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Cumplidas dos semanas de la entrada en vigencia del decreto que le permite a la Policía decomisar drogas, incluso a quienes portan la dosis mínima, no cesan la polémica ni los cuestionamientos sobre su efectividad. Mientras que el presidente Iván Duque ha dicho que “ha sido un éxito” —en referencia a la incautación, en apenas ocho días, de casi siete toneladas de estupefacientes—, para los detractores no deja de ser una estrategia ineficaz y apuestan por medidas más integrales.
A primera vista, podría pensarse que el decreto está pensado sobre un postulado básico de economía: que el consumo depende de la oferta. Así, en la medida en que se combata el porte y haya menos drogas en las calles —es decir, que se reduzca la oferta— menor será su consumo. Sin embargo, para los críticos, el debate es mucho más amplio y requiere otra mirada. Su premisa es que, más allá del prohibicionismo, urge un enfoque de salud, educación y prevención para tratar los problemas de drogas y microtráfico.
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Para ello ponen de presente el caso de Bogotá donde, pese a que aumentó el consumo, la oferta de los principales estupefacientes (a excepción de la marihuana) tiende a la baja. Así se desprende al hacer un comparativo de los estudios de consumo de sustancias psicoactivas efectuados en la capital en 2009 y 2016.
La muestra, que representa a una población de casi cinco millones de personas, da luces sobre los hábitos de consumo de sustancias tanto ilícitas como lícitas (alcohol y cigarrillo); la percepción del riesgo frente a las sustancias y las edades de inicio de consumo. En general, al comparar ambas encuestas se evidencia un leve incremento en casi todas las sustancias, salvo el cigarrillo y el éxtasis. Ante estos datos, podría pensarse que el prohibicionismo es más que necesario. Sin embargo, al revisar el comportamiento de la oferta (categoría de la que se exceptúan el alcohol y el cigarrillo, por ser lícitas), se nota cómo la oferta ha disminuido, salvo en el caso de la marihuana (ver infografía al final del texto).
Frente a estos datos, más allá de las razones del Gobierno para justificar la medida de decomisar hasta la dosis personal, existen otras aristas que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, para el analista Aurelio Suárez queda claro que el consumo no depende principalmente de la oferta, como lo prueban, en distinto sentido, los casos del tabaco y el bazuco.
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“La variable principal es la educación social con énfasis en las edades de inicio. Al parecer con relación a la marihuana se ha bajado la guardia frente a la pedagogía como principal arma para entrabar la acción dañina de los narcos y todo sin ir en menoscabo de políticas de salud pública, que juegan un papel relevante en la formación general y en el tratamiento a los adictos que exige atención personalizada”.
A su turno, el profesor Andrés Macías, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), de la Universidad Externado, dijo que los resultados evidencian que no hay una relación tan directa entre el consumo y la demanda. “El hecho de que el consumo haya aumentado no es porque se haya incrementado la oferta, pues esta se disparó por diferentes razones y hoy es más fácil adquirir ciertos tipos de droga”.
En esa línea, Jorge Iván Cuervo, investigador del CIPE, aseguró que es erróneo creer que al atacar la oferta reducirá el consumo y la droga en las calles. “Quien demanda la droga es un adicto y si le dificultan el acceso, va a buscar la forma de encontrarla. Eso incrementa los costos de transacción, dispara el precio y aumenta las condiciones de clandestinidad e inseguridad en las que se accede a estupefacientes. Puede que en el corto plazo el decreto desaparezca mucha droga de las calles, pero tanto los microtraficantes como los adictos ya están replanteando sus estrategias para encontrarse”, declaró.
Tal tesis la comparte Julián Quintero, sociólogo y director de la Corporación Acción Técnica Social y de la iniciativa “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, quien dijo que, fruto de investigaciones y del contacto con más de 70.000 consumidores, se concluye que el 93 % de quienes prueban las drogas lo hacen por curiosidad. Ello demuestra, en su opinión, que más allá de la oferta hay un deseo voluntario de la gente por probar.
Quintero cuestionó la efectividad del decreto de la dosis mínima y dijo que no ha conseguido cambiar las costumbres de consumidores que, ante los decomisos, han apostado por volver a comprar. Para respaldar su afirmación, realizó una encuesta entre más de 1.600 consumidores que arrojó que el 96 % de quienes sufrieron incautación de la droga volvieron a comprar. Además, que el 60 % percibió que los estupefacientes aumentaron de precio, pero su calidad sigue igual.
“El hecho de haberles quitado la droga no cambió para nada su idea de volver a consumir. Eso confirma que medidas como estas no impactan ni reducen el consumo. Por el contrario, alteran el mercado haciéndolo más peligroso para los consumidores, más riesgoso para su salud y aumentando las ganancias de narcotraficantes. Colombia está haciendo el ridículo internacional”, declaró.
Mientras continúa el debate entre quienes están a favor o en contra de la restricción, los expertos abogan por medidas que, al margen del prohibicionismo, puedan conducir a tratar mejor la problemática y enfrentar a quienes se llenan los bolsillos con el delito. Para ello, analistas como Andrés Macías le apuestan a un enfoque de salud pública en la política antidrogas, mientras que Julián Quintero aboga por mercados regulados (en los que el Estado toma control de toda la cadena) y en casos de consumo problemático, la habilitación de territorios de tolerancia. Jorge Iván Cuervo va más allá y asegura que la legalización sería la mejor herramienta para hacerle frente a la clandestinidad.
jgonzalez@elespectador.com