante
aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las
notas obtenidas en los demás trabajos académicos.
El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes
y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica
que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben emitir en un
formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional informes
parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que expresen cualitativa y
cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de
las asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para promover el
aprendizaje del estudiante. Los informes se clasifican de la siguiente manera:

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1. Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa cualitativa y
cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada
una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de mejoramiento
académico que deben seguirse durante un período determinado, tal como se prevé
en el Proyecto Educativo Institucional.
2. Informe quimestral de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de
las calificaciones parciales y el examen quimestral. Expresa cualitativa y
cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada
una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de mejoramiento
académico que deben seguirse.
La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por ciento (20 %) de la
nota total del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el porcentaje restante
debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante ese período.
3. Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de las dos
(2) calificaciones quimestrales, expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de
los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, formula
recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben seguirse, y
determina resultados de aprobación y reprobación.
Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen de
recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y se ofrece a
cualquier estudiante que hubiere aprobado la asignatura con un promedio inferior a diez
(10).
Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los estudiantes
podrán rendir por una sola vez una prueba recuperatoria acumulativa, cuyo resultado debe
reemplazar al promedio quimestral más bajo, y debe servir solo para el mejoramiento de un
promedio quimestral. Si la nota fuere más baja que la obtenida en los promedios
quimestrales, deberá ser desechada.
Art. 211.- Prueba de base estructurada. Se entiende por prueba de base estructurada
aquella que ofrece respuestas alternas como verdadero y falso, identificación y ubicación de
conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones,
completación o respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem de base común.
Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio
anual de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota final de cualquier
asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, que será una prueba de base
estructurada. El examen supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a la
publicación de las calificaciones finales. La institución educativa deberá ofrecer clases de
refuerzo durante los quince (15) días previos a la administración del examen supletorio,
con el fin de preparar a los estudiantes que deban presentarse a este examen.
Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota
mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura
aprobada por medio de un examen supletorio siempre será siete sobre diez (7/10).

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Art. 213.- Examen remedial. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual
menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier asignatura o no aprobare el
examen supletorio, el docente de la asignatura correspondiente deberá elaborar un
cronograma de actividades académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa con
ayuda de su familia, para que quince (15) días antes de la fecha de inicio de clases, rinda por
una sola vez un examen remedial acumulativo, que será una prueba de base estructurada.
Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una nota
mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura
aprobada por medio de un examen remedial siempre será siete sobre diez (7/10).
Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá repetir
el grado o curso.
“Art. 214.- Examen de Gracia. En el caso de que un estudiante reprobare un examen remedial
de una sola asignatura, rendirá un examen de gracia cinco días antes de empezar el año
lectivo. De aprobar este examen, obtendrá la promoción al grado o curso superior, pero en
caso de reprobarlo, deberá repetir el grado o curso anterior.
“Art. 214.1.- Aplicación de exámenes supletorios, remediales y de gracia.- Los exámenes
supletorios, remediales y de gracia, se aplicarán a los estudiantes a partir del 8vo año de
Educación General Básica. No es exigible este tipo de exámenes a los estudiantes que cursen
niveles inferiores al señalado, en cuyo caso la Autoridad Educativa Nacional deberá diseñar los
métodos de evaluación, de acuerdo con las destrezas desarrolladas.”
(Nota.- Artículo 214.1 incluído a continuación del artículo 214, mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de
2014, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.)
CAPÍTULO V
DE LAS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN
Art. 215.- Exámenes quimestrales. Los docentes deben diseñar los exámenes
quimestrales con un (1) mes de anticipación a su aplicación, y someterlos a la revisión de la
respectiva Junta de de Grado o Curso, para que esta certifique si son adecuados o no.
Art. 216.- Normas para la entrega de informes quimestrales e informes anuales. La
entrega de los informes quimestrales e informes anuales se sujeta a las siguientes normas:
1. Cada docente debe llevar a la Junta de Docentes de Grado o Curso los informes de
aprendizaje de sus estudiantes. Esta Junta los conocerá y hará las recomendaciones
que fueren del caso;
2. Los informes de aprendizaje quimestrales y finales de los estudiantes deben ser
entregados por los tutores de grado o curso a sus representantes legales dentro de
los ocho (8) días posteriores a la realización de la Junta de Docentes de Grado o
Curso;

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3. Dentro de ocho (8) días posteriores a la realización de la Junta de Docentes de Grado
o Curso, el tutor de grado o curso debe entregar en Secretaría los informes de
aprendizaje aprobados por la Junta de Docentes de Grado o Curso y el acta
correspondiente;
4. Las calificaciones, una vez anotadas en Secretaría, no pueden ser alteradas. Solo en
caso de error de cálculo o de apreciación, o de recalificación justificada y aprobada,
el Rector o Director puede autorizar el cambio del registro de las calificaciones; y,
5. Al finalizar el año lectivo, el Rector o Director del establecimiento debe
autorizarle a la Secretaría el ingreso de las calificaciones de los estudiantes en el
sistema automatizado, diseñado para el efecto por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.
Art. 217.- Fechas para la revisión de informes de aprendizaje por parte de la Junta de
Docentes de Grado o Curso. Las juntas deben ser convocadas al término de cada
quimestre y al cierre del año lectivo para revisar los informes de aprendizaje. En ningún
caso esta convocatoria puede implicar la suspensión de los períodos de clases por más de
setenta y dos (72) horas.
Art. 218.- Registro. Las instituciones educativas están obligadas a registrar, en el sistema
automatizado diseñado para el efecto por el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional, las notas que acrediten a favor de un estudiante la promoción de grado, curso y
término de nivel.
La acción oficial de registro de notas debe realizarse en las fechas definidas en el calendario
escolar y de acuerdo con el cronograma previsto por cada Distrito.
Art. 219.- Evaluaciones anticipadas o atrasadas. El Director o Rector, en caso de
evaluaciones quimestrales o finales, y el docente, en caso de las demás evaluaciones, pueden
autorizar que un estudiante realice las actividades de evaluación de manera anticipada o
atrasada, previa solicitud y comprobación documentada por parte del representante legal
del estudiante, por razones de viaje, salud, calamidad doméstica u otras.
Art. 220.- Apelaciones. El representante legal del estudiante puede solicitar al Rector o
Director la revisión de las notas de los exámenes quimestrales, supletorios, remediales, de
gracia o de grado, dentro de los ocho (8) días posteriores a la notificación de las
calificaciones.
El Rector o Director debe designar una comisión para la rectificación. El representante legal
puede apelar, en última instancia, ante la Dirección del Distrito, dentro de los quince (15)
días posteriores a la notificación de la recalificación, la cual debe delegar a un plantel para la
revisión correspondiente. Esta nota debe ser definitiva.
CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución educativa se debe
asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y su
Código de Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás miembros de

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la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento que dificulte el normal
desarrollo del proceso educativo.
Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento de los
estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo motivacional y
está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y
descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales
como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la comunidad
educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las normas de convivencia,
cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, puntualidad y asistencia,
limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el Código de Convivencia del
establecimiento educativo.
La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no afectar la
promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala:
A=muy satisfactorio
Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la
sana convivencia social.
B=satisfactorio
Cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia
social.
C=poco satisfactorio
Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos
establecidos para la sana convivencia social.
D=mejorable
Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos
establecidos para la sana convivencia social.
E=insatisfactorio
No cumple con los compromisos establecidos para la sana
convivencia social.
La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los informes
parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje.
CAPÍTULO VII
DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA
Art. 223.- Deshonestidad académica. Se considera como deshonestidad académica
presentar como propios productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del
esfuerzo del estudiante o de cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir en
cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la
comunidad educativa de conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento y el
Código de Convivencia institucional.
Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica. La deshonestidad académica incluye actos
de plagio, trampa, o fraude en el ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la
institución educativa como los realizados fuera de ella. Los actos de deshonestidad
académica incluyen los siguientes:
Tipo I

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1. Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin
reconocer explícitamente la fuente;
2. Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas,
gráficos, dibujos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aún
cuando hayan sido parafraseados o modificados; y,
3. Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más
ocasiones distintas, sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo.
Tipo II
1. Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra
persona, con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él y
entregarlo a otra persona para que lo presente como si fuera propio;
2. Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su
consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o
examen;
3. Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el
docente lo permita de manera expresa;
4. Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no
participó en la elaboración del trabajo; y,
5. Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento,
eliminación, sabotaje, robo u ocultamiento de trabajos académicos, materiales o
insumos que fueren necesarios para el desarrollo o la presentación de un trabajo
académico.
Tipo III
1. Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o
modificados de entrevistas, encuestas, experimentos o investigaciones;
2. Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas;
3. Modificar las propias calificaciones olas de otra persona;
4. Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra
persona; y,
5. Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen.
Art. 225.- Prohibiciones y obligaciones. Los miembros de la comunidad educativa tienen
la expresa prohibición cometer cualquier acto de deshonestidad académica, y la obligación
de reportar de manera oportuna de cualquier acto de deshonestidad académica de la que
tengan conocimiento. En caso de infringir estas normas, serán debidamente sancionados de
conformidad con lo establecido en el presente reglamento y la normativa específica que
para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en
honestidad académica. Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades
académicas dirigidas a la formación en honestidad académica de todos los estudiantes, para
prevenir y/o corregir la comisión de actos de deshonestidad académica, de conformidad con
la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán sometidos a las
acciones disciplinarias establecidas en el presente Reglamento y además recibirán una

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calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de deshonestidad
académica.
El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional emitirá una normativa que detalle las
acciones educativas y disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad académica de
los estudiantes según su nivel y subnivel educativo.
TÍTULO VII
DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
CAPÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD
Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles
desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades
educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante
la asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión
en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria.
Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que
requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un
servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de
aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.
Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes:
1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía,
disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del
comportamiento, entre otras dificultades.
2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana,
menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones
excepcionales previstas en el presente reglamento.
3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales.
Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes:
1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;
2. Multidiscapacidades; y,
3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome
de Rett, entre otros).
Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales
puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un
establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa
específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

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Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades
educativas especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más adecuada para cada
estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante.
Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales.
Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones
educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo
a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes con
necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la
normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con
necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo nacional
adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas.
CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
Art. 231.- Escolaridad inconclusa. Las personas con escolaridad inconclusa son aquellos
jóvenes o adultos de quince (15) años de edad o más que no han concluido los estudios
obligatorios y que han permanecido fuera de la educación escolarizada ordinaria por más
de tres (3) años.
Art. 232.- Normativa. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe expedir la
normativa para la regulación del Sistema de Educación para personas con Escolaridad
Inconclusa.
CAPÍTULO III
DE LA EDUCACIÓN ARTESANAL
Art. 233.- Ámbito. La educación artesanal debe ser escolarizada extraordinaria y puede
ofrecerse en modalidad presencial o semipresencial, de conformidad con lo prescrito en el
presente reglamento. Se desarrolla con un enfoque curricular que atiende a las
características propias de los participantes y privilegia sus intereses y objetivos.
El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe expedir la normativa que regule la
educación artesanal en todos sus ámbitos, modalidades, niveles de práctica y titulación.
CAPÍTULO IV
DE LA EDUCACIÓN EN SITUACIONES EXCEPCIONALES
Art. 234.- Situación de vulnerabilidad. Se consideran en situación de vulnerabilidad las
personas que se encuentran en condiciones de:
1. movilidad humana, es decir, refugiados y desplazados;
2. violencia sexual, física y psicológica;

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3. explotación laboral y económica;
4. trata y tráfico de personas;
5. mendicidad;
6. indocumentación;
7. ser menores infractores o personas privadas de libertad;
8. ser hijos de migrantes con necesidad de protección;
9. ser hijos de personas privadas de libertad;
10. ser menores en condiciones de embarazo;
11. adicciones;
12. discapacidad; o,
13. enfermedades catastróficas o terminales.
Art. 235.- Trato preferencial. Las personas en situación de vulnerabilidad deben tener
trato preferente para la matriculación en los establecimientos educativos públicos, de
manera que se garantice su acceso a la educación y su permanencia en el Sistema Nacional
de Educación.
Art. 236.- Validación de documentos. Para la admisión en el Sistema Nacional de Educación
de niños y jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, el hecho de no tener
un documento de identidad no debe ser impedimento para el acceso al Sistema Nacional de
Educación; sin embargo, se deben validar los siguientes documentos:
1. Pasaporte, cédula u otro documento de identidad;
2. Documento de identificación de refugiado o certificado provisional de solicitante de
refugio; o,
3. Documentos emitidos por la autoridad competente de su comunidad, pueblo o
nacionalidad indígena o la autoridad pública competente de los países fronterizos
para el caso de habitantes de frontera cuya nacionalidad estuviere en duda.
Art. 237.- Plazo para la matrícula. En el caso de niños y jóvenes que se encuentren en
situación de vulnerabilidad y que soliciten matrícula fuera de plazo, las autoridades de los
establecimientos deben solicitar autorización ante la autoridad Distrital correspondiente.
Art. 238.- Examen de ubicación. Los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad,
cualquiera que fuere su nacionalidad y que no contaren con documentación de estudios
realizados en el exterior o en el Ecuador, podrán acceder al Sistema Nacional de Educación
en todos los niveles y modalidades a través de exámenes de ubicación.
Art. 239.- Certificados y título de bachiller. Para la obtención de la certificación de
asistencia a la Educación Inicial, el certificado de aprobación de la Educación General Básica
o el título de bachiller, únicamente es requisito presentar los documentos administrativos
académicos a partir de la reinserción del estudiante en el sistema educativo.
Art. 240.- Necesidades educativas especiales derivadas de la situación de
vulnerabilidad. Los estudiantes en situación de vulnerabilidad tienen derecho a un servicio
educativo que dé respuesta a sus necesidades educativas especiales, de conformidad con lo
establecido en el presente reglamento y la normativa específica sobre educación en casa,
aulas hospitalarias y otras que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.

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TÍTULO VIII
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
CAPÍTULO I
Art. 241.- Ámbito. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe es parte del Sistema
Nacional de Educación y está sujeto a la rectoría de la Autoridad Educativa Nacional, en
lodos los niveles de gestión. Comprende el conjunto articulado de las políticas, normas e
integrantes de la comunidad educativa de los pueblos y nacionalidades originarios del
Ecuador que utilizan un idioma ancestral.
Los fundamentos, fines y objetivos del Sistema de educación Intercultural Bilingüe son los
determinados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Art. 242.- Participación de la comunidad. La ejecución de las políticas educativas que se
apliquen a la educación intercultural bilingüe cuenta con la participación de la comunidad
educativa y de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena a la que esta
pertenezca.
La comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena es corresponsable de la educación
de los estudiantes y sus miembros tienen los siguientes derechos:
1. Que el servicio educativo respete y fomente sus valores y sistemas, siempre que no
contravengan los derechos humanos;
2. Que el servicio educativo proteja a la familia como sustento de la identidad cultural
y lingüística de los pueblos y nacionalidades indígenas; y,
3. Que se ejerzan veedurías de la gestión educativa, de acuerdo con la Ley Orgánica de
Educación Intercultural y este reglamento.
Art. 243.- Interculturalidad. La interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo
que, partiendo de la valoración de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas,
busca incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión,
y favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes culturas.
Art. 244.- Transversalización de la interculturalidad. Para asegurar la interculturalidad
en el Sistema Nacional de Educación, se propende a realizar acciones tales como:
1. Integrar un enfoque de interculturalidad en el Plan Nacional de Educación;
2. Incluir la interculturalidad como eje transversal en el currículo nacional obligatorio
y en los textos escolares oficiales;
3. Incluir la interculturalidad como eje transversal en los estándares e indicadores de
calidad educativa y en el marco de los procesos de evaluación; y,
4. Propiciar la interculturalidad en todos los ámbitos de la práctica educativa.

