La Fiscalía retira su acusación contra el excargo del ADIF por el accidente del Alvia
GALICIA
El fiscal asegura que Andrés Cortabitarte no incumplió normativa alguna en sus funciones como director de Seguridad en la Circulación y que el riesgo de exceso de velocidad en la curva no había sido identificado como tal antes del siniestro. En su escrito de acusación provisional pedía cuatro años de cárcel para él, petición que mantiene para el maquinista
20 jun 2023 . Actualizado a las 19:44 h.Varias decenas de maquinistas, por primera vez desde que comenzó el juicio el pasado mes de octubre, asistieron este martes al juicio del Alvia en apoyo de su compañero Francisco José Garzón Amo, que también volvía al juicio después de ausentarse de las sesiones tras su declaración el pasado 6 de octubre, al igual que el otro acusado, el exdirector de Seguridad de la Circulación, Andrés Cortabitarte, que en cambio sí asistió a ciertas declaraciones judiciales que eran de interés para su defensa.
En esta sesión del juicio, en la que se reproducen pruebas documentales y las partes deben exponer sus conclusiones y razonarlas después con sus informes finales, es obligatoria la asistencia de todas las partes. Aunque este martes el interés estaba puesto, principalmente, en las conclusiones de la Fiscalía, es decir, en comprobar si efectivamente mantenía la petición de cuatro años de cárcel para el maquinista y el cargo del ADIF por 80 homicidios por imprudencia grave profesional. El fiscal, Mario Piñeiro, después de la práctica de pruebas documentales -que fue más ágil de lo que se esperaba, pues la mayoría de las partes las dieron por reproducidas-, aseguró de forma sorpresiva que modificaba sus conclusiones provisionales sobre Andrés Cortabitarte pues, en su condición de director de Seguridad en la Circulación del ADIF, asume que no infringió normativa ni procedimiento alguno y actuó de acuerdo con los sistemas de gestión de seguridad adoptados por la máxima autoridad ferroviaria. La línea de alta velocidad Ourense-Santiago fue construida, en su opinión, de acuerdo con las medidas de seguridad previstas en la normativa española y europea, lo que significa que retira la acusación contra Andrés Cortabitarte y la mantiene contra el maquinista, para el que pide cuatro años de cárcel.
Considera que el riesgo de exceso de velocidad en la curva se vio como «tolerable» y que ese tipo de peligros no habían sido identificados antes del accidente, ocurrido el 24 de julio del 2013. Además, concluye que se realizó un análisis de riesgos mediante un dosier de seguridad, sin que tampoco se detectara el peligro de la reducción brusca de la velocidad en la curva, donde el Alvia debía reducir de 200 a 80 por hora para poder trazarla con seguridad. Ese riesgo, recordó el fiscal, se normativizó después del accidente que provocó 80 muertos y 144 heridos, cuando las autoridades ferroviarias detectaron más de 400 puntos similares en toda la red ferroviaria española, que fueron protegidas con balizas similares a las que se instalaron en Angrois después del descarrilamiento.
Para la Fiscalía, a falta de que mañana argumente su posición, el maquinista sería el único responsable del accidente de Angrois, una posición muy diferente a la que esgrimió en su escrito de acusación provisional, en el que aseguraba que «el trágico accidente no habría sucedido» si Cortabitarte, como máximo responsable de la Dirección de Seguridad en la Circulación del ADIF, «hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad» que existía en la curva de Angrois.
De alguna manera, la Fiscalía, con esta decisión, hace suyas las tesis de la Abogacía del Estado, tanto las que mantuvo a lo largo de la instrucción como las que defendió durante los nueve meses de vista oral. Y aunque la mayoría de las partes mantienen su acusación contra los dos procesados -algunos abogados recurrieron incluso a la atenuante de petición de perdón por parte del maquinista-, es evidente que la acusación contra Cortabitarte pierde peso con la retirada de la Fiscalía.
El abogado de la Plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, mantuvo su petición de cuatro años de cárcel para los dos acusados, pero aumentó a seis años la inhabilitación que reclaman para Andrés Cortabitarte en el ejercicio de cualquier función relacionada con la seguridad ferroviaria.
Hubo un momento curioso durante la sesión, cuando el abogado de QBE, la aseguradora de Renfe, dijo que se adhería a las acusaciones de las víctimas, que mantienen su petición de cuatro años contra Cortabitarte, al tiempo que mostraba su desacuerdo con el brusco giro de timón de la Fiscalía. La jueza le recordó que no puede solicitar penas al ser un actor civil en el procedimiento, aunque de nuevo se evidenció que el seguro de la operadora ferroviaria mantiene su tesis sobre la culpabilidad de Cortabitarte en lo que respecta a la ausencia de análisis de riesgos en el punto del accidente.
La defensa de Cortabitarte, por su parte, elevó a definitivas sus conclusiones provisionales respecto a la petición de libre absolución de su defendido, aunque ahora se ve respaldada por el cambio sorpresivo de posición de la Fiscalía.
