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A sus quince años, una bala le cambió la vida a Laura Morales. El 19 de agosto, mientras jugaba con dos primas frente a su casa en Bosa, un sujeto le disparó sin piedad por la espalda, luego de que ella se negó a entregarle su celular. Aunque el criminal fue judicializado, el daño que le causó la sometió a un proceso para volver a caminar.
Este trágico caso refleja uno de los problemas que más aquejan a los capitalinos: el hurto de celulares. Así indica el informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), “reloj de la criminalidad”, elaborado con datos del Sistema Estadístico, Delincuencial y Operativo de la Policía.
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Según el estudio, entre enero y agosto de 2021 se presentaron 96.842 denuncias por hurtos de celulares en el país, de las cuales el 37 % (35.831 casos) fueron en Bogotá. En otras ciudades como Medellín y Cali la cifra fue de 9 y 8 por ciento, respectivamente.
Un año atrás, en Engativá, una familia perdió a un esposo y un padre de dos niñas, cuando dos hombres, en el forcejeo por robarle la bicicleta, le dispararon en el pecho a Óscar Rodríguez, de 36 años. A los asesinos los enviaron a prisión, pero en agosto quedaron libres por vencimiento de términos, figura que fija un límite de tiempo para juzgar a un sospechoso.
Según la Secretaría de Movilidad, en 2020 creció en Bogotá el uso de la bicicleta a raíz de la pandemia, alcanzando 680 mil viajes diarios, algo que han aprovechado los delincuentes. Según el informe de la CEJ, de los 11.880 hurtos de bicicletas en el país, 56 % fueron en la capital (6.652).
Judicialización: saldo en rojo
El Espectador revisó el consolidado realizado por la CEJ, con cifras del sistema SPOA, de denuncias en la Fiscalía por hurto en Bogotá en los últimos seis años (2016-2021) y se encontró que de los 709.144 casos conocidos, solo el 3,16 % han terminado en condena. Por otro lado, en 2021 la Fiscalía ha recibido 99.781 noticias criminales por ese delito, de los cuales solo 575 terminaron en sentencia; 10 terminaron anticipadamente; 3.268 están en juicio; 295 en investigación, y 94.497 (el 94,7 %) siguen en indagación, la primera etapa en un proceso penal (ver gráfica).
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Si bien esto podría deberse a que los datos son del año en curso, al revisar las estadísticas de los cinco años anteriores es claro que el estancamiento en la judicialización es la regla y no la excepción. De los 78.715 procesos abiertos en 2016, a la fecha el 6 % (4.700) terminaron en condena; el 0,01 % (11) terminaron anticipadamente; el 4 % (3.112) están en juicio; el 0,10 % (106) continúan en investigación, y el 83 % (65.918) siguen en indagación. La tendencia se mantiene en 2017, 2018, 2019 y 2020 en los que el porcentaje de condenas ni siquiera alcanza al 7 %.
Incluso, al sacar un promedio entre los seis años se confirma la regla: el esclarecimiento y la judicialización efectiva de los casos de hurto en Bogotá están en deuda con la ciudadanía, pues el 91,36 % de los procesos siguen en indagación, etapa en la que la policía judicial busca pruebas para identificar a los presuntos autores (ver gráfica).
¿El sistema acusatorio no ha llenado las expectativas?
Ante esto, el abogado penalista Gildardo Acosta señaló varios aspectos legales que dificultan el sometimiento a la justicia de los responsables de este delito. Uno es la prisión preventiva, medida que imponen los jueces para que, en casos exclusivamente necesarios, se prive de la libertad a un sindicado. Según el abogado, “por más gravosa que sea la conducta punible, se debe cumplir con los requisitos establecidos (ser un peligro para la sociedad, riesgo de fuga o no comparecencia) en la ley para solicitarla y que un juez la decrete”.
Agrega que la cuantía de los robos también influye en los casos, sin importar el impacto que esto pueda causar en la víctima. “Cuando un hurto no supera los 10 salarios mínimos, no tiene como requisito pedir privación de la libertad”, así como la falta de antecedentes o si la pena es menor a 48 meses. “El sistema penal acusatorio no cumplió con la expectativa para la cual se creó, pero no hay que acabarlo sino mejorarlo con más tecnología y capacitación de funcionarios e intervinientes en un proceso penal”, concluye Acosta.
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Por otro lado, el experto en seguridad ciudadana, Miguel Andrés Silva, manifiesta que la percepción de inseguridad en Bogotá debe tener una mirada más allá del número de capturas que muestren las autoridades, para enfocarse en “revisar qué pasa con la Fiscalía, su eficiencia y qué tan buenos son los fiscales en su trabajo”. Por otro lado, insiste en que más que las capturas, debe ser la judicialización el verdadero indicador de la lucha contra la inseguridad. “El sistema debe funcionar con criterio de eficacia y no en función de la gestión, como hoy”, dijo.
Lo cierto es que en Bogotá pululan las víctimas –algunas lamentables o fatales como Laura y Óscar–, de un delito que día a día crece y para el cual la respuesta institucional se ha encaminado a la presencia de más policías en las calles. No obstante, una evaluación de la eficacia en el sometimiento a la justicia podría dar visos para aupar una política criminal concentrada en los resultados ante los jueces y no ante las cámaras de los noticieros.