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Art. 245.- Currículo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. El Nivel Central de
la Autoridad Educativa Nacional debe desarrollar e implementar el currículo para el Sistema
de Educación Intercultural Bilingüe en todos los niveles del sistema educativo, el cual debe
estar conformado por el currículo nacional obligatorio y componentes específicos
relacionados con pertinencia cultural y lingüística de los pueblos y nacionalidades
originarios.
CAPÍTULO II
DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Art. 246.- Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. La Subsecretaría de
Educación Intercultural Bilingüe, especializada en el desarrollo de los conocimientos,
ciencias, saberes, tecnología, cultura y lenguas ancestrales indígenas, es parte sustancial y
orgánica del nivel de gestión central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 247.- Funciones. Para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes, previstas en los
artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Subsecretaría de
Educación Intercultural Bilingüe, en coordinación con otras instancias competentes del
Nivel Central de gestión de la Autoridad Educativa Nacional, tiene las siguientes funciones:
1. Proponer políticas para asegurar la pertinencia cultural y lingüística de los servicios
del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en todos los niveles y modalidades;
2. Proponer políticas para promover la interculturalidad en todo el Sistema Nacional
de Educación;
3. Asegurar el cumplimiento, en las instituciones del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe, de las políticas públicas educativas definidas por el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional;
4. Coordinar acciones orientadas a elevar la calidad de la educación que brindan las
instituciones del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, enmarcadas en el
contexto intercultural, bilingüe y plurinacional;
5. Coordinar y articular la relación entre las instancias especializadas del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe en los diversos niveles de gestión de la Autoridad
Educativa Nacional;
6. Definir y coordinar las investigaciones lingüísticas y científicas con el Instituto de
Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales de los pueblos y nacionalidades del
Ecuador;
7. Remitir información requerida y rendir cuentas al Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional; y,
8. Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en las leyes y reglamentos, y
aquellas que le delegare la Ministra o Ministro de Educación.

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Art. 248.- Niveles de gestión desconcentrados de la Subsecretaría de Educación
Intercultural Bilingüe. La Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, dentro del
marco de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de las políticas educativas nacionales,
coordina la planificación, organización y gestión de las instancias especializadas en
Educación Intercultural Bilingüe de los niveles de gestión Zonal, Distrital y Circuital.
Art. 249.- Participación ciudadana y control social. La Subsecretaría de Educación
Intercultural Bilingüe es responsable de adoptar las acciones pertinentes para que la
administración del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe sea colectiva y participativa,
propiciando que los miembros de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena
intervengan activa y deliberantemente a fin de presentar propuestas que nutran la política
pública que debe ser definida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Los miembros de las comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas deben
participar en veedurías comunitarias y de rendición de cuentas, y deben aplicar criterios de
alternabilidad y variación territorial para proponer a sus representantes para las diversas
instancias de acción colectiva, de conformidad con las políticas definidas por el Nivel
Art. 250.- Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. La Dirección
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe es parte orgánica de la Subsecretaría de
Educación intercultural Bilingüe, y tiene las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, el presente reglamento y el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación.
CAPÍTULO III
DEL CONSEJO PLURINACIONAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE
Art. 251.- Representaciones de cada nacionalidad. Cada una de las nacionalidades
indígenas tiene un representante en el Consejo Plurinacional del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe.
Los representantes de cada nacionalidad deben ser nombrados a través de procesos
facilitados por el Consejo de Participación Ciudadana y definidos por las comunidades,
respetando los derechos colectivos establecidos en la Constitución de la República. Los
delegados nombrados deben durar en sus funciones dos (2) años, y pueden ser reelegidos
después de un período.
Art. 252.- Requisitos. Para ser representante en el Consejo Plurinacional del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe se requiere:
a) Tener nacionalidad ecuatoriana;
b) Pertenecer a la nacionalidad indígena correspondiente y demostrar como lugar de
residencia habitual una comunidad de esta nacionalidad;
c) Hablar la lengua de la nacionalidad a la que estuviere representando. Solo se
exceptúa de este requisito a aquella nacionalidad cuyo registro sociolingüístico y
situación poblacional demuestren procesos de deterioro, según informe del Instituto

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de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales de los pueblos y nacionalidades del
Ecuador;
d) Tener al menos un (1) título de tercer nivel; y
e) Tener al menos cinco (5) años de experiencia en el campo educativo.
Cada representante debe tener un alterno que lo reemplace, de manera excepcional, en
casos debidamente justificados y verificados. Los representantes alternos deben cumplir los
mismos requisitos del representante principal. En caso de ausencia definitiva del
representante principal, el suplente debe ser principalizado.
Art. 253.- Sesiones. El Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe puede realizar sesiones ordinarias, que se efectúen cada seis (6) meses, o
extraordinarias, que se realicen con previa convocatoria del Presidente. Cada convocatoria a
sesión extraordinaria debe ser debidamente motivada y debe versar exclusivamente sobre
el asunto que motivó su convocatoria.
Art. 254.- Quórum. La realización y desarrollo de cada sesión del Consejo Plurinacional del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se debe llevar a cabo dentro de los siguientes
términos:
1. Las sesiones del Consejo se deben instalar con la presencia de al menos la mitad más
uno de sus integrantes, para lo cual debe contar como asistentes obligatorios a los
titulares de la Autoridad Educativa Nacional y de la Subsecretaría de Educación
Intercultural Bilingüe. Únicamente son válidas las sesiones del Consejo que cuentan
con el quórum señalado;
2. Las resoluciones del Consejo tienen validez con la aprobación de al menos la mitad
más uno de los votos de los miembros; y,
3. Los representantes de las nacionalidades son los encargados de la difusión de las
decisiones del Consejo en la nacionalidad a la que pertenezcan.
CAPÍTULO IV
DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, CIENCIAS Y SABERES ANCESTRALES
Art. 255.- Ámbito. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales es una entidad de
derecho público, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Educación, y parte
integral del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con sede en la ciudad de Quito y
con jurisdicción nacional.
Se encarga de fortalecer las políticas educativas establecidas por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional y promover el uso y el desarrollo de los saberes, ciencias e
idiomas ancestrales de los pueblos y de las nacionalidades indígenas del Ecuador, con el
objeto de desarrollar la interculturalidad y plurinacionalidad.
Art. 256.- Funciones. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales tiene las
siguientes funciones:

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1. Registrar los saberes ancestrales para la obtención de patentes;
2. Crear un banco de datos y archivo de saberes de las nacionalidades indígenas de la
República del Ecuador; y,
3. Recopilar y sistematizar todos los esfuerzos realizados en el área cultural y
lingüística de las nacionalidades indígenas de la República del Ecuador.
Art. 257.- Director Ejecutivo.- El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales debe
ser dirigido por un Director Ejecutivo, designado mediante concurso público de méritos y
oposición organizado por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Debe durar
en sus funciones cuatro (4) años, y puede postularse únicamente para un segundo período.
Asimismo, de incumplir con sus funciones, puede ser cesado por el Ministro o la Ministra de
Educación.
Art. 258.- Atribuciones. Son atribuciones del Director Ejecutivo del Instituto de Idiomas,
Ciencias y Saberes Ancestrales las siguientes:
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Instituto;
2. Velar por el cumplimiento de las políticas educativas establecidas por el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional;
3. Tomar en consideración las líneas estratégicas para las políticas públicas del
Sistema Educativo Intercultural Bilingüe propuestas por el Consejo Plurinacional de
Educación Intercultural Bilingüe y aprobadas por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional;
4. Preparar y someter a conocimiento y aprobación del Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional un plan anual de trabajo, los planes operativos, el presupuesto
anual requerido para el funcionamiento del Instituto y sus indicadores de gestión,
según las funciones del Instituto descritas en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y este reglamento;
5. Proponer y ejecutar las políticas de operatividad técnica y administrativa del
Instituto;
6. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión del Instituto y expedir los actos que
requiera la gestión institucional;
7. Presentar semestralmente, al Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional,
informes de ejecución y logros; y,
8. Cumplir con las directrices y disposiciones emitidas por el Nivel Central de la
Art. 259.- Organización. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales se organiza
y administra de conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos, expedido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

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TÍTULO IX
DE LA CARRERA EDUCATIVA
CAPÍTULO I
Art. 260.- Definición. Es la carrera profesional que ampara el ejercicio docente, considera
su desempeño, profesionalización y actualización, valida sus méritos y potencia el acceso de
este a nuevas funciones a través de mecanismos de promoción y estímulo.
“Art. 261.- Carrera educativa pública. La carrera educativa pública incluye al personal
docente con nombramiento fiscal que labore en los establecimientos educativos fiscales o
fiscomisionales, en cualquiera de sus funciones, modalidades o niveles. Se inicia cuando una
persona ingresa como docente al sistema educativo fiscal y termina cuando cesa en sus
funciones; el ascenso en la carrera se produce al pasar de una categoría a la inmediata
superior como consecuencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en este
Reglamento y en la normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional . ”
Para ingresos, promociones y traslados en la carrera educativa pública, los aspirantes deben
ganar el respectivo concurso de méritos y oposición.
La promoción o cambio de función dentro del sistema educativo fiscal exige siempre un
programa de formación en habilidades específicas de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural y el presente reglamento.
(Nota.- Texto del inciso primero del artículo 261, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de
2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
CAPÍTULO II
DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA EL INGRESO, TRASLADO Y
PROMOCIÓN DE DOCENTES
Art. 262.- Ámbito. El presente capítulo regula los concursos de méritos y oposición para el
ingreso, traslado y promoción en la carrera educativa, de conformidad con lo establecido en
el presente reglamento y las normativas específicas que para el efecto expida el Nivel
Art. 263.- Concurso de méritos y oposición. El concurso de méritos y oposición es un
proceso selectivo que prescribe el procedimiento que debe seguirse para el ingreso,
traslado y promoción en el sistema educativo.
El concurso consta de dos (2) fases.: oposición y méritos. En la fase de oposición, el
aspirante debe obtener una puntuación determinada en pruebas estandarizadas y
evaluaciones prácticas; y en la fase de méritos, una puntuación determinada por la
valoración de los logros acreditados en función de los requisitos definidos en las bases de la
convocatoria.
Art. 264.- Participación en el concurso de méritos y oposición. Para el ingreso a la

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carrera educativa pública, el traslado y la promoción de los docentes, antes de participar en
el concurso de méritos y oposición, el aspirante debe obtener la categoría de elegible.
Art. 265.- Elegibilidad para el ingreso, traslado y promoción de docentes a la carrera
educativa pública. Para ser candidatos elegibles, los aspirantes al ingreso, traslado o
promoción en el sistema educativo público deben inscribirse y obtener una clave de registro
en el Sistema de Información implementado y administrado por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional, registrar o actualizar sus datos, cargar los documentos
digitalizados que respalden la información ingresada, y aprobar la prueba psicométrica y las
pruebas estandarizadas validadas por dicha Autoridad.
Se denomina "candidato elegible" al aspirante que haya aprobado la prueba psicométrica y
que haya obtenido un puntaje igual o mayor al setenta por ciento (70 %) en las pruebas
estandarizadas definidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 266.- Año de servicio rural docente obligatorio.- Quienes hubieren ingresado al
magisterio fiscal deben completar un año de servicio rural docente obligatorio de conformidad
con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
(Nota.- Texto del artículo 266 sustituido mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en el
Art. 267.- Prueba psicométrica. La prueba psicométrica se aplica para obtener un marco
de referencia sobre el potencial intelectual y la personalidad del candidato, en relación con
el perfil de la vacante que está en concurso.
Art. 268.- Convocatoria para obtener la elegibilidad. La Autoridad Educativa Nacional, a
través del nivel desconcentrado respectivo, debe convocar, periódicamente, a rendir
pruebas para elegibilidad.
La convocatoria para obtener la elegibilidad debe ser publicada en los medios de
comunicación con mayor cobertura y mejor incidencia en la zona correspondiente y en la
página web del Ministerio de Educación.
Art. 269.- Inscripción a las pruebas para obtener la elegibilidad. Hecha la convocatoria
para obtener la elegibilidad, los aspirantes deben inscribirse en el Sistema de Información
implementado y administrado por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 270.- Publicación de los resultados de las pruebas de elegibilidad. El Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional debe publicar los resultados de las pruebas a través del
sitio web del Ministerio de Educación. Los candidatos deben tener acceso a los resultados
individuales de sus pruebas a través de la clave que obtuvieron en el momento de su
inscripción en la página web.
Art. 271.- Vigencia de los resultados de las pruebas para elegibilidad. Los resultados de
estas pruebas deben estar vigentes por dos (2) años. Las pruebas para ser candidato
elegible serán gratuitas solo la primera vez que fueren rendidas, pero podrán repetirse
cuantas veces fueren necesarias, pagando el valor correspondiente fijado por el ente rector
de las finanzas públicas, en coordinación con el Nivel Central de la Autoridad Educativa

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Nacional.
Art. 272.- Vacantes por renuncia, jubilación, destitución o fallecimiento. Cuando la
vacante se produjere por renuncia, cese de funciones, remoción, jubilación, destitución,
fallecimiento o cumplimiento del período para el cual el profesional fuere designado, el
Nivel Distrital validará la necesidad de llenar el cargo y presentará los respaldos pertinentes
al Nivel Zonal.
El Nivel Zonal debe convocar al concurso de méritos y oposición, determinando el cargo, el
nivel y la especialidad, siempre que se cuente con la certificación de fondos y la partida
presupuestaria correspondiente.
Cuando la vacante se produjere a Nivel Zonal, el informe de validación de la necesidad de
cubrir la vacante será realizado por la instancia correspondiente en el mismo nivel.
Art. 273.- Vacantes por creación de nuevas partidas. Cuando la vacante se produjere por
la creación de una nueva partida presupuestaria a partir del desdoblamiento de partidas de
docentes jubilados o mediante incrementos presupuestarios, el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional realizará un análisis con criterio de equidad y asignará las
partidas al Nivel Zonal, sobre la base de las necesidades reportadas y priorizadas para los
niveles de educación donde no se hubiere alcanzado la universalización.
Art. 274.- Nivel y especialidad de las vacantes. Las vacantes objeto de un concurso de
méritos y oposición deben corresponder a las mallas curriculares vigentes, y a las
necesidades o prioridades del sistema educativo, determinadas por el Nivel de Central de la
Art. 275.- Pruebas de lengua extranjera. Los aspirantes que desearen ocupar una vacante
en la especialidad de lengua extranjera, deberán rendir una prueba estandarizada
internacional que acredite que el candidato posee, como mínimo, el nivel B2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas o su equivalente.
El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe normar los concursos de la
especialidad de lengua extranjera y debe publicar una lista de pruebas reconocidas para la
acreditación del nivel.
Art. 276.- Pruebas de idioma ancestral. Los aspirantes que desearen ocupar una vacante
en establecimientos que ofertan educación intercultural bilingüe, o los aspirantes a cargos
de asesores o auditores educativos en distritos con predominancia de una nacionalidad
indígena, deberán demostrar suficiencia en el idioma del pueblo o nacionalidad indígena
correspondiente, para lo cual deberán aprobar una prueba estandarizada, autorizada por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con un puntaje igual o mayor al setenta
por ciento (70 %).
Art. 277.- Habilitación para participar en concursos de méritos y oposición para
ingreso, traslado o promoción. Los aspirantes que ingresarán a la carrera educativa
pública o los docentes con nombramiento fiscal que optarán por un traslado o promoción y
que, en ambos casos, hubieren obtenido la elegibilidad, podrán inscribirse en el respectivo
concurso de méritos y oposición.

