Ayer fue presentada la llamada “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción”, una especie de guía para transitar hacia la sustentabilidad en la industria de la construcción. Tras dos años de trabajo, en el que participaron diferentes actores de la sociedad, tanto públicos como privados, el documento quedó a disposición de los organismos pertinentes para promover cambios sustantivos al modelo lineal que genera tanto impacto en el ecosistema.

Liderada por el Comité Consultivo de la Estrategia RCD -conformado por los ministerios de Vivienda, Medio Ambiente y Obras Públicas, más Corfo y su programa Construye2025-, la hoja de ruta plantea metas concretas a corto y largo plazo, con especial énfasis en aquéllas que deberían cumplirse en 2035.

En el documento, Vicente Domínguez, presidente de Construye2025 -programa impulsado por Corfo que busca transformar el sector construcción desde la productividad y la sustentabilidad-, manifestó que para alcanzar las metas de carbono neutralidad al año 2050 “es necesario cambiar nuestros hábitos, y la forma en que concebimos y diseñamos nuestros proyectos de edificación e infraestructura, a través de modelos que propicien el incremento de la productividad utilizando de la mejor manera las tecnologías disponibles y reduciendo considerablemente el impacto en el medio ambiente, a través de la reducción de la extracción y reutilización de los desechos y escombros y optimizando el uso de los recursos, especialmente energía y agua”.

En lo sustancial, complementa el informe, la ambición es “impulsar políticas de Estado en torno a la economía circular, integrando al sector privado y a la academia, con el sentido de promover el trabajo colaborativo e integrado”. Por lo mismo, el documento plantea “ejes, lineamientos, acciones y metas, y la definición de estrategias para superar los desafíos y brechas”.

Tras detectar las principales brechas del sector de los residuos de la construcción y demolición (RCD), entre las cuales destaca la ausencia de planificación territorial respecto de la gestión de estos residuos y la falta de coordinación de los organismos públicos, el informe refiere a las oportunidades y beneficios que brinda la aplicación de criterios sustentables para el rubro de la construcción.

“La experiencia internacional muestra que existe un gran volumen de residuos valorizables que pueden ser utilizados como insumos para la construcción”, cita uno de los ejemplos. Además, agrega el texto, “es posible impulsar el cambio hacia una economía circular en construcción, a partir de compras públicas, licitaciones y proyectos de edificación e infraestructura que incorporen inversión pública”.

Entre los beneficios, la hoja de ruta prevé que los ahorros para las constructoras en el presupuesto pueden fluctuar entre un 25 y un 50% si se optimizan los materiales y se evita la disposición final en los vertederos a través de la valorización de los RCD: reducción, reutilización y reciclaje de material. El documento, a su vez, percibe una gran alternativa en “la etapa de diseño y el control de calidad de la obra para evitar reprocesos” en términos de prevenir la generación de residuos en el proceso de construcción.

La economía circular en tanto oportunidad de creación de valor es un imperativo para el sector, según la Hoja de Ruta RCD, toda vez que el mercado formal de la construcción, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción del año 2017, “tiene una participación por sobre el 7,1% del PIB y del 8,5% de los empleos a nivel nacional”, con 30 mil empresas vinculadas, en las cuales hay más de 700 mil trabajadores y trabajadoras. Un 98% de ellas, según datos de Construye2025 del año 2015, “corresponde a pymes, que crean el 81% de los puestos de trabajo en el sector y aportan el 34% de la facturación”.

Otros datos interesantes que proyecta el informe es que la generación de RCD alcanzará las 7.455.602 toneladas anuales al año 2023, solo considerando vivienda, según consigna el Minvu. Eso es equivalente a 7 millones de metros cúbicos y a un volumen de 15,5 Estadios Nacionales.

Eje 1: infraestructura en todas las regiones para gestionar RCD

El informe estableció cinco ejes en los que se trazaron las principales estrategias y metas tanto para el año 2025 como para el 2035: planificación territorial e infraestructura para la gestión de los RCD y economía circular (eje 1); coordinación pública para el marco regulatorio (eje 2); ecosistemas y cadenas de valor para mercados (eje 3); información e indicadores para el desarrollo de mercados (eje 4); y restauración de pasivos ambientales y riesgos (eje 5).

Según la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, los tres primeros ejes mencionados son el corazón de la Hoja de Ruta. “Son los más importantes. Los otros dos son más transversales, pero debido a las grandes brechas que existen, no se sabe mucho de los residuos. Cobra importancia, porque si no hay métrica, no se pueden generar ni políticas públicas ni mercados”.

