El balance de seguridad tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Un grupo de jurados electorales destruyen las urnas y los cubículos usados durante las elecciones presidenciales.

Foto: Jose Vargas Esguerra

De acuerdo con el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, el balance en materia de seguridad es “bastante positivo”, con relación a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Dio a conocer que la jornada electoral permitió la captura de más de 80 personas con órdenes judiciales y, además, cuatro ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia en los distintos puestos de votación. La Fiscalía, además, alertó por irregularidades electorales y reportes por alteración al orden público.

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Según datos de la Fiscalía, 81 personas en 13 departamentos fueron capturados el pasado domingo, tras ponerle la lupa a su número de identificación. Entre los aprehendidos está un profesor de un instituto educativo en Cali, quien era buscado por el delito de acto sexual violento. Es docente de artes escénicas, de programas infantiles y juveniles. En esa misma ciudad, un sufragante era buscado por hacer parte de una red dedicada a la estafa, con alrededor de 30 noticias criminales registradas.

Mientras ejercía su derecho al voto, fue capturado en Facatativá (Cundinamarca) alias JJ o Dago, a quien se le atribuye participación en la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo. Por otro lado, en Ibagué fue capturado un supuesto articulador del grupo delincuencial Fun Live, dedicada a la estafa. Según la Policía, se registró la aprehensión de 21 personas por violencia intrafamiliar, 17 por acceso carnal violento y 10 por homicidio, entre otros.

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En cuanto a las conductas durante la jornada de votaciones, el fiscal general Francisco Barbosa informó de cuatro capturas en flagrancia: “Se registraron en Nariño, Cauca y Valle del Cauca por delitos como falsedad personal y constreñimiento electoral. 50 personas que habían sido dadas como desaparecidas se presentaron Casanare, Antioquia, Risaralda, Huila, Boyacá, Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Caquetá, Valle del Cauca, Tolima, Cesar y Meta”.

Asimismo, la Fiscalía aseguró trabajar en 105 reportes por posibles delitos electorales, denunciados por la ciudadanía a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), del Ministerio del Interior. La mayoría de casos allegados tienen que ver con corrupción al sufragante (22), voto fraudulento (22), constreñimiento al sufragante (21), tráfico de votos (14) y alteración de resultados electorales (10).

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No obstante, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, concluyó que el comportamiento de los colombianos, sin entrar en particularidades, fue ejemplar. “Se produjeron 498 comparendos por incumplimiento a la ley seca. Realmente muy pocos. Se recibieron siete denuncias específicas por voto fraudulento. 32 puestos de votación por ola invernal fueron trasladados. Se redujo el homicidio en un 53%, así como una reducción del 94% en las lesiones personales. Un balance extremadamente positivo”, señaló.

En cuanto al orden público, la Fiscalía reporta 19 afectaciones en Huila, Putumayo, Cesar, Valle del Cauca, Caquetá, Meta, Atlántico, Quindío, Guaviare y Arauca. Entre los hechos destacados, está el intercambio de disparos entre el Ejército y un grupo armado ilegal en la vereda Nueva Colombia, de Vista Hermosa (Meta). La acción criminal dejó un jurado de votación muerto y un teniente del Ejército herido. Las autoridades atribuyen la arremetida a la disidencia Jorge Briceño de las disidencias Farc.

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“Las autoridades conocieron de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln, en la vereda Normandía, en Puerto Rondón (Arauca); mientras que en Caquetá, Meta y Guaviare fueron detonados artefactos explosivos. Producto de una de las detonaciones, un militar quedó herido en El Retorno (Guaviare)”, concluyó la Fiscalía. Por su parte, el CAI Virtual de la Policía Nacional encontró que 39 ciudadanos instigaron a delinquir por redes sociales y que 235 IP maliciosas quisieron irrumpir en la infraestructura digital del Estado.

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