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También podrán hacerlo los docentes particulares para las funciones en las que pudieren
acreditarse, de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural
y el presente reglamento.
Art. 278.- Cómputo de las notas del concurso. Para la definición de los resultados del
concurso, el puntaje de aprobación obtenido en las pruebas para elegibilidad es aplicable a
la fase de oposición y se computa junto con los méritos y los resultados de los demás
componentes específicos de cada concurso.
Art. 279.- Convocatoria al concurso. Producida la vacante, el Nivel Zonal de la Autoridad
Educativa Nacional, previo análisis, validación de la necesidad y constatación de la
certificación presupuestaria correspondiente, debe convocar al concurso de méritos y
oposición correspondiente.
Art. 280.- Inscripción en un concurso de méritos y oposición. Una vez convocado un
concurso de méritos y oposición para llenar una vacante, los aspirantes elegibles deben
inscribirse en el plazo de diez (10) días en el Sistema de Información implementado y
administrado por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Los aspirantes pueden inscribirse únicamente en un (1) concurso a la vez, a través del
Sistema de Información del Ministerio de Educación. El Nivel Zonal debe supervisar que los
aspirantes inscritos cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de
Educación Intercultural y el presente reglamento.
Art. 281.- Requisitos para el ingreso, traslado y promoción en el sistema educativo. Los
requisitos generales para participar en un concurso de ingreso, traslado o promoción en el
sistema educativo público son los siguientes:
1. Ser ciudadano ecuatoriano de nacimiento o extranjero que haya residido legalmente
en el país por lo menos cinco (5) años, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Servicio Público, y estar en goce de los derechos de ciudadanía;
2. Ser candidato elegible;
3. Poseer uno de los títulos de conformidad con lo previsto en el presente reglamento;
4. Haber aprobado las evaluaciones para docentes o directivos, aplicadas por el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa, en los casos que correspondiere;
5. Dominar un idioma ancestral en el caso de aplicar a un cargo para una institución
intercultural bilingüe, o en el caso de los aspirantes a cargos de asesores o auditores
educativos, en los distritos con predominancia de una nacionalidad indígena;
6. No haber sido sancionado con la destitución o remoción de funciones;
7. No haber sido sancionado con suspensión o multa en los últimos cinco (5) años;
8. No estar inmerso en sumario administrativo; y,

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9. Los demás previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente
reglamento y demás normativa vigente.
Además de los requisitos anteriores, para participar en los concursos de cargos directivos, de
docente mentor, de docente-consejero, de asesor educativo o de auditor educativo, los docentes
fiscales, fiscomisionales y particulares, según el caso, deben cumplir con los siguientes
requisitos específicos:
Rector, Director o Vicerrector:
1. Acreditar al menos la categoría D del escalafón docente;
2. Tener título de cuarto nivel, preferentemente en áreas relativas a la gestión de centros
educativos; y,
3. Haber aprobado el programa de formación de directivos o su equivalente; se
exonerará de este requisito a quien tenga un título de cuarto nivel en dirección de
establecimientos educativos o similares.
Subdirector, Inspector general o Subinspector:
1. Estar al menos en la categoría E del escalafón docente; y,
2. Haber aprobado el programa de formación de directivos o su equivalente; se
exonerará de este requisito a quien tenga un título de cuarto nivel en dirección de
establecimientos educativos o similares.
Docente-mentor:
1. Estar al menos en la categoría E del escalafón docente; y,
2. Haber aprobado el programa de formación de mentorías o el de habilidades directivas
en los últimos dos (2) años previos a su participación en el concurso.
Docente-consejero:
1. Haber aprobado las evaluaciones del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas;
2. Haber aprobado los exámenes correspondientes definidos por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional;
3. Acreditar la formación de consejería estudiantil;
4. Estar al menos en categoría F del escalafón; y,
5. Acreditar título de educación superior en psicología o trabajo social.
Asesor educativo o Auditor educativo:
1. Acreditar al menos la categoría D del escalafón;

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2. Tener un título de posgrado en áreas de docencia, investigación, evaluación o gestión
educativa; y,
3. Haber ejercido un cargo o función directiva, o a su vez haber ejercido la coordinación
del área académica en el sistema educativo o haber desempeñado la función de
docente-mentor al menos por dos (2) años consecutivos, luego de aprobar el programa
de formación correspondiente, o haber ejercido el cargo de Asesor Técnico Pedagógico
(ATP) del nivel de Educación Inicial, al menos por dos (2) años consecutivos.
Para acreditar la categoría D, los aspirantes deben cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Tener un título de cuarto nivel relacionado a educación;
2. Cumplir con al menos una (1) de las opciones de capacitación previstas en el presente
reglamento para la categoría D del escalafón;
3. Certificar mínimo doce (12) años de experiencia docente; y,
4. Haber obtenido la calificación requerida por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional para la aprobación de las pruebas de desempeño docente o
directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en los casos que fuere
pertinente, o tener nombramiento fiscal de, al menos, categoría D.
(Nota.- Artículo 281 sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015 publicado en el Suplemento
del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
Art. 282.- Calificación de concursos de méritos y oposición.- Los concursos de méritos y
oposición tienen dos (2) fases: la de oposición, en la que se computan los puntajes obtenidos
en las pruebas para elegibilidad, y la de evaluación práctica. Los resultados de la oposición
corresponden al sesenta y cinco por ciento (65 %) de la calificación final del concurso, y los
resultados de la de evaluación de méritos corresponde al treinta y cinco por ciento (35 %)
de la calificación final.
Los concursos de méritos y oposición se deben evaluar de conformidad con lo previsto en la
normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional y el
Art. 283.- Oposición. Los componentes que se computan para obtener la calificación de la
fase de oposición, correspondiente al sesenta y cinco por ciento (65 %) del concurso, son las
pruebas estandarizadas aplicadas para obtener la categoría de elegible, y una evaluación
práctica según el cargo, como se describe a continuación:
1. Docentes: clase demostrativa;
2. Directivos: proyecto de gestión educativa;
3. Docentes mentores: taller demostrativo de formación docente; y,

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4. Asesores y Auditores educativos: proyecto de gestión educativa y entrevista.
La evaluación práctica debe realizarse una vez que se hayan cumplido los demás requisitos
de méritos y de oposición del concurso.
Art. 284.- Méritos. El Nivel Distrital califica los méritos de los candidatos elegibles,
utilizando el sistema automatizado de información, definido por el Nivel Central y bajo
supervisión del Nivel Zonal, a excepción de las vacantes que se produjeren a Nivel Zonal, en
cuyo caso este nivel calificará los méritos de los candidatos elegibles.
En el marco de sus competencias, el Nivel Zonal podrá tomar acciones sobre un concurso en
el cual se hubiere realizado una inadecuada calificación de méritos por parte del Nivel
Distrital y deberá aplicar los procesos administrativos correspondientes.
La calificación acumulada de los méritos por concepto de cursos de capacitación,
actualizaciones, publicaciones e investigaciones que acreditare el candidato no podrá
superar el cincuenta por ciento (50 %) de la calificación del título de mayor jerarquía.
El programa de formación de asesor o auditor corresponde al cincuenta por ciento (50 %)
de la calificación de méritos. Los otros componentes que serán evaluados como méritos en
el caso de asesores o auditores educativos serán los definidos por el Nivel Central de la
Art. 285.- Escala ascendente de calificación de los títulos. En los concursos de méritos y
oposición se debe evaluar si los títulos de los candidatos están relacionados con el nivel y la
especialidad requerida, y se debe verificar que se encuentren registrados en la base de
datos de la instancia gubernamental respectiva.
La calificación de los títulos se realiza, en concordancia con el artículo 96 de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural y el artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de la
siguiente manera:
TÍTULO PUNTOS
Profesores Normalistas 20 %
Técnicos o Tecnológicos superiores 50 %
Títulos de tercer nivel 70 %
Títulos de cuarto nivel en educación o relacionado con la especialidad de su
área de enseñanza, reconocido por la instancia gubernamental respectiva y no
equivalente al grado académico de doctorado.
90 %
Grado académico de PhD, EdD o su equivalente en educación o en áreas
relacionadas con su especialidad 100 %

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(Nota.- Cuadro que se encuentra incorporado en el artículo 285, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de
octubre de 2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
Art. 286.- No acumulación de puntajes por título. En la calificación de los títulos se debe
conceder puntaje únicamente al título de mayor jerarquía relacionado con la materia objeto
del concurso.
Art. 287.- Tratamiento de titulaciones en áreas de interés para el sector educativo.
Para atender las necesidades del sistema educativo, el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional debe emitir la normativa correspondiente para viabilizar la
participación de profesionales con títulos no docentes en los concursos de méritos y
oposición. En estos casos, los ganadores de los concursos deben obligatoriamente
inscribirse y participar en cursos de pedagogía y profesionalización docente, avalados por el
Art. 288.- Nombramiento provisional para zonas de difícil acceso con déficit de
profesionales. En zonas rurales de difícil acceso, donde no existiere oferta de profesionales
en educación o profesionales en otras áreas relacionadas con las asignaturas de las vacantes
existentes, podrán acceder a nombramientos provisionales los candidatos elegibles con
título de bachiller, residentes en la zona. “De resultar ganadores del concurso de méritos y
oposición, al igual que los bachilleres que se encuentran en la carrera docente pública,
deberán obtener un título de educación superior reconocido por la instancia gubernamental
respectiva hasta el 31 de diciembre de 2020; para acceder a su nombramiento definitivo en
la categoría G, deberán participar en el correspondiente proceso de categorización y obtener
en las pruebas de desempeño profesional correspondientes a su especialidad docente la
calificación requerida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.”
(Nota.- Oración final del artículo 288, reemplazado mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015.
Art. 289.- Entrega de documentación correspondiente a méritos. Los aspirantes deben
actualizar sus datos y cargar los documentos digitalizados que respalden la información que
fue ingresada en el momento de la inscripción. La documentación digitalizada que se
hubiere ingresado al Sistema de Información del Ministerio de Educación deberá validarse
en la unidad de Talento Humano del Nivel Distrital o Zonal del lugar de la convocatoria
según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días desde el cierre de inscripciones al
concurso en la página web del Ministerio de Educación.
Los ganadores de los concursos de méritos y oposición deben presentar los originales de la
documentación, o copias debidamente notariadas, antes de la posesión del cargo.
Art. 290.- Bonificaciones por elegibilidad preferente para los concursos de méritos y
oposición de ingreso o traslado de docentes. En caso de los concursos de méritos y
oposición de ingreso o traslado de docentes, el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional puede otorgar bonificaciones de hasta diez (10) puntos adicionales a la calificación
fijada para los concursos de méritos y oposición normados en el presente reglamento. Estas
bonificaciones se deben sumar al total de las calificaciones obtenidas en las fases de
oposición y méritos.
De conformidad con la normativa emitida para el efecto por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional, se asignan bonificaciones en los siguientes casos:

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1. Los candidatos elegibles que residieren en la localidad donde existiere la vacante;
2. Los candidatos elegibles que presentaren alguna discapacidad que no impidiere el
desempeño de la función, la cual deberá ser verificada a través del carné emitido por
el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS);
3. Los candidatos elegibles que se encontraren prestando sus servicios bajo la
modalidad de contrato por más de cuatro (4) años en un establecimiento educativo
público;
4. Los candidatos elegibles que se hallaren prestando sus servicios bajo la modalidad
de contrato por más de dos (2) años en el mismo establecimiento cuya vacante
estuviere en concurso;
5. Educadores comunitarios que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural, cumplieren con los requisitos previstos para el ingreso a
la carrera educativa pública y que pudieren certificar que colaboraron en el sistema
educativo y que obtuvieron título profesional en materia educativa; y,
6. Los candidatos elegibles que hubieren renunciado a un nombramiento del
Ministerio de Educación, y que probaren debidamente su condición de migrantes.
Art. 291.- Habilitación para realizar la evaluación práctica. El cómputo de las
calificaciones de las pruebas estandarizadas y el puntaje obtenido en la validación de
méritos de los aspirantes deben publicarse como resultados parciales que habilitan al
aspirante, en el caso de cumplir con los requisitos establecidos, para realizar la evaluación
práctica.
Art. 292.- Recalificación. En un término de cinco (5) días, contados a partir de la
publicación de los resultados descritos en el artículo anterior, los participantes pueden
solicitar la recalificación de uno (1) o más componentes del concurso, según la normativa
que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Esta debe
resolverlas a través de sus niveles desconcentrados, y debe notificarlas en un término de
treinta (30) días.
Art. 293.- Evaluación práctica. Los aspirantes que hubieren sido habilitados para realizar
la evaluación práctica serán convocados a inscribirse a través de la página web del
Ministerio de Educación en un tiempo máximo de cinco (5) días a partir de la publicación de
los resultados parciales. La evaluación práctica se debe realizar según las disposiciones
emitidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
La autoridad o docente que preside el proceso debe remitir, al Nivel Zonal, las matrices de
calificación de la evaluación práctica en un lapso no mayor a cinco (5) días a partir de la
fecha en la que se hubiere efectuado la evaluación.
Art. 294.- Publicación de resultados finales. Una vez calificada la evaluación práctica, el
Nivel Zonal debe publicar los resultados finales de los concursos en la página web del
Ministerio de Educación.