Concretamente el eje 1, sobre planificación territorial e infraestructura para la gestión de los RCD, versa sobre la necesidad de planificar mejor el territorio ante la demanda de construcción de nuevas viviendas que se avizora para el 2030, en un país en que el 87 por ciento de su población vive en ciudades. Según el informe, la ley 21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización del País de 2018 cobra especial importancia en el aumento de las facultades de los gobiernos regionales para planificar sus planes y proyectos de forma más autónoma y según sus competencias.

De hecho, una de las acciones a seguir en la propuesta del eje 1 es aprovechar el uso de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial para impulsar la economía circular en la construcción. Del mismo modo, el documento invita a “definir zonas para la instalación de actividades productivas relacionadas a la gestión sustentable de los RCD, tales como plantas para la valorización, estaciones de transferencia, y disposición final, entre otros”.

Entre las metas para 2035, relativas al eje 1, destaca que las “áreas metropolitanas del país” contarán con “zonas para la instalación de plantas de valorización, estaciones de transferencia y disposición final autorizada. Del mismo modo, la planificación territorial establece instrumentos de promoción a la economía circular y al uso eficiente de los recursos.

Al respecto, Alejandra Tapia, de Construye2025, opina que “es primordial saber cómo diseñamos el territorio, porque hay muchos lugares en los que se proyecta un gran crecimiento urbano y no se piensa qué se hará con los residuos y las externalidades. Vemos una gran oportunidad en la ley de fortalecimiento regional donde se creará la institucionalidad para el desarrollo de las regiones. Habrá un marco regulatorio, se definirán los lugares donde se dispondrán los residuos y se fomentará la infraestructura”.

De igual manera, el presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Zeppelin, ve en este fortalecimiento regional una gran plataforma para avanzar hacia la economía circular en el sector. En ese sentido, él propone “avanzar en pilotos desde las regiones, a nivel local, para después replicar en centros más grandes. Según Zeppelin, una de las reformas más importantes, la del sistema judicial, entró en pilotaje en varias regiones y “el aprendizaje se fue traspasando”. Así se debiese trabajar la gobernanza de la hoja de ruta, según el representante de la CChC.

Otra meta dentro del mismo eje 1 engarza con que Chile al 2035 tendrá incorporada la economía circular en construcción en al menos el 50 por ciento de sus estrategias regionales y locales de desarrollo. Y otra meta, acaso más importante, es que en 15 años más nuestro país contará con infraestructura para la valorización, plantas y estaciones de transferencia de RCD en todas sus regiones.

Eje 2: la mitad de las edificaciones públicas con criterios y atributos circulares

En lo que respecta al eje 2 -sobre coordinación pública para el marco regulatorio- el documento propone varias metas y se inspira básicamente en los ejemplos que han ido recogiendo de países de la Unión Europea como España, país que cuenta con diferentes cuerpos legales según la magnitud del territorio para impulsar sus estrategias de gestión de residuos de la construcción.

Una de las metas más relevantes, asociadas al eje 2, pasa por que el Estado cuente con una institucionalidad pública para la gestión de proyectos de economía circular en construcción. El llamado es a flexibilizar la tramitación de proyectos que tienen en su horizonte la economía circular, a tal punto que otra de las metas, en este mismo eje 2, es que “el 50% de la edificación e infraestructura pública nueva de Chile” cuente “con criterios y atributos circulares, acreditados a través de certificaciones”.

Este es un punto central para Carlos Zeppelin, de la CChC: “Es muy necesario desburocratizar algunas instancias, ser más flexibles en los ministerios. Sabemos que son lentos en la adopción de nuevas tecnologías, y con la dinámica que hay en el mundo, se necesitan mayores espacios colaborativos, incluso dentro de las propias empresas. Pero la conversación no se produce colaborativamente. Hay un tema de desconfianza aún entre el sector privado y el sector público”.

Otro punto importante que aborda el eje 2 es la participación más activa de los municipios en cuanto al fomento de la economía circular en la construcción. Al 2035, la hoja de ruta aspira a que el 60% de los municipios participe de asociaciones que desarrollen iniciativas en torno a esta temática. Adicionalmente, se prevé que el 60% de los gobiernos regionales y municipalidades tengan protocolos de manejo de RCD ante eventuales desastres naturales, situación que en un país tan propenso a eventos de cambio climático puede ser clave. Por último, el informe proyecta que existirá un sistema nacional e intersectorial para fiscalizar vertederos ilegales, y que a 2035 estará vigente en el 70% de los municipios del país”.

Varias de estas metas le parecen poco ambiciosas a Carlos Zeppelin. Él plantea la necesidad de “acelerar” las metas a la luz de las recomendaciones, y dadas las importantes inversiones públicas en vivienda e infraestructura que supone la llamada “reactivación sostenible” post pandemia. De cualquier modo, Zeppelin reconoce que “el documento aborda bastante bien los desafíos”.

