El análisis a 96 edificaciones afectadas tras el terremoto aún no señala responsables, pero sí detalla problemas en elementos de la construcción que habrían incidido en el colapso de estas estructuras con el movimiento telúrico.

Ayer, en Ciudad Alfaro, en Montecristi, se presentó un informe de los resultados de las investigaciones a los inmuebles afectados por el sismo de magnitud de 7,8, registrado el 16 de abril pasado.

Guillermo Irigoyen, uno de los peritos que colaboró con el análisis técnico, señaló que entre los hallazgos constan varillas lisas y falta de anclaje de mampostería.

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El fiscal general, Galo Chiriboga, participó de esta presentación en este cantón manabita. El funcionario adelantó que el desplome de estas estructuras ocurrió por falta de técnica en las construcciones o deficiencias en materia constructiva.

“Estamos todavía investigando los hechos y cuando tengamos evidencias de si hubo una acción dolosa que permitió que estos hechos ocurran, pues procederemos en la forma penal, de no ser ese el escenario, también (existe) la posibilidad de ver responsabilidades civiles que podrían haber”, advirtió Chiriboga.

El fiscal de Manabí, Enrique García, explicó que el estudio se realizó en edificios colapsados de Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez, San Vicente, Canoa y Pedernales.

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Además de los materiales de construcción usados, se analizaron otros factores como la resistencia, densidad y topografía del suelo donde se levantaban estos inmuebles, detalló Alejandro Irigoyen, otro de los técnicos que trabajó en la elaboración del informe.

En esos sitios, se recogieron varias muestras de suelo para conocer qué condiciones predominan en las áreas donde hubo mayores afectaciones. En esos lugares se halló un tipo de suelo arenoso, limoso, arcilloso y grava.

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“Pero en resumen podemos decir que la mayor cantidad de suelo es de difícil cimentación; la mayoría arcilloso, limoso, o sea, de gran capacidad para deformarse, más aún en un evento sísmico”, describió.

El fiscal Chiriboga señaló que esta investigación más allá de buscar sanciones tiene el objetivo de “crear una política pública de cumplimiento de la normativa”. Insistió, además, en que los gobiernos cantonales “son responsables de regular las construcciones con normas de prevención de desastres”. “Acatar la normativa de construcción es conciencia de todos”. También destacó que el desarrollo de las ciudades debe acompañarse de planes seguros de construcción para preservar la vida de quienes habiten esas nuevas edificaciones. (I)