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Art. 295.- Ganador del concurso. Vencidos los plazos para la interposición de cualquier
recurso, la instancia desconcentrada de la Autoridad Educativa Nacional correspondiente
declarará ganador al concursante que obtuviere la calificación más alta en el concurso de
méritos y oposición. En caso de que el participante no aceptare el cargo, este será ofrecido al
concursante con el segundo mayor puntaje. Este proceso debe repetirse hasta cubrir la
necesidad.
El tiempo máximo para la aceptación del cargo debe ser de quince (15) días a partir de la
publicación de los resultados en la página web del Ministerio de Educación, en el caso de un
cargo docente, o de tres (3) días en los casos de cargo directivo, de docente mentor o de
asesor o auditor educativo. Se entiende que el concursante ha sido notificado por medio de
la publicación de la notificación en la página web.
Art. 296.- Apelaciones. En un plazo de cinco (5) días, una vez publicados los resultados en
la página web del Ministerio de Educación, los participantes en concursos de méritos y
oposición pueden apelar, de manera motivada, únicamente a la resolución de ganador de
concurso, ante las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos.
Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, deben resolver la apelación en el término
de quince (15) días, contados a partir de la fecha de recepción del expediente del recurso de
apelación, y deben garantizar el principio constitucional del debido proceso. Esta resolución
no es susceptible de apelación y pone fin a la vía administrativa.
La Unidad de Talento Humano del nivel correspondiente debe ingresar las apelaciones y las
resoluciones en el Sistema de Información a través de la página web del Ministerio de
Educación.
La sustanciación de la apelación suspende los plazos para llenar la vacante.
Art. 297.- De la validación de los documentos probatorios de los méritos. Antes de
llevar a cabo la posesión en el cargo, los ganadores de los concursos de méritos y oposición
deben presentar, en la Unidad de Talento Humano correspondiente, los originales de la
documentación o las copias debidamente notariadas.
Art. 298.- Concursos declarados como desiertos. Cuando un concurso se declarare
desierto, el Nivel Zonal lo debe convocar nuevamente, a través de medios de comunicación,
en el plazo de cinco (5) días y hasta que la vacante sea llenada.
CAPÍTULO III
DE LOS TRASLADOS DE DOCENTES, POR CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN O POR
BIENESTAR SOCIAL
Art. 299.- Traslado. Es el cambio de un docente de un lugar o puesto de trabajo a otro
dentro del territorio nacional, dentro de cada nivel, especialización y modalidad del sistema,
que no implique cambio en el escalafón. Podrán solicitar un traslado en sus funciones los
docentes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 98 de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural.
Los docentes habilitados para solicitar traslado deben participar y ganar en el respectivo

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concurso para llenar una vacante, con excepción de los docentes que se encuentren dentro
del traslado por bienestar social que se detalla en este Reglamento.
La Autoridad Educativa Distrital, en caso de exceso de docentes dentro de un establecimiento o
circuito específico, podrá disponer directamente el traslado dentro del mismo distrito a través
de la reubicación de partidas docentes, previo análisis y justificación técnica del área de
planificación de la correspondiente dirección distrital.
(Nota.- Inciso final incorporado al artículo 299 mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado
“Art. 300.- Traslado dentro del programa de bienestar social.- Con el fin de dar
cumplimiento a los derechos previstos los artículos 32, 50 y 66, numeral 2,de la Constitución
de la República, y 10, literales k) y m) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tendrán
preferencia para llenar una vacante, sin necesidad de entrar en el registro de candidatos
elegibles o participar de concurso de méritos y oposición, aquellos docentes en funciones con
nombramiento definitivo que requieran cambiar de lugar de trabajo con el carácter de
urgente, por los siguientes casos de bienestar social, debidamente acreditados por la Unidad
Distrital de Talento Humano:
a) Los que deban vivir cerca de un centro de salud por necesidad de atención médica
especializada o por discapacidad propia, o de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o primero de afinidad, que dependa económicamente de él o de su cónyuge
o conviviente;
b) Los que requieran cambiar de lugar de trabajo por amenaza a su integridad física,
debidamente comprobada;
c) Las y los docentes jefes de familia que tengan a su cargo hijos menores de cinco (5) años, y,
d) Los que hayan laborado en áreas o zonas rurales por cinco años.
La autoridad Educativa Nacional regulará el proceso de solicitud de traslado y los criterios
para la prelación y decisión para asignar vacantes para los casos de traslados por bienestar
social aquí descritos.
En el evento de que las solicitudes de traslado por bienestar social sean negadas, deberán
participar en el proceso de traslado, de conformidad con lo señalado en el artículo anterior.”
(Nota.- Texto del artículo 300, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015. publicado en el
CAPÍTULO IV
DEL ESCALAFÓN DOCENTE
Art. 301.- Categorías del escalafón docente. El escalafón del magisterio nacional, de
acuerdo a los artículos 111 y 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, está
estructurado por siete (7) categorías, con denominación alfabética ascendente, desde la G, que
constituye la categoría general de ingreso, hasta la A.
Las categorías del escalafón tendrán las siguientes equiparaciones en relación a las escalas de
laLey Orgánica del Servicio Público:

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CATEGORÍA EQUIPARACIÓN LOSEP
Categoría G Servidor Público 1
Categoría F Servidor Público 2
Categoría E Servidor Público 3
Categoría D Servidor Público 4
Categoría C Servidor Público 5
Categoría B Servidor Público 6
Categoría A Servidor Público 7
(Nota.- Texto del artículo 301, reemplazado mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado en
el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
“Art. 302.- Requisitos para el ascenso de categoría en las funciones docentes.- Son
requisitos,para ascender en la carrera docente, los siguientes:
1. Categoría G: Es la categoría general de ingreso a la carrera docente pública para los
ganadores de los concursos de mérito y oposición convocados por la Autoridad Educativa
Nacional, sujetos a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.
2. Categoría F: Como requisito previo para el ascenso a esta categoría, en el lapso de los
dos (2) primeros años de desempeño en la categoría anterior, los docentes deben
obligatoriamente aprobar elprograma de inducción.
Para ascender a esta categoría, se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Desarrollo profesional:
Haber aprobado la programación de cursos definida por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional relativa a los estándares de desempeño profesional.
b) Tiempo de servicio:
Certificar mínimo cuatro (4) años de experiencia docente.
c) Resultados en los procesos de evaluación:

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Haber obtenido en las pruebas de desempeño profesional correspondientes a su
función la calificación requerida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional para el ascenso a la categoría F.
3. Categoría E: Para ascender a esta categoría, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Desarrollo profesional:
Cumplir con al menos una (1) de las siguientes opciones, siempre que no hayan sido
utilizadas para la promoción en categorías anteriores:
i. Haber aprobado la programación de cursos definida por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional relativa a los estándares de desempeño
profesional;
ii. Haber aprobado elprograma de formación para mentores; o,
iii. Haber aprobado el programa de formación de directivos.
b) Tiempo de servicio:
Certificar mínimo ocho (8) años de experiencia docente.
Nacional para el ascenso a la categoría E.
4. Categoría D: Para ascender a esta categoría, se debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Título y tiempo de servicio:
Certificar mínimo doce (12) años de experiencia docente, para aquellos docentes que
tengan título de cuarto nivel reconocido por la instancia gubernamental respectiva; o
certificar mínimo dieciséis (16) años de experiencia docente, para aquellos docentes
can titulación académica de educación superior, reconocido por la instancia
gubernamental respectiva, no equivalente a título de cuarto nivel.
b) Desarrollo profesional:
Cumplir con al menos una, (1) de las siguientes opciones, siempre que no hayan sido
i. Aprobar la programación de cursos para docentes definida por el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional relativa a los estándares de
desempeño profesional;
ii. Haber aprobado el programa de formación para mentores;
iii. Haber aprobado el programa de formación de directivos;
iv. Haber aprobado un (1) programa de formación en áreas específicas, avalado
por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; o,
v. Haber aprobado tres (3) programas de formación-aplicación, definidos por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Estos programas exigen dar
evidencia de cómo se aplicó en el aula lo aprendido.

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Nacional para ascenso a la categoría D.
5. Categoría C: Para ascender a esta categoría, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Certificar mínimo dieciséis (16) años de experiencia docente, para aquellos docentes
que tengan título de cuarto nivel reconocido por la instancia gubernamental
respectiva; o, certificar mínimo veinte (20) años de experiencia docente, para aquellos
docentes con titulación académica de educación superior, reconocido por la instancia
i. Haber aprobado la programación de cursos para docentes definida por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional relativos a los estándares de
iii. Haber aprobado elprograma de formación de directivos;
por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; o,
nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Estos programas exigen dar
evidencia de cómo se aplicó en el aula lo aprendido.
Haber obtenido en las pruebas de desempeño profesional correspondientes a su función
la calificación requerida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para
ascenso a la categoría C.
6. Categoría B: Para ascender a esta categoría, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Certificar mínimo veinte (20) años de experiencia docente, para aquellos docentes que
tengan título de cuarto nivel reconocido por la instancia gubernamental respectiva; o,
certificar mínimo veinticuatro (24) años de experiencia docente, para aquellos
docentes con titulación académica de educación superior, reconocido por la instancia
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional relativos a los estándares de

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iii. Haber aprobado el programa de formación de directivos;
por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional (estos programas exigen dar
evidencia de cómo se aplicó en el aula lo aprendido); o,
vi. Haber publicado el resultado de una experiencia exitosa e innovadora en el
ámbito de su función.
Nacional para ascenso a la categoría B.
7. Categoría A: Para ascender a esta categoría, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Certificar mínimo veinticuatro (24) años de experiencia docente, para aquellos
docentes que tengan título de cuarto nivel reconocido por la instancia gubernamental
respectiva; o, certificar mínimo veintiocho (28) años de experiencia docente, para
aquellos docentes con titulación académica de educación superior, reconocido por la
instancia gubernamental respectiva, no equivalente a título de cuarto nivel.
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional relativa a los estándares de
iii. Haber aprobado elprograma de formación de directivos;
por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional (estos programas exigen dar
evidencia de cómo se aplicó en el aula lo aprendido); o,
vi. Haber publicado en una revista académica indexada el resultado de una
experiencia exitosa e innovadora en el ámbito de su función.
Haber obtenido en las pruebas de desempeño profesional correspondientes a su función
la calificación requerida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para
ascenso a la categoría A.”
“Art.- 302.1.- Características de los cursos de ascenso. Para el ascenso en todas las
categorías, los cursos de formación requeridos deberán sumar al menos 330 horas por cada
categoría impartidos por universidades o escuelas politécnicas, nacionales o extranjeras; en

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el caso de las instituciones de educación superior nacionales, éstas deberán estar ubicadas
por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior -CEAACES- en una de las dos categorías superiores de calidad, a la fecha de
ejecución del curso; en el caso de las instituciones extranjeras, deberán constar en el listado de
reconocimiento automático de títulos de la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e innovación. Todos los cursos dictados por la Universidad Nacional de
Educación serán acreditados para el ascenso.”
(Nota.- Artículo 302.1, incluido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado en el
“Art.- 302.2.- Desarrollo profesional para docentes que ocuparon funciones directiva.
Los docentes que ocupen temporalmente una función directiva, durante su proceso de
ascenso, pueden certificar el requerimiento de desarrollo profesional en el proceso de
ascenso con una de las siguientes opciones, siempre que no hayan sido utilizadas para la
promoción en categorías anteriores:
a) Acreditar el mínimo de horas de cursos autorizados para directivos, los cuales pueden
incluir programas de especialización en sistemas de uso y gestión de información como parte
de esas horas de cursos autorizados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;
b) Haber aprobado el programa de certificación como tutor de directivos noveles; o,
c) Haber aprobado el programa de certificación como instructor de cursos para directivos.”
(Nota.- Artículo 302.2, incluido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado en el
Art. 303.- Acreditación de horas de desarrollo profesional. A aquellos docentes que
hayan recibido formación y apoyo pedagógico especial como parte de programas de
acompañamiento a docentes autorizados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional, se les deben acreditar las horas aprobadas en dicho programa. Las horas restantes
para completar las exigidas, de conformidad con lo prescrito en el presente reglamento,
corresponden a cursos autorizados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 304.- Docentes de lengua extranjera. Para ascender de categoría en el escalafón
docente, los docentes de lengua extranjera, además de los requisitos señalados para cada
categoría, deben presentar los resultados de una prueba estandarizada internacional que
acredite que mantienen, como mínimo, un nivel de conocimientos de la lengua equivalente
al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. El Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional debe publicar una lista de pruebas reconocidas para la
acreditación del nivel.
CAPÍTULO V
DE LA PROMOCIÓN A FUNCIONES DENTRO DE LA CARRERA EDUCATIVA PÚBLICA
Art. 305.- Funciones dentro de la carrera docente pública.- Las funciones profesionales
de la carrera docente pública definidas en los artículos 109 y 114 de la Ley se llenarán por
concurso de méritos y oposición con profesionales de la educación que deberán cumplir las
condiciones establecidas para cada caso.
A los docentes fiscales ganadores de concursos para Rector, Director, Vicerrector,
Subdirector, Inspector General y Subinspector General se les concederá comisión de

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servicios sin remuneración por el lapso de cuatro años y se les extenderá un nombramiento
con remuneración a período fijo. Una vez concluido el nombramiento a período fijo,
regresarán a su puesto de origen en las mismas condiciones anteriores y con los derechos
que les asisten.
A los docentes fiscales ganadores de concursos para Docentes-Mentores se les concederá
comisión de servicios sin remuneración y se les extenderá un nombramiento provisional de
libre remoción. Una vez que se les dé por concluido el nombramiento de libre remoción,
regresarán a su puesto de origen en las mismas condiciones anteriores y con los derechos
que les asisten.
A los docentes fiscales ganadores de concursos para Auditor o Asesor se les extenderá un
nombramiento permanente como Auditor o Asesor.
El tiempo cumplido en cualquiera de estas funciones es imputable al requisito de tiempo de
servicio para ascender en el escalafón docente.
El Ministerio de Relaciones Laborales aprobará la creación y la valoración remunerativa de
los puestos de los profesionales de la educación referidos en el presente artículo.
“Art. 306.- Vacante definitiva. Cuando en un establecimiento educativo público se produjere
la vacancia definitiva de un cargo directivo, sea por vencimiento del período del cargo,
remoción, destitución, jubilación, renuncia voluntaria o fallecimiento, la máxima autoridad del
nivel de Gestión Distrital en la que se encuentre ubicado el establecimiento educativo enviará a
la máxima autoridad del nivel de Gestión Zonal una terna del personal docente fiscal del
distrito que cumplan con el perfil y requisitos determinados en la ley para ocupar el cargo
respectivo, a fin que se proceda a designar el encargo de la función vacante mientras se realiza
el concurso de méritos y oposición correspondiente.”.
En el caso de las instituciones fiscomisionales y particulares, la persona natural o jurídica
que constare como propietaria del establecimiento deberá designar inmediatamente a su
reemplazo y ponerlo a consideración del Nivel Zonal para su aprobación y registro
respectivo.
(Nota: Primer inciso del artículo 306, sustituido mediante el Decreto Ejecutivo No. 505, de 11 de diciembre del 2014,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 408, de 05 de enero del 2015)
CAPÍTULO VI
DE LAS FUNCIONES DE DOCENTES-MENTORES, ASESORES EDUCATIVOS Y AUDITORES
EDUCATIVOS
Art. 307.- Docente-mentor. Son docentes con nombramiento que, sin dejar de ser
docentes, cumplen temporalmente funciones de apoyo al desempeño de docentes nuevos y
en ejercicio de las instituciones educativas fiscales, proveyéndoles formación y seguimiento
en aula. Sus funciones específicas deben ser definidas en la normativa que para el efecto
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 308.- Ejercicio de la función de docente-mentor. Previo al inicio del trabajo de un

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docente como docente-mentor, la autoridad competente deberá liberar un porcentaje de la
jornada laboral del docente-mentor, hasta un máximo de ochenta por ciento (80%).
La autoridad designará el reemplazo temporal del docente-mentor seleccionando de entre
docentes con nombramiento que hayan obtenido muy bueno o excelente en las evaluaciones
nacionales y que se hallaren en exceso en instituciones educativas cercanas a la institución
donde el docente-mentor labora como docente.
En caso de que no existan docentes que cumplan con las condiciones anteriores, se podrá
contratar a un docente de la nómina de candidatos elegibles para los concursos de ingreso
al magisterio que haya obtenido el más alto puntaje en las pruebas de oposición y viva
geográficamente cerca de donde se requiere el remplazo. Este contrato concluye cuando el
docente-mentor se reintegra totalmente a sus funciones docentes en la institución donde
labora como tal.
Art. 309.- Asesor educativo. Los asesores educativos tienen como función principal
orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de los estándares de calidad
educativa definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Las funciones
específicas de los asesores educativos son:
1. Realizar visitas periódicas que permitan la asesoría constante a los establecimientos
educativos de su jurisdicción;
2. Orientar y promover la elaboración del diagnóstico de situación de la institución
educativa en relación con su nivel de cumplimiento de estándares de aprendizaje,
desempeño profesional y gestión educativa, a través de observaciones de aula,
revisión de documentos o cualquier otra actividad que fuere reglamentada en lo
posterior por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;
3. Orientar y promover el diseño de estrategias dirigidas al logro de los estándares de
calidad educativa;
4. Orientar actividades de formación y desarrollo profesional;
5. Proponer, a la autoridad del establecimiento, estrategias o actividades de atención a
problemáticas específicas de cada institución y monitorear su implementación, y de
ser el caso, derivarlas a la Dirección Distrital; y,
6. Presentar informes periódicos de su gestión y los que le fueren solicitados por la
autoridad competente.
Art. 310.- Auditor educativo. Los auditores educativos tienen como función principal
proveer a las autoridades y al sistema educativo de una evaluación externa acerca de la
calidad y los niveles de logro alcanzados por las instituciones, en relación con los estándares
de calidad educativa.
El Informe de Auditoría, publicado como producto de ello, les proporciona a los
representantes legales, a la institución educativa y a la comunidad más amplia, datos sobre
la calidad de la educación en los centros educativos, de conformidad con la normativa
específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