Manuel Prieto, uno de los abogados que defienden al maquinista, solicitó ante la jueza la absolución. Aunque también pidió que, en el hipotético supuesto de que se considere a Garzón responsable penal, se haga en base a una imprudencia simple que, según el Código Penal vigente, supone una falta leve que estaría despenalizada. También solicitó que se apliquen una serie de atenuantes, como la reparación del daño moral y material, la dilación indebida del proceso judicial -que duró más de nueve años y la jurisprudencia del Supremo fija el límite en ocho-, así como la atenuante de la confesión, que ya se había materializado en sus primeras declaraciones durante la instrucción.
Antes de todo esto, los abogados de la asociación de afectados Apafas pidieron a la jueza que se aportara la sentencia del Tribunal Supremo del accidente aéreo de GermanWings, que ocurrió en el 2015 en los Alpes franceses, pero en el que, a efectos indemnizatorios, se aplicó la ley que estaba en vigor a partir del 1 de enero del 2016, más favorable a las víctimas. También solicitaron que se leyera el informe del excargo del ADIF, Andrés Cortabitarte, cuando actuó como perito en el accidente del metro de Valencia del 2006, en el que da cuenta de las medidas de seguridad que habría que haber dispuesto en el punto del descarrilamiento, muy similares a las que después se instalaron en la curva de Angrois, en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que fue puesta en servicio con su necesaria autorización. También la defensa del maquinista solicitó esta documentación, a la que no se prestó demasiada atención durante la fase de instrucción.
Finalmente, se dio lectura a un extracto de la ampliación del informe que realizó Cortabitarte para el proceso judicial por el accidente de Valencia, en el que constataba que las balizas podían controlar la velocidad del metro y, por tanto, evitar el descarrilamiento que en aquella ocasión provocó 43 muertos y que se considera un precedente claro que se debería haber tenido en cuenta para proteger la curva de Angrois antes de su puesta en servicio comercial, frente a lo que aseguró la Fiscalía respecto a la identificación del riesgo de exceso de velocidad cuando anunció la retirada de la acusación contra el excargo del administrador ferroviario.
También se reprodujo el montaje videográfico encargado por la Abogacía del Estado sobre los 100 segundos anteriores al accidente, en los que el maquinista mantuvo la conversación con el interventor que finalmente provocó su desubicación espacial en el itinerario. Este vídeo, que fue presentado al principio del juicio por los letrados de la Administración, fue impugnado por la mayoría de las partes, que lo calificaron como un montaje sin valor probatorio.
El fiscal «se quitó la careta» y «obedeció» órdenes de sus superiores
El abogado de la Plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, fue muy claro una vez que terminó la sesión del juicio. Considera que el fiscal «se ha quitado la careta» al retirar la acusación contra Cortabitarte y asumir las tesis de su defensa y de la Abogacía del Estado. «Al final son todos primos», ironizó, aunque manifestó su fe en la independencia de la jueza para que finalmente el exjefe de Seguridad del ADIF sea condenado. «A diferencia del Ministerio Fiscal, entiendo que los jueces son independientes y confío plenamente en esa libertad de su señoría», aseguró, al tiempo que afirmaba que el fiscal el fiscal debió ver «otro juicio». «Si algo había quedado claro es que normativamente el señor Cortabitarte tenía que analizar los riesgos que existían en la curva y no lo hizo», alegó. También recordó que, al final, el fiscal del caso tiene «un jefe que es nombrado por el Gobierno», dijo en referencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «y estaba acusando a un organismo que pertenece al Estado [el ADIF] y al que está defendiendo la Abogacía del Estado».
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, acusó al fiscal de ser «obediente» y confió en que la jueza «sí sea independiente». A la vista de cómo se desarrolló el juicio, Domínguez cree que esta decisión «no se entiende», pues tanto las declaraciones de los testigos como las de los peritos «demostraron la responsabilidad que tenía». «El propio Cortabitarte dijo que no había hecho el análisis de riesgos», recordó. Por tanto, cree que la única explicación es que el fiscal «recibió la orden para que se produzca este cambio, pues en este proceso se está juzgando al Estado».
El abogado del maquinista, Manuel Prieto, recordó que, pese a la «sorprendente» cambio en la estrategia procesal de la Fiscalía, «hay noventa acusaciones [particulares y populares] que mantienen su petición de condena» para el ex alto cargo del administrador ferroviario. «A mí cuando dicen que el Ministerio Fiscal está para hacer justicia conforme a la legalidad... pues no sé si eso se cumple muchas veces, pero debería cumplirse», dijo, después de considerar «inédito» el giro procesal de Mario Piñeiro, el fiscal del caso. «Estamos decepcionados y asombrados», dijo el secretario general del Sindicato de Maquinistas (Semaf), Diego Martín Fernández, que también acudió a la Ciudad de la Cultura para arropar al maquinista.