Por su parte, Alejandra Tapia, de Construye2025, revela que en la consulta pública justamente salió a la luz aquella reflexión de la poca ambición de las metas. Sin embargo, aunque cree que se podría aspirar a mejores metas, “falta ese empuje de bajar las acciones a planes de trabajo sectoriales” para hacerlas más exigentes. Aun así, Tapia extrañó algún documento formal de los ministerios a través del cual asumieran un compromiso para impulsar acciones tendientes al fomento de la economía circular en la construcción.

Desde la voz de las empresas, Joaquín Cuevas, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la constructora Viconsa, una de las más aplaudidas en el mercado por su probada estrategia de gestión de RCD, cree que “siempre se puede ser más ambicioso en las metas”, pero “no hay que apurarlas para hacerlas bien ni tampoco hacerlas infinitas”. Él aspira a que la pandemia pueda agilizar ciertas acciones debido a la conciencia medioambiental que ha provocado en la población. De todos modos, Cuevas está conforme con los plazos definidos, y valora la capacidad de Construye2025 de “sentar en la misma mesa” a todos los actores públicos y privados para intentar solucionar las problemáticas que les atañen.

La penúltima meta que se desprende del eje 2 tiene que ver con las licitaciones públicas. Ahí el documento estima que en 2035 “todas las licitaciones públicas de edificación e infraestructura nueva aplican herramientas y metodologías para la implementación de criterios de economía circular y gestión sustentable de los recursos en la etapa de diseño de los proyectos”. Por otra parte, y relacionado con lo mismo, al 2035 “el 100% de las licitaciones públicas de edificación e infraestructura” realizará una gestión sustentable de los RCD generados en obra.

El eje 2 cierra con una meta no menos rigurosa: contar con un marco regulatorio para las materias primas secundarias que se utilizarán en la fabricación de productos de la construcción. Eso trae aparejado el establecimiento de un marco legal que regule la extracción de áridos naturales en tanto iniciativa para proteger el medioambiente.

Eje 3: el 70 por ciento de los RCD a valorización

En orden a desarrollar una industria de proveedores y servicios para la economía circular en construcción, el documento se traza la meta en 15 años más de tener un 40 por ciento de la oferta de materiales, productos, piezas y componentes para el rubro con atributos circulares. Adicionalmente, el 80 por ciento de la infraestructura vial incorporará al 2035 algún porcentaje de materiales reciclados, áridos, asfalto y hormigón, entre otros.

Del mismo modo, habrá una “red de profesionales que diseñan proyectos de edificación e infraestructura con atributos circulares”. Además, a lo menos el 30 por ciento de los materiales y sistemas constructivos contarán con certificación de atributos circulares.

El eje 3 promueve otra meta muy relevante para la industria. El 70% del volumen de los RCD se valorizará al 2035: reutilización y reciclaje para la fabricación de nuevos productos. Al 2025, este porcentaje se estima en al menos un 30 por ciento. Emparentado con ello, cita el documento, “el 100% de las obras nuevas con permisos de edificación cuenta con planes de gestión de residuos de la construcción y demolición”. También es importante para la hoja de ruta contar con auditorías externas previas a la demolición de los inmuebles, de modo tal de obtener inventarios sobre los RCD y de su potencial de valorización. Al 2035 el 50% de estas obras de demolición debería contar con auditoría externa.

Dentro del mismo eje, el informe aspira a que al menos el 70 por ciento del volumen de los RCD tenga trazabilidad de su gestión, manejo y tratamientos a través de plataformas tecnológicas.

También hay un espacio dentro del informe dedicado a la academia, y su importancia a la hora de generar conocimiento en torno al tema. Por ejemplo, se propone un incremento agregado de al menos 80 por ciento en el financiamiento a iniciativas en Investigación + Desarrollo + innovación + emprendimiento (I+D+i+e) que se relacionan a la economía circular en construcción. De igual manera, el documento sugiere que el 40 por ciento de las universidades de Chile tengan programas de investigación de economía circular en construcción.

En sintonía con esto, Alejandra Tapia celebra el involucramiento de la academia para transitar más rápidamente hacia una industria de la construcción con parámetros sustentables. “Estamos muy satisfechos en el sentido de haber generado un capital social con distintas personas, del sector privado, público y academia. Se sumaron empresas, se fueron generando estudios, ha sido una hoja de ruta que, más allá del resultado final, ha afianzado ciertos compromisos de instituciones para empujar esta temática”, cierra.