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CAPÍTULO VII
DE LA OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN
Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los profesionales de la
educación. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de mejorar las
competencias de los profesionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de
formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los procesos de
evaluación y a las que surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y
tecnológicos que afecten su quehacer.
Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente. El programa de formación
permanente es un conjunto o grupo de cursos relacionados entre sí que se orientan al logro
de un objetivo de aprendizaje integral y puede vincular acciones de acompañamiento
posterior para la implementación de lo aprendido.
El curso de formación es una unidad de aprendizaje relacionada con un tema o una tarea
específica.
Art. 313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación en ejercicio para los
profesionales de la educación es complementaria o remedial.
La formación permanente de carácter complementario se refiere a los procesos de
desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento
pedagógico y académico para que provean a los docentes de conocimientos y habilidades
distintas de las aprendidas en su formación inicial.
La formación permanente de carácter remedial es obligatoria y se programa para ayudar a
superar las limitaciones que tuviere el docente en aspectos específicos de su desempeño
profesional.
Art. 314.- Acceso a los procesos de formación permanente complementaria. Los
docentes fiscales tienen derecho a recibir formación permanente complementaria de
manera gratuita, la primera vez que la reciban.
Los docentes de establecimientos fiscomisionales sin nombramiento fiscal y los de
establecimientos particulares pueden acceder a los cursos de formación permanente
complementaria, de conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel Central de
la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación
deben exigir el cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una
nota de aprobación que evalúe el desempeño de los participantes durante y al final del
programa. Los participantes que satisficieren estos requisitos recibirán una certificación de
cumplimiento.
Los cursos o programas de formación son diseñados para su aplicación inmediata en el
sistema educativo; por lo tanto, sus participantes deben entregar evidencias de dicha
aplicación.

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TÍTULO X
DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
Art. 316.- Clases de control. Además de los procedimientos y clases de control
determinados en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional, a través de la Dirección Nacional de Regulación
de la Educación, administra el sistema de regulación de la gestión educativa, dirigido a
monitorear y controlar el cumplimiento de las políticas educativas públicas y la normativa
vigente.
CAPÍTULO II
DEL CONTROL INTERNO
Art. 317.- Sujeción al control interno. Las instituciones educativas públicas,
fiscomisionales y particulares están sujetas al control interno a través de acciones
específicas de auditoría educativa y regulación, ejercidas por la Autoridad Educativa
Nacional a través de las respectivas Divisiones de Apoyo, Seguimiento y Regulación a la
Gestión Educativa, de oficio o a petición de parte.
Art. 318.- Ámbito. Las acciones del control interno, a través de procedimientos específicos
de auditoría educativa y de regulación, se dirigen a verificar el cumplimiento de las políticas
y estándares educativos, la normativa vigente y la legalidad de las acciones que se ejecutan
al interior de las instituciones educativas.
Art. 319.- De las visitas de auditoría educativa. La Autoridad Educativa Nacional, a través
de los niveles desconcentrados, debe programar, para cada uno de los establecimientos, la
visita periódica de un equipo de auditores educativos que evalúa y registra, en formatos
predeterminados, el cumplimiento de los estándares de calidad educativa.
Art. 320.- De las visitas de regulación. La Autoridad Educativa Nacional, a través de los
niveles desconcentrados, debe normar, por medio de instructivos específicos, la
implementación de las políticas educativas en los establecimientos públicos, fiscomisionales
y particulares y vigilar el cumplimiento de la normativa vigente y la legalidad de las
acciones que se ejecuten al interior de las instituciones educativas. Para ello, funcionarios
asignados en cada Distrito deben realizar visitas a fin de mantener el orden y garantizar los
derechos de la comunidad educativa.
Art. 321.- Publicación de la programación de visitas de auditoría educativa. Al inicio
de cada año lectivo, la Autoridad Educativa Nacional debe publicar, en los sitios web
institucionales y en las carteleras de cada Distrito, la programación de visitas de auditoría
educativa a los establecimientos.
Art. 322.- Notificación de visita de regulación que debe cumplirse dentro de los
establecimientos educativos. La visita de regulación que se realiza en un establecimiento
educativo debe contar con una orden expresa de la Autoridad del Nivel Distrital

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correspondiente, la cual debe ser presentada ante las autoridades del establecimiento.
Las autoridades de los establecimientos deberán presentar los documentos que les fueren
requeridos y deberán proporcionar la información suficiente para el análisis del caso que
motivare la visita de regulación.
Art. 323.- Reportes de control interno. Tanto en las visitas de auditoría educativa como
en las de regulación, los funcionarios de las Divisiones de Apoyo, Seguimiento y Regulación
a la Gestión Educativa de los niveles desconcentrados correspondientes deben dejar
constancia escrita de las acciones cumplidas, conclusiones y recomendaciones hechas a los
miembros de la comunidad educativa.
En este reporte, que se debe elaborar en un formato estandarizado según las disposiciones
emitidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, deben constar la firma del
funcionario que realiza la visita de control interno y la firma de la autoridad del
establecimiento que lo recibe.
Art. 324.- Presentación de informe de visita de regulación. Concluidas las visitas de
regulación, los funcionarios de las Divisiones de Apoyo, Seguimiento y Regulación a la
Gestión Educativa de los niveles desconcentrados correspondientes deben presentar, en el
término de veinticuatro (24) horas, ante la autoridad Distrital o Zonal, según fuere el caso,
el informe de resultado que contiene el análisis de la situación observada y las
recomendaciones de las acciones para la resolución de la autoridad respectiva.
Art. 325.- Presentación del informe de auditoría educativa. Concluidas las visitas de
auditoría educativa, los auditores educativos deben presentar su informe, de conformidad
con la normativa específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 326.- Control para vigencia de autorización de funcionamiento. Mediante visitas
periódicas a las instituciones educativas, funcionarios de auditoría y/o de regulación deben
verificar que las instituciones estén cumpliendo de manera permanente con los mismos
requisitos establecidos para su creación, y después de su primera renovación de permiso de
funcionamiento, que estén cumpliendo también de manera permanente con los estándares
de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Si en
la visita se estableciere el incumplimiento de uno o más requisitos, el auditor educativo
deberá remitir el respectivo informe a la Dirección del Distrito o a la Coordinación Zonal,
según el caso, para que esta disponga las medidas correspondientes.
CAPÍTULO III
DEL CONTROL EDUCATIVO EXTERNO
Art. 327.- Control externo de las instituciones educativas. El control externo de las
instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares debe ser ejercido por la
ciudadanía, a través de las instancias de representación de Padres y Madres de Familia y del
Consejo Estudiantil. Para las instituciones educativas públicas, debe funcionar además el
Gobierno escolar, sin perjuicio de la acción de la Contraloría General del Estado.
Art. 328.- Funciones y atribuciones. Para la ejecución del control externo, los Padres y
Madres de Familia, el Consejo Estudiantil y el Gobierno escolar deben ejercer las
atribuciones contempladas en el Título "de las Instituciones Educativas" del presente

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reglamento.
Art. 329.- Rendición de cuentas. Las instancias de representación de Padres y Madres de
Familia, el Consejo Estudiantil y el Gobierno escolar deben realizar la rendición de cuentas
del ejercicio y cumplimiento de sus funciones y atribuciones a la comunidad educativa.
CAPÍTULO IV
DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES
Art. 330.- Faltas de los estudiantes. Los establecimientos educativos deben ejecutar
actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, de
conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes
y sus representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen
comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que las
violenten.
Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves:
1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los
Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la
siguiente explicación:
Faltas leves:
 Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que
distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas;
 Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a
menos que esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje;
 No utilizar el uniforme de la institución;
 Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y
 Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con
fines benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento.
Faltas graves:
 Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de
miembros de la comunidad educativa;
 Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad
personal de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa;
 Consumir alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales
dentro de la institución educativa;
 Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización;
 Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, de
conformidad con lo señalado en el Código de Convivencia del establecimiento
educativo; y

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 Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas relacionadas con
movimientos o partidos políticos de la vida pública local o nacional.
Faltas muy graves:
• Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación;
• Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o
sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales; y
• Portar armas.
2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta que
puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación:
Faltas graves:
 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de
miembros de la comunidad educativa;
 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física
o psicológica de los miembros de la comunidad educativa;
 Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier
maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera
reiterada; y
 No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los
derechos de sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa, así como
cualquier acto de corrupción que estuviere en su conocimiento.
Faltas muy graves:
 Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de
publicaciones difamatorias; y
 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad
sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a los responsables.
3. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes
públicos y privados es una falta que puede ser leve o muy grave, de acuerdo con la
Falta leve:
 Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios
de las instituciones educativas.
Faltas muy graves:
 Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento
educativo; y,
 Ocasionar daños a la propiedad pública o privada.
4. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y
culturales de la institución es una falta que puede ser muy grave, de acuerdo con la
Faltas muy graves:

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 Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno escolar,
del Consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad
educativa;
 Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio
educativo.
5. Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser leve, grave o muy
grave, de acuerdo con la siguiente explicación:
Falta leve:
 Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I.
Falta grave:
4. Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II.
Falta muy grave:
 Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III.
Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la formación en honestidad
académica que se detallan en el presente Reglamento.
6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy grave.
La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones educativas
disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa específica que para el efecto emita el
(Nota.- Tercer punto del epígrafe relativo a faltas graves; y, en el segundo punto referente a las faltas muy graves, del
artículo 330 modificados mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.)
Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias. Las faltas leves y las faltas graves deben ser
conocidas y resueltas dentro de la institución educativa mediante el mecanismo previsto en
su Código de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su representante legal el derecho a
la defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior
del establecimiento educativo, y las acciones educativas disciplinarias deben ser aplicadas
por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un
plazo no mayor a quince (15) días desde la recepción del expediente. El incumplimiento de
este plazo constituye causal de sumario administrativo para los miembros de la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos.
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas
disciplinarias:
1. Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación
verbal, que irá acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría el
volver a cometer las respectivas faltas. La amonestación será registrada en el
expediente académico del estudiante y en su informe de aprendizaje, y serán
informados del particular sus representantes legales. Además, como acciones
educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus
representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las
normas, y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer actos que las
violenten. Finalmente, deberá cumplir actividades de trabajo formativo en la
institución educativa relacionado con la falta cometida y conducente a reparar el

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daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a
bienes materiales.
2. Para faltas graves. Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para
este tipo de faltas, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar,
según la gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución
educativa, por un máximo de quince (15) días, durante los cuales el estudiante
deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución educativa y
con seguimiento por parte de los representantes legales.
3. Para faltas muy graves. Para las faltas muy graves, además de aplicar las acciones
establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad del establecimiento
debe sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de
Resolución de Conflictos para la aplicación, según la gravedad de la acción, de una de
las siguientes acciones:
i. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo
de treinta (30) días, con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva
la participación directa de los representantes legales en el seguimiento del
desempeño del estudiante suspendido; o,
ii. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el
estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento. La reubicación en
otro establecimiento educativo no implica perder el año lectivo.
En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder
directamente a la separación definitiva de la institución educativa.
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada por los
representantes legales del estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en
el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación por parte de la máxima
autoridad del establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía administrativa.
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por los
representantes legales del estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en el
término de tres (3) días, contados a partir de la notificación. La resolución de la máxima
autoridad del Nivel Zonal pone fin a la vía administrativa.
CAPÍTULO V
DE LAS FALTAS DE LOS DIRECTIVOS
Art. 332.- Competencia. La máxima autoridad del Nivel Zonal debe ejecutar las sanciones
correspondientes al personal directivo, de acuerdo con las faltas cometidas y de
conformidad con lo prescrito en el artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.
Art. 333.- Sanción a directivos. Para imponerle a un directivo las sanciones descritas en el
artículo precedente, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos respectiva debe sustanciar
el sumario administrativo y, de existir los elementos de juicio suficientes, debe resolver la
sanción y remitir el expediente al Nivel Zonal para su aplicación.

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En caso de conmoción interna del establecimiento educativo, los directivos pueden ser
suspendidos por la autoridad del Nivel Zonal hasta la resolución del sumario, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.
CAPÍTULO VI
DE LAS FALTAS DE LOS DOCENTES
Art. 334.- Competencia. La máxima autoridad del establecimiento educativo debe ejercer
la potestad sancionadora correspondiente al personal docente. De acuerdo con las faltas
cometidas, y de conformidad con el Código de Convivencia, puede imponer las siguientes
sanciones:
1. Amonestación verbal;
2. Amonestación escrita; y,
3. Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento (10 %) de la
remuneración básica unificada del docente para las prohibiciones prescritas en el
artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, literales a, d, e y f.
Cuando la falta amerite ser sancionada con suspensión temporal sin goce de remuneración
o destitución del cargo, el directivo del establecimiento educativo debe notificarlo a la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos para la sustanciación y la resolución respectiva.
Art. 335.- Sanción a docentes. Para imponerle a un profesional de la educación las
sanciones de amonestación escrita o multa, la máxima autoridad del establecimiento
educativo respectivo debe escucharlo previamente, permitiéndole presentar los
justificativos necesarios. De lo actuado se debe dejar constancia escrita, adjuntando los
documentos de cargo y descargo.
La sanción impuesta debe ser notificada al afectado y a las autoridades educativas; cuando
se tratare de multa, su ejecución le corresponderá al responsable del pago de las
remuneraciones de los docentes de la institución educativa correspondiente.
Art. 336.- Apelación. Las sanciones de amonestación escrita o multa, impuestas por la
máxima autoridad del establecimiento educativo a los profesionales de la educación,
pueden ser apeladas ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Su resolución pone
fin a la vía administrativa.
CAPÍTULO VII
DE LA INASISTENCIA Y ABANDONO INJUSTIFICADO DE DIRECTIVOS Y DOCENTES
Art. 337.- Inasistencia y abandono injustificado. Los directivos o docentes deben ser
sancionados con multa o destitución, de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de
Servicio Público y su reglamento, por inasistencia injustificada o abandono injustificado del
cargo.
La sanción de multa debe ser impuesta por la máxima autoridad del establecimiento
educativo y debe ser notificada para su ejecución al responsable del pago a los docentes.

