“Campo de Mayo fue el infierno a cielo abierto donde imperó el horror”, aseguró la fiscal auxiliar Gabriela Sosti. La definición fue parte de la audiencia inaugural del Ministerio Público Fiscal en el juicio de lesa humanidad por la megacausa Campo de Mayo, en la que 20 militares, policías, prefectos y marinos retirados, además de civiles, están acusados de secuestros, torturas y asesinatos de alrededor de 350 personas durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Finalmente, ninguno de ellos estuvo presente: el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín consideró que no estaban obligados.

La audiencia comenzó puntual a las 10 de la mañana de hoy con la lectura de la resolución que el TOF debía de la semana pasada, cuando suspendió el inicio de los alegatos de la fiscal luego de que tanto esa parte como las querellas se quejaran de la ausencia de los acusados y solicitaran a los jueces que revirtiera su decisión de permitirles no estar. 

En un texto contundente, les jueces Daniel Gutiérrez, Nada Flores Vega y Silvina Mayorga hicieron suyos argumentos de abogades defensores y apuntaron que "no existe la obligación de escuchar" por parte de los acusados los hechos que se les endilgan.

En dos años y medio de juicio, se cuentan con los dedos de una mano las audiencias que presenciaron la veintena de acusados --ocho cuentan con condenas previas por crímenes de lesa humanidad; 12 enfrentan su primera--: casi todas fueron las de lectura de autos de elevamiento a juicio oral --el comienzo del debate, las conclusiones de la instrucción de las 14 causas unificadas-- y las que tuvieron posibilidad de ampliar sus declaraciones indagatorias.

Hace rato que los banquillos de acusados en juicios de lesa humanidad están vacíos cuando les protagonistas de las audiencias son sobrevivientes o familiares de detenides desaparecides. Éste no es el primero ni el último debate oral en el que los acusados se niegan a oír el sufrimiento que ocasionaron. Y tampoco es el primero en el que quedarán dispensados de escuchar las conclusiones de esas pruebas, algo que tanto la Fiscalía y las querellas la semana pasada insistieron como mandatorio en el proceso de justicia.

En ese sentido, les jueces consideraron que, de ser necesario, sean esas partes las que resuman sus alegatos por escrito en una síntesis especial para cada imputado de modo que tengan en claro los hechos que según cada parte perpetraron y por los que se solicita sean penados.

Un alegato como pedido de justicia

“Comienzo mi alegato asumiendo la voz de una sociedad que reclama justicia, no venganza ni castigo. Justicia”, sostuvo Sosti a modo de prefacio de su alegato en tono de respuesta al planteo que había esbozado uno de los abogados defensores la semana pasada, cuando acusó al Ministerio Público Fiscal de querer “venganza” al exigir la presencia de los acusados en la sala virtual.

La exposición de este martes fue la primera de una decena de audiencias en la que desplegará su planteo sobre los crímenes cometidos en Campo de Mayo, “un infierno de estadística inconmensurable” donde “al menos 6 mil personas padecieron en sus mazorras de las que apenas sobrevivió el 1 por ciento, un porcentaje de sobreviviencia menor al peor campo de concentración nazi”.

Antes de sumergirse en el detalle de cada historia de las más de 300 personas que pasaron por “El Campito”, el principal centro clandestino que funcionó en la guarnición militar de zona norte del Gran Buenos Aires, Sosti leyó el nombre de cada imputado y la función que cumplía al momento de los hechos y los consideró “apenas una muestra de monumental maquinaria montada, aceitada, articulada para producir el más ominoso ritual de muerte del que tenga memoria el país”. Son Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Mario Domínguez, Luis Sadí Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Arnaldo Julio Román, Rodolfo Emilio Feroglio, Bernardo Caballero, Carlos Somoza, Miguel Ángel Conde Carlos Villanova, Carlos Caimi, Francisco Rolando Agostino, Ramón Vito Cabrera, Alfredo Oscar Arena, Federico Ramírez Mitchell, Luis Pacífico Britos, Hugo Miguel Castagno Monge, Roberto Fusco, Carlos Tamini.

“Los genocidas organizaron una comunidad para la muerte y estos acusados la integraron a conciencia y fueron esenciales todos porque sin lo que hizo cada uno no hubiera sido posible el accionar colectivo”, remarcó.

La connivencia de la oligarquía empresarial como contexto

Sosti definió a los hechos por los que se los acusa como genocidio “por la masividad e intención de destruir un sector de la población previamente caracterizado y seleccionado para el aniquilamiento”. Y aseguró que las fuerzas armadas contaron con “el aporte de la sociedad civil, sobre todo de los empresarios” y de la “oligarquía, que no paró de trenzar sus negocios al ritmo del terror” para llevarlo a cabo.

Los genocidas “se propusieron la refundación del estado, la sociedad pero fundamentalmente la economía. Y fue una sangría: convirtieron a la Argentina en una fábrica de muertos, de desocupados, de exiliados”, planteó y dibujó así el marco desde el cual analizó los crímenes de los 14 expedientes unificados en la megacausa que ingresó, con su exposición, en la etapa de definiciones.

Para reforzar su teoría, repasó los hitos de ataques al “pueblo obrero” que sucedieron a lo largo de la historia argentina: la semana trágica, los ataques a los trabajadores de la Forestal, el bombardeo a Plaza de Mayo, la desaparición del cadáver de Evita.

En cada una señaló “la estrecha relación entre grandes empresas y fuerzas represivas. En “el último genocidio”, la dictadura cívico militar eclesiástica, “ese contubernio fue desembozado y se impone mencionarlo para que la Justicia de una vez se decida a hacer las investigaciones pendientes”. En ese sentido, recordó la declaración indagatoria de Caballero, uno de los acusados, aseguró que veía a “los empresarios de las miles de fábricas de la zona” 4, donde accionaba la patota de Campo de Mayo, “entrar y salir” de la guarnición. “Allí estaban sentados a la misma mesa los máximos responsables de los destrozos de El campito; los que diseñaban el plan, la Inteligencia; los que lo llevaban a cabo, los jefes de área y los jefes de las departamentales, y ahí también los empresarios de las miles de fábricas de la zona”. La fiscal también mencionó la “inestimable participación de la Iglesia” en ese acuerdo.

“Se fue naturalizando el odio al pueblo”, subrayó y concluyó que “las consecuencias de explotación, domesticación y exterminio tienen constantes recidivas en nuestra historia y nuestra responsabilidad en hacer memoria sobre ellas es y debe ser inclaudicable pues sin historia no hay memoria y sin memoria no hay futuro”.