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La sanción de destitución debe ser impuesta de conformidad con el procedimiento prescrito
en el presente reglamento, según corresponda.
CAPÍTULO VIII
DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLÍCTOS
Art. 338.- Juntas Distritales. Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos pueden
imponer las sanciones de conformidad con lo prescrito en el presente reglamento.
Un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Distrito debe actuar como Secretario con
voz informativa y sin voto. En caso de ausencia temporal de este, debe actuar
excepcionalmente, como Secretario ad hoc, un funcionario delegado por el Director del
Distrito.
Art. 339.- Atribuciones. Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos tienen los
siguientes deberes y atribuciones:
1. Vigilar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su
reglamento y más normativa educativa, en su respectiva jurisdicción, así como
también, el cumplimiento de las disposiciones impartidas por las autoridades
competentes;
2. Conocer y resolver los sumarios administrativos instaurados en contra de los
profesionales de la educación, de conformidad con lo prescrito en el presente
reglamento;
3. Resolver las sanciones impuestas a la máxima autoridad de la institución educativa
en caso de incumplimiento, inobservancia o transgresión de la Ley, y remitir el
expediente al Nivel Zonal para su ejecución;
4. Conocer y resolver las apelaciones que presentaren los docentes y directivos, de
conformidad con lo prescrito en el presente reglamento;
5. Recibir en audiencia a los docentes y directivos que lo solicitaren por escrito o a
pedido de uno de sus miembros, cuando se conozca el caso, concediéndoles el
tiempo máximo de treinta (30) minutos para que realicen su exposición;
6. Aplicar las acciones educativas disciplinarias para los estudiantes, de conformidad
con lo prescrito en el presente reglamento;
7. Sancionar todo acto que atentare contra la integridad física, psicológica o sexual de
los estudiantes, docentes o directivos, sin perjuicio de la obligación de denunciar a la
autoridad judicial correspondiente; y,
8. Los demás deberes y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, el presente reglamento y demás normativa vigente.
Art. 340.- Delegados permanentes. Si por causas debidamente justificadas, los miembros
titulares no pudieren asistir a las sesiones de las Juntas Distritales de Resolución de
Conflictos, actuarán sus delegados permanentes, previa notificación al Secretario.

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“Art. 341.- Resoluciones. Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de
Conflictos, que podrán ser apelables únicamente con efecto devolutivo ante la máxima
autoridad del Nivel de Gestión Zonal correspondiente, deberán estar suscritas por el Director
Distrital de la respectiva jurisdicción, y surtirán efectos a partir de la fecha de su notificación
al interesado; además, debe ser remitida una copia de las resoluciones a las autoridades
educativas y a las otras entidades del Estado que correspondiere.”
Estos actos administrativos deben ser motivados, mediante el señalamiento de los
fundamentos de hecho y de derecho que han determinado tal resolución.
(Nota.- Texto del inciso primero del artículo 341, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015
Art. 342.- Casos de vulneración de derechos. La Junta Distrital de Resolución de
Conflictos, en caso de vulneración de derechos, tiene las siguientes obligaciones:
1. Instaurar de oficio, o por denuncia o informe de las autoridades competentes sobre
los casos de violencia física, sicológica o sexual, los sumarios administrativos a los
que hubiere lugar. Además, cuando constituyeren infracciones o delitos, deberán ser
denunciados, en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a la autoridad
judicial correspondiente;
2. Dictar de manera inmediata medidas de protección a favor de la o las víctimas de
violencia, sea física, sicológica o sexual, de conformidad con las disposiciones de la
Constitución, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, del Código de la Niñez y Adolescencia, y de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, desde el momento mismo en que se presentare
el pedido administrativo hasta la finalización del proceso, sin que implicare el
traslado o traspaso administrativo de la o el docente a otra unidad educativa;
3. En los casos de conducta moral reñida con su función, o en casos de violencia sexual
y como medida de protección, se debe suspender temporalmente de sus funciones,
con derecho a remuneración, a la autoridad o al docente inculpado desde que llega a
su conocimiento el hecho cometido, o la presunción de su cometimiento. Esta
suspensión no constituye sanción ni violación al principio del debido proceso y se
debe mantener en tanto dure la investigación y el sumario administrativo
correspondiente;
4. Realizar el seguimiento en el ámbito educativo del cumplimiento de las medidas de
protección dictadas por las autoridades competentes en la protección de los
estudiantes, sancionando con la destitución a quien no cumpliere con las medidas de
protección, para lo cual se seguirá el correspondiente sumario administrativo; y,
5. Sancionar a las instituciones educativas y a las autoridades que no cumplieren las
medidas de protección dictadas por las autoridades competentes, así como cuando
se encontraren actuaciones indebidas o procedimientos inadecuados, retrasos o
demoras u obstáculos al proceso investigativo en los casos de violencia física,
sicológica o sexual a los estudiantes, docentes o directivos.

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Estas medidas de protección pueden ser conjuntas, paralelas o incluso independientes de
las que pueden disponer las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
Los derechos de las víctimas son los contemplados en la normativa vigente.
Art. 343.- Responsabilidades en casos de vulneración de derechos. Las Juntas
Distritales de Resolución de Conflictos, en casos de vulneración de derechos, deben:
1. Garantizar que la víctima se mantenga en el sistema educativo mediante medidas de
acción positiva, como, por ejemplo, otorgamiento de cupos en otros
establecimientos, si es su deseo o si es oportuno el cambio de centro educativo;
2. Investigar las presuntas vulneraciones a los derechos que atentaren contra la
integridad física o psicológica de los estudiantes, y asegurar la confidencialidad de
los resultados. Esta investigación busca establecer la veracidad de los hechos y la
responsabilidad, en el marco de lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y el presente reglamento, de quien lo cometió, a fin de proceder a
imponer las medidas de protección necesarias y las sanciones correspondientes;
3. En los casos de delitos sexuales, únicamente se debe realizar una investigación
conducente a determinar la responsabilidad administrativa y la sanción
correspondiente, y a establecer los niveles de riesgo o vulnerabilidad a fin de
imponer inmediatamente las medidas de protección necesarias para la víctima. No
serán obstáculo las investigaciones penales que sobre este hecho realizaren las
autoridades competentes;
4. Disponer la prestación de asistencia psicológica y social a las víctimas de violencia
física, sicológica y especialmente sexual en el ámbito educativo;
5. Derivar el tratamiento del caso a las unidades correspondientes, según la ruta de
atención institucional;
6. Derivar a la o las víctimas a otras instituciones especializadas que complementen la
protección integral con información de los procedimientos y que otorguen
protección a las víctimas indirectas (compañeros, compañeras, familiares, otros u
otras docentes);
7. Informar a la víctima sobre sus derechos y los servicios que pudieren ofrecerle
ayuda, fueren estos de tipo psicológico, legal, de salud u otro;
8. Llevar un registro actualizado sobre los casos existentes en su jurisdicción y remitir
obligatoriamente reportes trimestrales al Nivel Zonal de la Autoridad Educativa
Nacional; y,
9. Evaluar periódicamente los procesos, el sistema, y presentar anualmente su
rendición de cuentas.
CAPÍTULO IX
DEL DEBIDO PROCESO

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Art. 344.- Debido proceso. En los procesos sancionatorios o disciplinarios previstos en la
Ley Orgánica de Educación Intercultural y en este reglamento, se debe dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 136 y en el 76 de la Constitución de la República.
El proceso disciplinario debe observar todas las garantías y derechos constitucionales, el
respeto a la dignidad de las personas y el debido proceso.
En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se debe admitir la indefensión de la
persona natural o jurídica investigada administrativamente. Todo lo actuado en el proceso
bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta.
CAPÍTULO X
DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO PARA DOCENTES
Art. 345.- Competencia. Dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 92
de la Ley Orgánica de Servicio Público, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el
Director Distrital pueden disponer el inicio y la sustanciación del respectivo sumario
administrativo e imponer la sanción correspondiente a través de la expedición de la
respectiva resolución.
Art. 346.- Acciones previas. Antes de dar inicio al sumario administrativo, se deben
cumplir las siguientes acciones previas:
1. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el Director Distrital, una vez
conocida la denuncia o informe sobre la presunción de la comisión de una falta
disciplinaria por parte del docente o directivo, debe remitir inmediatamente la
información habilitante a la Unidad Administrativa del Talento Humano para el
estudio y análisis de los hechos que presuntamente se imputan;
2. Conocidos y analizados estos hechos por parte de la Unidad Administrativa del
Talento Humano, en el término de tres (3) días deben ser informados a la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos o al Director del Distrito, según quien haya
avocado conocimiento del proceso administrativo sobre la procedencia de iniciar el
sumario administrativo, consignando los fundamentos de hecho y de derecho y los
documentos de respaldo, en el caso que hubiere lugar. Dicho informe no debe tener
el carácter de vinculante; y,
3. Recibido el informe, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, mediante
providencia, debe remitirlo a la Unidad Administrativa del Talento Humano para
que esta, en el término de cinco (5) días, inicie la sustanciación del sumario
administrativo.
Art. 347.- Providencia inicial. En conocimiento del informe de la Unidad Administrativa
del Talento Humano, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos debe expedir la
respectiva providencia de inicio del sumario administrativo.
A partir de la recepción de la providencia de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos,
en la que dispone que se dé inicio al sumario administrativo, el titular de la Unidad

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Administrativa del Talento Humano, o su delegado, debe levantar el auto de llamamiento a
sumario administrativo en el término de tres (3) días, el cual debe contener:
1. La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los fundamentos
de la providencia expedida por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos;
2. La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario;
3. El señalamiento de tres (3) días para que el docente dé contestación a los hechos
planteados que sustentan el sumario;
4. El señalamiento de la obligación que tiene el docente de comparecer con un abogado
y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su derecho de
defensa; y,
5. La designación de Secretario ad hoc, quien debe posesionarse en un término
máximo de dos (2) días a partir de la fecha de su designación.
La providencia de inicio del sumario debe ser notificada al docente o directivo por el
Secretario ad hoc, en el término de un (1) día, mediante una boleta entregada en su lugar de
trabajo o mediante tres (3) boletas dejadas en el domicilio o residencia cuyos datos constan
en el expediente personal del docente o directivo, conforme a las disposiciones generales
establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no fuera posible ubicarlo en su puesto
de trabajo. A la boleta debe ser adjuntada toda la documentación que consta en el
expediente que obrare del proceso.
Si el docente se negare a recibir la notificación, se sentará la respectiva razón por parte del
Secretario ad-hoc.
Art. 348.- Contestación. Recibida la notificación, el docente o directivo, en el término de
tres (3) días, debe contestar al planteamiento del sumario, adjuntando las pruebas de
descargo que considere pertinentes.
Art. 349.- Etapa de prueba. Una vez vencido el término establecido en el artículo anterior,
con la contestación del docente o directivo, o en rebeldía, se debe proceder a la apertura del
término de prueba por cinco (5) días laborables, lapso en el que el servidor puede solicitar
que se practiquen las pruebas que considere pertinentes y la institución, de estimarlo
necesario, debe solicitar la incorporación de nuevos documentos o la práctica de otras
pruebas que se consideren convenientes.
Art. 350.- Audiencia. Vencido el término de prueba, deben señalarse día y hora en que
tendrá lugar una audiencia oral. En esta diligencia, el solicitante del sumario o su delegado y
el sumariado sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se creyeren
asistidos. Dicha audiencia debe ser convocada por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipación.
Art. 351.- Informe. Concluida la audiencia oral, el titular de la Unidad Administrativa del
Talento Humano o su delegado, en el término máximo de diez (10) días, una vez realizado el
análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias, debe remitir, a la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos, el expediente del sumario administrativo y un informe

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con las conclusiones y recomendaciones a las que hubiere lugar, que incluirán, de ser el
caso, la sanción procedente dependiendo de la falta cometida. Este informe no debe tener el
carácter de vinculante para la toma de decisión.
“Art. 352.- Resolución. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos, mediante providencia,
debe disponer, de ser el caso, y de manera motivada, la aplicación de la sanción
correspondiente, que podrá ser apelada únicamente con efecto devolutivo ante la máxima
autoridad del Nivel de Gestión Zonal correspondiente. La sanción le debe ser notificada al
docente o directivo sumariado, en el casillero judicial, de haber señalado domicilio legal
para el efecto, o mediante una única boleta en su domicilio o lugar de residencia que conste
en el expedientepersonal.”
El titular de la Unidad Administrativa del Talento Humano, o su delegado, debe elaborar la
acción de personal en la que debe registrarse la sanción impuesta, la cual debe ser
notificada junto con la resolución del sumario administrativo.
Si la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, en su providencia final, determinare que no
existen pruebas suficientes para sancionar, ordenará el archivo del sumario, sin dejar
constancia en el expediente personal del docente o directivo sumariado.
(Nota.- Texto del inciso primero del artículo 352, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de
2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
Art. 353.- Norma subsidiaria. Para todo aquello no previsto en este reglamento, se debe
considerar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General.
CAPÍTULO XI
DE LAS INFRACCIONES DE CONNOTACIÓN SEXUAL
Art. 354.- Acoso sexual. Para efectos de la sanción disciplinaria, se entiende por acoso u
hostigamiento sexual en el ámbito educativo, sin perjuicio de lo determinado en el Código
Penal y en el Código de la Niñez y Adolescencia, toda conducta con un contenido sexual que
se realizare aislada o reiteradamente, escrita o verbal, gestual o física. Se consideran, para el
efecto, las siguientes conductas o manifestaciones:
1. Requerimiento de favores sexuales que implicaren el ofrecimiento, por parte de un
docente, directivo o administrativo, dirigido a mejorar la condición académica de un
estudiante a cambio de cualquier favor de carácter sexual;
2. Amenazas implícitas o expresas, físicas o morales, de daños y castigos, referidas a la
situación actual o futura del estudiante, que se pudieren evitar si se concedieren
favores de carácter sexual;
3. Utilización de palabras escritas u orales de naturaleza o connotación sexual,
dirigidas a uno o más estudiantes de manera específica o individual;
4. Mostrar imágenes con contenido sexual, constantes en fotos, películas, revistas u
otros medios que se alejen del propósito educativo;

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5. Mostrar imágenes pornográficas, constantes en fotos, películas, revistas u otros
medios;
6. Realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de naturaleza o
connotación sexual; y,
7. Acercamientos corporales y otros contactos físicos de naturaleza o connotación
sexual.
Art. 355.- Deber de denunciar. Toda autoridad o directivo de un establecimiento
educativo, docente o personal administrativo, estudiante o cualquier otra persona que
tuviere conocimiento de algún acto de acoso u hostigamiento sexual en perjuicio de uno o
más estudiantes, tendrá la obligación de denunciar al presunto hostigador ante la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos. El incumplimiento de esta disposición debe ser
considerada como falta grave y debe sujetarse a las sanciones previstas en el presente
reglamento.
Art. 356.- Confidencialidad de la investigación. Se prohíbe divulgar información sobre el
contenido de las denuncias presentadas o en proceso de investigación, así como las
resoluciones o actos finales adoptados en sumarios por acoso u hostigamiento sexual. Dicha
prohibición se hará extensiva a las dependencias o servidores cuya colaboración fuere
solicitada, a los testigos, a los órganos del Sistema Educativo, a los denunciantes y demás
partes involucradas en el procedimiento, y otros. Cualquier infidencia grave o
malintencionada respecto de las actuaciones substanciadas dentro de un proceso
disciplinario debe ser considerado como una falta grave en el desempeño de sus funciones.
Art. 357.- Medidas de protección. En cualquier estado del procedimiento administrativo,
hasta tanto no adquiera firmeza la resolución o acto final, la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos, en aplicación de la Disposición General Décima Segunda de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, puede adoptar las siguientes medidas de protección:
1. Separación entre denunciante y denunciado, suspendiendo a este último de sus
funciones desde el momento de la presentación de la denuncia, hasta la finalización
del proceso administrativo, sin posibilidad de que pueda solicitar su traslado o
traspaso administrativo a otro establecimiento educativo;
2. Imposición al denunciado de la prohibición de acercarse al estudiante denunciante
en el establecimiento educativo, su hogar o cualquier otro lugar;
3. Reubicación provisional del denunciado en otra dependencia administrativa para
asumir funciones exclusivamente administrativas, compatibles con sus condiciones
personales y profesionales; o,
4. Traslado del estudiante a otro grupo o sección dentro del mismo establecimiento
educativo, con solicitud previa de sus representantes legales, y siempre que este
cambio no afectare su derecho a la educación.
Art. 358.- Ayuda psicológica. En todo caso de denuncia de acoso u hostigamiento sexual en
contra de un estudiante, el establecimiento educativo o la dependencia del Ministerio de

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Educación más cercana deben prestar, inmediatamente de conocido el hecho, ayuda
psicológica gratuita.
CAPÍTULO XII
DEL PROCESO SANCIONATORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y
FISCOMISIONALES
Art. 359.- Competencia. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos es la instancia
competente para conocer el proceso sancionatorio en contra de instituciones educativas
particulares o fiscomisionales, y sus representantes legales, promotores o directivos.
Art. 360.- Derechos del presunto responsable. Los procedimientos sancionatorios deben
garantizarle al presunto responsable los siguientes derechos:
1. A ser notificado por escrito de los hechos que se le imputaren, de las infracciones
que tales hechos pudieren constituir y de las sanciones que, en su caso, se le
pudieren imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad
competente para imponer la sanción y de la norma que atribuyere tal competencia;
y,
2. A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el
ordenamiento jurídico que fueren procedentes.
Art. 361.- Acciones previas. Antes de iniciar el proceso sancionatorio se deben cumplir las
siguientes acciones previas:
1. La máxima autoridad de la zona, una vez conocida la denuncia o informe sobre la
presunta comisión de una falta disciplinaria por parte de una institución educativa
particular o fiscomisional, debe remitirla a la Dirección de Asesoría Jurídica de la
zona para el estudio y análisis de los hechos que presuntamente se imputan;
2. Analizadas por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Zona las presuntas
infracciones, en el término de tres (3) días el Director de Asesoría Jurídica debe
informar a la máxima autoridad de la zona sobre la procedencia o no de iniciar el
proceso administrativo, consignando los fundamentos de hecho y de derecho y los
documentos de respaldo, en el caso que hubiere lugar. Dicho informe no debe tener
el carácter de vinculante; y,
3. Recibido el informe, la máxima autoridad de la zona, mediante providencia, debe
disponerle a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, de ser el caso, el inicio del
proceso sancionatorio.
Art. 362.- Providencia inicial. A partir de la recepción de la providencia emitida por la
máxima autoridad de la zona, en la que dispone iniciar el proceso sancionatorio, la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos debe levantar el auto inicial del proceso sancionatorio
en el término de tres (3) días, el cual debe contener:
1. La enunciación de los hechos materia del proceso sancionatorio y los fundamentos
de la providencia;

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2. La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el proceso
sancionatorio;
3. El señalamiento de tres (3) días para que el establecimiento educativo dé
contestación a los hechos planteados que sustentan el proceso sancionatorio;
4. El señalamiento de la obligación que tiene la institución de comparecer con un
abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su
derecho de defensa; y,
5. La designación de Secretario ad hoc, quien debe posesionarse en un término
máximo de tres (3) días a partir de la fecha de su designación.
La notificación de la providencia debe ser entregada a los representantes legales,
promotores o autoridades de la institución educativa particular o fiscomisional en el
término de dos (2) días, mediante una boleta entregada en la dirección de la institución
educativa, a la que se debe adjuntar toda la documentación que consta en el expediente.
Art. 363.- Contestación. Recibida la notificación, la institución educativa particular o
fiscomisional, en el término de tres (3) días, debe contestar al planteamiento del proceso
sancionatorio, adjuntando las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Art. 364.- Etapa de prueba. Una vez vencido el término establecido en el artículo anterior,
con la contestación de la institución educativa, o en rebeldía, la Junta Distrital de Resolución
de Conflictos debe proceder a la apertura de la etapa de prueba por el término de cuatro (4)
días, periodo en el cual la institución educativa, a través de sus representantes, podrá
solicitar la práctica de las pruebas que estimare pertinentes.
Art. 365.- Audiencia. Vencido el término de prueba, deben señalarse día y hora para la
audiencia oral, en la que el solicitante del proceso sancionatorio, o su delegado, y la
institución educativa, a través de sus representantes, sustentarán las pruebas de cargo y de
descargo de las que se creyeren asistidos. Dicha audiencia debe ser convocada con por lo
menos veinticuatro (24) horas de anticipación.
Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaren su decisión de no contestar
la denuncia o informe objeto del proceso sancionatorio, no actuar pruebas, ni alegaciones
verbales o escritas, ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se podrá prescindir del
trámite de la audiencia, y la Junta Distrital de Resolución de Conflictos podrá dictar la
resolución correspondiente. Su resolución pone fin a la vía administrativa.
Art. 366.- Alegatos. Concluida la audiencia, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos
debe otorgar el término de dos (2) días para que las partes presenten sus alegatos.
Art. 367.- Resolución. Una vez concluido el término para que las partes presenten sus
alegatos, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, en el término máximo de diez (10)
días, una vez realizado el análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias,
mediante providencia, debe disponer, de ser el caso y de manera motivada, la aplicación de
la sanción correspondiente, providencia que pone fin a la vía administrativa y que debe ser
notificada a la institución educativa en su domicilio legal.

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La resolución debe contener la debida motivación y debe resolver todas las cuestiones
planteadas en el expediente. En la resolución no se pueden aceptar hechos distintos de los
determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración
jurídica. En la resolución se deben adoptar, en su caso, las disposiciones cautelares precisas
para garantizar su eficacia, en tanto no fuere ejecutiva.
Art. 368.- Prohibición. Una vez dispuesta la revocación de la autorización de
funcionamiento de las instituciones educativas, salvo cuando fuere pedida por su
representante legal, sus promotores y autoridades quedan prohibidos de crear o gestionar
la autorización de funcionamiento de otra institución educativa, así como de desempeñar
las funciones de autoridades y docentes por el lapso de dos (2) años.
Art. 369.- Plan de contingencia. Una vez emitida la resolución de revocatoria de la
autorización de funcionamiento para una institución educativa particular o fiscomisional, le
corresponde al Nivel Distrital implementar un plan de contingencia para que los estudiantes
sean acogidos en otras instituciones educativas, a fin de garantizar para ellos el derecho a la
educación.
TÍTULO XI
DE LA PROVISIÓN DE TEXTOS, ALIMENTACIÓN Y UNIFORMES ESCOLARES
CAPÍTULO I
Art. 370.- Provisión. La Autoridad Educativa Nacional garantiza la provisión de los textos
escolares, alimentación y uniformes escolares gratuitos para los estudiantes de la educación
pública y fiscomisional, de manera progresiva y en la medida de la capacidad institucional
del Estado, de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel
Los textos escolares y uniformes deben entregarse antes de que el año escolar inicie, y la
alimentación escolar cubrirá todos los días del año lectivo.
Art. 371.- Logística. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe garantizar el
diseño y la ejecución de la operación técnica y logística para que las instituciones educativas
públicas y fiscomisionales sean abastecidas en forma oportuna con los recursos que provee
el Estado.
Exceptúese la provisión de alimentos que estará a cargo del organismo público especializado
en provisión de alimentos.
Para el efecto, la Autoridad Educativa Nacional debe organizar, coordinar y ejecutar los
procedimientos precontractuales y contractuales de provisión de estos recursos, incluidos
los servicios de verificación de su calidad, así como celebrar, ejecutar y liquidarlos
respectivos contratos.
(Nota: Inciso segundo agregado por Disposición reformatoria de Decreto Ejecutivo No. 129, publicado en Registro Oficial
Suplemento 106 de 22 de Octubre del 2013 , publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de
julio de 2014.)

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Art. 372.- Textos escolares. Los textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo y
demás recursos asignados a una institución educativa pública o fiscomisional deben ser
usados única y exclusivamente por esta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de
conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la
Las máximas autoridades de las instituciones educativas públicas y fiscomisionales deben
comunicar, a los miembros de la comunidad educativa, las instrucciones de la Autoridad
Educativa Nacional para la conservación, cuidado y uso de los textos escolares, guías del
docente, cuadernos de trabajo y demás recursos, y deben controlar su fiel cumplimiento.
Los docentes son responsables de la conservación, el cuidado y el buen uso de los recursos
que les han sido asignados, y de vigilar el cuidado y buen uso de estos por parte de los
estudiantes a su cargo.
Art. 373.- Préstamo. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe determinar
los textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo y demás recursos que, por sus
características, contenidos y utilidad, deben ser proporcionados por el Estado en calidad de
préstamo a docentes y estudiantes. En caso de préstamo, a la finalización del año lectivo, los
docentes y estudiantes deben devolver estos bienes a la máxima autoridad de la institución
educativa, en las mismas condiciones en que los recibieron, salvo el desgaste por su natural
uso.
Art. 374.- Actualización de textos escolares y recursos didácticos. Los textos escolares,
guías del docente, cuadernos de trabajo y demás recursos que se proporcionaren
gratuitamente en los establecimientos públicos y fiscomisionales serán actualizados de
conformidad con lo establecido en los estándares de calidad educativa y el currículo
nacional obligatorio. Al menos cada tres (3) años, el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional debe realizar una evaluación de dichos recursos y debe determinar la pertinencia
de su actualización.
Art. 375.- Responsabilidad de los estudiantes y sus representantes legales. Los
estudiantes son responsables del cuidado y buen uso de los bienes y recursos que el Estado
provee para el uso individual o colectivo. Sus representantes legales son corresponsables de
esta obligación, y deben pagar el costo de estos en casos de pérdida, destrucción o deterioro
no producido por su natural uso, de conformidad con la normativa específica que para el
efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los casos no previstos en este reglamento serán regulados y resueltos por el
Ministro o la Ministra de Educación.
SEGUNDA.- En atención al Interés Superior de los niños, consagrado en el artículo 44 de la
Constitución de la República del Ecuador, los datos de carácter personal de los estudiantes
que consten en los registros de información a cargo de las instituciones educativas y/o de la
Autoridad Educativa Nacional, deben ser manejados como confidenciales, salvo que el
titular de esa información o su representante legal, en caso de menores de edad, autorice
expresamente su difusión.

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TERCERA.- Las instituciones educativas y otras entidades que oferten servicios educativos
no están autorizadas a hacer mención alguna del Ministerio de Educación, ni a utilizar su
imagen corporativa, en cualquier mensaje o documento publicitario, salvo autorización
expresa de la máxima autoridad de esa cartera de Estado.
CUARTA.- En las instituciones educativas se prohíbe la realización de cualquier acto de
proselitismo político, así como la promoción, publicidad o propaganda de partidos y
movimientos políticos u organizaciones afines. También se prohíbe, durante las horas de
clase y otras actividades escolares, la participación de estudiantes, docentes y autoridades
educativas en cualquier acto de proselitismo político.
QUINTA.- Para facilitar el uso de las instalaciones de los establecimientos educativos
públicos por parte de la comunidad para el desarrollo de actividades deportivas, artísticas,
culturales, de recreación y esparcimiento, el Ministerio de Educación podrá celebrar
convenios con otras entidades, las cuales serán corresponsables de los bienes de los
establecimientos educativos y de los costos del uso, mantenimiento, limpieza y guardianía,
de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.
SEXTA.- Créase el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo IV del Título VIII del presente Reglamento; este instituto se
financiará con los recursos que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. El
Ministerio de Finanzas, de conformidad con las atribuciones previstas en el Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas, expedirá las regulaciones presupuestarias necesarias
para el efecto.
SÉPTIMA.- En caso de grave conmoción de un establecimiento educativo con sostenimiento
particular, y con la finalidad de precautelar el derecho a la educación de sus estudiantes, la
Autoridad Educativa Nacional puede declarar temporalmente en estado de intervención a
ese establecimiento, determinando los ámbitos a que se limitará esa acción, y designar a los
interventores, señalando sus facultades. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional
expedirá la normativa para el efecto.
OCTAVA.- Con la finalidad de promover la motivación y el esfuerzo individual para el
aprendizaje, la Autoridad Educativa Nacional podrá entregar estímulos y ayudas
económicas o materiales a los estudiantes que se destaquen en méritos, logros y aportes
relevantes de naturaleza académica, intelectual, deportiva o ciudadana. El nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional expedirá la normativa pertinente.
NOVENA.- La Autoridad Educativa Nacional, mediante Acuerdo Ministerial normará lo
referente a las Comisiones de Trabajo de los Establecimientos Educativos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas,
administrativas y pedagógicas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de
Educación, las Direcciones Distritales cuyas sedes correspondan a capitales de provincia
cumplirán inicialmente con las funciones de las actuales Direcciones Provinciales. Dichas
funciones serán transferidas progresivamente a las demás Direcciones Distritales que

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pertenecen a esa provincia, hasta que las asuman por completo, de acuerdo a su capacidad
operativa.
Para el caso de las capitales de provincia que tengan más de un Distrito educativo, el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional definirá una Dirección Distrital que inicialmente
cumplirá con las funciones de las actuales Direcciones Provinciales. Dichas funciones serán
transferidas progresivamente a las demás Direcciones Distritales que pertenecen a esa
provincia, hasta que las asuman por completo, de acuerdo a su capacidad operativa.
SEGUNDA.- Los funcionarios de las ex Subsecretarías Regionales de Educación y de las
Direcciones Provinciales de Educación, instancias correspondientes al antiguo modelo de
gestión, serán reubicados en los niveles zonales, distritales y circuitales, instancias
desconcentradas del nuevo modelo de gestión con el que opera el Sistema Nacional de
Educación, previo estudio de su perfil profesional y de la aprobación del proceso de
evaluación correspondiente.
TERCERA.- Cuando un Circuito educativo entre en funcionamiento, el Director Distrital
respectivo tendrá un plazo de dos (2) meses para conformar el Consejo Académico
correspondiente a ese Circuito, de conformidad con lo prescrito en este reglamento.
CUARTA.- Los sumarios administrativos, las apelaciones a concursos de méritos y oposición
y otros trámites administrativos que las Comisiones Regionales y Provinciales de Defensa
Profesional iniciaron con anterioridad a la publicación de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y del presente reglamento continuarán sustanciándose hasta su conclusión,
acogiéndose a la normativa vigente a esa fecha.
QUINTA.- Las comisiones Provinciales y Regionales de Defensa Profesional continuarán
evacuando los procesos administrativos a su cargo hasta que se conformen y entren en
funciones las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos. Estos órganos, de acuerdo a su
competencia territorial, conocerán y resolverán los procesos administrativos que estaban
bajo responsabilidad de las Comisiones Provinciales y- Regionales de Defensa Profesional y
que no hayan concluido.
SEXTA.- Hasta que entren en funcionamiento las Comisiones Zonales de Regulación de
Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y fiscomisional, y las Juntas Distritales de
Regulación de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y fiscomisional, las Juntas
Reguladoras de Costos de la Educación Particular continuarán cumpliendo con sus
atribuciones, conociendo y resolviendo las solicitudes de regulación de costos que se
encuentren en trámite.
SÉPTIMA.- Los concursos de méritos y oposición para llenar vacantes de personal sujeto a
la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el sector educativo fiscal, y que fueron
convocados con antelación a la expedición de dicha Ley y del presente reglamento, se
regirán por la normativa vigente al momento de la convocatoria.
OCTAVA.- Los aspirantes a participar en un concurso de méritos y oposición para ingreso al
magisterio fiscal, o para cambio, que hayan sido calificados como candidatos elegibles con
antelación a la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural mantendrán su
calidad dé elegibles por un plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la expedición de
este reglamento. Transcurrido este plazo, perderán su categoría de elegibles y deberán

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volver a rendir todas las pruebas definidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
NOVENA.- Los concursos de méritos y oposición que fueron convocados antes de la
expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para llenar vacantes de cargos
directivos en el sistema educativo fiscal y que no tuvieren resultados publicados a la fecha
de emisión del presente reglamento se declaran de plazo vencido y deberán volver a
convocarse en un plazo máximo de noventa (90) días.
DÉCIMA.- Hasta que el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional oferte el programa
de formación de directivos, la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo
determinará un requisito equivalente. Una vez implementado, el programa de formación de
directivos será de carácter obligatorio para todas las autoridades educativas.
DÉCIMA PRIMERA.- Durante el proceso de reorganización de la oferta educativa pública
prescrito en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
la Autoridad Educativa Nacional podrá fusionar, reubicar o cerrar establecimientos
educativos fiscales, a fin de optimizar la oferta educativa existente.
En los establecimientos educativos que funcionan con triple jornada, los estudiantes y
docentes de una de ellas deberán ser reubicados en un establecimiento fiscal que oferte solo
una jornada, o en un nuevo establecimiento educativo creado para el efecto.
DÉCIMA SEGUNDA.- A partir del año lectivo 2012-2013, en cumplimiento de lo prescrito en
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, las instituciones educativas públicas pasarán a
ser mixtas en todos sus niveles y modalidades, sin excepción. Su aplicación será de manera
progresiva, a partir del primer grado o curso al que ingresan los estudiantes.
DÉCIMA TERCERA.- Antes de la finalización del año lectivo 2014-2015, todas las
instituciones educativas deberán haber adecuado su denominación, de conformidad con las
normas prescritas en el presente reglamento y el instructivo que para el efecto expida el
Antes de la finalización del año lectivo 2012-2013, las instituciones educativas que incluían
como parte de su denominación los adjetivos "experimental" o "mixto" o las
denominaciones "instituto técnico" o "instituto tecnológico", u otros que no consten en el
presente reglamento y la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de
la Autoridad Educativa Nacional, dejarán de hacerlo.
DÉCIMA CUARTA.- Las instituciones educativas que ofrecían Educación Popular
Permanente y Educación Compensatoria pasarán, a partir de la emisión del presente
reglamento, a denominarse Instituciones Educativas para Personas con Escolaridad
Inconclusa, de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y
el presente Reglamento.
DÉCIMA QUINTA.- A partir del año lectivo 2012-2013, las instituciones educativas para
personas con escolaridad inconclusa no podrán matricular estudiantes menores de quince
(15) años de edad.
DÉCIMA SEXTA.- La creación y autorización de funcionamiento de nuevas instituciones

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educativas para personas con escolaridad inconclusa, y la ampliación de la oferta educativa
en los planteles existentes, queda suspendida hasta que el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa evalúe el funcionamiento, finalidad y calidad de las modalidades educativas antes
mencionadas. Esta evaluación deberá ejecutarse dentro del plazo establecido en la
Disposición Transitoria Décima de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Para el inicio del año lectivo 2015-2016, todas las instituciones
educativas particulares y fiscomisionales del país deberán haber renovado u obtenido sus
autorizaciones de funcionamiento, de conformidad con lo prescrito en el presente
reglamento y la normativa que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.
Cualquier institución educativa que para el inicio del año lectivo 2015-2016 aún no hubiere
realizado la renovación señalada en el inciso anterior, perderá su autorización de
funcionamiento y, por lo tanto, no podrá seguir ofertando el servicio.
DÉCIMA OCTAVA.- Para el inicio del año lectivo 2013-2014, los representantes legales de
las instituciones educativas particulares o fiscomisionales que hubieren puesto en
funcionamiento extensiones no autorizadas en diferentes lugares del país deberán haberlas
cerrado o haber obtenido para ellas la autorización de creación y funcionamiento como
establecimientos independientes, cumpliendo con todos los requisitos señalados en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural y el presente reglamento.
(Nota.- Frase incorporada a la Disposición Transitoria Décima Octava mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de
junio de 2014, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.)
DÉCIMA NOVENA.- A partir del año lectivo 2012-2013 en el régimen de Sierra y a partir del
año lectivo 2013-2014 en el régimen de Costa, los conservatorios u otros establecimientos
educativos que imparten formación en música y/o en otras artes solo hasta el nivel de
Bachillerato pasarán a llamarse Colegios de Artes, y continuarán bajo la rectoría del
Ministerio de Educación, por lo que deberán sujetarse a la normativa que para el efecto
emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
VIGÉSIMA.- Antes de la finalización del año lectivo 2013-2014, las máximas autoridades de
las instituciones educativas deberán remitir a la Dirección Distrital correspondiente su
Proyecto Educativo Institucional para el registro respectivo, y deberán solicitar la
ratificación de su Código de Convivencia, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
de Educación Intercultural y este reglamento, y de acuerdo al instructivo y al cronograma
que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
VIGÉSIMA PRIMERA.- A partir del año lectivo 2012-2013, todas las instituciones
educativas con régimen de Sierra aplicarán lo dispuesto por este reglamento en materia de
régimen escolar y evaluación estudiantil. A partir del año lectivo 2013-2014, harán lo
mismo las instituciones educativas con régimen de Costa.
Los exámenes nacionales estandarizados para la obtención del título de bachiller serán
requisitos para la graduación en las modalidades semipresencial y a distancia a partir del
año lectivo 2013-2014 en las instituciones educativas con régimen de Sierra, y a partir del
año lectivo 2014-2015 en las instituciones educativas con régimen de Costa.

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VIGÉSIMA SEGUNDA.- La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus órganos
desconcentrados, implementará el cambio de modalidad en la jornada nocturna a
modalidad semipresencial, en un plazo no mayor a un año a partir de la expedición del
presente Reglamento.
VIGÉSIMA TERCERA.- A partir del año lectivo 2012-2013, los establecimientos educativos
que ofrecen servicios en jornada nocturna no podrán matricular estudiantes menores de
quince (15) años de edad.
VIGÉSIMA CUARTA.- Las certificaciones curriculares de libros de texto que hayan sido
emitidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional antes de la expedición del
presente reglamento se regirán por la normativa vigente al tiempo de la emisión de dicha
certificación y, por lo tanto, serán válidas por el plazo indicado en ellas.
VIGÉSIMA QUINTA.- Los estudiantes que, a la fecha de publicación del presente
reglamento, se encuentren cursando estudios en el Bachillerato Técnico ofertado por el
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) podrán continuar sus estudios en
las mismas condiciones. Una vez terminados sus estudios, el Ministerio de Educación
refrendará y registrará los títulos obtenidos. Por lo tanto, el SECAP no podrá abrir nuevas
inscripciones a partir de la emisión del presente reglamento.
VIGÉSIMA SEXTA.- Hasta que se termine de implementar el registro de calificaciones de los
estudiantes que cursan los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, se considerará,
para el cómputo de la nota de grado de cada estudiante, el puntaje que conste en su
certificado de terminación de Primaria o el promedio de sus notas de promoción de los años
de Educación General Básica que estén registradas, según el caso.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- A partir de la publicación del presente reglamento, el Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional procederá a la extinción de la Dirección Nacional de
Servicios Educativos (DINSE), para lo cual designará a un liquidador, quien ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial de esa Dirección, y podrá ejecutar todos los
actos y contratos necesarios para su liquidación, de conformidad con la normativa legal y
reglamentaria aplicable. El Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios.
VIGÉSIMA OCTAVA.- Hasta que los Gobiernos Autónomos Municipales asuman las
competencias determinadas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, cumpliendo con los plazos que para el efecto sean señalados por el Consejo
Nacional de Competencias, el Ministerio de Educación, a través de su nivel de gestión Zonal,
continuará ejecutando los procesos precontractuales y contractuales de ejecución de obras
para adecuaciones y reparaciones, mantenimiento, remodelación y obras complementarias
de las instalaciones de los establecimientos educativos fiscales. El Instituto de Contratación
de Obras (ICO) realizará los procesos precontractuales y contractuales para la construcción
de infraestructura educativa de obras nuevas, basándose en la planificación, los estudios, los
estándares, las especificaciones técnicas, los presupuestos y los planos proporcionados por
la Autoridad Educativa Nacional.
(Nota.- Reformas efectuadas a la Disposición Transitoria Vigésimo Octava, mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27
de junio de 2014 , publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014.)

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VIGÉSIMA NOVENA.- Los institutos superiores públicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes
y conservatorios superiores de música que se encuentren ocupando las instalaciones de los
establecimientos educativos fiscales deberán ir desocupándolos de manera progresiva hasta
fines del año lectivo 2014-2015. A partir del año lectivo 2015-2016, dichos establecimientos
deberán ocupar nuevas instalaciones provistas para el efecto por la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), salvo casos
excepcionales en los que el Ministerio de Educación y la SENESCYT hubieren suscrito
acuerdos interinstitucionales.
Los docentes de estos institutos que laboren exclusivamente en el nivel de educación
superior y que cumplan con el perfil para ser un profesor en dicho nivel previa evaluación
de la SENESCYT, que a la fecha de suscripción del presente reglamento todavía se
encuentren en la nómina del Ministerio de Educación, pasarán a la nómina de la SENESCYT
en un plazo no mayor de un (1) año a partir de la publicación del presente reglamento.
TRIGÉSIMA.- Los supervisores educativos que se encuentren en funciones a la fecha de
publicación del presente reglamento serán convocados en el plazo máximo de un año a
participar en el proceso para evaluar y seleccionar asesores educativos y auditores
educativos. Quienes aprueben el proceso de evaluación y selección recibirán la respectiva
acción de personal con la nueva denominación.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- Los docentes de los establecimientos educativos públicos que
ofrezcan dos o tres jornadas escolares diarias podrán cumplir con sus horas de labor
educativa de gestión individual fuera del establecimiento únicamente hasta que estos
cuenten con espacios físicos donde puedan realizar su labor educativa, de conformidad con
la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- El nivel Zonal de la Autoridad Educativa Nacional, en el plazo de un
(1) año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, deberá
convocar a los concursos de méritos y oposición para llenar los cargos directivos de
instituciones educativas públicas que se encuentren vacantes por fenecer el plazo de
vigencia de esos cargos determinado por el Decreto Ejecutivo 708, publicado en Registro
Oficial Suplemento 211 de 14 de Noviembre del 2007. Mientras se desarrolla el respectivo
concurso de méritos y oposición, se aplicará lo prescrito en el artículo 317 de este
Reglamento.
TRIGÉSIMA TERCERA: El Seguro Adicional del Magisterio Fiscal que incluye al Magisterio de
Bienestar Social, se fusionará con el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro General
Obligatorio, administrado por el IESS.
(Nota: Disposición agregada por Decreto Ejecutivo No. 1432, publicado en Registro Oficial 899 de 25 de febrero del
2013).
TRIGÉSIMA CUARTA: El 100% de la cuantía de las pensiones del Seguro Adicional del
Magisterio Fiscal originadas entre el mes de abril de 2011 y marzo de 2016, liquidadas con
anterioridad a la fusión con las rentas del seguro general, se financiarán a cargo del Estado,
para lo cual el Ministerio de Finanzas transferirá dichos recursos bajo la modalidad aplicada
para el pago del 40% de las pensiones, dispuesto en el artículo 237 de la Ley 2001-55 de
Seguridad Social sin que éstos generen intereses, recargos o multas al Estado ecuatoriano.

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2013.)
TRIGÉSIMA QUINTA: El 100% de la cuantía de las pensiones del seguro adicional en curso de
pago a marzo de 2011 y de las pensiones adicionales proporcionales que se concedieren a
partir de abril de 2016, se cancelarán con recursos del fondo del seguro de Invalidez, vejez y
Muerte del Seguro General Obligatorio.
2013.)
Art. ... .- En un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la vigencia del presente Decreto,
el Consejo Directivo del IESS, expedirá la normativa interna correspondiente de fusión del
Seguros Adicionales del Magisterio con el Seguro General de Invalidez, Vejez y Muerte y
definirá la concesión de las pensiones adicionales proporcionales iniciales incluidas las
mínimas y máximas, considerando los tiempos aportados y salarios de aportación al seguro
adicional, hasta marzo de 2011.
(Nota: Artículo dado por Decreto Ejecutivo No. 1432, publicado en Registro Oficial 899 de 25 de febrero del 2013.)
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
I.- Se derogan expresamente los siguientes cuerpos normativos y todas sus reformas:
Decreto Ejecutivo 935, publicado en Registro Oficial Suplemento 226 de 11 de Julio de 1985
(Reglamento General de la Ley de Educación).
Decreto Ejecutivo 2257, publicado en Registro Oficial Suplemento 640 de 12 de Marzo de
(Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón y Magisterio Nacional).
Decreto Ejecutivo 2 959, publicado en el Registro Oficial 642 del 16 de agosto de 2002
(Reglamento para Regulación de Costo de Educación Particular).
Decreto Ejecutivo 487, publicado en el Registro Oficial 104 del 16 junio de 2003 (Dirección
Nacional de Servicios Educativos, DINSE).
Decreto Ejecutivo 196, publicado en el Registro Oficial 113 del 21 de enero de 2010
(Sistema de Educación Intercultural Bilingüe).
Decreto Ejecutivo 304, publicado en el Registro Oficial 51 del 31 de octubre de 1960
(Seguro de Cesantía Adicional 3%).
Decreto Ejecutivo 219, publicado en el Registro Oficial 123 del 25 de febrero de 1969
(Reglamento de Instrucción Premilitar en Colegios Secundarios).
Decreto Ejecutivo 543, publicado en Registro Oficial 266 del 3 de Septiembre de 1980
(Reglamento de Organizaciones Estudiantiles).
Decreto Ejecutivo 537, publicado en Registro Oficial 265 de 2 de Septiembre de 1980
(Reglamento para el Título de Bachiller por Estudios Libres).
Decreto Ejecutivo 3552, publicado en Registro Oficial 990 de 31 de Julio de 1992
(Reglamento del Consejo Nacional de Educación).
Decreto Ejecutivo 584, publicado en Registro Oficial 128 de 26 de Julio de 2000 (Ampliación
de la Mochila Escolar Gratuita).
Decreto Ejecutivo 1786, publicado en Registro Oficial 400 de 29 de Agosto del 2001 (Marco
Referencial del Bachillerato).
Decreto Ejecutivo 785, publicado en Registro Oficial 163 de 5 de Septiembre del 2003
(Amplía el plazo para que las instituciones educativas que ofrecen Bachillerato cumplan con
los procesos de adecuación y actualización curricular por el tiempo de dos años).

de 116
Decreto Ejecutivo 548, publicado en el Registro Oficial 267 de 4 de Septiembre de 1980
(Reglamento de Nominación de Establecimientos Educativos).
II.- Se derogan expresamente las demás normas de igual o inferior jerarquía que se opongan
a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el presente reglamento.
Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 19 de julio del 2012.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
CODIFICACIÓN: Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa
Actualizado a 25 de noviembre de 2015

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